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Modo: Corpus Pro

DETENCIÓN. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OBTUVO LA CONFESIÓN DEL INDICIADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, DEBIDO A QUE COMPARECIÓ ANTE ÉL POR ESTAR DETENIDO CON MOTIVO DE DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA, Y EL JUEZ, PREVIO A RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA, NO RECABA LAS CONSTANCIAS QUE AVALAN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN CORRESPONDIENTE, CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE NO SE VIOLARON SUS DERECHOS HUMANOS Y QUE SU CONFESIÓN LA RINDIÓ LIBRE Y ESPONTÁNEAMENTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 404/2014. · Registro digital (IUS): 25801
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , Pág. 1953.

AMPARO DIRECTO 404/2014. 9 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAMÓN OJEDA HARO. SECRETARIO: DAVID ACOSTA HUERTA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Estudio. Resulta innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación expuestos por el quejoso **********, toda vez que en suplencia de la queja deficiente a que obliga el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, este tribunal advierte que se violaron las normas que rigen el procedimiento penal, lo cual trascendió al resultado del fallo y afectó la garantía de adecuada defensa del justiciable.

Ante todo, es necesario precisar que el acto reclamado objeto del presente amparo consiste en la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil catorce, por la Magistrada de la Sexta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación número **********, sin que pase inadvertido para quienes ahora resuelven la circunstancia de que en la resolución de que se habla, a foja 52 del toca de apelación, se hubiera asentado como fecha de emisión el siete de febrero de dos mil trece, siendo lo correcto dos mil catorce; sin embargo, dicho aspecto corresponde a un error mecanográfico que, en modo alguno, irroga perjuicio al sentenciado.

Ahora bien, en esa resolución se modificó la sentencia condenatoria dictada por el Juez de primera instancia, en la que se le consideró penalmente responsable a ********** y otro en la comisión del delito de robo calificado ejecutado con violencia, previsto en el artículo 364, en relación con el 374, fracción I, y el 371, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Para arribar a la anterior determinación, la autoridad del conocimiento tuvo por demostrado lo siguiente:

"que el día 7 siete de octubre del año 2010 dos mil diez, aproximadamente a las 16:50 dieciséis horas con cincuenta minutos, los sujetos activos, al llegar al domicilio ubicado en la calle **********, número **********, colonia **********, en Monterrey, Nuevo León, rompieron uno de los vidrios de la puerta del mismo, en cuyo interior se encontraban **********, **********, su esposo **********, y sus menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, gritando en esos momentos el referido ********** ‘prima van a robar’, percatándose que por la parte donde se había quebrado el vidrio una persona introdujo una mano en la que portaba un arma de fuego, para luego escuchar que gritaban desde afuera ‘que abrieran la puerta’, por lo que **********, quien se encontraba tratando de empujar la puerta con su cuerpo para que no se abriera, al verse intimidado, la abrió e ingresaron dos personas del sexo masculino, una de ellas fue identificado como ********** o **********, siendo éste quien portaba el arma de fuego con la cual le apuntó al rostro de **********, mientras le decía que ‘no se pusiera picudo’, porque si lo hacía iba a ver lo que le pasaría a los niños, y luego el citado ********** se dirigió al área de las escaleras en donde se encontraba el citado **********, a quien también le apuntó con la pistola al momento en que le decía que se saliera de allí, y éste hizo como si se retirara, sin embargo, se quedó viendo lo que pasaba; mientras que el otro sujeto activo se dirigió a la cocina de donde tomó un cuchillo tipo cebollero de aproximadamente 25 veinticinco centímetros, y le dijo a ********** que le entregara algo porque si no se los iba a cargar la verga; además de preguntarle por un celular, para luego dirigirse junto con ********** a una de las recámaras de donde éste se apoderó ilegítimamente y sin el consentimiento de quien legalmente podía obsequiarlo de una televisión de plasma de la marca LG, modelo 32LG30/50 MCK408740.1, de color negro, de 32’’ treinta y dos pulgadas, la cual se encontraba encima de una base de cemento, para luego tomar de la ropa que se encontraba encima del ropero la cantidad en efectivo de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), y un equipo celular de la marca Sony Ericsson, modelo W715, color gris plata, con número de IMEI **********, el cual se localizaba en la misma área de donde se encontraba la televisión, después de lo cual, los sujetos activos huyeron del lugar de los hechos."

