I. SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES QUE ESTABLECEN "SECUESTRO" Y "TRATA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA). II. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESE DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES QUE ESTABLECEN "DELINCUENCIA ORGANIZADA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO SIN FACULTADES PARA EMITIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE ESTABLECEN "SECUESTRO", "TRATA DE PERSONAS" Y "DELINCUENCIA ORGANIZADA", 144 BIS, 144-A, 144-B Y 144-C DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 144 BIS, 144-A, 144-B Y 144-C DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 19 DE MAYO DE 2016. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil quince ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la República promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, publicados mediante Decreto 180, en el Boletín Oficial de la entidad el quince de junio de dos mil quince, cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 100. ...
"En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, trata de personas, evasión de presos, delincuencia organizada, desaparición forzada de personas, tráfico de menores e incapaces, violación y en el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 213, el ejercicio de la acción penal será imprescriptible."
"Artículo 109. ...
"Las sanciones derivadas del ejercicio de la acción penal sobre los delitos de homicidio calificado, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, trata de personas, evasión de presos, delincuencia organizada, desaparición forzada de personas, feminicidio, tráfico de menores e incapaces, violación y en el supuesto a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 213, serán imprescriptibles."
SEGUNDO.-Artículos constitucionales que se estiman violados. Los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 73, fracción XXI, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Admisión. Mediante proveído de tres de agosto de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 48/2015 y, por razón de turno, tocó fungir como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Por auto de cuatro de agosto de dos mil quince, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora, para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.-Informes rendidos. En acuerdo de diez de septiembre de dos mil quince, la Ministra instructora tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora, rindiendo los informes que les fueron solicitados. Además, en dicho proveído puso los autos a la vista de las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen.
a) El Poder Legislativo del Estado de Sonora, al rendir su informe, sostuvo que es cierto el acto que se le reclama.
b) El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, al rendir su informe, señaló lo siguiente:
• Es cierto el acto reclamado, toda vez que el Poder Ejecutivo de Sonora publicó las normas cuya invalidez se reclama.
• Debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad respecto del gobernador, o en su defecto declararla infundada, toda vez que la promovente denunció la inconstitucionalidad material de las normas impugnadas y no planteó actos atribuibles a la publicación.
• En otro aspecto, los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, bajo ningún motivo o circunstancia, contravienen los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 73, fracción XXI, incisos a) y b), de la Constitución Federal, puesto que dichas normas son de materia penal, respecto de la cual, tanto la Federación como las entidades federativas poseen facultades para legislar al respecto, correspondiendo al Congreso de la Unión, la determinación de los delitos contra la Federación, en términos del artículo 73, fracción XXI, primer párrafo, constitucional, lo cual implica que los Estados puedan legislar en materia penal dentro de sus ámbitos territoriales, siempre y cuando no se trate de conductas que atenten contra la Federación.
En el caso, el bien jurídico tutelado por los delitos de secuestro y de trata de personas es la libertad personal, y en el de delincuencia organizada es la seguridad pública, de manera que las entidades federativas no se encuentran impedidas para legislar en relación con esos delitos.
Lo anterior, a pesar del texto del artículo 73, fracción XXI, constitucional, pues la intención del legislador no fue federalizar los delitos antes mencionados, pues su redacción no es clara en cuanto a si se encuentra vedada a los Estados de la Federación la facultad de legislar en relación con estos temas.
Por tanto, si el legislador federal no reservó para sí dichas facultades legislativas y atendiendo a que las leyes generales únicamente contienen bases, que son una plataforma mínima, el Congreso del Estado de Sonora actuó sin exceder sus facultades, dentro del marco constitucional, y de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Federal, las normas impugnadas no invaden esfera de competencia alguna, pues éstas sólo tienen efecto en su propio territorio y no fuera de él.
En consecuencia, debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad.
QUINTO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, se cerró la instrucción de este asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.-Oportunidad. La demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente.
El Decreto Número 180, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, cuya constitucionalidad se controvierte, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el quince de junio de dos mil quince. Siendo así, el plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia para promover la acción de inconstitucionalidad, transcurrió del dieciséis de junio al quince de julio de dos mil quince, por lo que si el escrito de demanda se presentó el propio quince de julio de dos mil quince, resulta oportuna su presentación.
TERCERO.-Legitimación. En el caso, suscribe la demanda la maestra Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(1)
Dicha funcionaria está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General, en contra de leyes de carácter estatal, supuesto normativo que se actualiza, toda vez que en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Sonora, por considerar que vulneran derechos fundamentales.
