I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "TRATA DE PERSONAS"). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO SIN FACULTADES PARA EMITIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO, 144 BIS, -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "TRATA DE PERSONAS"-, 258, PÁRRAFO PRIMERO, 296, 297, 297 BIS, 297-B, 298, 298-A, 299, 300, 301, 301-J, 301-K Y 301-L, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO Y 142 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS DEL ESTADO DE SONORA). IV. SECUESTRO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO", EN VÍA DE CONSECUENCIA DEBEN INVALIDARSE LOS ARTÍCULOS 296, 297, 297 BIS, 297-B, 298, 298-A, 299 Y 300 DEL CÓDIGO PENAL DE LA ENTIDAD. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL ESTADO DE SONORA. VI. TRATA DE PERSONAS. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "TRATA DE PERSONAS", EN VÍA DE CONSECUENCIA DEBEN INVALIDARSE LOS ARTÍCULOS 144 BIS -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "TRATA DE PERSONAS"-, 300, 301-J, 301-K Y 301-L, DEL CÓDIGO PENAL DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO EL 142 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA LOCALIDAD.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2014. 3 DE AGOSTO DE 2015. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de agosto de dos mil quince.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el dos de enero de dos mil catorce, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, en su calidad de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Sonora.
b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado de Sonora.
Las normas impugnadas se hacen consistir:
a) Los artículos 29 Bis, 100, párrafo segundo y 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, reformados mediante Decreto 64, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veintiocho de noviembre de dos mil trece.
b) El artículo 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, reformado mediante Decreto 61, publicado en el Boletín Oficial del Estado el dos de diciembre de dos mil trece.
SEGUNDO.-Concepto de invalidez. En el único concepto planteado, el procurador general de la República expresó lo siguiente:
El Congreso y el gobernador de Sonora al aprobar, promulgar y publicar, respectivamente, los Decretos 64 y 61 impugnados, invadieron la esfera de facultades de la Federación contraviniendo los artículos 16, 73, fracción XXI, inciso a), 124 y 133 de la Constitución General.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad 25/2011, 36/2012, 26/2012, 56/2012 y 54/2012, sostuvo que la distribución competencial establecida en los artículos 73, fracción XXI, inciso a) y 124 de la Constitución General, no prevén facultades a favor de las entidades federativas para legislar aspectos relativos a los delitos en materia de secuestro y de trata de personas, pues sólo se dispone la participación de los tres órdenes de gobierno en aspectos concernientes a la coordinación para efectos de prevenir y sancionar los referidos delitos.
La intención del Constituyente al reformar dichos preceptos, fue que el Congreso de la Unión de manera exclusiva tipificara los delitos de secuestro y de trata de personas, estableciendo su sanción, estando el Congreso de Sonora impedido para ejercer tal facultad, aun cuando se plasmara de manera idéntica en su legislación estatal.
Los delitos en cuestión, se federalizaron como respuesta a la diversidad legislativa de las entidades federativas, a la falta de investigación y de coordinación entre las autoridades encargadas de la prevención y procuración de justicia y, finalmente, con el objetivo de tener las herramientas necesarias que permitan combatirlos de manera frontal.
Así, la intención del Constituyente se traduce en que, a la Federación le corresponde la creación normativa sustantiva de los delitos de secuestro y de trata de personas, mientras que a las entidades federativas, el conocimiento de los ilícitos de secuestro en su modalidad exprés o con el objeto de ejecutar delitos de robo o extorsión, sin que ello signifique que éstas puedan legislar sobre dichas modalidades, pues se encuentran previstos en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Por su parte, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece en el artículo 2o., fracción II, que su objeto es establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones.
En ese contexto, si el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional otorga al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir leyes generales en materia de secuestro y de trata de personas que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, es decir, que prevean aspectos sustantivos, de acuerdo con el artículo 124 del citado ordenamiento, las entidades federativas están materialmente imposibilitadas para legislar en ese ámbito.
Como consecuencia de lo anterior, es claro que el Estado de Sonora legisló respecto de materias competencia del Congreso de la Unión, pues los artículos impugnados prevén que, siempre existe daño moral en los delitos de secuestro y de trata de personas; para los ilícitos en mención, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de la libertad; cuando el homicidio sea cometido a propósito de un secuestro, se sancionará con prisión de 25 a 50 años; y que las conductas típicas de mérito se consideran como delitos graves. Los cuales son aspectos sustantivos de dichos delitos.