Ahora bien, quienes ahora resuelven estiman que en el presente asunto el Magistrado del conocimiento inadvirtió que el Juez instructor omitió recabar las constancias que acrediten la condición jurídica del quejoso **********, al advertirse que no existe constancia sobre la forma en que se llevó a cabo la aprehensión (constancias de detención) del referido sujeto.

Las cuales resultan de vital importancia, pues si bien es cierto que de autos no se advierte que el impetrante haya aceptado los hechos imputados, también lo es que con motivo de su detención, emanaron diversos elementos de prueba, que fueron tomados en consideración por la autoridad a fin de tener por acreditado el ilícito de que se habla.

Para una mejor comprensión del asunto, al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto por las fracciones X y XXII del artículo 173 de la Ley de Amparo vigente, mismas que establecen:

"Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

"...

"X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

"...

"XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo."

De la interpretación literal del precepto legal en comento, se desprende que en el juicio de amparo penal se consideran violadas las reglas del procedimiento y, por ende, procede ordenar su reposición, cuando se advierta que al acusado no se le recibieron las pruebas que ofreció legalmente, o cuando no se le reciban con arreglo a derecho y, en los demás casos análogos a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.

Lo anterior, en congruencia con lo dispuesto en las fracciones V y IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho (sic), que prevén:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado.

"...

"V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.

"...

"IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula."

Asimismo, la fracción VII del artículo 397 del Código de Procedimientos Penales del Estado dispone:

"Artículo 397. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del sentenciado y procederá la reposición del procedimiento en los casos siguientes:

"...

"VII. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente."

De la interpretación armónica de estos últimos numerales se colige, en lo conducente, que deberá ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia, cuando al acusado no se le hubieran recibido las pruebas ofrecidas legalmente, o bien, no se hayan recabado aquellas que son necesarias para la solución del asunto.

En la especie, este tribunal estima que no es posible abordar el estudio de fondo de la cuestión planteada, dado que se patentiza que el Magistrado responsable inadvirtió que el Juez instructor omitió recabar las constancias que acrediten la condición legal del quejoso **********, al momento en que "compareció" ante el Ministerio Público dentro de la indagatoria de la que derivó la causa penal en estudio, pues de autos se infiere que se encontraba puesto a disposición de diverso fiscal con motivo de hechos ajenos a los que son materia del presente asunto.

En efecto, el Juez natural antes de decretar el cierre de la instrucción y emitir la sentencia decretada en perjuicio del quejoso, debió recabar las constancias relacionadas con su detención y puesta a disposición en diversa averiguación previa, pues resultaban indispensables para determinar la legalidad de su detención, así como su "comparecencia" ante el Ministerio Público en esta indagatoria y, sólo así, determinar la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de su detención, pues si bien resulta palpable que al rendir su declaración se acogió a los beneficios a que alude el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de abstenerse a responder cualquier interrogatorio que le fuera formulado; también es cierto que con motivo del informe que se allegó a la averiguación ministerial ********** (materia de consignación), en el cual se informa de la detención del hoy sentenciado en diversa indagatoria, se recabaron diversos elementos de prueba como lo es la declaración de **********, quien emitió su declaración en calidad de indiciada, al haber sido detenida con motivo de las manifestaciones que realizara el impetrante **********, a los elementos aprehensores, en el sentido de que fue a dicha mujer a la que le vendieron la pantalla de 32" pulgadas (objeto materia de apoderamiento en el caso a estudio), en la cantidad de cuatro mil quinientos pesos; aparato que, incluso, fue entregado a los agentes ministeriales por parte de la antes citada, y de la cual se dio fe de su existencia por parte de la representación social, y se le practicó el respectivo dictamen de valuación, así como la circunstancia de habérsela puesto a la vista de la pasivo, quien la reconoció plenamente, como la misma que le hubiera sido robada por el quejoso **********.

Luego entonces es que resulten necesarias dichas constancias a efecto de analizar la forma de detención del impetrante y las pruebas que emergieron con motivo de dicha aprehensión, esto a efecto de analizar que no se hubiesen transgredido garantías constitucionales en detrimento del quejoso, relativas al debido proceso y legalidad, consagradas en el artículo 14 constitucional, así como a lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracciones V y IX, de la Carta Magna.