CUARTO.-Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo de Sonora hizo valer causas de sobreseimiento respecto de él, en virtud de que no se le atribuía ningún acto y que la acción de inconstitucionalidad era improcedente en tanto que las normas no son inconstitucionales.
1. Sobreseimiento respecto del gobernador.
Resulta infundada dicha causa de improcedencia, en virtud de que el artículo 61, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia dispone que en la demanda por la que se ejerce la acción de inconstitucionalidad, deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; en tanto que el artículo 64, primer párrafo, del mismo cuerpo legal señala que el Ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción.
Por tanto, al tener injerencia en el proceso legislativo de dicha norma general para otorgarle plena validez y eficacia, el Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión del acto presuntamente violatorio de la Constitución General, por lo que se encuentra en la necesidad de responder por la conformidad de sus actos frente a dicho ordenamiento fundamental.
2. Improcedencia porque las normas no son inconstitucionales.
También resulta infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que la revisión de si las normas impugnadas violan o no los preceptos de la Constitución General, es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia plenaria P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE."(2)
QUINTO.-Consideración previa. Como ha quedado precisado, en el caso, la promovente combate, en esencia, las porciones normativas relativas a los delitos de "secuestro", "trata de personas" y "delincuencia organizada", previstas en los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora. Sobre el particular, es indispensable dejar establecido que este Alto Tribunal ya se pronunció respecto de la invalidez de las porciones normativas antes precisadas.
En efecto, al resolverse la diversa acción de inconstitucionalidad 1/2014, promovida por el entonces procurador general de la República, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 100, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, modificado mediante Decreto 64, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la cual fue resuelta en sesión de tres de agosto de dos mil quince,(3) en la que se declaró la invalidez de las porciones normativas de "secuestro" y "trata de personas", en términos similares a los contenidos en los dispositivos jurídicos ahora combatidos, según se refleja en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
Consecuentemente, el estudio de fondo correspondiente se hará con base en consideraciones similares a las sustentadas por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 1/2014.
SEXTO.-Incompetencia del Congreso Local para legislar en relación con los delitos de secuestro y trata de personas. De la lectura integral del escrito presentado por la accionante, se advierte que en su primer concepto de invalidez alega la inconstitucionalidad de los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Sonora, por transgredir el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, en virtud de que el Congreso del Estado de Sonora excedió su marco competencial al legislar en materias respecto de las cuales no está facultado, como son las relativas a las materias de secuestro y trata de personas.
Es esencialmente fundado el concepto de invalidez planteado, en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada acción de inconstitucionalidad número 1/2014, en sesión de tres de agosto de dos mil quince, estableció, en lo que nos importa, lo siguiente:
"El artículo 73, fracción XXI, constitucional, que se aduce violado, establece lo siguiente:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘XXI. Para expedir:
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de julio de 2015)
"‘a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. ...’
"...
"Cabe señalar que esta disposición ha sido modificada por última ocasión mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de julio de dos mil quince, por lo que es a la luz de este texto que deben estudiarse los conceptos de invalidez, de conformidad con el criterio jurisprudencial P./J. 12/2002, de rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER.’(4)
"Ahora bien, la Constitución General, en el inciso a) del citado texto, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes en las materias de secuestro y de trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
"Por tanto, no le asiste la razón al gobernador del Estado, al señalar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, la materia penal corresponde a los Estados, pues en el caso, por disposición expresa, será el Congreso de la Unión, el que mediante una ley general establecerá la concurrencia fijando las facultades de cada uno de los niveles de gobierno en las materias concretas de secuestro y de trata de personas.
"A efecto de estudiar los conceptos de invalidez planteados, cabe señalar que respecto de la competencia para legislar en materia de secuestro y de trata de personas, este tribunal ya se ha pronunciado al analizar normas de diversos Estados,(5) por lo que enseguida se hará el estudio de manera diferenciada por cada uno de los delitos, atendiendo a dichos precedentes.
"1. Secuestro.
"En relación con el delito de secuestro, esta Suprema Corte ha sostenido,(6) que la intención de facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre secuestro, fue crear homogeneidad en su regulación que facilitara la investigación, persecución y sanción de este delito, para combatirlo con mayor eficacia.
"Se trata de una habilitación para la creación de una ley general que establezca los supuestos en los que las autoridades locales podrán perseguir los delitos tipificados en dicha ley, lo que implica que, en este esquema, corresponde a la ley general establecer los tipos penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos localmente.
