DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 296/2012. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
En esa distribución de competencias, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funciones los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
8. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano colegiado que sustenta uno de los criterios contendientes.
9. TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso transcribir, en lo conducente, los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.
10. I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 310/2012, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Son inoperantes, en parte, y sustancialmente fundados, por otra, los conceptos de violación hechos valer, lo que provocará que se haga innecesario el estudio de los restantes, de conformidad con lo que previene la jurisprudencia 107 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)
"El primer calificativo se atribuye, porque si bien es verdad que la Sala responsable se equivoca al referirse al juicio como una incidencia, así como al señalar que lo que alega el actor es la reciprocidad, sin embargo, esas alusiones no fueron en sí lo que llevaron a dicha autoridad a desestimar los agravios de apelación, sino que se advierte que, para ello, se basó propiamente en la suscripción del convenio de divorcio en el que se fijaron las cantidades líquidas a cubrir por concepto de alimentos.
"En efecto, de la sentencia reclamada se aprecia que la razón toral por la que se niega el derecho al actor para reducir la pensión alimentaria, se debe a que, como fue su voluntad establecer el monto en el convenio de divorcio, ya no es factible cambiar las circunstancias, porque, agrega el tribunal ad quem, para que pudiera variar la obligación debe atenderse lo que al efecto prevén los títulos quinto y sexto del libro cuarto del Código Civil para el Estado, denominado ‘De la extinción de las obligaciones’, atribuyéndole a dicho acuerdo de voluntades la calidad de cosa juzgada.
"Luego, tiene razón el promovente al sostener que el convenio de divorcio por mutuo consentimiento no debe regirse por las reglas generales de los contratos, puesto que no se trata de un simple acto jurídico entre particulares, en el que opere en forma absoluta el principio pacta sunt servanda, o sea, que aquél tenga que cumplirse fiel y forzosamente, a pesar de que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación conforme a las condiciones que privaban al concertarse, toda vez que su elaboración no depende únicamente de la libre y autónoma voluntad de las partes, sino que para su validación se requiere la anuencia previa del representante social adscrito al juzgado, así como de la aprobación del Juez ante quien se presente dicho convenio.
"Al respecto, cabe citar lo que en torno al aludido convenio comenta el doctrinista Eduardo Pallares, en su libro titulado ‘El Divorcio en México’, cuarta edición, páginas 48 y 49, Editorial Porrúa, México, 1984, que refiere: ‘Es un verdadero contrato de derecho público, porque tanto el Estado como la sociedad están interesados en que se otorgue conforme a las leyes que rigen el matrimonio y el divorcio, cuenta habida de que existen los intereses de los hijos menores y los derechos de los cónyuges derivados del matrimonio, todo lo cual concierne a la institución de la familia. Es un contrato sui géneris, porque la ley obliga a los consortes a incluir en él diversas estipulaciones sin las cuales carecen de validez y eficacia jurídicas. En otros términos, los consortes no tienen plena libertad para otorgarlo fuera de las prescripciones legales. También tiene la particularidad de que cuando haya sido aprobado por el Juez mediante sentencia ejecutoria, la violación del mismo no da lugar a su rescisión para obtener, mediante ella, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de haberse celebrado. En otras palabras, los consortes tienen el derecho de pedir que se cumpla el contrato y aun de lograr su ejecución forzosa por la vía judicial pero de manera alguna lograrán que por la violación del mismo se nulifique el divorcio y vuelvan los divorciados a estar unidos por el matrimonio. Para hacer cumplir los preceptos legales relativos al convenio, el Ministerio Público es parte en el juicio de divorcio voluntario, porque la función específica que le está encomendada es precisamente la de intervenir para ese fin. Si el convenio no está integrado debidamente en la forma prescrita por la ley, el Juez no debe admitir la demanda de divorcio, sino que deberá ordenar a los cónyuges que adicionen el convenio con las estipulaciones que falten. En caso de no hacerlo así, el Ministerio Público deberá apelar el auto en que se admite la demanda y se ordena la tramitación del procedimiento.’
