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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA EN EL CONVENIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO QUE SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIADA. LA SOLICITUD DE MODIFICARLA PUEDE PLANTEARSE, INDISTINTAMENTE, EN LA VÍA INCIDENTAL DENTRO DEL PROPIO PROCEDIMIENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE UN JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2014. · Registro digital (IUS): 25929
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-10-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , Pág. 2927.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ Y ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. PONENTE: ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. SECRETARIO: CÉSAR AUGUSTO VERA GUERRERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, debido a que se trata de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Primero y Quinto en Materia Civil de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado Eduardo Francisco Núñez Gaytán, entonces integrante del Quinto Tribunal Colegiado de la citada materia y circuito, que, como se indicó, es uno de los órganos de control entre los que se suscitó la probable pugna de criterios.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, conviene analizar los fundamentos y consideraciones en que se sustentan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al dirimir el recurso de revisión principal 497/2013, en sesión de dieciséis de enero de dos mil catorce, consideró lo siguiente:

"V. Los agravios hechos valer por la tercero perjudicada en contra del fallo protector son sustancialmente fundados.-El acto reclamado por el quejoso **********, es el acuerdo de catorce de agosto de dos mil trece, emitido en los autos del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento tramitado ante el Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, bajo expediente **********, en el que dicho Juez primario desechó el recurso de revocación que interpuso el quejoso en contra del proveído en que negó admitir el incidente de reducción de pensión alimenticia que en su oportunidad instauró ante dicha potestad.-En el fallo aquí recurrido, el Juez de amparo concedió la protección constitucional al citado quejoso porque según consideró, el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en vigor,(1) en que apoyó el Juez responsable el rechazo del referido recurso de revocación es inaplicable al caso, supuesto que lo que dispone en la última parte de dicho dispositivo legal, es que la resolución que decida un incidente no admite recurso; lo cual, es distinto de la determinación que de entrada lo rechaza, es decir, que la negativa de la autoridad responsable de admitir el incidente de reducción de pensión alimenticia interpuesto por el quejoso,(2) no constituye una resolución que decida sobre lo pretendido en el propio incidente.-En los agravios que nos ocupan, la tercero interesada aquí recurrente sostiene que la concesión de amparo a su contraparte con el alcance de que la autoridad responsable admita el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, abre la posibilidad de que sin debate alguno entre las partes, es decir, sin que exista litis, el deudor alimenticio incumpla con la obligación de proporcionar alimentos a su menor hijo **********, la cual quedó establecida en el convenio que ambos celebraron en el trámite de divorcio por mutuo consentimiento, que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada.-Pues bien, aunque es certera la determinación del Juez Federal, en el sentido de que el artículo 80 de la legislación procesal civil local es inaplicable para sustentar el rechazo del recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa a admitir el incidente de reducción de pensión alimenticia en los autos del procedimiento de divorcio voluntario; no menos cierto es, que ningún fin práctico conlleva conceder al deudor alimenticio quejoso la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable admita a trámite el recurso de revocación de que se trata si, llegado el momento, el mismo tendría que ser resuelto en sentido desfavorable al peticionario de garantías, por las razones que a continuación se expondrán: En efecto, es de destacar que la pensión alimenticia cuya reducción fue solicitada por el quejoso en los autos del procedimiento de divorcio voluntario, fue fijada expresamente en forma intencional por los padres del menor, ya que en los juicios de divorcio por mutuo consentimiento los cónyuges están en aptitud de convenir o decidir sobre el monto de la pensión alimenticia para los hijos; de tal forma que la sentencia de divorcio es constitutiva de la nueva situación jurídica de los cónyuges en tanto que quedan en aptitud de volver a contraer nupcias, y declarativa por cuanto a la precisión de la cantidad que recibirán los hijos por concepto de alimentos, entre otras cuestiones que hubieren sido convenidas y una vez que ha causado estado, adquiere firmeza y constituye cosa juzgada.