RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE UN JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGUEN A LAS PARTES EL ACCESO A INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA POR LA AUTORIDAD, O BIEN, QUE REQUIERAN A ÉSTA SU EXHIBICIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO [ARTÍCULOS 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE Y 95, FRACCIÓN VI, DE LA ABROGADA].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 20 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de enero de dos mil quince.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio presentado el siete de mayo de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan de Dios Montero García denunció la posible existencia de contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 112/2013, en el que, señala el denunciante, se sostuvo el criterio de que es improcedente el recurso de queja contra las determinaciones de los Jueces de Distrito que declaren como información reservada a las constancias que envían las autoridades responsables y, por ende, nieguen su acceso a las partes, en contra del criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 60/2011, 94/2012, 18/2012, en los que se declaró procedente el recurso de queja y se pronunciaron respecto al fondo del asunto.
SEGUNDO.-Por auto de doce de mayo de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 157/2014, y la admitió a trámite. Asimismo, avocó el asunto a la Segunda Sala, y solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados indicados, la remisión de diversos informes y constancias, y turnó los autos al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
TERCERO.-Mediante proveído de once de junio de dos mil catorce, el Ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó turnar los autos al Ministro ponente.
CUARTO.-En sesión pública de tres de septiembre de dos mil catorce, la Segunda Sala acordó enviar el asunto al Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte, para su resolución.
QUINTO.-En proveído de nueve de septiembre de dos mil catorce, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se devolvió el asunto al Ministro ponente, para que formule el proyecto respectivo y dé cuenta con él al Pleno.
SEXTO.-En proveído de ocho de enero de dos mil quince, dictado por el presidente de la Suprema Corte, se returnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues, se refiere a la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue denunciada por el autorizado en términos amplios del quejoso, en el juicio de amparo indirecto 587/2013, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, del que derivó el mencionado recurso de queja 112/2013, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO.-Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante considera contradictorios.
Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Al resolver la queja 112/2013, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO.-Resulta innecesario el análisis de los agravios hechos valer por la parte quejosa, ahora recurrente, toda vez que el recurso que se interpone resulta improcedente y debe desecharse. ... En efecto, la recurrente interpone el presente recurso, en términos del inciso e) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: (se transcribe).-Del precepto anterior, se desprende que los requisitos para la procedencia del recurso de queja, tratándose de resoluciones dictadas en el amparo indirecto, que en el mismo se contemplan son: a) La resolución que se impugna sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; b) La resolución emitida no debe admitir expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo; c) por su naturaleza trascendental y grave tal resolución pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; y, d) Contra resoluciones que se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional, y que reúnan las anteriores características.-Ahora bien, tratándose del proveído que se impugna, en el cual, la Juez del conocimiento estimó como reservadas las documentales exhibidas por el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno y Administración, consistentes en el expediente formado con motivo de la queja presentada por el hoy recurrente, el veintidós de abril de dos mil trece, en contra de los Magistrados integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa; ello, de conformidad con el artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no cumple con el requisito establecido en el inciso c) antes mencionado, en relación con que dicho auto, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.-Cabe precisar que el referido proveído cumple con el requisito establecido en el inciso a), en tanto que la resolución es dictada durante la tramitación del juicio de amparo.-El auto impugnado cumple con la hipótesis prevista en el inciso b), en tanto que no admite expresamente el recurso de revisión, toda vez que el citado medio de defensa procede en los siguientes supuestos: ‘Artículo 81.’ (se transcribe).-Sin embargo, tal y como se precisó anteriormente, el auto impugnado no cumple con la hipótesis prevista en el inciso c), dado que por su naturaleza, no se estima que sea trascendental y grave, ni que pueda ocasionar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, pues si bien la Juez del conocimiento estimó como reservadas las documentales exhibidas por el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno y Administración, consistentes en el expediente formado con motivo de la queja presentada por el hoy recurrente el veintidós de abril de dos mil trece, en contra de los Magistrados integrantes de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; ello, de conformidad con el artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; lo cierto es que la determinación de si la parte quejosa tiene derecho a conocer las constancias del expediente administrativo antes mencionado constituye parte del fondo del asunto en el juicio de amparo, dado que de lo que se duele en su demanda de amparo, en esencia, es de que las autoridades responsables omitieron dar trámite a la queja antes mencionada. De ahí que, en todo caso, al resolver el fondo del asunto, se determinará si tiene interés para controvertir dicho acto; así como si se puede o no ser considerado como parte dentro del citado procedimiento administrativo y, por ende, su acceso a las documentales que lo integran.-En efecto, de concederse el amparo, ningún perjuicio concreto representaría el hecho de que las constancias de mérito se hayan considerado como información reservada y que, por ende, que la parte quejosa no tenga acceso a ellas, pues en todo caso, ello es reparable en la sentencia definitiva, y en el supuesto de que se le llegara a negar la protección federal, no se le habría privado de ningún derecho del que fuera titular precisamente, porque lo que se determinaría sería su falta de derecho a imponerse del procedimiento referido.-Así entonces, de lo expuesto, se advierte que el recurso de queja intentado, resulta improcedente, toda vez que, en la hipótesis prevista en el inciso e) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, se establece que dicho medio de impugnación puede ser hecho valer por cualquiera de la partes en un juicio de amparo que estime que determinada resolución le irrogue un agravio en menoscabo de sus derechos procesales, de lo que se obtiene que tal condición constituye un requisito de procedencia, por lo que, tal como se expresó, el acuerdo recurrido, no le irroga un agravio a sus derechos procesales, dado que tal determinación no incide en la oportunidad de defensa del hoy recurrente.-Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente y en la medida que no contradice, lo dispuesto en el inciso e) fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 74/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, en la página 6, de rubro y texto: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’ (se transcribe).-No obsta a la anterior determinación, que el recurrente alegue que él fue quien ofreció dichas pruebas conforme al artículo 121 de la Ley de Amparo, ya que las mismas se le tuvieron como pruebas de su parte, tan es así, que en el acto recurrido la Juez precisó ‘... con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte las documentales referidas en los párrafos que anteceden, sin perjuicio de hacer relación de dichos medios de convicción en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional.’; pues tal como se mencionó, no puede considerarse que se le ocasione ningún perjuicio, con el hecho de que no se le permita tener acceso a las mismas; ello, en virtud de que será en la sentencia, en donde se determine si puede otorgársele la calidad de parte en el procedimiento administrativo de responsabilidad de que se trata. De ahí que al no estar aún reconocida su calidad como parte dentro de dicho procedimiento, no puede tener acceso a las constancias que lo integran.-Finalmente, debe indicarse que el último de los supuestos para que proceda el recurso de queja en contra de las resoluciones dictadas en amparo indirecto una vez fallado el juicio de amparo -inciso d)-, tampoco se cumple porque, como anteriormente se expuso, la litis planteada en el recurso de queja versa sobre un proveído dictado durante la tramitación del juicio de amparo indirecto.-En las condiciones apuntadas, al no acreditarse la hipótesis de improcedencia, en términos del inciso e) fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, el recurso de queja intentado en contra de auto de catorce de junio de dos mil trece, debe desecharse, sin que obste el hecho de que, por acuerdo de presidencia de nueve de julio de dos mil trece, se haya admitido, pues se trata de una determinación de mero trámite, que no causa estado, ni vincula al Pleno de este órgano colegiado."