En lo relativo se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la tesis que a continuación se describe:

"VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. PRUEBAS, SU NO RECEPCIÓN EN EL PROCESO PENAL.-La omisión de no proveer lo necesario para lograr la recepción de una probanza ofrecida oportunamente en el proceso penal, se traduce en violación a la garantía individual consagrada en el artículo 20, fracción V de la Constitución Federal, provocando su indefensión en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo, siendo irrelevante que el quejoso no solicitara nuevamente que se le recibiera la prueba, ya que el Juez tiene el deber legal de dictar las medidas necesarias para lograr la recepción de los medios de prueba ofrecidos en el juicio." (Octava Época, Fuente: Informe de 1988, Tercera Parte, página: 949, tesis: 12, tesis aislada, Materia(s): Penal.)

Se afirma lo anterior, ya que como antecedente del caso se tiene que la causa penal materia del presente juicio de amparo, inició con motivo de la comparecencia rendida por **********, en la que realizara la denuncia respecto de hechos acaecidos a las dieciséis horas con cincuenta minutos del siete de octubre de dos mil diez, al aludir en esencia que se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en la calle **********, número **********, colonia **********, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en compañía de un primo de nombre ********** (sic) ********** quien le dijo que iban a robar; instantes en el que ingresan a su domicilio dos personas, portando una de ellas una pistola, con la cual los amaga diciéndoles "que no se pusieran picudos" o mataría a sus hijos, para posteriormente tomar una televisión de plasma de 32’’ treinta y dos pulgadas; después de ello les preguntó que dónde estaba el dinero, comenzando a mover todas sus pertenencias hasta que encontró en una caja la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), así como un teléfono celular de la marca Sony Ericsson; luego, al momento de salir del inmueble, los amenazaron en el sentido de que no fueran a denunciar ya que no sabían con quién trabajaban. Luego, al acudir a las instalaciones de la Delegación de la Policía Ministerial en la zona sur, se entrevistó con elementos de la policía ministerial los cuales le pusieron a la vista unas fotografías de personas que se dedicaban a robar, identificando a las dos personas que habían entrado a su domicilio (********** y **********).

Asimismo, la citada **********, el veintiocho de octubre de dos mil diez acudió a la representación social a fin de ampliar su denuncia (veintiocho de octubre de dos mil diez) siendo clara y precisa en el sentido de ratificar su declaración inicial y además, agregó que en aquel día se encontraba en compañía de su esposo de nombre **********, así como un primo de éste de nombre ********** y sus dos hijos menores de edad quienes responden a los nombres de ********** y ********** de apellidos **********, que ella se localizaba en compañía de su esposo, así como de sus dos hijos en el área de la recámara, instantes en los cuales su primo le gritó "prima van a robar", en ese instante comenzaron a golpear fuertemente la puerta como si le estuvieran dando patadas, motivo por el cual su primo se dirigió a la puerta de acceso para impedir que entraran, que en ese momento se dejaron de escuchar dichos golpes, y de repente alguien quebró el vidrio de una de las ventanas de la puerta de acceso al domicilio, apreciando que por ese hueco ingresó un brazo y en su mano contaba con un arma de fuego tipo escuadra, color gris plata, misma con la que le apuntaron al área del cuerpo a su primo, escuchando que le decían que abriera la puerta, circunstancia por la que su primo se sintió intimidado y al verse superado, optó por abrir la puerta de acceso, logrando apreciar que eran dos sujetos del sexo masculino, uno de ellos era de complexión **********, altura aproximada de ********** centímetros, tez **********, quien portaba una playera en color negro de rayas, y pantalón de mezclilla color azul, de una edad aproximada de ********** años, mismo sujeto el cual apreció que era el que portaba el arma de fuego; el segundo de ellos era de complexión **********, altura aproximada de ********** con ********** centímetros, tez **********, edad aproximada de ********** años, vestía playera de tirantes en color blanco y pantalón de mezclilla, quien al ingresar a su domicilio portaba el arma de fuego y comenzó apuntarle a su primo con la pistola en el área del rostro, manifestándole de forma agresiva ‘que no se pusiera picudo’, porque si lo hacía iba a ver lo que le pasaría a los niños; ella en todo momento se sintió intimidada y con el temor de sufrir un daño, así como a sus hijos, y el sujeto que portaba la pistola se dirigió al área de las escaleras, lugar donde se encontraba su esposo, apreciando que dicho sujeto le apuntó en el área del rostro, que en ese momento el segundo sujeto se dirigió al área de la cocina, donde tomó un cuchillo tipo cebollero, y quien de una forma agresiva le dijo a su primo que le entregara algo porque si no "se los iba a cargar la verga", que en ese instante cuestionaron a su primo sobre un celular; posteriormente, ambos sujetos se dirigieron a la recámara donde el sujeto que portaba la pistola se apoderó de una televisión de plasma de la marca LG, modelo 32LG30/50 MCK408740.1, color negro, de 32" treinta y dos pulgadas; asimismo, esculcó entre la ropa que se encontraba encima del ropero y encontró la cantidad de dinero en efectivo de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), el cual se los guardó dentro de la bolsa de su pantalón y, finalmente, de la misma área donde se encontraba el televisor, tomó un equipo celular de la marca Sony Ericsson, modelo W715, color gris plata, con número de IMEI **********, apreciando también que dicho celular se lo guardó entre sus prendas, para luego de ello salir rápidamente de su domicilio (fojas 14 a 16 del proceso).

