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SALARIOS CAÍDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL LIMITAR SU PAGO HASTA POR 12 MESES EN CASO DE QUE EL PATRÓN NO DEMUESTRE LA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (DESPIDO INJUSTIFICADO), NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1548/2014. · Registro digital (IUS): 25769
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III , Pág. 2567.

AMPARO DIRECTO 1548/2014. 30 DE ABRIL DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: AGUSTÍN DE JESÚS ORTIZ GARZÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-De los antecedentes transcritos destaca que el ahora quejoso reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reinstalación en el puesto de ********** que ocupaba, con motivo de que fue despedido injustificadamente; asimismo, el reconocimiento y titularidad de que el citado puesto era de base, porque la relación siempre había sido por tiempo indeterminado en términos del artículo 35 de la vigente Ley Federal del Trabajo y, como consecuencia, la expedición del nombramiento como empleado de base.

Al demandado se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo.

La Junta señaló que no existía litis, pero deberían analizarse las pruebas del actor. De la valoración del material aportado y tomando en cuenta que al demandado se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, tuvo por cierto el despido, por lo que condenó a la reinstalación del reclamante y a pagar salarios caídos, del dos (2) de agosto de dos mil trece (2013) al treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), periodo en el que transcurrieron 8 meses, 28 días, incluyendo incrementos, en atención a lo establecido por el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, hasta cumplir un máximo de 12 meses. Si al término de ese plazo no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, debería estarse a lo que establece el tercer párrafo del mismo precepto.

Asimismo, condenó al reconocimiento y titularidad de que el puesto que ocupó era el de **********, bajo una relación por tiempo indeterminado, en términos del artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, pero absolvió del reconocimiento y titularidad de que el puesto que ocupaba era de base y, por tanto, de la expedición del nombramiento de base, por considerar que el actor no ofreció prueba idónea para demostrarlo, en razón de que sólo se limitó a señalar que realizaba funciones ********** sin especificar en qué consistían, además, resultaba insuficiente la presunción que se obtuvo de la inspección relativa a la omisión del demandado de pagarle las prestaciones de estímulos adicionales, licencias con sueldo y permisos económicos, por lo que no acreditó los presupuestos de dicha reclamación, apoyándose en la tesis de rubro: "ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA."

En el primer concepto de violación, el peticionario de amparo aduce:

• Resulta inconstitucional la reforma del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, por ser contraria a lo previsto en la fracción XXII del artículo 123, apartado A; así como que indebidamente se aplicó al dictar el laudo impugnado, pues si bien la responsable condenó al pago de salarios caídos, lo limitó a doce meses.

• En el Decreto por el que se reformó el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, se limitó la condena del pago de salarios caídos a doce meses, en casos de despido injustificado, sin tomar en cuenta que el salario es la figura jurídica del derecho del trabajo a la que se le han atribuido diversos significados. Esto lo apoyó en cuestiones doctrinales expuestas por los autores ********** y **********, así como lo preceptuado en los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo y 132 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

• Agregó que de tales preceptos podía concluirse que el salario es la cantidad de dinero o en especie que los patrones entregan a sus trabajadores por la prestación de una actividad y que tiene como modalidad la respectiva a los "salarios caídos" o "vencidos", que conforme a diversos significados es una consecuencia inmediata del despido injustificado, misma que si bien no está definida en la legislación laboral, está protegida por la Constitución, ya que aun cuando no contempla la figura jurídica de los salarios caídos, sino sólo la relativa a la indemnización (artículo 123, apartado A, fracciones XXI y XXII y apartado B, fracción IX), ello no es indicativo de que el legislador tenga libertad absoluta de configuración, en tanto se encuentra limitado por los demás derechos fundamentales y por el principio de razonabilidad.

• El artículo 123, apartado A, fracción XXII señala que cuando un trabajador sea despedido injustificadamente, el patrón está obligado, a elección del empleado, a cumplir con el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario, lo cual también está previsto en la fracción IX del apartado B del mismo artículo constitucional, por lo cual, en ambos casos, se genera el derecho a recibir los salarios que pudo haber cobrado si no hubiera sido despedido, es decir, como si continuara la relación laboral, por lo que, siendo el salario un elemento esencial de la relación de trabajo y al advertirse que los trabajadores que sean despedidos injustificadamente tienen derecho al cumplimiento del contrato, es inconcuso que los salarios caídos encuentran su naturaleza en lo dispuesto por el precitado artículo 123, apartado A, fracción XXII y apartado B, fracción IX, de la Constitución, al prever la protección del derecho a la continuidad de la relación o estabilidad en el empleo, dado que se dejaron de percibir los salarios por causas imputables a la patronal. De ahí que al momento de reformar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo se omitió considerar lo anterior, así como las garantías sociales mínimas que establece el señalado artículo 123, el cual está dividido en dos apartados que protegen las relaciones entre trabajadores y patrones y, en contra de ello, en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, se limitó el pago de salarios caídos a doce meses.

