MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS. PONENTE: URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JORGE JESÚS BELTRÁN PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, así como en lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; modificado por los Acuerdos Generales 22/2013 y 53/2014, también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece y el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, respectivamente. En virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Magistrado Edwin Noé García Baeza, presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, esto es, uno de los integrantes del Tribunal Colegiado que sustenta uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO.-Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio jurisprudencial que debe prevalecer, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito que aquí intervienen.
a. En sesión de cuatro de agosto de dos mil catorce, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el recurso de queja QA. 148/2014, interpuesto por el quejoso **********, en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil catorce, dictado en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -en el que el Juez Federal resolvió conceder la suspensión provisional solicitada en contra del acto reclamado (consistente en el proveído de dos de mayo de dos mil catorce, en donde la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, le impuso al quejoso una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y su ejecución), fijando una garantía en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo-; conforme a las consideraciones siguientes:
"SÉPTIMO.-En su único agravio, el inconforme, medularmente, se duele que el Juez de Distrito, al suspender la ejecución de la multa administrativa reclamada, le fijó una garantía en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, no obstante, señala que en el caso sometido a consideración, las multas tengan el carácter de contribuciones.
"De ahí que el inconforme en la presente instancia alegue que el juzgador de amparo debió otorgar la suspensión en contra de la multa que se reclama, sin que medie garantía de interés fiscal alguna, en razón de que la naturaleza de la multa reclamada tiene el carácter de aprovechamiento y no de contribución.
"Pues refiere el ahora recurrente, que de lo contrario, se le causaría un mayor perjuicio en su esfera jurídica.
"El argumento sintetizado en los párrafos que anteceden, resulta inoperante.
"Lo anterior es así, pues sobre el tópico que atañe su inconformidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio en el sentido de que las multas administrativas son aprovechamientos y la suspensión contra su cobro debe garantizarse conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo.
"El criterio en cita es la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445 del Tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis reza:
"‘MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe texto)
"De la jurisprudencia anterior se desprende que Nuestro Máximo Tribunal del País, en efecto, ya ha determinado que no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles, por ende, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4 y 145 del código en cita; de ahí que solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra el cobro de dichas multas administrativas, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo.
"Consecuentemente, el argumento del ahora recurrente, donde señala que el juzgador de amparo debió de otorgar la suspensión en contra de la multa que se reclama, sin que medie garantía de interés fiscal alguna, en razón de que la naturaleza de la multa reclamada tiene el carácter de aprovechamiento y no de contribución, deviene inoperante, pues tal cuestión, ya fue definida por Nuestro Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, señalada en los párrafos que anteceden.
"Sin que pase por alto para este órgano colegiado que la jurisprudencia invocada, si bien se emitió analizando el artículo 135 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, la actual Ley de Amparo, en el mismo precepto, establece el mismo sentido, en cuanto a la forma de garantizarse un crédito fiscal e, incluso, el actual y vigente hace alusión a la ejecución o cobro de créditos de naturaleza fiscal, como lo son las multas administrativas, que si bien constituyen accesorios de los aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 11 del Código Fiscal del Distrito Federal, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles, por ende, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme al artículo 372 del citado código tributario.
"De lo anterior, que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo.
"Resulta aplicable, al respecto, la jurisprudencia número 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 21 del Tomo V, abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe texto)
"Por último, debe señalarse que resultan inaplicables los criterios que refiere el recurrente en su recurso, de rubros: ‘SUSPENSIÓN. TRATÁNDOSE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO DEBE EXIGIRSE LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 135, DE LA LEY DE AMPARO.’, ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS SUSPENSIÓN PROCEDENTE LA EJECUCIÓN DE.’ y ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS, SUSPENSIÓN, ES INNECESARIO SU DEPÓSITO PARA OBTENER LA.’, emitidas por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, pues como se dijo, existe jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que supera aquellos criterios y que resuelve el tema que nos atañe.
