COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA A LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS QUE CONSTITUYA UNA RESERVA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA OBLIGACIONES DE CUMPLIR, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS. SECRETARIA: LORENA DE LOS ÁNGELES CANUDAS CERRILLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Primer Circuito.
No pasa inadvertido que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación dispone:
"Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para:
"I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."
De lo anterior se advierte que los Plenos de Circuito son competentes para resolver las contradicciones de tesis "de jurisprudencia" que se susciten entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, no así respecto de los criterios aislados sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que dicha disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dispuesto en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el artículo 225 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
Los preceptos transcritos disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias o discrepantes, los Plenos del Circuito correspondiente decidirán el que deba prevalecer como jurisprudencia; por lo que si dichos preceptos no limitan las facultades decisorias de los Plenos a dirimir divergencias plasmadas en criterios expuestos formalmente, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, texto y datos de identificación, ni a aquellos que conforme a lo dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo sean de aplicación obligatoria, debe interpretarse que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye competencia a los Plenos de Circuito para dirimir criterios aislados divergentes sustentados por los Tribunales Colegiados de los respectivos circuitos en los asuntos sometidos a su potestad.
Estimar lo contrario impediría abordar el estudio de temas sustentados en criterios aislados, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos.
Son aplicables a lo anterior, en lo conducente y por las razones que las informan, los criterios jurisprudenciales P./J. 27/2001 y P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y siete y, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, respectivamente, que se intitulan:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.-Sistema de contradicción de tesis. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que a fin de decidir si existe contradicción de tesis es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De la jurisprudencia preinserta se aprecia que para que exista contradicción de tesis es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, es decir, que exista discrepancia entre ellos, los cuales pueden derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
Asimismo, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Ahora bien, con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.A. 259/2014-4570, en sesión de nueve de diciembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. ... De la confrontación de la resolución reclamada y los conceptos de violación se advierte que la litis a resolver radica en determinar si procede el juicio contencioso administrativo contra el oficio que ordena la constitución de la reserva técnica en términos del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.-Para ello, es necesario transcribir el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, numeral en el que se establece el procedimiento de conciliación del cual deriva el oficio de constitución de reserva técnica y que dice lo siguiente: ‘Artículo 68.’(se transcribe) El numeral transcrito prevé el procedimiento conciliador entre las instituciones financieras y los usuarios de servicios financieros que se tramita ante la comisión, y que puede concluir de las siguientes maneras: I. Convenio, para el caso de que las partes lleguen a un arreglo para la resolución de la reclamación, que tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución.-II. Si las partes no llegan a un acuerdo la comisión nacional las invitará a que designen como árbitro para resolver su controversia a la propia comisión nacional o a alguno de los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la comisión nacional.-III. Si las partes no llegan a un acuerdo y se niegan a someterse al arbitraje, la comisión dejará a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda, con la particularidad de que si se trata de una institución o sociedad mutualista de seguros, la comisión podrá ordenar la constitución e inversión de una reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir.-Como se advierte, el procedimiento conciliador previsto en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros concluye una vez celebrada la audiencia, ya sea con un convenio celebrado entre las partes, ya con la decisión de someterse al arbitraje o bien, mediante el acuerdo de que quedan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía que proceda.-En este último supuesto, si lo considera procedente la comisión citada, se determina la obligación de la institución o sociedad de seguros de constituir la reserva técnica específica para obligaciones pendientes de cumplir.-Así, la reserva técnica es una medida precautoria para hacer cumplir las obligaciones en caso de que el juicio respectivo no resultara favorable a sus intereses, esto es, tiene como propósito garantizar el resultado de la reclamación presentada por un usuario de un servicio financiero, pero ese capital no sale de forma definitiva del patrimonio de la aseguradora, sino que la inversión queda a resultas del procedimiento respectivo e, incluso, de ser favorable el resultado, la aseguradora puede recuperar sus bienes.-Sobre la naturaleza de la orden de constitución de la reserva técnica, ilustra la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 364 del Volumen correspondiente al Informe de 1974, Parte I, Séptima Época, que dice: ‘SEGUROS. EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS NO ES INCONSTITUCIONAL.’