"Así, el precepto constitucional en cita, de ninguna manera autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con los delitos respectivos, ni requiere de una incorporación a los Códigos Penales Locales, precisamente, porque desde la Constitución se faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia, misma que permite a las autoridades de las entidades federativas conocer de los delitos federales tipificados en ella.
"Por su parte, la ley general en materia de secuestro que concreta la habilitación constitucional mencionada, establece los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre el delito federal de secuestro, previsto en el propio ordenamiento.
"El artículo 23(7) prevé, por exclusión, los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre el delito federal de secuestro, previsto en el propio ordenamiento. Al respecto, señala que los delitos previstos en dicha ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Fuera de esos casos, serán competentes las autoridades del fuero común.
"Por lo que hace a las disposiciones aplicables para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, el artículo 2o.(8) prevé que serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.
"Como se advierte de las disposiciones citadas, en materia de secuestro, los Estados tenían competencia en ciertos supuestos para perseguir los delitos y llevar los procesos, hipótesis en las cuales, sus códigos procesales resultaban aplicables, por tanto, podían establecer reglas adjetivas, pues serán las que apliquen cuando se trate de la comisión de delitos de su competencia.
"No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional, el cual prevé que el Congreso de la Unión expedirá la ley general en materia de secuestro, que establecerá como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la competencia legislativa de las entidades federativas es residual respecto de la Federación, por lo que, los Estados sólo estaban en posibilidad de normar aspectos que no hubieren sido previstos en la citada ley general.
"Cabe aclarar que dicha potestad legislativa de los Estados, ha sido eliminada con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, conforme con la cual, corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única que regirá en toda la República en materia procedimental penal, por lo que a partir de ella las entidades únicamente pueden continuar aplicando las normas que en ese momento se encontraran vigentes.
"Ahora, de acuerdo con el marco normativo sentado, resulta fundado el concepto de invalidez, en tanto que los artículos impugnados prevén:
"...
"b) El artículo 100 del citado Código Penal prevé el plazo de prescripción cuando se trate de dicho delito, lo que es contrario a lo previsto en el artículo 5o. de la ley general que establece la imprescriptibilidad en esa materia, en los siguientes términos:
"‘Artículo 5o. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro, son imprescriptibles.’
"...
"Así, es claro que el Congreso de Sonora invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión, al legislar respecto de cuestiones sustantivas sobre el delito de secuestro que se encuentran previstas en la propia ley general de la materia, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 29 Bis, 100, segundo párrafo, 258, primer párrafo, del Código Penal, y 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales en la porción normativa que dice: ‘secuestro’ y, en vía de consecuencia, también debe declararse la invalidez de los artículos 296, 297, 297 Bis, 297-B, 298, 298-A, 299 y 300 del Código Penal de Sonora, pues no obstante que no fueron impugnados contienen tipos penales de secuestro, por lo que son inconstitucionales.
"2. Trata de personas.
"Por otra parte, por lo que hace a los delitos en materia de trata de personas, este Pleno se pronunció en el sentido de que, al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley general, los tipos y penas en materia de trata de personas, se privó a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 constitucional, para legislar en relación con esa materia; manteniendo, sin embargo, facultades para prevenir, investigar y castigar el referido delito conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
"Ahora, la ley general correspondiente, al distribuir competencias en el artículo 5o.(9) estableció que la Federación tendrá atribuciones para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esa ley, cuando se apliquen las reglas de competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre que se produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero; en términos del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; el Ministerio Público de la Federación solicite la atracción del asunto; o sean cometidos por la delincuencia organizada. Cuando no se den los supuestos anteriores, el Distrito Federal y los Estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos previstos en esa ley.
"Sin embargo, a diferencia de la ley en materia de secuestro, no hay aplicación de normas locales, el artículo 9o.(10) de la Ley General en Materia de Trata establece que en lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos ahí contenidos, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"Así, aun en los supuestos de competencia local, para la investigación y el proceso penal serán aplicables supletoriamente a la ley general y las citadas disposiciones federales, por lo que no se dejaba ningún margen de regulación siquiera de carácter procesal para las entidades federativas.
"En estas condiciones, son inconstitucionales las normas impugnadas, al regular aspectos relacionados con la materia de trata de personas, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 29 Bis, 100, segundo párrafo, del Código Penal, y 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales en la porción normativa que dice: ‘trata de personas’ y, en vía de consecuencia, también debe declararse la invalidez de los artículos 301-J, 301-K y 301-L, que conforman el título decimonoveno, capítulo IV, del Código Penal de Sonora denominado ‘Trata de personas’, a que remite el artículo 187, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Penales, pues no obstante que no fueron impugnados contienen el tipo penal de trata de personas y sus sanciones, por lo que son inconstitucionales."