• Reiteró lo previsto en el artículo 123, apartados A, fracción XII y B, fracción IX, refiriendo que los salarios caídos son una consecuencia del despido injustificado, mismos que están regulados por el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, respecto de lo cual, ambas legislaciones disponían que su pago debía hacerse hasta el total cumplimiento del laudo, mientras que la reforma establece que sólo serán pagados hasta por un máximo de doce meses, agregando que para el caso en que no se concluya el procedimiento en ese lapso, se pagará el interés mensual de 2%, sobre el importe de quince meses de salario, lo cual resulta inconstitucional, ya que en ese tópico se omitió considerar que el salario es la remuneración que el trabajador recibe en dinero o en especie, por la prestación de un servicio personal y subordinado, mismos a que tiene derecho un trabajador que fue despedido injustificadamente, ya que se deben pagar como si la relación de trabajo no hubiera concluido, es decir, hasta que dure el juicio respectivo, en tanto que el artículo 123 constitucional establece los derechos fundamentales y mínimos en materia de trabajo, pues si bien los salarios caídos no los define expresamente, sí están protegidos, al prever el artículo 123, apartados A, fracción XXII y B, fracción IX, la estabilidad en el empleo en caso de despido injustificado (cumplimiento de contrato-reinstalación), lo cual implica el pago de dichos salarios, en tanto la separación se causó por causas imputables al patrón; de tal suerte que si ello no fuera así, no se estaría en obligación de cubrirlos, lo cual fue inobservado al realizar la reforma del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que limitó el pago de salarios caídos a doce meses.

• La reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es violatoria del principio de igualdad y discriminatoria del artículo 1o. constitucional, ya que conforme a lo establecido en el artículo 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los salarios caídos de los trabajadores del Estado están protegidos hasta el total cumplimiento del laudo a dichos trabajadores, conforme a los criterios que al respecto han emitido los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SALARIOS VENCIDOS, MONTO DE LOS.", en la que se consideró que en los casos de reinstalación, el pago de salarios caídos debe hacerse tomando en cuenta los incrementos que se generen al sueldo respectivo, lo cual confirma que los salarios vencidos deben cubrirse hasta el día en que se lleve a cabo la reinstalación.

• De igual forma, haciendo referencia al concepto de los derechos humanos relativos a la inalienabilidad, imprescriptibilidad, universalidad e interdependencia, el quejoso refiere que éstos son condiciones universales que deben ser protegidas por el Estado y la comunidad internacional, derivada de la celebración de tratados internacionales, como el Pacto de San José; así como que nuestro sistema jurídico regula los derechos humanos en el artículo 1o. de nuestra Ley Suprema, con lo cual se deduce que la reforma laboral de treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vulnera derechos fundamentales, en razón de que su relación se rige por la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, que garantiza la estabilidad en el empleo, al establecer que los trabajadores despedidos injustificadamente tienen derecho a exigir el cumplimiento del contrato, con lo cual se obliga al pago de salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo, como lo tutelaba el artículo 48 de la anterior Ley Federal del Trabajo, por lo que el hecho de que la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, no establezca el pago de salarios caídos, no significa que se haya dejado al arbitrio del legislador tal cuestión, ya que las leyes deben ser acordes a la Constitución y la disposición de referencia prevé el derecho al cumplimiento del contrato, lo que significa que al ser reinstalado, la consecuencia es que se paguen salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo, pues no podía perderse de vista que los preceptos de la Constitución son principios normativos fundamentales y las leyes reglamentarias deben ser acordes a la Norma Suprema y no vulnerar derechos humanos, lo cual no fue considerado al emitir la reforma que se reclama.

Los argumentos resumidos son en una parte inoperantes y, en otra, infundados.

Lo inoperante de los conceptos de violación radica en que la inconstitucionalidad de una norma de observancia general depende de su contrariedad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no de su oposición con algún ordenamiento secundario como se propone en la especie, al apoyar esa inconstitucionalidad en que el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el 132, contempla el pago de salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo, contrario a la limitación que prevé el artículo 48 de la vigente Ley Federal del Trabajo tildado de inconstitucional.

Lo anterior, acorde a la jurisprudencia P./J. 25/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.-La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias."

El artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé:

"Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta ley."

Conforme al precepto transcrito, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que se encarga de la administración de los seguros, prestaciones y servicios.

En este orden de ideas y atendiendo a las consecuencias del fenómeno de la descentralización de la prestación de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su carácter de patrón al titular de alguna dependencia de la administración pública centralizada, lo cual origina que el vínculo laboral respectivo se rija por el apartado A del artículo 123 constitucional; ello, puesto que ha sido criterio del Alto Tribunal que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos, resulta inconstitucional; por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.

El criterio de que se trata es la jurisprudencia P./J. 1/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.-El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional."

