AMPARO DIRECTO 820/2013. 25 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. SECRETARIO: HUGO JOEL ALVARADO GARCÍA.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito del día veinticinco de junio de dos mil quince.
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo 820/2013 del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-**********, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el cinco de noviembre de dos mil trece, promovió juicio de amparo directo contra un acto de la Séptima Sala de dicho tribunal, consistente en la sentencia definitiva de diez de octubre del referido año, dictada en el toca de apelación **********, por estimarla violatoria de sus derechos que tutelan, entre otros, los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal.
2. SEGUNDO.-Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda que nos ocupa, originándose la formación del expediente 820/2013; mediante oficio ********** se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde quien, mediante pedimento **********, solicitó que se le tuviera imponiéndose de los autos, así como que, en su momento procesal oportuno, se le expidiera copia de la resolución que se dicte en el presente asunto (fojas 34 y 35 del cuaderno en que se actúa).
3. TERCERO.-Por diverso proveído de diez de enero de dos mil catorce, se ordenó turnar los autos a la Magistrada Martha Leticia Muro Arellano para la formulación del proyecto de resolución respectivo (foja 37 ídem).
4. CUARTO.-En sesión de veinte de marzo de dos mil catorce, este Tribunal Colegiado de Circuito, por una parte, desestimó los conceptos de violación (entre ellos el formulado en el sentido de que no se dio intervención a la Procuraduría Social, en términos del artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por ser la quejosa adulto mayor) y, por la otra, consideró sustancialmente fundado el argumento vertido en el sentido de que se infringió el principio de exhaustividad, por no haberse estudiado la totalidad de los agravios que hizo valer en el recurso de apelación, motivo por el cual, concedió el amparo para efectos y, en consecuencia, requerir a la autoridad responsable para su cumplimiento (fojas 40 a 75).
5. QUINTO.-Mediante auto de quince de abril de dos mil catorce, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia aludida, por lo que se ordenó remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja 128).
6. SEXTO.-Por acuerdo de presidencia de veintiocho de abril de dos mil catorce, la Primera Sala del Alto Tribunal, admitió el recurso de revisión en cuestión que se registró como amparo directo en revisión 1672/2014, y se turnó para estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz (fojas 280 a 288).
7. SÉPTIMO.-En sesión celebrada el quince de abril de dos mil quince, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó resolución en la que revocó la sentencia recurrida -por las razones que más adelante se mencionarán- y ordenó la devolución de los autos a este Tribunal Colegiado de Circuito para que se emitiera un nuevo fallo tomando en consideración los lineamientos establecidos en dicha ejecutoria (fojas 115 a 142).
8. OCTAVO.-En auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, se tuvo a la superioridad remitiendo copias certificadas de tal ejecutoria y se ordenó volver los autos de nueva cuenta a la Magistrada Martha Leticia Muro Arellano, para que en cumplimiento a lo ordenado por el Alto Tribunal, pronunciara una nueva sentencia en el presente juicio de amparo (foja 312); y,
CONSIDERANDO:
9. Con apoyo en el artículo 197 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en el amparo directo en revisión ********** de su índice, se deja sin efectos la sentencia pronunciada por este órgano colegiado en el presente juicio constitucional, en la sesión celebrada el día veinte de marzo de dos mil catorce, donde se determinó conceder el amparo para los efectos de:
"59. En esas condiciones, al quedar demostrado que el acto reclamado en la parte omitida, transgredió en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal; procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a **********, para los siguientes efectos:
"a) Que la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, deje insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil trece, dictada en el toca de apelación ********** de su índice.
"b) Que reitere las razones contenidas en dicha resolución que se consideraron correctas.
"c) En su lugar, emita un nuevo fallo en el que con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios advertidos en este fallo, en acatamiento al principio procesal de exhaustividad, se ocupe de los argumentos que hizo valer la quejosa en el escrito de ampliación de agravios, y con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho corresponda."