"Sobre lo expresado tiene aplicación, por las razones que la informan, la tesis visible en la Novena Época del Semanario invocado, Tomo XV, abril «de 2002», página 1252, que prescribe: ‘DIVORCIO. EL CONVENIO JUDICIAL APROBADO POR EL JUEZ NO QUEDA SOMETIDO A LA TEORÍA DE LAS NULIDADES, POR LO QUE NO PROCEDE DEMANDAR SU NULIDAD COMO CONTRATO COMÚN.’ (se transcribe)
"Entonces, es inexacto que por el hecho de que los alimentos se hubieran pactado en el convenio de divorcio, se regule por las normas relativas a los contratos en general, toda vez que en ellas no se hace distingo alguno en razón de donde emanen, por lo que resulta aplicable el artículo 89-C, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que señala: (se transcribe).
"Asimismo, los artículos 432 y 454 del Código Civil local que, en su orden, disponen: (se transcriben).
"Sobre lo expresado se invocan las tesis sustentadas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Tomo LXVI, página 2268, así como en el Informe Anual de Labores correspondiente a mil novecientos setenta y siete, Parte II, página 53, de la Quinta y Séptima Épocas del Semanario mencionado que, respectivamente, establecen: ‘ALIMENTOS, FIJACIÓN DE.’ (se transcribe) y ‘ALIMENTOS, CONVENIOS Y SENTENCIAS RELACIONADOS CON LA MINISTRACIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).’ (se transcribe)
"De ahí que este órgano jurisdiccional no comparta el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, por lo que habrá de denunciarse la contradicción de tesis correspondiente, publicado en la Novena Época del Semanario susodicho, Tomo XXX, diciembre «de 2009», página 1442, que previene: ‘ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES PACTADOS EN CONVENIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. ES IMPROCEDENTE SU REDUCCIÓN, POR NO ESTAR SUJETOS A LA REGLA GENERAL DE PROPORCIONALIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 419 Y 1266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.’ (se transcribe)
"La demanda natural, en lo que interesa, dice: (se transcribe).
"De lo acabado de copiar se desprende que la petición del quejoso para que se reduzca el monto de la pensión alimentaria se apoyó, básicamente, en dos cuestiones: que se disminuyeron sus percepciones mensuales y que la madre está en condiciones de obtener recursos económicos para aportar la parte proporcional, a fin de integrar los alimentos; de suerte que son tales puntos en los que debió basarse la Sala responsable para resolver, ya que son los que constituyen la materia de la litis, o sea, determinar si con los elementos de convicción se acreditaron tales supuestos y si son suficientes para justificar la acción, siendo aplicable la tesis 32 del Tomo IV de Precedentes Relevantes del último Apéndice al Semanario citado, que refiere: ‘ALIMENTOS. REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN.’ (se transcribe)
"Igualmente, por analogía, la tesis de la Novena Época del propio Semanario, Tomo XIV, agosto «de 2001», página 1178, que prevé: ‘ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe)
"Por tanto, lo referente a que la cantidad propuesta por el actor sea o no suficiente para solventar las necesidades de las menores sólo concierne a uno de los puntos que deben atenderse para fijar los alimentos, lo que ni siquiera se controvierte, dado que el que se discute es el relativo a la posibilidad de quienes deben darlos, según lo prescribe el artículo 442 citado.
"Procede, entonces, conceder la protección federal impetrada para el efecto de que la Sala responsable, una vez que deje insubsistente la sentencia reclamada, pronuncie otra en la que, haciendo a un lado las consideraciones que vertió para desestimar los agravios, atienda lo expuesto en la presente ejecutoria, esto es, que lo tocante a los alimentos debe regirse por las disposiciones especiales que al efecto prevén tanto el enjuiciamiento civil como la ley sustantiva civil del Estado, en el entendido que en lo tocante a los alimentos no opera la cosa juzgada, resolviendo luego lo que corresponda conforme a derecho."
11. De lo anterior se aprecia lo siguiente:
12. - Que el tribunal ad quem negó la reducción de la pensión alimenticia, porque como fue voluntad del actor establecer su monto en el convenio de divorcio, ello no es factible de cambiarlo, dado que dicho acuerdo de voluntades tiene calidad de cosa juzgada.
13. - Que el convenio de divorcio por mutuo consentimiento no debe regirse por las reglas generales de los contratos, porque no se trata de un simple acto jurídico entre particulares, en el que opera en forma absoluta el principio pacta sunt servanda, es decir, que dicho convenio tiene que cumplirse fiel y forzosamente, a pesar de que sobrevengan acontecimientos imprevisibles, toda vez que su elaboración no depende sólo de la libre y autónoma voluntad de las partes, sino que para su validez necesita la anuencia previa del agente del Ministerio Público y la aprobación del Juez.