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Este Tribunal Colegiado, el ocho de septiembre de dos mil once, al resolver el recurso de queja 60/2011, determinó, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO.-Refiere el recurrente en su único agravio. Esencialmente, que el requerimiento hecho por el Juez Quinto de Distrito vulnera en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 6o. constitucional, en virtud de que contraviene lo establecido en el artículo 12, fracciones IV y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que la información contenida dentro del expediente CTER/04/2011, es considerada como reservada, conforme lo dispuesto en el precepto legal supra indicado.-Afirma que la reserva se surte en virtud de tratarse de un expediente que se formó con motivo de un trámite administrativo, además de formar parte de un procedimiento deliberativo para la toma de una decisión administrativa, cuya finalidad es la determinación de la presunta responsabilidad en que incurrieron los funcionarios públicos durante la administración municipal 2008-2011.-Agrega que, en ese tenor, se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: ‘INFORMACIÓN RESERVADA EXCEPCIÓN A PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN.’; agregando que, si bien en el criterio jurisprudencial en comento, se advierte la existencia de una excepción a la prohibición de la divulgación de la información que tenga el carácter de reservada, cuando con ello se beneficie a la sociedad, lo cierto es que en el caso a estudio, no se surte tal hipótesis, porque difundir el contenido del referido expediente en nada beneficiaría a la sociedad y, por lo contrario, generaría daños a la autoridad responsable recurrente.-Aduce también, que el acuerdo que se recurre violenta la disposición contenida en el artículo 6o. constitucional, como el contenido del artículo 12, fracciones IV y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que por criterio jurisprudencial, la única autoridad que queda exenta de cumplir con los criterios en materia de transparencia y acceso a la información, respecto a la información considerada como reservada, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales, por lo que no existe disposición alguna o criterio de la corte que faculte a un Juzgado de Distrito, a requerir ese tipo de información.-En apoyo de sus argumentos, la recurrente invocó la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS CRITERIOS EN LA MATERIA QUE CONSIDERAN DETERMINADA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, NO SON APLICABLES CUANDO ES SOLICITADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES.’.-De los agravios narrados deviene inoperante aquel en que la recurrente sostiene que el a quo, al emitir el acuerdo impugnado, trasgredió las garantías consagradas en el artículo 6o. de la Constitución Federal.-Esto es así, en virtud que, de acuerdo con los artículos 103 y 107 constitucionales interpretados en forma sistemática, el juicio de amparo, es el único medio de defensa para reclamar las contravenciones a las garantías individuales ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos que marca la Constitución Federal.-Por tanto, en los recursos que prevé la legislación de amparo, no se pueden examinar los argumentos de la parte inconforme tendentes a demostrar que el Juez de Distrito violó derechos públicos subjetivos, ya que si se hiciere, se estaría tratando al juzgador federal del conocimiento, como autoridad responsable, siendo que los recursos previstos para tratar de atacar decisiones emitidas dentro de los juicios de amparo, como en el caso lo es la queja, son instrumentos a través de los cuales el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, mas no así medios de control de constitucionalidad autónomos.-Apoya lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe).-Los restantes motivos de disenso son infundados, al tenor de las consideraciones que se exponen enseguida: El artículo 6o. constitucional establece lo siguiente: (se transcribe).-El precepto constitucional transcrito establece la libertad de expresión, garantizando a todo individuo que se encuentre en territorio nacional, la posibilidad de expresar libremente sus ideas; así como el llamado derecho a la información que, como complemento del primero, le da al individuo el derecho de recibir una información objetiva y oportuna.-El aludido derecho a la información tiene como antecedente remoto, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgida en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de mil novecientos cuarenta y ocho, que prevé: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.’.-El aludido derecho se retomó en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de mil novecientos sesenta y seis, estableciendo, en su artículo 19, lo siguiente: (se transcribe).-En dicho precepto se resaltó la separación que ya se había hecho en la aludida Declaración Universal de los Derechos Humanos, distinguiendo entre el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones y, de aquél a recibir y difundir información; asimismo, se introdujo la necesidad de establecer en forma expresa en la ley, ciertas restricciones en aras de proteger los derechos y la reputación de los demás, la seguridad nacional, la moral y el orden público.