10. Ahora bien, la parte que fue materia del recurso de revisión en amparo directo, es la siguiente:
"...41. En otro orden de ideas, la promovente en su primer concepto de violación sintetizado con antelación, aduce que el Juez ordinario faltó al nuevo orden constitucional, porque desde que emitió el auto de veintisiete de septiembre de dos mil doce, en que tuvo por recibida su acta de nacimiento conoció que es adulta mayor, por ende, debió haber dado vista al agente de la Procuraduría Social en términos del artículo 68 TER del enjuiciamiento civil del Estado, y también fue omisa al proveer sobre la admisión del recurso de apelación. Es infundado.
"42. En virtud de que si bien, en auto de veintisiete de septiembre de dos mil doce,(1) se tuvo por recibida la copia certificada del acta de nacimiento de la demandada, con la que su abogado patrono, pretendió justificar su inasistencia a las instalaciones del juzgado a efecto de que se desahogara la prueba confesional a su cargo, debido a su edad avanzada, y enfermedades degenerativas que padece que la tienen postrada en cama y requiere silla de ruedas, y que la Sala responsable en auto de veintiocho de agosto de dos mil trece, únicamente haya ordenado dar vista al agente social adscrito sólo por lo que ve a los actores; sin embargo, ello no implica que opere el supuesto del artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
"43. Ello es así, porque la Procuraduría Social incorpora un catálogo de dependencias del Poder Ejecutivo, y conforme al artículo 4o. de la ley que la reglamenta, aparece como representante del interés social y garante del derecho; que se ejerce a través de los agentes sociales que vinieron a sustituir entre otros a los defensores de oficio. Esto tiene importancia destacada porque la ahora quejosa no refiere que no hubiera contado con asistencia jurídica o que sus derechos hubieran sido menoscabados por falta de abogado que la defendiera, antes al contrario, su alegato atañe a una simple cuestión formal de no haberse dado intervención en el caso a un agente de la Procuraduría Social.
"44. Sin embargo, de lo actuado en el juicio del que emana el acto reclamado, se aprecia que la quejosa contó con la asesoría jurídica necesaria para su defensa, pues al contestar la demanda natural designó como abogado patrono al licenciado **********, con cédula profesional, lo que asegura su conocimiento en la ciencia jurídica, del propio escrito se aprecia que al producir contestación negó las prestaciones que se le reclaman, así como los hechos que pudieran afectar a su cliente, incluso, hizo valer vía reconvención la acción de usucapión, ofreció a su favor las pruebas testimonial, confesionales a cargo de los actores y pericial de identificación de inmuebles, asistió al desahogo de la testimonial y confesionales, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil doce, se le tuvo interponiendo recurso de revocación contra el acuerdo de nueve de ese mismo mes y año, así como también interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, a quien la Sala responsable le reconoció tal carácter en proveído de veintiocho de agosto de dos mil trece;(2) en tanto, que al promover la demanda de amparo que originó el presente juicio, la solicitante de amparo lo designó como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo,(3) calidad que le fue reconocida el veintiséis de noviembre de dos mil trece.
"45. Todo lo anterior pone de manifiesto que, la aquí quejosa, durante el desarrollo del juicio natural, en la sustanciación de la alzada y en la promoción del presente juicio de amparo ha contado, con suficiente y eficiente asesoría jurídica para proteger sus derechos, con lo cual se colma lo dispuesto por el artículo 232, fracción XVI, del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco,(4) lo que es importante no perder de vista, porque la intervención del agente de la Procuraduría Social tiene por objeto, precisamente, el asistir a adultos mayores en la defensa de sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el de asesoría jurídica, lo que en el caso se cumplió plenamente con los propios recursos de la ahora quejosa, a través del abogado particular con patente para su ejercicio profesional que contrató y la asesoró y asistió jurídicamente con igual o mejor calidad de la que podría proporcionarle un abogado de la Procuraduría Social, por consiguiente, no puede considerarse afectado su derecho de defensa por la ausencia de intervención de un abogado del servicio público.
"46. Además, la intervención del agente de la Procuraduría Social, tiene lugar cuando se afectan bienes o derechos de adultos mayores,(5) entre otros sujetos, en situación de vulnerabilidad, esa es la ratio escendi de la norma, lo cual debe, desde luego, ser evidenciado lo que, en la especie, no ocurrió según se advierte de la secuela procesal detallada pues, como ya se dijo, ésta contó con asesoría suficiente para contestar la demanda, ofrecer y desahogar las pruebas de su intención, aunado a que el abogado que designó, incluso, compareció en su representación en el desahogo de diversas probanzas y, más aún, por conducto de su abogado patrono interpuso el recurso de apelación y solicitó el juicio de amparo que se examina,(6) que revelan capacidad para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia sus derechos.