En esa virtud, devienen inoperantes los argumentos formulados en el sentido de que en la inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el quejoso hace alusión a lo previsto en los diversos artículos 43, fracción III y 132 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, lo cual, en modo alguno, le es aplicable, ya que al ser trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que reviste la calidad de organismo público descentralizado, la relación de trabajo se rige por el apartado A del precitado artículo constitucional, fracción XXXI, inciso b), punto 1.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 153/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, materia(s): constitucional, laboral, página 9, que dice:

"ISSSTE. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA, AL INCLUIR EN EL RÉGIMEN DEL INSTITUTO A SUS PROPIOS TRABAJADORES NO ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).-Si bien es cierto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo público descentralizado y de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relación con sus trabajadores se rige por su apartado A, ello no impide que el instituto otorgue a sus trabajadores las prestaciones de seguridad social correspondientes; pues al respecto, resultan inaplicables los criterios contenidos en las jurisprudencias números P./J. 1/96 y 2a./J. 22/96, emitidas respectivamente, por el Tribunal en Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los rubros: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’ y ‘COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.’, ya que éstas se refieren a conflictos de tipo laboral y no a la prestación de la seguridad social, pues determinaron la inconstitucionalidad de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al incluir a los organismos descentralizados dentro de los destinatarios de la ley, a pesar de que por la relación laboral con sus trabajadores deben regularse por el citado artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, por lo que sería un contrasentido que el instituto, contando con los medios económicos e infraestructura necesarios que le permiten otorgar las prestaciones de seguridad social y aplicar los descuentos de las cuotas correspondientes a su personal, no pudiera proporcionar las prestaciones respectivas a sus propios trabajadores, máxime si ello no se opone a lo previsto en la norma constitucional señalada."

Consecuentemente, si el quejoso se refiere a una legislación que no le es aplicable, se insiste, los conceptos de violación en los que se hace referencia a los artículos 43, fracción III y 132 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, resultan inoperantes y, por ende, igual calificativa debe darse a lo manifestado en relación con la violación de sus derechos de igualdad, al comparar lo que prevé la Ley Federal del Trabajo y la diversa Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Además, es de destacarse que el Alto Tribunal determinó que la garantía de igualdad que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no significa que todos los sujetos deben encontrarse siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, ya que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce en no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, en tanto el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 81/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

La garantía de no discriminación que consagra el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; es decir, no proscribe cualquier distinción de trato entre las personas, sino sólo aquellas que atenten contra la dignidad humana, así como las que tengan por efecto anular o menoscabar sus derechos y libertades, o bien, la igualdad real de oportunidades.

Esto es, conforme al artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las personas no sólo tienen reconocidos a su favor los derechos que figuran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también aquellos previstos en tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte; en ese sentido, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que lo estipule, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 172/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1049, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión que contiene la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado."

Bajo ese contexto, el hecho de que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo establezca una limitante en cuanto al pago de salarios caídos, no implica que genere un trato disímil y discriminatorio entre los trabajadores, en tanto se otorga a todos aquellos que se encuentren en el supuesto de reclamar el cumplimiento del contrato de trabajo (reinstalación o indemnización), al entrar en vigor la ley reclamada, sin hacer distinción por razones de género, edad, profesión u otra análoga.

En otro orden, lo infundado de los conceptos de violación atiende a las siguientes consideraciones:

El texto del artículo 123 constitucional dice:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él."

En este artículo se prevé el supuesto en que un trabajador sea separado sin justificación, en cuyo caso tiene derecho a ser reinstalado o a obtener una indemnización, esto quiere decir que la norma constitucional reconoce un derecho genérico a la indemnización, pero no precisa cómo debe integrarse ésta.

Es pertinente destacar que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales -que son derecho positivo en el ordenamiento mexicano- definen o establecen qué prestaciones deben cubrirse al trabajador que haya sido separado en forma injustificada, se entiende que esta facultad corresponde al Congreso de la Unión, el que por disposición expresa del propio artículo 123 constitucional, debe expedir las leyes sobre el trabajo conforme a la realidad y a las circunstancias del país, con la única limitación de no contravenir sus bases.

Conforme al artículo 1o. constitucional, las personas no sólo tienen reconocidos a su favor los derechos que figuran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también aquellos previstos en tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte. En este sentido, cabe destacar que, si bien hay una norma de fuente internacional que también prevé el derecho a la indemnización en caso de despido sin justificación, dicha norma tampoco establece algún lineamiento sobre cómo debe integrarse.

El artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador" prevé el derecho de las personas a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. En virtud de lo establecido en el punto "d", de esa norma, los Estados partes -como lo es el Estado Mexicano- se obligaron, entre otras cosas, a garantizar en la legislación nacional.

La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; es decir, también se reconoce en favor de las personas el derecho a la indemnización o a la readmisión, que es equivalente a la reinstalación, en caso de despido injustificado; sin embargo, no se establece ninguna forma específica en la que debe integrarse dicha indemnización, sino que, por el contrario, se deja libertad a cada Estado para prever el tipo de prestación que se otorgará en estos casos en la legislación nacional.

De la norma constitucional reproducida se advierten los derechos de reinsta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25769-4e9aa2b2/salarios-caidos-el-articulo-48-parrafo-segundo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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