(se transcribe) De la tesis transcrita se advierte que la reserva que constituye una aseguradora para garantizar el resultado de una reclamación, como lo es la reserva técnica, no es una resolución definitiva, sino una mera medida precautoria. Y si bien esa tesis fue emitida a la luz de la Ley General de Instituciones de Seguros, lo cierto es que ilustra en cuanto a la naturaleza jurídica de la reserva técnica ahora analizada.-En resumen hasta aquí, la orden de constituir una reserva técnica no es una resolución definitiva como lo pretende demostrar la quejosa puesto que no constituye una privación definitiva de esos recursos, sino que ello depende del resultado del procedimiento elegido por el interesado para la solución de su asunto.-Así, el hecho de que no se esté en presencia de una resolución definitiva, en tanto que es un presupuesto establecido en el artículo 14 de la ley orgánica mencionada, resulta un motivo suficiente para afirmar que no se surte la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-No obstante, con el propósito de cumplir con la pretensión de la quejosa (quien se dolió de que la Sala no estudió la totalidad de los argumentos) a continuación se procede al análisis de los demás conceptos de violación.-Relacionado con el tópico de si la reserva técnica es o no una resolución definitiva en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la parte quejosa afirmó que sí lo es, en tanto que en su contra cabe un recurso ordinario de interposición optativa.-En efecto, como lo adujo la quejosa, en el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en su redacción vigente conforme la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de junio de dos mil nueve, se establece la posibilidad de impugnar las resoluciones emitidas fuera del procedimiento arbitral que pongan fin a un procedimiento a través del recurso de revisión, el cual es un medio de defensa optativo, tal y como se observa de la siguiente transcripción: ‘Artículo 99.’(se transcribe)-Del numeral transcrito se advierte que los afectados por las resoluciones dictadas por la comisión fuera del procedimiento arbitral que pongan fin a un procedimiento (lo que no sucede en el caso en tanto que la constitución de una reserva técnica no es una resolución definitiva sino una medida precautoria), son impugnables mediante el recurso de revisión, cuya interposición es optativa.-Sin embargo, esa naturaleza optativa del recurso no hace -per se- procedente el juicio contencioso administrativo, ya que no basta la optatividad del recurso, sino que es necesario que se surta algún supuesto de procedencia de los establecidos en el artículo 14 de la ley orgánica, lo que en el caso no se actualiza como se verá más adelante.-No pasa inadvertido para este órgano colegiado el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 229/2007, visible en la página 215, Tomo XXVI, diciembre de 2007, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘RECURSO DE REVISIÓN. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, ES DE CARÁCTER OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 18 DE ENERO DE 1999 AL 6 DE JUNIO DE 2006).’(se transcribe)-Sin embargo esta jurisprudencia no resulta aplicable al caso en concreto en tanto que hace alusión al artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su redacción vigente del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve al seis de junio de dos mil seis, y en su ejecutoria -para resolver el tema planteado- se tomó en consideración el otrora artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es decir, esa jurisprudencia está basada en numerales que no se encuentran vigentes.-Además, cabe insistir en que la orden de constituir e invertir la reserva técnica no es una resolución definitiva, motivo por lo cual, al margen de la optatividad del recurso, no es procedente el juicio contencioso administrativo. ... Por otra parte, también es infundado lo alegado en cuanto a que el acto que ordena la constitución de la reserva técnica sea el que pone fin al procedimiento conciliatorio, pues según se ha dicho arriba, ese procedimiento concluye con: 1) convenio entre las partes; 2) la determinación de someterse a arbitraje o, 3) mediante la resolución que deja a salvo los derechos de las partes para que las partes los hagan valer en la vía que proceda, en tanto que la orden de constitución de una reserva técnica, sólo es una medida precautoria que garantiza el resultado de la reclamación.-A mayor abundamiento, se hace notar que de la propia redacción del oficio **********, se advierte que la audiencia de conciliación se llevó a cabo el treinta de agosto de dos mil trece (no obra constancia) en la cual -según la redacción del artículo 68 transcrito-, la comisión debió dejar a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía correspondiente; de lo que se sigue que el oficio de constitución de reserva técnica de dos de octubre de dos mil trece, es una medida precautoria que se dictó de forma posterior al acto que le dio fin al procedimiento de conciliación.-Así mismo, se destaca que la orden de constituir e invertir una reserva técnica, no deriva de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino conforme al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 68 la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ya transcrito.