"47. De manera que, contra lo que pretende la solicitante de amparo, al existir evidencia de que tuvo un debido proceso en el cual se le oyó en defensa de sus intereses y contó con un abogado que ella contrató que, desde luego, generaron honorarios, el que la asesoró jurídicamente en cada una de las etapas en que tuvieron intervención,(7) no existe situación de desamparo ni desventaja alguna frente a su contraparte.
"48. No se desatiende que si bien el Protocolo de San Salvador en su artículo 17(8) y el artículo 15, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(9) así como el artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que son parte del nuevo orden constitucional que dice fue desconocido, protegen a aquellas personas que puedan encontrarse en circunstancias de desventaja (vulnerabilidad) frente al ordenamiento jurídico, como sucede en el caso de los adultos mayores, contra lo que pretende la impetrante de amparo, ello no implica que per se, por esa sola circunstancia en todo caso deba dejarse insubsistente todo un procedimiento en el cual se observaron las formalidades esenciales del procedimiento y en el cual a la ahora quejosa le fueron respetados sus derechos de audiencia y defensa y en ningún momento estuvo en desventaja frente a su contrario o frente al orden jurídico, no obstante pertenecer al citado grupo de personas; simplemente piénsese en el caso de personas de la mayor edad que por sus condiciones de riqueza cuentan con sobrados recursos para defenderse **********,(10) y no por su edad, debe protegérseles como seres desvalidos.
"49. Estimar lo contrario, llegaría al absurdo jurídico de quebrantar el principio de seguridad jurídica que rige la función jurisdiccional, por la sola circunstancia de ser adulto mayor, no obstante que se justificara que ese ‘anciano’ estuvo en igualdad de condiciones ante su contraparte al estar asesorado por un abogado que ella misma escogió como patrono y haber tenido un debido proceso como sucede en el caso, pues si se ordenara reponer el procedimiento como lo esgrime la quejosa, para que a través del agente de la Procuraduría Social, tuviera nueva oportunidad de ofrecer los medios de convicción que no ofreció equivaldría infringir el principio de igualdad entre las partes que debe existir en el juicio natural,(11) que también es un derecho fundamental.
"50. Recuérdese que el supuesto previsto en el artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debe aplicarse de manera racional y objetiva considerando en cada caso en específico las circunstancias en que se desenvuelve la persona, tomando en cuenta su capacidad, educación y cultura; máxime que el tema de los adultos mayores va de la mano con el equilibrio procesal de las partes y con el derecho internacional, por lo que debe valorarse, se insiste, en cada caso en específico, para considerar si se justifica la aplicación del numeral en comento con racional criterio..."(12)
11. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión, determinó:
"...Ahora bien, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del presente asunto estimó que para que operara la medida de protección prevista en el artículo 68 TER, el Juez debía analizar la situación jurídica particular, en relación con las circunstancias en que se desenvolviera la persona adulta mayor, tomando en cuenta su capacidad, educación y cultura y, con base en ello, resolviera si procedía o no dar la referida intervención a la Procuraduría Social.
"Ahora bien, la interpretación que el Tribunal Colegiado de Circuito realiza en su sentencia no sólo es contraria a la literalidad del precepto y la intención legislativa que le dio origen. Además de estos argumentos hermenéuticos, esta Primera Sala estima que la lectura realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito parte de dos premisas falsas:
"• La vulnerabilidad de una persona adulta mayor debe evidenciarse para poder acceder al derecho procedimental previsto en el artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
"• La medida de protección prevista en el artículo se circunscribe a la asistencia jurídica.