"En las relatadas consideraciones, ante lo inoperante del agravio toral del recurrente, en lo que es materia del recurso, lo que procede es declarar infundado el recurso de queja. ..."
b. Por su parte, en sesión de veintitrés de abril de dos mil quince, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el recurso de queja QA. 122/2015, interpuesto por la quejosa **********, en contra del proveído pronunciado el veinte de abril de dos mil quince, en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -en el que se concedió la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable, director ejecutivo de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, no hiciera efectiva la multa impuesta a la quejosa en la resolución **********, de diez de septiembre de dos mil catorce, pero condicionando su efectividad a que la quejosa constituya la garantía al interés fiscal ante la autoridad exactora, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo-; en términos de los razonamientos que se reproducen a continuación:
"SÉPTIMO.- ...
"18. Estudio. En contra del referido acuerdo, en el único agravio expuesto, la recurrente argumenta, básicamente:
"19. Que le causa perjuicio el acuerdo recurrido, toda vez que el a quo condiciona el otorgamiento de la suspensión provisional al otorgamiento de una garantía, no obstante que la multa, cuya ejecución se suspende, es de naturaleza exclusivamente administrativa.
"20. Afirma lo anterior, pues el juzgador requiere el otorgamiento de una garantía para que surta efectos la suspensión provisional concedida, con base en una indebida interpretación del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente.
"21. Que lo anterior es así, pues resulta relevante el hecho de que el legislador haya decidido incluir el calificativo naturaleza fiscal, al referirse a contribuciones y créditos, aunado a que el citado numeral exige que se fije garantía únicamente tratándose de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos exclusivamente tributarios.
"22. De ahí que estime que, en el caso de multas, conforme al actual parámetro establecido en el régimen vigente del juicio de amparo, procede la fijación de la garantía única y exclusivamente cuando se trate de sanciones económicas establecidas en la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria.
"23. Por tanto, estima que no procedía la fijación de la garantía, pues la multa fue impuesta por una autoridad administrativa por la presunta infracción de una norma de tal naturaleza, por lo que de modo alguno se relacionan con la materia tributaria, ello con independencia de que la Segunda Sala del Alto Tribunal del País haya sustentado que, a efecto de hacerlas efectivas, se sigue el procedimiento administrativo de ejecución.
"24. De los argumentos sintetizados se advierte que éstos se encuentran encaminados a crear convicción en este órgano jurisdiccional, en el sentido de que fue incorrecto que en la resolución recurrida se estableciera la existencia de un requisito de efectividad para que surtiera efectos la suspensión concedida, en la medida que considera que no se encuentra obligada a garantizar el interés fiscal, porque la multa sobre la que se solicitó la suspensión es de naturaleza administrativa, puesto que no deriva de la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria y, por tanto, no debe condicionarse su efectividad en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente.
"25. Precisado lo anterior, debe decirse que de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo se desprenden los requisitos de eficacia de la suspensión, y se refieren a las condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión concedida y se refieren al aspecto de la causación de los efectos de dicha medida cautelar.
"26. Así, del artículo 135 de la Ley de Amparo se advierte que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado y que dicha medida surtirá efectos, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, cuando el amparo se pida contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de:
"i) Contribuciones; y,
"ii) Créditos de naturaleza fiscal.
"27. Como en el caso, la materia sobre la que recayó la medida cautelar, se refiere a una multa impuesta a la quejosa por el director ejecutivo de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, derivado de que debió instalar oportunamente los puertos de muestreo, a fin de prevenir, regular, reducir y controlar sus emisiones a la atmósfera para asegurar una calidad de aire satisfactoria a la salud y, al no hacerlo así, contravino lo establecido en el artículo 135, fracción III, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, por tanto, debe estarse a las disposiciones locales para definir si la medida cautelar concedida debe sujetarse a los requisitos de efectividad, derivado de que se trata o no de una contribución, o bien, de un crédito de naturaleza fiscal.
"28. Ahora bien, el artículo 9 del Código Fiscal del Distrito Federal establece la clasificación de las contribuciones y precisa que éstas son: i) los impuestos; ii) las contribuciones de mejoras; y, iii) los derechos, de lo que se tiene que -conforme a ese numeral- las multas impuestas a los gobernados no se ubican en alguna de las hipótesis anteriores, a efecto de que sea considerada como una contribución.