-Al efecto, es importante aclarar que contrario a lo manifestado por la quejosa, la fracción XI del artículo 14 en comentario, al establecer la competencia del tribunal para conocer de las resoluciones ‘dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente’, condiciona que éstas se hayan tramitado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así resulta de una interpretación literal de la porción normativa referida, pues a la frase ‘en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo’ le precede el signo de puntuación ‘coma’, lo que significa que esa última frase califica el texto que antecede. Es decir, que las resoluciones ‘dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente’, todas ellas, deben haberse tramitado conforme la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-Por esa razón es infundado lo alegado por la quejosa en el sentido de que la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece tres supuestos de procedencia, a saber: 1) contra resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo; 2) contra resoluciones que pongan fin a una instancia y 3) contra resoluciones que resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; pues según lo expuesto, los procedimientos a que se refieren los incisos 1 y 2 a que hace alusión la solicitante del amparo no resultan ser cualquier procedimiento o instancia; sino que también deben haber sido tramitados conforme la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-En dichos términos, no se actualiza la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en principio de cuentas, porque el oficio de constitución de reserva técnica no constituye una resolución definitiva a la que alude como el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal en comentario, como presupuesto para la procedencia del juicio contencioso administrativo.-Más aún, porque la orden de constituir reserva técnica no es de aquellas resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para efecto del conocimiento por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-Además, porque no es una resolución que haya puesto fin a la instancia de conciliación, sino se trata de una medida cautelar que garantiza las obligaciones que -en su caso- pudieran surgir a cargo de la aseguradora.-Por tanto, no es dable estimar que se actualice la procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previsto por el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa ... Tampoco se surte el supuesto de competencia previsto en el artículo 14, fracción XVI, de la ley orgánica citada ... No se actualiza esa hipótesis en tanto que no existe una norma que otorgue competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de esos asuntos (ya sea en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros como anteriormente se establecía en su artículo 99, ya en la propia Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa). ... En relación con el artículo 23, fracción III, inciso m), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tampoco resulta fundamento suficiente para sustentar la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues en ese numeral específicamente se establece que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en el Distrito Federal, resolverá los juicios contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los Órganos Reguladores del Estado, entre ellos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que encuadren en los supuestos previstos por las fracciones III, XI, XII y XIV, penúltimo y último párrafos del artículo 14 de la ley. Esto es, se condiciona la competencia de esa sala especializada a que se surta alguna de las hipótesis de las fracciones III, XI, XII y XIV, penúltimo y último párrafos del artículo 14 de la ley.-En el caso, no se actualiza ninguno de esos supuestos.-En efecto, la resolución impugnada no corresponde a una multa por infracción a las normas administrativas federales a que se refiere la fracción III; no se actualiza la fracción XI según lo analizado arriba en tanto que el acto impugnado no deriva de un procedimiento tramitado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además de que no se trata de un acto que haya puesto fin a la instancia de conciliación; tampoco se surte el supuesto de la fracción XII ya que en la especie no se interpuso recurso alguno, ni se impugnó una negativa ficta como lo requiere la fracción XIV.-De igual forma, no se actualiza lo dispuesto en el último párrafo pues no se controvierten actos administrativos, decretos o acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos.-Por último tampoco se está en el caso de que un juicio de lesividad.-De modo que si en el caso no se actualizó ninguno de los supuestos del artículo 14 a que hace referencia el artículo 23 del Reglamento, entonces, no existe fundamento legal para sostener la competencia de esa Sala especializada ..."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo D.A. 24/2013, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil trece, por unanimidad de votos, determinó, en la parte conducente, lo siguiente:
"Litis y problemática jurídica a resolver en el presente asunto.-Litis en el juicio contencioso administrativo.
12. La responsable al resolver el recurso de reclamación interpuesto por la demandada, determinó que con motivo de la reforma de que fue objeto el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de junio de dos mil nueve, en vigor el veintidós de marzo de dos mil diez, se eliminó el texto del citado dispositivo, que preveía la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones por las que se ordena constituir e invertir una reserva técnica, de tal suerte que a partir del veintidós de marzo de dos mil diez, ya no encuadran en ninguna fracción del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para su procedencia.-13. Así, la sala del conocimiento determinó que a la fecha de emisión del acuerdo admisorio de demanda -dos de mayo de dos mil doce-; ya no se surtía la hipótesis normativa de procedencia del juicio prevista en la fracción XV del artículo 14 de la ley orgánica aludida, por ende, ordenó que se emitiera un nuevo proveído en el que no se tuviera por admitida a trámite la demanda de mérito. ... Problemática jurídica a resolver.-17. Se relaciona con un aspecto procesal relativo a determinar si en el caso, fue correcto el desechamiento de la demanda de nulidad decretado por la sala responsable y, si en el caso, la sala tiene competencia para conocer del asunto sometido a su consideración.-Análisis del concepto de violación.-18. Son fundados los argumentos que integran el único concepto de violación, de conformidad con las siguientes consideraciones.-19. En primer término, cabe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25869-1f9d9f97/comision-nacional-para-la-proteccion-y-defensa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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