-Ahora bien, en lo que respecta a la pensión alimenticia acordada en tal convenio de divorcio, su modificación -incremento o disminución,, como es el caso, queda sujeta a las reglas previstas en los artículos 89-C y 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en vigor,(3) esto es, a su tramitación en la vía civil sumaria y mediante la solicitud respectiva cuando, como en el caso, por hechos supervenientes cambien las circunstancias o varíe la situación jurídica existente cuando se convino en el monto de la pensión de alimentos, pues si conforme al primero de tales preceptos legales, sólo las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o definitiva, y las resoluciones judiciales firmes, como la que aprobó el convenio de divorcio pronunciada en el procedimiento civil especial de divorcio voluntario, sólo pueden alterarse o modificarse mediante juicio; entonces, si según lo prevé la fracción I del segundo de los dispositivos legales en consulta, en interpretación extensiva de dicho precepto, bajo el argumento a fortiori, que más que una técnica interpretativa en sentido estricto, implica la posibilidad de extender la consecuencia legal a una hipótesis no expresamente prevista al caso planteado, debe inferirse que la pretensión de reducir la pensión alimenticia acordada por las partes en aquel convenio de divorcio, debe ceñirse a las reglas de sustanciación del juicio sumario y tramitarse como acción autónoma.-En ese orden de ideas, la pensión de alimentos establecida en el convenio de divorcio voluntario que se elevó a categoría de cosa juzgada, no puede ser modificada mediante un mero incidente, como el promovido por el deudor alimenticio y peticionario de amparo en ese procedimiento, pues tiene el alcance de modificar la pensión que por derecho corresponde a una de las partes, en el caso, de un menor; lo cual puede suceder sólo si hubieran variado las condiciones que sirvieron de base para establecer su monto, lo cual implica la necesidad de ofrecer y desahogar pruebas y contrapruebas, lo cual no tiene ya nada que ver con lo pactado en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento, sino con la situación real imperante y superveniente al pacto original, tanto más que acorde a lo que se establece en el artículo 477 de la codificación procesal en consulta, es al Juez que conoció del asunto a quien compete la ejecución de transacciones o convenios, pero en el caso no se insta para esa ejecución sino para una modificación de lo pactado.-Por consiguiente, ante la notoria improcedencia del recurso de revocación que interpuso el quejoso en contra del acuerdo que negó admitir el incidente de reducción de pensión alimenticia que en el procedimiento de divorcio voluntario promovió, los conceptos de violación, aunque fundados, a la postre resultan inoperantes; por lo cual, lo que procede es revocar la concesión y negar al quejoso la protección federal solicitada.-A lo anterior tiene aplicación, por las razones que la informan, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 14, Volumen 78, Cuarta Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice: ‘ALIMENTOS. REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN.-Como la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; siendo éste el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma reiterada, ha sostenido que en materia de alimentos no puede operar el principio de cosa juzgada.’.-Asimismo, no sobra citar el criterio de la misma Sala, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación en consulta, visible en la página 50 del Volumen CIX, Cuarta Parte, que dice: ‘DIVORCIO, LOS ALIMENTOS NO SON CUESTIÓN PRINCIPAL EN EL JUICIO DE.-Si de autos no aparece que la cuestión de alimentos fuera motivo de la litis planteada, ni de alguna excepción por las partes durante el procedimiento, dado que hasta después de haberse citado para sentencia en segunda instancia, presentó el agraviado una documentación relativa a la disminución de su sueldo, resulta que el tribunal de apelación no estuvo obligado a resolver sobre el particular; pero independientemente de lo anterior, lo relativo a alimentos no causa estado, porque no es una cuestión principal en el juicio de divorcio, sino una subsidiaria, pues los alimentos podrán aumentarse o disminuirse en cualquier momento que lo acrediten las partes, ya que varían de acuerdo con la posibilidad del que los da y las necesidades de quien los recibe, sin que se puedan tener los agravios como una demanda de petición de alimentos, porque no dan oportunidad a la otra parte y no debe solicitarse la reducción de la pensión alimenticia en los agravios, sino en una controversia en forma, en que el demandado pueda defenderse y rendir las pruebas respectivas.’.-Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 81 y 93 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."

Lo anterior dio origen a la tesis III.1o.C.9 C (10a.), visible en la página 1787, del Libro 7, correspondiente al mes de junio de dos mil catorce, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de junio de 2014 a las 9:37 horas», que especifica:

"PENSIÓN ALIMENTICIA. LA MODIFICACIÓN DE LA ESTABLECIDA EN UN CONVENIO DE DIVORCIO QUE SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, DEBE SUSTANCIARSE EN ACCIÓN AUTÓNOMA EN LA VÍA CIVIL SUMARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La modificación de la pensión alimenticia establecida en un convenio de divorcio que se elevó a la categoría de cosa juzgada, cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias o varíe la situación jurídica existente en el momento en el que se estipuló su monto, queda sujeta a las reglas previstas en los artículos 89-C y 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues conforme al primero, las resoluciones judiciales firmes sólo pueden alterarse o modificarse mediante juicio y la interpretación extensiva de la fracción I del segundo de los dispositivos legales en cita, que implica la posibilidad de extender la consecuencia legal a una hipótesis no expresamente prevista al caso planteado, es de inferirse que debe sustanciarse en acción autónoma en la vía civil sumaria; además, porque tal pretensión implica la necesidad de ofrecer y desahogar pruebas y contrapruebas relacionadas con la situación real imperante y superveniente al pacto original."