"29. En la Ley de Ingresos del Distrito Federal para dos mil catorce (que corresponde a la fecha en que se impuso la multa a la quejosa), se establece que éste percibirá los ingresos provenientes de la recaudación por los conceptos y en las cantidades estimadas y que ahí se enumeran, entre las que se encuentran los aprovechamientos, los cuales se integran, entre otros conceptos, por las multas administrativas.
"30. Con relación a los aprovechamientos, debe decirse que el artículo 10 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que son aprovechamientos los ingresos que perciba el Distrito Federal por funciones de derecho público; de ahí se sigue que, si una multa se impone por un ente del Estado en el ejercicio de sus funciones de derecho público, entonces, es un ingreso de derecho público y, por ende, constituye un aprovechamiento.
"31. Así, para saber si los aprovechamientos que derivan de la imposición de multas actualizan el segundo supuesto del artículo 135 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata de créditos que tienen la naturaleza de fiscales, es conviene destacar que el artículo 13 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que son créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el Distrito Federal o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos, de sus accesorios, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y demás que el Distrito Federal tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
"32. Aun cuando en un principio pudiera pensarse que los créditos fiscales abarcan la totalidad de los aprovechamientos y, en ese sentido, las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales o los provenientes de autoridades administrativas, lo cierto es que el Alto Tribunal ha definido que -sin desconocer todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento administrativo de ejecución- la naturaleza jurídica del crédito varía según el ordenamiento legal que establece las infracciones.
"33. Efectivamente, el criterio a que se hace referencia es el contenido en la tesis 2a. XVII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 489, Tomo V, marzo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época.
"34. A partir de lo anterior, se tiene que los créditos que tengan la naturaleza de fiscal no son todos aquellos que pudieran tener la naturaleza de un aprovechamiento, como se ha visto, sino que deben derivar -precisamente- de la aplicación de las disposiciones referentes a la materia tributaria.
"35. Esto es, aun cuando todas las multas, independientemente de su naturaleza, se ubican dentro de los cobros fiscales, en razón de que para hacerlas efectivas se sigue un procedimiento económico coactivo, también lo es que la naturaleza jurídica del crédito que impugnan varía según la materia del ordenamiento legal que las establece y la autoridad que las aplica.
"36. Bajo ese esquema, las multas que no deriven de la inobservancia de las disposiciones en materia tributaria, pese a que tienen la naturaleza de un aprovechamiento -y que respecto de éstos se pueden iniciar procedimientos económicos coactivos para su cobro- no pueden considerarse como créditos de naturaleza fiscal.
"37. Al respecto, cabe agregar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 65/2014 (10a.), de rubro: ‘MULTA IMPUESTA POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Y DE LA POLICÍA FEDERAL DERIVADA DE INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL TRÁNSITO VEHICULAR. PARA SU IMPUGNACIÓN NO ES APLICABLE LA DUPLICIDAD DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.’, y determinó -entre otros aspectos y en lo que aquí nos interesa- que las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal tienen la naturaleza de un aprovechamiento, en cuanto a que se trata de ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público y que, en su caso, constituyen créditos fiscales que en su momento pueden ser cobrados a través del procedimiento económico coactivo para hacerlas efectivas, también lo es que, tratándose de las multas impuestas por los elementos de la Policía Federal Preventiva o de la Policía Federal, al ser dictadas por una autoridad administrativa, constituyen aprovechamientos que carecen del carácter fiscal, porque derivan del incumplimiento a normas administrativas y no se encuentran en los supuestos de una contribución, como son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos a que se refiere el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación.
"38. Como se aprecia de lo anterior, las multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal tienen la naturaleza de un aprovechamiento, ya que se trata de ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público y que constituyen créditos fiscales que, en su caso, pueden ser cobrados a través del procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, ello es insuficiente para darles una naturaleza de fiscal, pues para ello debe derivar de las disposiciones que regulan la materia tributaria.