De las investigaciones realizadas, el responsable del Destacamento Sur de la Agencia Estatal de Investigaciones de Guadalupe, Nuevo León, Juan Luis Reyes Salazar, dirigió al agente del Ministerio Público investigador en turno especializado en robo a tiendas de conveniencia del Primer Distrito Judicial en el Estado, informe que obra a fojas 28 y 29 de la causa penal, del cual en esencia se advierte que el citado agente, hacía del conocimiento del fiscal, que se encontraba detenido ********** a disposición del diverso agente del Ministerio Público especializado en robo a tiendas de conveniencia, ya que con motivo de la investigación de los hechos denunciados por **********, quien señaló que dos personas del sexo masculino a quienes apodan "el **********" y "el **********", dando el domicilio de este último y que era el ubicado en la calle privada **********, número **********, en la colonia **********, en esta ciudad, por lo que los agentes al dirigirse a dicho domicilio, observaron una persona del sexo masculino que coincidía con las características físicas de la persona que se buscaba, por lo que una vez que se identificaron, lo cuestionaron sobre sus datos personales dando por nombre **********, alias "el **********", y una vez que le manifestaron el motivo de su presencia, éste les refirió que el treinta y uno de octubre de dos mil diez, aproximadamente a las diecisiete horas, al encontrarse en compañía de "el **********" (dando el domicilio donde podía ser localizado), éste se acercó a ********** a quien amagó con un arma de fuego y él sólo observaba que no fuera a pasar alguna unidad de la policía, y una vez que el ********** le quitó el dinero, ambos huyeron hacia el cerro donde se repartieron el dinero, correspondiéndole la cantidad de $500.00 (quinientos pesos, moneda nacional), los cuales se los gastó en comprar droga y cerveza, manifestado lo anterior, accedió voluntariamente a acompañarlo a las instalaciones de la agencia.

Una vez en las oficinas confesó su participación en diversos robos, siendo uno de ellos con violencia a una casa, denunciado por **********, con domicilio en la calle **********, número de la colonia **********, esto el siete de octubre de dos mil diez, y que uno de los objetos sustraídos de dicho domicilio lo era una televisión que vendieron a una persona del sexo femenino que podía ser localizada en la calle **********, número **********, en la colonia **********, de esta ciudad, y quien les diera la cantidad de cuatro mil quinientos pesos, en tanto que el celular se lo vendieron a un taxista.

Asimismo, se desprende del citado informe, que los policías ministeriales se constituyeron en el domicilio citado en líneas anteriores, donde se entrevistaron con **********, quien les manifestó haber comprado a "el **********" y "al **********", una pantalla de la marca LG, 32’’de treinta y dos pulgadas en la cantidad de cuatro mil quinientos pesos, haciendo en ese momento la entrega de la misma y además los acompañó voluntariamente a las oficinas.