Por tanto, la Legislatura de Sonora desbordó su marco competencial contraviniendo lo dispuesto en los artículos 16, 73, fracción XXI, inciso a), 124 y 133 constitucionales.
TERCERO.-Artículos constitucionales que se estiman violados. Los artículos 16, 73, fracción XXI, inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de enero de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 1/2014.
Posteriormente se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de seis de enero de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas, y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.-Informe de la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Sonora, al rendir su informe, sostuvo que, es cierto el acto que se le reclama al Congreso estatal, respecto de las reformas realizadas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Sonora, en materia de secuestro y de trata de personas.
SEXTO.-Informe de la autoridad promulgadora del decreto impugnado. El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en síntesis, sostuvo lo siguiente:
a) Es cierto el acto reclamado, puesto que el Poder Ejecutivo de Sonora publicó las normas cuya invalidez se reclaman, mediante Decreto 61 publicado el dos de diciembre de dos mil trece, en el Boletín Oficial del Estado, Número 45, Sección II, Tomo CXCII.
b) El Poder Ejecutivo de Sonora no tuvo participación alguna en el proceso legislativo hasta la etapa de publicación de las normas reclamadas, pues la iniciativa de ley fue presentada por el propio Congreso Local.
El Ejecutivo únicamente procedió a la publicación de la norma general reclamada, dando cumplimiento a la obligación que le corresponde conforme a los artículos 56, 57, 58 y 60 de la Constitución del Estado, ajustándose a las disposiciones legales aplicables.
c) La constitucionalidad de una ley puede ser cuestionada, tanto desde el punto de vista material, como desde el punto de vista formal, es decir; por un lado, que el contenido general de la norma o alguna de sus partes contravenga la Constitución General y, por otro, que el órgano que expide la norma sea incompetente o exista vicio en el procedimiento legislativo.
En el caso, de la lectura de la demanda se advierte que, el procurador general de la República denunció la inconstitucionalidad material de la norma impugnada y no actos atribuibles al Poder Ejecutivo sonorense, toda vez que únicamente se combaten los acuerdos tomados por el Congreso Estatal, sin que se aduzca la ilegalidad en la promulgación. Por tanto, debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad respecto del gobernador o, en su defecto, declararla infundada.
d) Por otra parte, los preceptos impugnados no contravienen los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 o 133 de la Constitución General, puesto que dichas normas son de materia penal, respecto de la cual, tanto la Federación como las entidades federativas poseen facultades para legislar al respecto, correspondiendo al Congreso de la Unión la determinación de los delitos contra la Federación, en términos del artículo 73, fracción XXI, primer párrafo, constitucional, lo cual implica que los Estados puedan legislar en materia penal dentro de sus ámbitos territoriales, siempre y cuando no se trate de conductas que atenten contra la Federación.
En el caso, el bien jurídico tutelado por los delitos de secuestro y de trata de personas es la libertad personal, de manera que las entidades federativas no se encuentran impedidas para legislar en relación con esos delitos.
Lo anterior, a pesar del texto del artículo 73, fracción XXI, constitucional, pues la intención del legislador no fue federalizar el delito de secuestro o de trata de personas, pues su redacción no es clara en cuanto a si se encuentra vedada a los Estados de la Federación, la facultad de legislar coexistentemente, en relación con la libertad de las personas, lo que deja abierta la posibilidad para que los Estados legislen en la materia.
Por tanto, si el legislador federal no reservó para sí dichas facultades legislativas y atendiendo a que las leyes generales únicamente contienen bases, que son una plataforma mínima, el Congreso del Estado de Sonora actuó sin exceder sus facultades, dentro del marco constitucional, y de conformidad con el artículo 121 constitucional, las normas impugnadas no invaden esfera de competencia alguna, pues éstas sólo tienen efecto en su propio territorio y no fuera de él.
En consecuencia, debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad.
SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, mediante proveído de diez de marzo de dos mil catorce, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver votación 1
SEGUNDO.-Oportunidad. En primer término, se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.