14. - Que la petición de reducción de la pensión se apoyó en dos circunstancias, la primera, que las percepciones mensuales del actor disminuyeron; y, la segunda, que la madre está en condiciones de obtener recursos económicos para aportar la parte proporcional, a fin de integrar los alimentos.
15. - Que se concedió la protección constitucional debido a que lo tocante a los alimentos debe regirse en las disposiciones especiales que al efecto prevén tanto el enjuiciamiento civil como la ley sustantiva civil del Estado de Jalisco, en el entendido, apuntó el Tribunal Colegiado, que tratándose de ese tópico no opera la cosa juzgada.
16. - Que al convenio de alimentos le es aplicable el artículo 89-C,(1) párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
17. II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 229/2009, en sesión de once de septiembre de dos mil nueve, en lo que importa, consideró lo siguiente:
"SEXTO. Los agravios transcritos resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida.
"...
"Ahora bien, como se adelantó al inicio de este considerando, asiste la razón a la recurrente cuando aduce que, opuesto a lo considerado por el Juez de Distrito a quo, los alimentos materia de la litis incidental no se rigen por las disposiciones relacionadas con los alimentos legales, sujetos a los principios de interés social (proporcionalidad, en relación con la necesidad del que ha de recibirlos y la capacidad de quien debe proporcionarlos), en virtud de que tuvieron su causa en un convenio celebrado con motivo de un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, por lo que deben considerarse como una liberalidad derivada de la sola voluntad de las partes y, por ende, quedan sujetos en lo que se refiere a su interpretación y cumplimiento a lo establecido por el artículo 1266 del Código Civil del Estado de Jalisco.
"En efecto, es el caso que los artículos 419, 1266 y 1329 del Código Civil del Estado de Jalisco, literalmente, disponen:
"(se transcriben)
"Como se ve, de los preceptos legales copiados, en lo que al caso interesa, se colige que en el divorcio por mutuo consentimiento los cónyuges no tienen derecho a alimentos, salvo que por su libre voluntad se pacte entre ellos el pago de dicho concepto, por lo que es evidente que en la citada clase de divorcio (por mutuo consentimiento), la existencia de la obligación alimentaria deriva de la libre voluntad de las partes, o sea, de un principio de liberalidad contractual, para establecer la existencia de la obligación de suministrar alimentos entre los cónyuges.
"Asimismo, se colige que las disposiciones legales de los contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se oponga a la naturaleza de éstos.
"Que desde el momento en que se celebra un contrato (en el caso un convenio sobre alimentos entre cónyuges en un juicio de divorcio por mutuo consentimiento) con los requisitos necesarios para su existencia, obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso, a la costumbre o a la ley.
"Y que la validez y el cumplimiento de los contratos (en el caso entiéndase convenio) no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
"Luego, si en el caso, basta remitirse a los antecedentes que se dejaron precisados en párrafos precedentes para advertir que el aquí quejoso ********** y su entonces consorte, ahora recurrente ********** en el juicio natural solicitaron la disolución del vínculo matrimonial que los unía, por mutuo consentimiento, por lo que, acorde con el segundo párrafo del artículo 419 del Código Civil del Estado de Jalisco, no tenían derecho a alimentos; sin embargo, por su libre voluntad pactaron que ********** recibiría a título de alimentos la cantidad que resultara del setenta por ciento del salario que ********** recibe por concepto de pensión por parte de **********, resulta incuestionable que los alimentos cuya reducción solicita el impetrante en el procedimiento de origen provienen de un convenio celebrado libremente por él y la recurrente, y por disposición de la ley civil, cuenta habida que, se insiste, conforme al artículo 419, segundo párrafo, del Código Civil del Estado de Jalisco no existe obligación legal de proporcionarse alimentos entre los cónyuges en el caso de divorcio por mutuo consentimiento.
"En consecuencia, es claro que el pacto respecto al pago de alimentos en el divorcio voluntario, no atiende al principio de proporcionalidad que rige para la obligación alimentaria legal, y que se traduce en que los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, conforme a lo dispuesto por el artículo 442 del Código Civil para el Estado de Jalisco, pues, según se vio, no tiene su origen en una obligación derivada de la ley, sino de la libre voluntad de las partes, tan es así que para la fijación de la cantidad que habría de pagarse a título de alimentos a **********, no se atendió a las necesidades de ésta, ni a la capacidad de **********, ya que no se tomaron en cuenta los gastos y el nivel de vida de la primera, ni los ingresos totales del segundo, pues respecto de éste no existe estipulación en el convenio relativo de que el salario que recibe por concepto de pensión de **********, en el momento de la celebración del pacto relativo, fuera su única fuente de ingresos.