-Posteriormente, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de dos (sic) mil novecientos sesenta y nueve, se estableció que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.-De la naturaleza de garantía constitucional, resulta incontrovertible que el titular del derecho a la información, es todo aquel sujeto que se encuentra en la situación de gobernado, atendiendo al artículo 1o. de la Constitución; en consecuencia, la totalidad del derecho, debe considerarse atribuida a cualquier persona jurídica, física o moral, en la medida que las personas jurídicas son reconocidas por la ley.-En correlación con lo anterior, el obligado por tal derecho es el Estado, que está constreñido a garantizar que se permita o proporcione dicha información, sin más limitante que la propia Constitución, y las que se establezcan en las leyes.-La información que comprende el aludido derecho, es toda aquella que tenga un carácter público y sea de interés general, es decir, todos aquellos datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema.-El derecho a la información no es absoluto, como se desprende del contenido de las fracciones I y II del transcrito artículo 6o. constitucional, en las que, si bien se establece el principio de máxima publicidad, también se prevén limitantes, con la finalidad de evitar que ese derecho entre en conflicto con otro tipo de acuerdos, limitantes en razón del interés nacional e internacional, limitaciones por intereses sociales y limitaciones para protección de la persona.-En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla dispone: (se transcribe).-De los preceptos transcritos se advierte que el objetivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla es, entre otros, el de reglamentar lo dispuesto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de garantizar el derecho de las personas de acceder a la información pública, regulando los procedimientos para su obtención, y estableciendo las instancias ante las cuales se diriman las controversias que resulten de las solicitudes de información que realicen los particulares a cualquiera de los Poderes del Estado o de los Municipios.-Asimismo, se desprende que el derecho de las personas para acceder a la información pública, entendida ésta como la contenida en documentos de todo tipo en poder de los sujetos obligados señalados en la ley, se encuentra limitado excepcionalmente respecto de la información pública que en términos de la ley en comento, se encuentra clasificada como reservada o confidencial, la cual, entre otras, es aquella generada por la realización de un trámite administrativo hasta su finalización, y la que contenga las opiniones, recomendaciones o información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un procedimiento deliberativo para la toma de una decisión administrativa.-Como se desprende de lo hasta aquí narrado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla reglamenta el derecho de acceso a la información pública establecido en su favor de los particulares, el procedimiento para su ejercicio, sus excepciones mediante las figuras de información reservada y confidencial, los sujetos obligados a proporcionar dicha información y los procedimientos para dirimir las controversias que se susciten por la aplicación de la referida legislación.-Frente a ese derecho público subjetivo de los gobernados y el deber de las autoridades de proporcionar la información solicitada, se encuentra la función jurisdiccional para dirimir las controversias que se susciten en la aplicación de las leyes.-Al respecto, en los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal se prevé: (se transcribe).-En concordancia con lo anterior, los artículos 1o., fracción V, 42 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponen: (se transcribe).-Por su parte, los artículos 149 y 78 de la Ley de Amparo prevén: (se transcribe).-A su vez, los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., párrafo segundo, son del tenor literal siguiente: (se transcribe).-De los preceptos constitucionales y legales transcritos, se desprende que la función jurisdiccional en asuntos en que se reclamen actos de autoridades que vulneren garantías individuales, se ejerce, entre otros órganos del Poder Judicial Federal, por los Juzgados de Distrito.-En el ejercicio de su función jurisdiccional, los Jueces de Distrito solicitarán a las autoridades responsables, su informe con justificación y éstas estarán obligadas a rendirlo, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, si no lo hace así, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario; aunado a lo anterior, el Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.-Asimismo, de los preceptos en escrutinio, se desprende que los Jueces de Distrito gozan de discrecionalidad en la guarda, custodia y difusión de las pruebas aportadas al juicio; de ahí que, cuando las autoridades obligadas a proporcionar la información pública, les manifiesten su oposición a que la información proporcionada se mantenga en reserva, en ejercicio de esa discrecionalidad, deberán fundada y motivadamente proveer lo procedente.