"Con base en estas proposiciones, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que el artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco no tiene operatividad directa, sino que requiere de un ejercicio discrecional de parte del Juez en el que se determine su necesidad. Como se analizará a continuación, tanto las premisas como la conclusión son equivocadas a la luz de la propia Constitución Federal y de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
"La acreditación de la vulnerabilidad específica como requisito de acceso a la medida de protección. De conformidad con la posición del Tribunal Colegiado de Circuito, la intervención del agente de la Procuraduría Social tiene lugar únicamente cuando se afectan bienes o derechos de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, la cual debe ser evidenciada. Lo anterior toda vez que, de no ser así, se corre el riesgo de estar protegiendo a adultos mayores que por sus condiciones de riqueza cuentan con sobrados recursos para defenderse, como podría ser -ejemplificó el tribunal- **********.
"Esta construcción interpretativa pasa por alto, en primer lugar, la intención de la comunidad internacional de abordar los problemas y dificultades de la tercera edad de una manera estructural, en donde lejos de que el énfasis se encuentre en soluciones individuales y aisladas, el enfoque debe estar en los derechos de los que gozan determinadas personas por el simple hecho de ser miembros de un grupo social específico. Además, la consecuencia de la posición del Tribunal Colegiado de Circuito es poner indebidamente la carga de la prueba justamente en los beneficiarios de la medida, a quienes se les reconoce que pudieran tener determinada desventaja social pero se les obliga a acreditar su propia vulnerabilidad.
"Sin embargo, el aspecto más negativo de la interpretación que realiza el Tribunal Colegiado es que hace depender las supuestas condiciones de vulnerabilidad en elementos coyunturales cuya acreditación tampoco ‘demuestra’ que el Estado deba exentar a dicha persona de un derecho procedimental. En efecto, para el tribunal el supuesto previsto en el artículo 68 TER debe aplicarse ‘de manera racional y objetiva, considerando en cada caso en específico las circunstancias en que se desenvuelve la persona, tomando en cuenta su capacidad, educación y cultura’.(13)
"Lejos de constituir un ejercicio racional y objetivo, esta Primera Sala estima que el proceder propuesto por el Tribunal Colegiado de Circuito está cargado de subjetividad. Es decir, ni la capacidad económica, la educación y la cultura conforman criterios válidos para pasar por alto una medida de protección. La vulnerabilidad de un adulto mayor no necesariamente es dependiente de dichas características, pues un individuo de edad avanzada puede ser solvente económicamente, educado y culto, y, aun así, enfrentarse al deterioro cognitivo, la fragilidad psicológica, el abandono familiar e incluso el maltrato (ya sea espiritual, patrimonial o sexual). Esta realidad es dolorosamente cierta, además, si se toma en cuenta que gran parte del maltrato contra el adulto mayor es ejercido en el mismo seno familiar -particularmente por los hijos y el cónyuge-(14) por lo que resultaría sin lugar a dudas injusto privar de ciertas prerrogativas a un adulto mayor simplemente por su aparente posición social o entorno familiar. Máxime que desde el marco convencional, la obligación del Estado Mexicano de adoptar este tipo de medidas debe darse siempre desde el axioma medular de la no discriminación, lo que difícilmente se logra si se establecen criterios tan arbitrarios para su operatividad.
"Esta conclusión se refuerza si se consideran las dificultades que tendría el Juez para tener por acreditada la vulnerabilidad en un caso concreto. Si la capacidad económica, la educación y la cultura no son elementos objetivos y contundentes para establecer si un adulto mayor se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, ¿cuáles sí lo serían? ¿Podría realizarse dicha evaluación sin incurrir en prejuicios, estereotipos y generalizaciones? ¿A qué tipo de escrutinio tendría que someterse la decisión judicial si se traduce jurídicamente en una omisión (de dar intervención a la Procuraduría Social)?
"En tal sentido, esta Primera Sala reconoce que no todas las personas mayores de sesenta años se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En muchas ocasiones, la edad cronológica por sí sola no constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, la solución que ofrece el legislador para paliar las posibles dificultades que podrían tener los adultos mayores en el acceso a la jurisdicción funciona como un derecho procedimental, en el que, como se explicará más adelante, es la dependencia pública especializada en otorgar los apoyos necesarios la que definirá los alcances de su propia intervención.
"Por lo anterior, el cuestionamiento más relevante al criterio sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito es: ¿Por qué imponer una restricción en sede judicial a una medida legislativa que busca otorgar la protección más favorable a la persona y que no contempla excepciones? La respuesta es que la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito no atendió puntualmente al principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal a fin de maximizar la protección especial conferida a los adultos mayores a nivel convencional, toda vez que impuso una restricción de acceso.