Los artículos 29 Bis, 100, segundo párrafo, y 258, primer párrafo del Código Penal, así como 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Sonora, fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el veintiocho de noviembre de dos mil trece, mediante el Decreto 64;(1) por su parte, el citado artículo 187, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales volvió a reformarse mediante el Decreto 61,(2) el cual fue publicado en el Boletín Oficial el dos de diciembre del mismo año.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(3) el plazo de treinta días para promover la presente acción, debe computarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación, por lo que respecto al Decreto 64, el plazo transcurrió del viernes veintinueve de noviembre de dos mil trece al sábado veintinueve de diciembre del mismo año y respecto del Decreto 61, el plazo transcurrió del martes tres de diciembre de dos mil trece al miércoles primero de enero de dos mil catorce, pero al ser inhábil el último día del plazo en ambos casos, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, en términos del artículo 60 antes referido.
En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó el jueves dos de enero de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 14 del expediente, su presentación fue oportuna. Ver votación 2
TERCERO.-Legitimación. A continuación se analizará la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(4)
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(5) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad y toda vez que plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Sonora, así como del Código de Procedimientos Penales de la misma entidad, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Sirve de apoyo a esta conclusión, la jurisprudencia plenaria P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(6) Ver votación 3
CUARTO.-Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo de Sonora hizo valer que debía sobreseerse respecto de él, en virtud de que no se le atribuía ningún acto y que la acción de inconstitucionalidad era improcedente, en tanto que las normas no son inconstitucionales.
1. Sobreseimiento respecto del gobernador.
Resulta infundada dicha causa de improcedencia, en virtud de que el artículo 61, fracción II, de la ley de la materia, dispone que en la demanda por la que se ejerce la acción de inconstitucionalidad, deberán señalarse los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; en tanto que el artículo 64, primer párrafo, del mismo cuerpo legal, señala que el Ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción.
Por tanto, al tener injerencia en el proceso legislativo de dicha norma general para otorgarle plena validez y eficacia, el Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión del acto presuntamente violatorio de la Constitución General, por lo que se encuentra en la necesidad de responder por la conformidad de sus actos frente a dicho ordenamiento fundamental.
2. Improcedencia porque las normas no son inconstitucionales.
También resulta infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que la revisión de si las normas impugnadas violan o no los preceptos de la Constitución General es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia plenaria P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE."(7)
3. Cesación de efectos.
En relación con el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de oficio, se advierte que en el Boletín Oficial se publicaron el dieciséis de diciembre de dos mil trece el Decreto 62, el trece de marzo de dos mil catorce el Decreto 97, mediante los cuales se reformó el párrafo cuarto impugnado, a fin de eliminar el tipo de desaparición forzada y posteriormente volverlo a incluir; el nueve de junio de dos mil catorce, el Decreto 103 y el cuatro de diciembre del mismo año el Decreto 145, mediante los cuales se reformó, nuevamente, el párrafo cuarto impugnado. No obstante ello, no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia.(8)
Dichas modificaciones legales se ven reflejadas en el siguiente cuadro:
Ver cuadro 1
Asimismo, el quince de junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 180, mediante el cual se reformó el segundo párrafo, del artículo 100 del Código Penal del Estado de Sonora, a fin de prever que el plazo para ejercer la acción penal tratándose de los delitos de secuestro y de trata de personas, será imprescriptible.
Dicha modificación legal se ve reflejada en el siguiente cuadro:
Ver cuadro 2
Como se señaló, no se surte la causa de improcedencia, pues si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada y esto ocurre cuando dicha norma es reformada, modificada, derogada o abrogada,(9) en el caso, no se actualiza el supuesto de improcedencia aludido, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución General, en relación con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, este Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte, en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición, de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar a todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos.
Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 104/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL."(10)
En relación con lo anterior, en diversos precedentes el Tribunal Pleno ha sostenido, esencialmente, que:(11)
a) Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, en materia penal el efecto derogatorio de dicha declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios generales y disposiciones legales de esa materia.
b) Uno de los principios que rigen en la materia penal, obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede estar reformada, modificada, derogada o abrogada, sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia.
c) Como la norma reformada, modificada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional, y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia penal.
De acuerdo con lo anterior, la potencial declaratoria de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, en la porción normativa correspondiente (que se analizará en el apartado siguiente), tendrá impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos y debe analizarse la constitucionalidad de los artículos 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora y 100, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora.(12) Ver votación 4
QUINTO.-Estudio de fondo.
El procurador sostiene que las normas impugnadas son inconstitucionales, en virtud de que el Congreso sonorense carece de competencia para regular aspectos sustanciales en relación con los delitos de secuestro y de trata de personas.
Los preceptos impugnados establecen lo siguiente:
Código Penal para el Estado de Sonora.