-Apoya lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: (se transcribe).-De las anteriores premisas deriva lo infundado de los agravios supra sintetizados, pues es evidente que el auto de catorce de julio de dos mil once, mediante el cual el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla requirió a la autoridad recurrente remitiera copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el expediente CTER/04/2011, de su índice, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la señalada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y, por ende, resulta irrelevante que la información contenida en dicho expediente, se encuentre clasificada como reservada, pues ello constituye una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información, mas no a la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirla; esto es, la indicada ley no regula la actividad jurisdiccional en sí, no sólo de la Suprema Corte de Justicia, como infundadamente lo sostiene la recurrente, al afirmar que es la única autoridad que queda exenta de cumplir con los criterios en materia de transparencia y acceso a la información, respecto a la información considerada como reservada, sino de todo órgano jurisdiccional como lo es el Juez de Distrito que emitió el acto recurrido.-Por ende, contrariadamente (sic) a lo argumentado por la recurrente, no existe impedimento para que el a quo requiera las copias certificadas del expediente antes precisado, pues la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, como ya se evidenció, no regula los requerimientos que la autoridad jurisdiccional efectúe a otra autoridad con apoyo en las diversas leyes procesales, sino únicamente reglamenta la obligación que tiene el Estado de dar acceso a los particulares a la información.-Apoyan lo considerado, por analogía, los siguientes criterios: (se transcriben).-Máxime que, en el caso, la información solicitada resulta necesaria para resolver el asunto sometido a su potestad, tal como lo expresó el a quo, y el requerimiento impugnado tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, disposición que faculta a los Jueces de amparo a recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido recibidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.-Lo anterior es así, en virtud que de las constancias que obran en la copia certificada del juicio de garantías 744/2011, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, remitida en apoyo al informe relativo al presente recurso de queja, a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., párrafo segundo, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados, entre otros, el iniciar y tramitar el expediente CTER/04/2011, en violación manifiesta de los artículos 8o., 14 y 16 constitucionales, expresando como antecedentes del acto reclamado, entre otros, que: ocupó el cargo de secretario del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, hasta el catorce de febrero de dos mil once, en que inició el proceso de entrega recepción a la nueva administración municipal.-Concluido dicho proceso, se integró la comisión transitoria de revisión del acta de entrega recepción, la cual ha citado al quejoso en los autos del expediente CTER/04/2011, de su índice, en opinión del impetrante de garantías, sin tener competencia, personalidad y fundamentación para ello.-Que presentó y ratificó un escrito ante la citada comisión, expresando que ésta carecía de competencia, personalidad y fundamentación para iniciar, tramitar y concluir el proceso de citación a funcionarios municipales de la administración saliente, libelo del cual, la referida comisión determinó reservar el acuerdo respectivo, sin que a la fecha se la haya notificado acuerdo alguno recaído al mencionado escrito, no obstante los múltiples requerimientos verbales que ha formulado ante el personal de la aludida comisión.-Acto reclamado y argumentos que ponen de manifiesto, que las constancias requeridas por el Juez de Distrito resultan necesarias para resolver el asunto sometido a su potestad; lo que de modo alguno implica que la información proporcionada por la recurrente pierda su carácter de reservada o se dé a conocer libremente a las partes, toda vez que al desahogar el requerimiento formulado por el Juez Federal, la recurrente, de manera fundada y motivada, y cumpliendo las exigencias previstas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, podrá manifestar su oposición a la divulgación de la información consignada en el expediente supra indicado, y una vez que la documentación solicitada se encuentre en poder del Juez de Distrito, éste estará en aptitud de pronunciarse también fundada y motivadamente, acerca de lo correcto o no de la clasificación como reservada de la documentación en comento y, en su caso, si es factible permitir al quejoso al acceso a ella, o bien de las medidas que deban adoptarse para la conservación de la reserva de la aludida docu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25946-ff6a68e5/recurso-de-queja-procede-contra-las-determinaciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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