"La equiparación de la medida de protección con la asistencia jurídica. Una segunda cuestión que demuestra la falsedad del razonamiento del Tribunal Colegiado de Circuito es que circunscribe la protección especial a favor de los adultos mayores a la asistencia jurídica. En efecto, la razón principal por la que el tribunal resolvió calificar como infundado el primer concepto de violación de la hoy recurrente fue porque esta última recibió el apoyo de un abogado patrono durante toda la secuela procesal. Tan es así -refirió el órgano jurisdiccional- que su defensor reconvino, ofreció pruebas, asistió a las audiencias y presentó recursos de revocación y apelación. Con estos elementos, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que no se había vulnerado el derecho de defensa de la recurrente.
"Si bien esta Primera Sala advierte que, efectivamente, la recurrente contó con un abogado patrono desde la contestación de la demanda inicial, ello de ninguna manera legitima la omisión del Juez de primera instancia de dar intervención a la Procuraduría Social. Como se explicitó en párrafos previos, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, las funciones del agente social abarcan la defensoría de oficio, la representación social y los servicios jurídicos asistenciales. Toda vez que, en el caso específico, la materia del juicio de origen es civil, de conformidad con la ley la intervención de esta dependencia pública no se agotaba en proporcionar servicios jurídicos asistenciales, sino que el agente social debía participar a fin de garantizar la legalidad del procedimiento, así como representar y tutelar los derechos de los adultos mayores involucrados.
"En este sentido, de la misma manera en que el agente social no deja de velar por los intereses de los menores de edad en un juicio a pesar de que estos últimos concurran representados por sus progenitores o tutores, el artículo 68 TER establece la misma medida de protección a favor de los incapaces, personas con discapacidad, ausentes y, precisamente, adultos mayores. De hecho, es probablemente en esta atribución como representante de los intereses de la sociedad que la participación de la Procuraduría Social adquiere más relevancia dada la complejidad que envuelve la problemática particular del envejecimiento, en la que la desventaja social no es fácilmente conmensurable.
"De conformidad con lo anterior y con una interpretación pro persona del artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco -mandato previsto en la propia Constitución Federal-, no le corresponde al juzgador decidir si resulta o no necesaria la participación institucional de la Procuraduría Social en los juicios en los que se afecten bienes o derechos de adultos mayores. Al contrario, como destinatario del primer párrafo de la norma, el juzgador está obligado a darle intervención a esta dependencia pública desde que tiene conocimiento de que alguna de las partes es mayor de sesenta años. Lo relevante, entonces, se traslada a las modalidades que puede tener la participación institucional de la Procuraduría Social en cada juicio en el que se le de intervención. ...
"El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que la protección especial a favor de los adultos mayores prevista en el Protocolo de San Salvador no tiene el alcance de dejar insubsistente un procedimiento si en el mismo se respetaron las formalidades esenciales y se observaron los derechos de audiencia y defensa. Esta Primera Sala estima que esta interpretación no corresponde al artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en su justa dimensión, y no resulta congruente con el principio de legalidad ni con el contenido y alcances de la protección especial conferida a los adultos mayores a nivel convencional.
"En efecto, no debe perderse de vista que la prerrogativa prevista en el artículo 68 TER cumple la función de un derecho procedimental para los adultos mayores que permite el ejercicio efectivo de acceso a la justicia, de la mayor relevancia por su valor instrumental. Difícilmente puede sostenerse que su vulneración no afecta la legalidad del procedimiento, máxime cuando se trata de una medida de protección implementada por una entidad federativa con el objetivo de dar cumplimiento a una obligación internacional adquirida por el Estado Mexicano. De esta manera, soslayar su violación en un juicio significaría condenar a tal prerrogativa a ineficacia y eventual intrascendencia, pues no habría consecuencia específica ante su incumplimiento. ...