"Artículo 29 Bis. Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se considera que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: corrupción de menores de edad e incapaces, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, violación, violencia intrafamiliar, rapto, abusos deshonestos, privación ilegal de libertad, secuestro, trata de personas, homicidio, feminicidio y chantaje."
"Artículo 100. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito cometido, incluyendo sus modalidades. Tratándose de los delitos de oficio, dicho plazo nunca será menor de tres años ni mayor de quince y en los delitos de querella nunca será menor de dos años ni mayor de diez.
"(Reformado, B.O. 28 de noviembre de 2013)
"En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, trata de personas, violación y en el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 213, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito cometido."
"Artículo 258. Cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de morada, asalto o secuestro, se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años. La misma sanción se aplicará cuando el homicidio sea cometido en contra de una persona del sexo masculino a propósito de una violación o derivado de su condición de género.
"Al autor de homicidio calificado con premeditación, alevosía o traición, o al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, o a su adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá la misma pena señalada en el párrafo anterior.
"(Adicionado, B.O. 20 de octubre de 2005)
"No se considerará calificado el homicidio cometido por la madre que prive de la vida a su infante dentro de las setenta y dos horas inmediatamente posteriores al parto, cuando dicha privación de la vida sea consecuencia de una crisis emocional de naturaleza grave.
"(Reformado, B.O. 19 de diciembre de 2002)
"Al responsable de cualquier otro homicidio calificado se impondrá de veinte a cincuenta años de prisión."
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora
"Artículo 187. En casos urgentes, el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, podrá ordenar, por escrito, la detención de una persona mediante resolución fundada y motivada.
"Se considerará caso urgente, cuando se reúnan los siguientes requisitos:
"I. Que se trate de delito grave así calificado por la ley;
"II. Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y
"III. Que no pueda ocurrir ante el Juez a solicitar la orden de aprehensión, por razón de la hora, lugar o la circunstancia de que demostrado el cuerpo del delito existen indicios de que el inculpado intervino y se espera acreditar su probable responsabilidad dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
"Se califican como delitos graves, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Estado de Sonora:
"(Reformado, B.O. 28 de noviembre de 2013)
"Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, previsto en el artículo 124; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto en el artículo 142, tercer párrafo, en el caso de los supuesto (sic) previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia, previsto en el segundo párrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de edad previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía previsto en el artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en el artículo 181; abusos deshonestos previstos en el cuarto párrafo del artículo 213 únicamente en los supuestos de los párrafos segundo y tercero; violación y las figuras equiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; asalto, previsto en el artículo 241; lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el artículo 244, independientemente de las prevenciones establecidas en los artículos 245, 246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos previstos en los artículos 256, 257, 258 y 259 párrafo segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones previstas en el segundo párrafo del artículo 264; feminicidio previsto en el artículo 263 Bis 1; aborto sin consentimiento y con violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de los supuestos establecidos en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J; sustracción de menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el penúltimo párrafo de este artículo, 308 Bis y 308 Bis C; abigeato respecto de ganado bovino, en los términos del artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y porcino, en los términos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los términos del artículo 323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en el artículo 327, cuando se trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 329.
"Los delitos señalados en el párrafo anterior también serán considerados como graves aun en los casos de tentativa."
El artículo 73, fracción XXI, constitucional que se aduce violado, establece lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI.- Para expedir:
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de julio de 2015)
"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
"Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;
"b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;
"(Reformado, D.O.F. 2 de julio de 2015)
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
"Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
"En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales."
Cabe señalar que esta disposición ha sido modificada por última ocasión, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de julio de dos mil quince, por lo que es a la luz de este texto, que deben estudiarse los conceptos de invalidez, de conformidad con el criterio jurisprudencial P./ J. 12/2002, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER."(13)
Ahora bien, la Constitución General, en el inciso a) del citado texto, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes en las materias de secuestro y de trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
Por tanto, no le asiste la razón al gobernador del Estado, al señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, la materia penal corresponde a los Estados, pues en el caso por disposición expresa será el Congreso de la Unión, el que mediante una ley general establecerá la concurrencia fijando las facultades de cada uno de los niveles de gobierno en las materias concretas de secuestro y de trata de personas.
A efecto de estudiar los conceptos de invalidez planteados, cabe señalar que respecto de la co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25969-b23f6cb6/i-secuestro-las-legislaturas-locales-no-tienen-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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