"Apoya lo expuesto la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, consultable a página 29, Volumen CXXIII, Cuarta Parte, Sexta Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice:
"‘DIVORCIO VOLUNTARIO. ALIMENTOS CONVENCIONALES ENTRE LOS CÓNYUGES.’ (se transcribe)
"Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se comparte, publicada a página 490, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala:
"‘ALIMENTOS EN EL DIVORCIO VOLUNTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe)
"En ese orden, es inexacto lo aseverado por el Juez de Distrito a quo, al considerar que, en el caso, pese a que se trata de alimentos convencionales, derivados del pacto realizado por las partes en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento, rigen los principios aplicables a los alimentos legales, relativos a que los mismos deben ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, pues, como se ha visto, tratándose de ese tipo de alimentos, que no provienen de la ley, sino de la libre voluntad de las partes, es a ésta a la que se atiende para fijar la suma que ha de pagarse por ese concepto, y no a los parámetros que establece la ley, pues ésta ni siquiera establece la obligación de pagar alimentos, mucho menos puede regular la voluntad de las partes de pagar la suma que ellos, a su libre arbitrio, fijen por ese concepto, ya que ello equivaldría a anular, en cierta medida, la voluntad de los consortes respecto a que se pague o no dicho concepto, e implicaría que una vez que éstos propongan una cantidad para el pago de alimentos, el juzgador, previa a la aprobación del convenio en ese sentido, tendría que regularla conforme al principio de proporcionalidad aludido, lo que, evidentemente, no es procedente, por no preverlo así la ley civil del Estado de Jalisco.
"Así las cosas, como bien lo aduce la recurrente en sus agravios, el Juez responsable estuvo en lo correcto, al estimar que, en el caso, resulta improcedente el incidente de reducción del monto de los alimentos fijados en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento, con base en la modificación de las condiciones relativas a la posibilidad del que debe dar alimentos y a las necesidad del que debe recibirlos, ya que no existe dato alguno en el sumario respecto a que, en base a dichas condiciones, se hubiese fijado el monto de la cantidad que a título de alimentos recibiría **********, pues no se hizo constar que las mismas formaran parte del convenio relativo, sino que sólo se advierte que el otorgamiento de los alimentos legales no es aplicable para pedir la modificación de la cantidad otorgada a título de alimentos a **********; de ahí que, opuesto a lo considerado por el juzgador federal, la interlocutoria reclamada no resulta violatoria de garantías.
"Al caso tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, visible a página 85, Volumen LXXXII, Cuarta Parte, Sexta Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice:
"‘DIVORCIO VOLUNTARIO, NO PROCEDE EL AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DECRETADA EN EL.’ (se transcribe)
"De igual forma, tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, consultable a página 988, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘ALIMENTOS. AUMENTO DE LA PENSIÓN CUANDO EXISTE CONVENIO EN EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe)
"Asimismo, resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se comparte, publicada a página 676, Informe 1998, Parte III, Materia Civil, Octava Época, de los informes, que literalmente dice:
"‘DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, IMPROCEDENTE EL AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN EL.’ (se transcribe)
"En esa tesitura, es evidente que las argumentaciones en relación a si el quejoso tiene o no la obligación de proporcionar alimentos a su concubina, a si se acreditó o no en el sumario natural que existe la figura del concubinato, que atendió el juzgador de amparo, así como aquellas que no atendió, al haber estimado fundados unos de los conceptos de violación, como son las relativas a la disminución de las posibilidades para proporcionar alimentos por parte del quejoso, y de las necesidades de la recurrente de recibirlos, por las razones que expuso el impetrante en sus conceptos de violación, devienen inatendibles, pues aun cuando se demostrara que modificaron la posibilidad del solicitante de amparo, y las necesidades de la tercera perjudicada, respecto de los alimentos, ello sería intrascendente, pues no son suficientes para variar el sentido de la interlocutoria que constituye el acto reclamado, cuenta habida que tales circunstancias inciden en el principio de proporcionalidad que rige a los alimentos que provienen de la ley, pero no a los que, como en la especie, provienen de la libre voluntad de las partes en el convenio relativo, los cuales deben regirse por la voluntad de las partes plasmada en el convenio, así como por las disposiciones legales de los contratos, atento a lo previsto por el artículo 1329 del Código Civil del Estado de Jalisco."