"De lo anterior se desprende que una medida legislativa como la prevista en el artículo 68 TER está estrechamente vinculada con el debido proceso legal, toda vez que permite que los miembros de grupos sociales que por sus características y necesidades objetivas se encuentran en condiciones de desventaja social -como son los adultos mayores-, acudan a juicio en condiciones de igualdad. De ahí que dicho precepto constituya una salvaguarda al proceso que lo reviste de legalidad y que, en caso de vulnerarse, debe dar lugar a reponer el procedimiento. Cualquier otra consecuencia aparejada a tal omisión haría prácticamente inane la disposición.
"Por todo lo expuesto, esta Primera Sala considera que los agravios expresados por la recurrente son esencialmente fundados y que el estándar normativo de la protección especial a los adultos mayores a la luz del cual el tribunal identificó y leyó los sucesos que caracterizan el caso fue incorrecto.
"VIII. Decisión
"En vista de que la interpretación de la protección especial conferida a los adultos mayores a nivel convencional que da sustento a la sentencia recurrida no es la que debe prevalecer, debe revocarse la sentencia recurrida, y se ordena devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de origen a fin de que emita una nueva decisión tomando en cuenta los lineamientos hermenéuticos fijados por esta Primera Sala, esto es, que la participación institucional de la Procuraduría Social en los juicios en los que se afecten bienes o derechos de adultos mayores no queda a discrecionalidad del Juez y que, en caso de que el juzgador haya omitido darle la debida intervención a dicha dependencia pública, debe ordenarse la reposición del procedimiento ..."
12. En ese orden de ideas, este tribunal atendiendo a los lineamientos establecidos por la superioridad en su estricto cumplimiento, procede a ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que la autoridad responsable ordene la participación institucional de la Procuraduría Social en el caso, en términos del artículo 68 TER del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, a efecto de que sea ésta quien determine, si debe o no intervenir en el caso y cuáles serán sus efectos.
13. Lo cual deberá suceder cuando menos a partir del auto de veintisiete de septiembre de dos mil doce,(15) cuando el Juez natural tuvo por recibida copia certificada del acta de nacimiento de la demandada, hoy quejosa, con la que su abogado patrono, pretendió justificar su inasistencia a las instalaciones del juzgado a efecto de que se desahogara la prueba confesional a su cargo, debido a su edad avanzada y enfermedades degenerativas que padece, que la tiene postrada en cama y requiere silla de ruedas, y, además, señaló nueva fecha para que se desahogara dicha probanza en su domicilio particular, lo cual ocurrió en diligencia de treinta de octubre siguiente,(16) donde se asentó:
"Se desahoga audiencia confesional.-Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 30 (treinta) de octubre del año 2012 (dos mil doce), día y hora señalado para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia confesional ofertada por la parte actora, y estando debidamente integrado este juzgado en audiencia pública contando con la presencia del C. Juez licenciado **********, ante su secretario de Acuerdos Lic. **********, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia señalada por el auto de fecha 27 (veintisiete) de septiembre del año en curso, y contando con la presencia del abogado patrono del oferente de la prueba **********, quien se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio ********** expedida por el Instituto Federal Electoral, la parte actora **********, quien se identifica con credencial para votar con fotografía número de folio **********, el abogado patrono de el absolvente **********, quien se identifica con cédula profesional número **********(1) expedida por el Gobierno del Estado. Por lo que en este momento en cumplimiento del auto antes referido, procedemos a trasladarnos a la finca marcada con el número ********** de la calle ********** en la colonia **********, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia confesional a cargo de la demandada de nombre **********... La absolvente se identifica con credencial para votar con fotografía a nombre de **********, con número de folio ********** expedida por el Instituto Federal Electoral, y en estos momentos se le protesta para que se conduzca con verdad, con las prevenciones de ley, a lo que señala que SÍ protesta, y se procede a tomar sus generales, quien indica tener 70 años de edad ...".(17) (énfasis añadido)
14. Esa evidencia de que el Juez ordinario tuvo conocimiento es suficiente para de ahí conocer que la promovente de amparo era adulto mayor, pues se cuenta con pruebas que así lo avalan, como su acta de nacimiento y su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, documentos en los que se contiene su fecha de nacimiento, incluso así lo expresó la propia quejosa al Juez y secretario de acuerdos adscritos al juzga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25808-f23c3ffc/amparo-directo-820-2013-25-de-junio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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