Así, es claro que el Congreso de Sonora invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión, al legislar respecto de cuestiones sustantivas sobre los delitos de secuestro y trata de personas que se encuentran previstas, respectivamente, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por lo que ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, en las porciones normativas "secuestro" y "trata de personas".
SÉPTIMO.-Incompetencia del Congreso Local para legislar en relación con el delito de delincuencia organizada. La promovente, en su segundo concepto de invalidez, alega la inconstitucionalidad de los artículos 100, párrafo segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Sonora, por transgredir el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Federal, en virtud de que el Congreso del Estado de Sonora excedió su marco competencial al legislar en materia de delincuencia organizada.
Es fundado el concepto de invalidez planteado, en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 21/2013, en sesión de tres de julio de dos mil catorce(11) estableció, esencialmente, lo siguiente:
"El artículo 73, fracción XXI, constitucional, que se aduce violado, establece lo siguiente:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘XXI. Para expedir:
"‘...
"‘b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; ...’
"Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que esta disposición ha sido modificada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, por lo que es a la luz de este texto respecto del cual deben estudiarse los conceptos de invalidez, de conformidad con el criterio jurisprudencial P./J. 12/2002, de rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER.’(12)
"La Constitución General, en el inciso a) del citado texto, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes en las materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones; y, en el inciso b), que deberá legislar en materia de delincuencia organizada.
"De la redacción de dicho precepto constitucional, se advierte que la competencia constitucional para legislar en materia de delincuencia organizada corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Unión. Y éste, al reglamentar dicho precepto constitucional, emitió una ley de carácter federal, con lo que eliminó la posibilidad de que las entidades federativas puedan normar sobre dicha materia, sustantiva o adjetivamente, pues a diferencia de una ley general, en aquélla no es dable establecer una habilitación legislativa en favor de las entidades.
"De acuerdo con lo anterior, la regulación de la delincuencia organizada se federalizó, definida por el artículo 16 constitucional como ‘una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia’, hipótesis que en sí misma constituye un tipo penal autónomo,(13) en términos del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada reglamentaria de la materia.(14)
"Ahora, no pasa desapercibido que, en términos de los artículos 3o.,(15) en relación con el 2o., fracción V, de la citada ley federal, los delitos expresamente previstos en dicha fracción, serán del conocimiento de la autoridad federal, cuando además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción. En caso contrario, esto es, cuando no se ejerza la facultad de atracción, la parte operativa corresponderá a las entidades federativas.
"Sin embargo, toda vez que desde la Constitución General se reservó la facultad legislativa en la materia a la Federación, el margen de actuación por parte de las autoridades de las entidades federativas en las hipótesis de la fracción V a que se hizo referencia, se encuentra limitado a la investigación, persecución, procesamiento y sanción de esos delitos, sin que puedan legislar al respecto. Por tanto, debe declararse la invalidez del artículo 171, en la porción normativa que dice ‘delincuencia organizada’.
"No es óbice a las anteriores consideraciones, el argumento de la procuradora general de la República, en el sentido de que en tanto no se expida la ley en materia de delincuencia organizada, en términos del artículo sexto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho,(16) las legislaciones locales en la materia siguen vigentes, pues si bien la vigente Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, debe entenderse que el mandato del Órgano Reformador de la Constitución no se trata de una instrucción de carácter formal, sino sustancial, esto es, no es necesario que se emita una ‘nueva’ ley, a lo que obliga es a que las disposiciones vigentes en la materia sean congruentes con el nuevo contenido fundamental.
"En este sentido, cabe señalar que en septiembre de dos mil ocho, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(17) con el fin de implementar el nuevo sistema de justicia penal.
"Y en el transcurso del procedimiento legislativo, en concreto en la iniciativa(18) y en el dictamen de la Cámara de Origen (Senado),(19) se hace referencia a que las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tienen como finalidad adecuar la legislación secundaria al nuevo Texto Constitucional.
"En estas condiciones, no es necesaria la expedición de una nueva ley formalmente hablando para entender que el Congreso de la Unión ha ejercido la competencia en materia de delincuencia organizada, pues con las reformas realizadas a la que se encontraba vigente en aquel momento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veint
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26847-f5030c29/i-secuestro-y-trata-de-personas-los-congresos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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