Asimismo, se advierte en autos que ante el agente del Ministerio Público investigador especializado en robo a tiendas de conveniencia en Monterrey, Nuevo León, el uno de noviembre de dos mil diez, comparecieron los elementos ministeriales Javier Rocha Amaya y Heriberto Maldonado Briones, quienes ratificaron el informe de que se habla (fojas 30 a 34). Aunado a lo anterior, en la misma data la representación social procedió al desahogo de la inspección ocular y fe ministerial del objeto asegurado por los elementos ministeriales (pantalla de plasma de color negro, marca LG, de treinta y dos pulgadas, con número de serie **********).

De igual forma tomó la declaración de **********, de la que se desprende que compareció en calidad de indiciada, en la cual en esencia confesó que el veintiuno de octubre de dos mil diez, aproximadamente a las diecisiete horas acudieron a su domicilio ********** alias "el **********" y ********** alias "el **********", siendo el primero de los mencionados quien le dijo que andaban vendiendo una televisión, ya que la había comprado a crédito y no podía pagarla, una vez que se la llevaron para que la observara, pactaron por ella la cantidad de cuatro mil quinientos pesos (fojas 37 a 39 del proceso).

Asimismo, el dos de noviembre de dos mil diez, se verificó la "comparecencia" de **********, ante el agente del Ministerio Público investigador especializado en robo a tiendas de conveniencia, donde el incoado rindió su declaración informativa (fojas 40 a 42 del proceso penal).

Declaraciones de las cuales, únicamente se advierte que comparecieron sin haber mediado solicitud alguna, pues debemos recordar que se encontraban a disposición de la misma fiscalía, pero por diversos hechos a los aquí analizados, es decir, por diversa averiguación.

Ya que incluso, debe precisarse que fue hasta el siete de abril de dos mil once, cuando el agente del Ministerio Público investigador especializado en robo a tiendas de conveniencia en Monterrey, Nuevo León, consignó la averiguación sin detenido, solicitando orden de aprehensión en contra del hoy quejoso **********, por lo que hacía al robo calificado ejecutado con violencia denunciado por la referida ********** (fojas 74 a 99).

Mandamiento de captura que fue emitido por el Juez natural, el treinta y uno de mayo de dos mil once (fojas 103 a 117), y cumplimentado según se advierte de la boleta de internamiento al día siguiente (uno de junio de dos mil once), la cual obra a foja 121 de la causa penal, de lo que, incluso, el alcaide del Centro de Reinserción Social "Topo Chico", dio cuenta; quien aludió que el uno de junio de la anualidad en cita, había quedado internado ********** y otro, en la inteligencia de que éste ya se encontraba internado en el centro penitenciario por diversa causa penal (foja 148 del proceso penal).

Así las cosas, es dable concluir del contenido de dichas constancias que **********, se encontraba detenido y puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público investigador especializado en robo a tiendas de conveniencia con residencia en esta ciudad, con motivo de diversos hechos, distintos a los que nos ocupan, pues en la que es materia de estudio, no se infiere que se haya calificado su detención, ordenado su retención ni solicitado medida cautelar de arraigo en su contra.

Tan es así que la indagatoria se consignó sin detenido.

A más de que, aun cuando se encontraba a disposición de dicha representación social con motivo de diversos hechos debió mediar solicitud, a efecto de recabar la declaración informativa del multicitado incoado, y anexar de forma completa copias de la averiguación donde se encontraba detenido.

En efecto, pues de las constancias se obtiene que el justiciable compareció a emitir su declaración ante una autoridad; sin embargo, se encontraba a disposición de dicho agente del Ministerio Público, pero con motivo de diversos hechos.

Y si bien es cierto que en dicha deposición el justiciable se reservó el derecho a declarar con motivo de los hechos que se le atribuían en la causa materia de estudio, también es cierto que fueron recabadas diversas pruebas con motivo de su detención, entre las que destaca la declaración de ********** (de la que se infiere que ésta le compró el televisor materia de hurto), así como la inspección ocular y dictamen de valoración del objeto asegurado, la declaración de los elementos ministeriales; por ello, imponía al Juez de la causa el recabar las constancias de aquella otra averiguación previa, a fin de verificar que no se hayan transgredido sus derechos fundamentales.