"39. A partir de lo anterior, se tiene que los argumentos que nos ocupan son fundados, en tanto que la condicionante para la efectividad de las medidas cautelares, previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo, no es aplicable al caso, ya que la multa impuesta a la quejosa -aun cuando sea un aprovechamiento y que éste sea catalogado como un crédito fiscal-, lo cierto es que no puede tener la naturaleza de fiscal.
"40. Efectivamente, la medida cautelar que nos ocupa se emitió para el efecto de que no se ejecutara la multa administrativa impuesta a la quejosa por el director ejecutivo de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, la cual -como se dijo- tiene la calidad de un aprovechamiento; sin embargo, ello no significa que se trate de un crédito de naturaleza fiscal, ya que no deriva de la inobservancia de las normas aplicables a la materia tributaria, pues en el caso, se reitera, se estimó que su imposición derivó de que debió instalar oportunamente los puertos de muestreo para prevenir, regular, reducir y controlar sus emisiones a la atmósfera para asegurar una calidad de aire satisfactoria a la salud y, al no hacerlo así, contravino lo establecido en el artículo 135, fracción III, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la cual no es de carácter fiscal.
"41. Consecuentemente, en la resolución recurrida no se tenía por qué garantizar el interés fiscal con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, pues ese numeral no es aplicable al caso, habida cuenta que no se está ante una determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, tal como ha quedado anteriormente evidenciado.
"42. No pasa inadvertido para este tribunal la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, de rubro: ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.’, pues ésta es inaplicable en la especie, ya que se refiere al artículo 135 que estuvo vigente al dos de abril de dos mil doce, precepto que se refería expresamente a la obligación de garantizar para los casos en que la suspensión se hubiera concedido contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, aspecto este último que la disposición vigente ya no prevé, sino -como se anunció- se refiere a contribuciones y créditos que tengan la naturaleza de fiscal.
"43. Se afirma lo anterior, pues tal y como lo refiere la quejosa, el artículo 135 de la ley de la materia vigente, ya no establece el término aprovechamientos, como lo refería en la legislación abrogada, en virtud de que, de la reforma a este numeral, el legislador adoptó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que únicamente podrá entenderse por multas fiscales las sanciones económicas establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria, por tanto, únicamente se condicionó la efectividad de la suspensión de manera específica cuando se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, no así de las consideradas no fiscales -como en el caso que nos ocupa-, tal como se demostrará en el cuadro siguiente:
"(Se reproduce)
"44. En tales condiciones, y dado que el artículo 135 de la Ley de Amparo vigente no exige para el caso de que se conceda la suspensión respecto de multas administrativas -aprovechamientos- que no deriven del incumplimiento de las disposiciones en materia tributaria; entonces, lo que se impone es declarar fundado este recurso; por ende, procede modificar la resolución recurrida, lo que implica que la suspensión definitiva (sic) concedida por el secretario encargado del despacho no debe sujetar a la quejosa al otorgamiento de garantía alguna para que surta sus efectos.
"45. Similares consideraciones sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver los recursos de revisión contenciosa administrativa RCA. 186/2014 y RCA. 15/2015, en sesión de doce de febrero y nueve de abril de dos mil quince, siendo ponente el Magistrado Edwin Noé García Baeza. ..."
CUARTO.-Resulta importante precisar que la circunstancia de que los criterios materia de la presente resolución no estén expuestos formalmente como tesis, no constituye un obstáculo para que este Pleno de Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de determinar su existencia, basta con que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 27/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, en el Tomo XIII, abril de dos mil uno, en la página setenta y siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Asimismo, apoya la diversa jurisprudencia 2a./J. 94/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, en el Tomo XII, noviembre de dos mil, en la página trescientos diecinueve, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Así, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito procede a determinar si existe la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior, tomando en consideración que el propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios jurídicos opuestos y realizar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional pues, como se ha dicho, se precisa de la reunión de los siguientes supuestos, para que exista contradicción de tesis:
a. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
b. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Es de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, en el Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26005-a1ca5850/multas-administrativas-al-constituir-aprovechamientos-que-adquieren-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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