18. De la citada ejecutoria derivó la tesis aislada siguiente:
"ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES PACTADOS EN CONVENIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. ES IMPROCEDENTE SU REDUCCIÓN, POR NO ESTAR SUJETOS A LA REGLA GENERAL DE PROPORCIONALIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 419 Y 1266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). Si en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento, los cónyuges pactan que, durante el procedimiento y una vez ejecutoriada la sentencia respectiva, la cónyuge percibirá, por concepto de alimentos, un porcentaje del ingreso de su consorte, y éste, con posterioridad promueve incidente de reducción de dicha pensión, es correcto que el juzgador niegue esa pretensión pues en tal evento, los alimentos no se rigen por las disposiciones relacionadas con los alimentos legales, que están sujetos a los principios de interés social, consistentes en la proporcionalidad respecto de la necesidad de quien los recibe y la capacidad del deudor. Ello, porque el origen de ese pacto se considera una liberalidad derivada de la sola voluntad de las partes, por lo que su interpretación y cumplimiento debe hacerse conforme a lo dispuesto por los artículos 419 y 1266 del Código Civil de Jalisco, por cuanto que el primer numeral preceptúa que en el divorcio por mutuo consentimiento, salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia y el segundo precepto legal establece que desde el momento en que es celebrado un contrato con los requisitos de su existencia, obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso, costumbre o a la ley, y que además, la validez y cumplimiento de los contratos, no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes."(2)
19. De la ejecutoria y tesis se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado estimó, básicamente, lo siguiente:
20. Que el convenio celebrado en un juicio de divorcio voluntario, en la parte en que los cónyuges se obligan a proporcionar alimentos, no se rige por las disposiciones relacionadas con los alimentos legales que se encuentran sujetos a los principios de interés social, como es la proporcionalidad, en relación con la necesidad del que ha de recibirlos y la capacidad de quien debe proporcionarlos.
21. Que lo anterior se debe a que la obligación de proporcionar alimentos se originó del convenio celebrado con motivo del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento; de ahí que tal compromiso debe considerarse como una libertad derivada de la sola voluntad de las partes, quedando sujeto a los artículos 419, 1266 y 1329 del Código Civil del Estado de Jalisco.
22. Que de esos preceptos el Tribunal Colegiado coligió que, tratándose del divorcio por muto consentimiento, los cónyuges no tienen derecho a alimentos, salvo pacto en contrario, por lo que en esa medida la existencia de la obligación de suministrar alimentos se rige por el principio de libertad contractual.
23. Que este tipo de convenios celebrados, cubriendo los requisitos para su existencia, obliga a su cumplimiento, no sólo lo pactado, sino también sus consecuencias, sin poderse dejar al arbitrio de alguno de los contratantes.
24. Que, en esas circunstancias, el pago de alimentos en el divorcio voluntario no atiende al principio de proporcionalidad que rige a la obligación alimentaria legal y que se traduce en que los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, conforme al artículo 442 del Código Civil del Estado de Jalisco, al no tener su origen en una obligación legal, sino de la libre voluntad de las partes.
25. Que tratándose del otorgamiento de alimentos en forma voluntaria, es al acuerdo de voluntades al que se debe atender para fijar la suma que deba pagarse por ese concepto y no a los parámetros establecidos en la ley, ya que ésta, al no establecer la obligación de pagar alimentos -tratándose de divorcio voluntario-, mucho menos puede regular la voluntad de las partes de cubrir la suma que ellos, a su libre arbitrio, fijen, porque en caso contrario representaría anular la voluntad de los consortes de pagar o no alimentos.
26. Por lo que el Tribunal Colegiado concluyó que era improcedente el incidente de reducción de alimentos derivado del divorcio voluntario, con base en la modificación en las condiciones relativas a la posibilidad de dar alimentos y a la necesidad del que debe recibirlos, dado a la inexistencia de datos que en base a dichas condiciones se hubiera fijado el monto de la cantidad que a título de alimentos se otorgaría y que hubieran plasmado en el convenio correspondiente.
27. CUARTO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis, o establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
28. Tienen aplicación las tesis que a continuación se transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24687-82fc5e48/divorcio-por-mutuo-consentimiento-caracteristicas-del-convenio-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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