Cierto, pues por una parte el justiciable no compareció libremente a emitir su deposición, sino que lo hizo restringido de su libertad personal, pues previamente había sido puesto a disposición del mismo agente del Ministerio Público pero con motivo de diversos hechos, siendo diferente la averiguación seguida en su contra, pero sobre todo porque con motivo de la detención emanaron diversos elementos de prueba en su contra.

Por tanto, es dable estimar que el justiciable al comparecer en la indagatoria en estudio, aún conservaba el carácter de detenido.

De ahí que el Juez de la causa en un irrestricto respeto de los derechos humanos del quejoso antes mencionado y, a fin de tener elementos para calificar su detención -aun cuando en el caso se observa que al rendir declaración ministerial no confesó los hechos que se le imputan- debió allegarse de las constancias de la diversa averiguación previa, para analizar las circunstancias en que se verificó su aprehensión y puesta a disposición, así como de la diversa persona que le atribuye al incoado el haberle vendido el objeto materia de apoderamiento.

Lo anterior, ya que el Juez instructor debió cerciorarse de una posible violación a los derechos humanos que, de confirmarse, impactaría directamente en determinados elementos de prueba, los cuales emanaron primeramente con motivo de lo que el activo hoy quejoso, informara a los elementos aprehensores.

Pues debe recordarse que el derecho a un debido proceso comprende no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentra al margen de las exigencias constitucionales y legales, al ser la nulidad de la prueba ilícita, un derecho sustantivo que le asiste al inculpado durante todo el proceso.

En efecto, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida; de otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa.

La regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícita en nuestro orden constitucional; misma que exige que todo lo obtenido al margen del orden jurídico deba ser excluido del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad.

La eficacia de las pruebas debe nulificarse en aquellos casos en que la norma que ha sido transgredida establezca: a) garantías procesales; b) la forma en que se practica la diligencia; y, c) derechos sustantivos en favor de la persona. Las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben ser anuladas, cuando las pruebas de las que son frutos resultan inconstitucionales; esto es, aquellos medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria.

El vicio consistente en una violación (bien constitucional o legal), adquiere un efecto prolongado en un proceso, donde determinadas actuaciones y resoluciones son causa y efecto de otras.

Es decir, basta con la violación de un precepto constitucional o legal para que el vicio formal trascienda de manera inevitable en las actuaciones que directamente derivan de la misma. Así, todo aquello que no cumpla con las formalidades del procedimiento carece de validez.

En efecto, a partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, son las autoridades quienes al tener conocimiento de una posible violación a los derechos humanos de los gobernados, se encuentran obligadas a indagar y verificar tal situación y, en su caso, tomar las medidas pertinentes.

Por tal razón, el Juez natural antes de declarar cerrada la etapa de instrucción, debió solicitar las constancias de la diversa averiguación previa de que se habla, a fin de verificar todo lo atinente a su situación legal, y con qué calidad es con la que realmente compareció a rendir su declaración ministerial dentro de la indagatoria que aquí se analiza y, con base en ello, resolver lo que en derecho procediera, esto es, determinar si se actualizó una violación a sus derechos humanos y si eso impactó o no en los medios de prueba que obran en la causa penal.

De modo que, al no advertir el ad quem tal irregularidad en que incurrió el Juez de primer grado, y que constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento penal; es incuestionable que la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías individuales del quejoso ********** y de sus derechos humanos.

En consecuencia, lo que procede es ordenar la reposición del procedimiento en términos de lo dispuesto por la fracción X, en relación con la diversa XXII, del artículo 173 de la Ley de Amparo en vigor, en tanto que la omisión en que incurrió el Juez de la causa trascendió al resultado del fallo, pues en la sentencia combatida se otorgó valor probatorio a la fe ministerial y dictamen de evaluación del objeto materia de apoderamiento, así como al informe rendido el uno de noviembre de dos mil diez por parte de los agentes ministeriales, así como a lo declarado por **********.

Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver el amparo en revisión 133/2013, en sesión de veinte de junio de dos mil trece, y los diversos amparos directos 174/2014, 236/2014 y 327/2014, resueltos en sesiones de once de julio, dos de octubre y trece de noviembre, todos de dos mil catorce.

SÉPTIMO.-Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones emitidas a lo largo de la presente resolución, ante la suplencia de la queja deficiente a que obliga el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25801-37217911/detencion-si-el-ministerio-publico-obtuvo-la-confesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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