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo indirecto en revisión 345/2014, en lo conducente, señaló:

"TERCERO.-Estudio de los agravios. Son infundados los agravios hechos valer.-El escrito a través del cual la quejosa planteó el incidente de pago de gastos educativos, en lo que interesa, dice:-Para desechar esa incidencia el Juez responsable expuso:-Inconforme la promovente con esa determinación interpuso el recurso de revocación, el cual se resolvió en auto de diez de marzo del año en curso, en los términos siguientes: ... .-Dicho proveído es el que constituye el acto reclamado.-Las consideraciones del Juez de Distrito para otorgar la protección federal se basaron esencialmente en exponer las razones por las que en cuestión de los alimentos no opera la cosa juzgada, que es justamente el motivo por el que la autoridad responsable desechó el incidente.-Ahora bien, el recurrente refiere sustancialmente, que no es a través de ese trámite que procede la modificación de lo pactado en el convenio, sino a través de un juicio sumario, argumento que aun cuando no fue determinante para desestimar dicho incidente, habrá de hacerse el pronunciamiento conducente debido al alcance que tendría de resultar fundado.-Los artículos 89-C y 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respectivamente disponen: ‘Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva.-Las resoluciones judiciales firmes dictadas en juicios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este código, sólo pueden alterarse y modificarse cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva y ello se demuestre plenamente en el juicio o procedimiento respectivo’ y ‘Se tramitarán como juicios sumarios: I. Los que versen sobre pago o aseguración de alimentos; II. Los que versen sobre cualquier cuestión relativa a los contratos de hipoteca, depósito, comodato, aparcería, transportes, hospedaje y los que tengan por objeto el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por las partes en el arrendamiento; III. La rendición de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas personas a quienes la ley o el contrato impongan esa obligación; IV. Los interdictos; V. La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, disfrute y en todo lo relativo a la cosa común; VI. Los que se refieran a la pérdida de la patria potestad; y VII. Los demás en que así lo determine la ley’.-Es inexacto que para atender los requerimientos que formuló la impetrante en el procedimiento de origen deba ejercitar una acción autónoma, porque, aparte de que el artículo 89-C transcrito no constriñe a la interesada a demostrar los hechos supervenientes a través de un juicio, al establecer que sea ‘en el juicio o procedimiento respectivo’, lo que legal y jurídicamente puede satisfacerse a través del incidente que se plantee en la propia causa, esto es, en la que se declaró el derecho a recibir los alimentos con motivo de haberse sancionado el convenio en que se incluyeron, porque además de guardar relación con lo ahí decidido, la parte a quien se pretende exigir el cumplimiento en virtud de haber variado las circunstancias que operaban al celebrar dicho acuerdo de voluntades, podrá al contestarlo defenderse y ofrecer, en su caso, las pruebas que demuestren su postura, máxime que en el enjuiciamiento civil no existe disposición que prohíba recibirlas y desahogarlas en ese tipo de procedimiento, más aún que al ser de naturaleza contenciosa tiene que respetarse la garantía de debido proceso contenida en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.-Sobre el particular cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 806, que previene: ‘LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE).-El incidente de liquidación de sentencia es un procedimiento contencioso que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en sentencia ejecutoriada y determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Ahora bien, en todo procedimiento contencioso, y en los casos en que exista controversia entre las partes (como cuando el demandado incidentista haga valer excepción de pago y cumplimiento parcial de la condena), debe respetarse la garantía de debido proceso legal contenida en el artículo 14 constitucional, la cual permite a los justiciables el acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Por tanto, en el incidente de liquidación de sentencia es posible admitir y desahogar pruebas ofrecidas por las partes para poder resolverlo, siempre y cuando tales probanzas guarden relación con los hechos que se pretenden acreditar y con el fin mismo del incidente de liquidación, es decir, que sirvan para determinar el cálculo contenido en la planilla de liquidación sin afectar la cosa juzgada, en el entendido de que el trámite y desahogo de las probanzas deben realizarse conforme a las reglas genéricas de los incidentes, previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.’.-Luego, aun cuando el artículo 618 también copiado establece que, lo relativo al pago o aseguramiento de los alimentos procede en juicio sumario, sin embargo, el mismo tiene aplicación cuando el derecho relativo aún no ha sido declarado y es precisamente lo que intenta quien ejercita la acción, así resulta de interpretar dicho precepto en relación con lo que, a su vez, prescribe el artículo 1o. del propio enjuiciamiento civil, que dispone: ‘El ejercicio de las acciones requiere: I. La existencia de un derecho, o la necesidad de declararlo, preservarlo, o constituirlo; II. La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación; III. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; IV. El interés y legitimación del actor que la ejercita o deduce.’.-Además, en la especie no se trata de declarar, constituir ni preservar un derecho, toda vez que éste ya se determinó en el convenio, dado que lo tocante a la educación como porción de los alimentos que debe proporcionar el deudor, se encuentra incluido en lo que fue acordado por las partes, de suerte que, por ejemplo, el cambio de colegio de los menores por las circunstancias que narra la impetrante, constituye, en todo caso, una modificación a algunas de las condiciones pactadas en ese rubro, no al derecho sustantivo; aunado a que si en aquel acuerdo de voluntades se acordó que lo podrían modificar, ello permite que sea en ejecución, dado que ésta se prolonga en el tiempo y la condena implica prestaciones sucesivas hasta que cese la obligación; por tanto, se reitera, es dable el planteamiento a través del incidente, donde tendrá el aquí recurrente la posibilidad de defenderse, más aún que como lo expuso el Juez Federal y reconoce el propio promovente en sus agravios, en materia de alimentos no se constituye la cosa juzgada.-Por tanto, este tribunal no comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, plasmado en la tesis que invoca el tercero interesado, por lo que habrá de denunciarse la correspondiente contradicción, de acuerdo con lo que previenen los artículos 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la ley de la materia.-Dicha tesis se publicó el viernes trece de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PENSIÓN ALIMENTICIA. LA MODIFICACIÓN DE LA ESTABLECIDA EN UN CONVENIO DE DIVORCIO QUE SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, DEBE SUSTANCIARSE EN ACCIÓN AUTÓNOMA EN LA VÍA CIVIL SUMARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-La modificación de la pensión alimenticia establecida en un convenio de divorcio que se elevó a la categoría de cosa juzgada, cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias o varíe la situación jurídica existente en el momento en el que se estipuló su monto, queda sujeta a las reglas previstas en los artículos 89-C y 618 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues conforme al primero, las resoluciones judiciales firmes sólo pueden alterarse o modificarse mediante juicio y la interpretación extensiva de la fracción I del segundo de los dispositivos legales en cita, que implica la posibilidad de extender la consecuencia legal a una hipótesis no expresamente prevista al caso planteado, es de inferirse que debe sustanciarse en acción autónoma en la vía civil sumaria; además, porque tal pretensión implica la necesidad de ofrecer y desahogar pruebas y contrapruebas relacionadas con la situación real imperante y superveniente al pacto original.’.-Aparte que en el incidente no sólo se reclama lo tocante al pago de las colegiaturas, sino otros conceptos, según se aprecia de la transcripción que del mismo se realizó, que se alude tienen que ver con lo pactado en el convenio para satisfacer las necesidades de los menores, como lo tocante al pago por las tutorías y clases de reafirmación, respecto de los que ni siquiera serían aplicables las razones que expuso el Juez natural para desecharlo.-Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis.

Como puede observarse, ambos órganos de control constitucional, al interpretar el artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, llegaron a conclusiones disímiles.

En efecto, como puede apreciarse de las ejecutorias transcritas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito concluyó que, conforme a ese precepto, en concomitancia con el diverso 618, fracción I, del enjuiciamiento civil local, el incremento o disminución de la pensión alimenticia, establecida en una sentencia de divorcio voluntario, forzosa y necesariamente debe sustanciarse en un juicio contradictorio que se promueva en la vía sumaria civil.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, sostuvo que de acuerdo al propio artículo 89-C, la solicitud de aumento o disminución de la pensión alimenticia, establecida en un divorcio por mutuo consentimiento debe formularse incidentalmente en el mismo proceso en que se fijó la pensión relativa.

De lo anterior se sigue que, sí existe la necesidad de unificar un criterio a fin de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica, como lo explican las jurisprudencias 1697 y 1686 del Tribunal Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, mismas que en ese orden aparecen publicadas en las páginas 1925 y 1913 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Décima Cuarta Sección-Jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, que en ese orden señalan:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25929-44cbccc0/pension-alimenticia-fijada-en-el-convenio-de-divorcio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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