REPARACIÓN DEL DAÑO. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR UN ANÁLISIS EX OFFICIO SOBRE SU CONDENA SI EL MINISTERIO PÚBLICO O LA PARTE OFENDIDA, AUN CUANDO SEA MENOR DE EDAD, NO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS, PRESIDENTE DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO, MANUEL DE JESÚS ROSALES SUÁREZ, IRMA CAUDILLO PEÑA Y JORGE MASON CAL Y MAYOR. PONENTE: MANUEL DE JESÚS ROSALES SUÁREZ. SECRETARIO: JOSÉ EMILIO BALLINAS RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Vigésimo Circuito es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito ubicados dentro de la circunscripción territorial de este Pleno del Vigésimo Circuito.
Apoya a lo anterior la tesis aislada 1a. CLXXXVII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 736, número de registro digital: 2004175, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo. De ahí que si un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar tiene jurisdicción para apoyar en el dictado de sentencias, ello significa que tiene las atribuciones necesarias para decidir la litis planteada, en la fase resolutiva de un juicio, lo que implica que puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, por ello, entrar en colisión con el de otro tribunal que también ejerza su jurisdicción sobre el mismo tema, máxime si este último es de circuito. Por tanto, puede suscitarse una contradicción de tesis entre las sustentadas por un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar y un Tribunal Colegiado de Circuito, lo que da lugar a la intervención de este alto tribunal para decidir el criterio prevaleciente."
SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en esta ciudad, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción de tesis, son las siguientes:
1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 159/2014, el dieciséis de mayo de dos mil catorce, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"Reparación del daño
"Respecto de la reparación del daño, la Sala responsable sostuvo lo siguiente:
"IX. Reparación del daño.
"Tocante a este apartado, es de señalar que no se comparte el razonamiento sostenido por el juzgador primario, al estimarse que resulta ambiguo en su consideración, ya que, por una parte, alude a que el juzgador no podrá absolver al sentenciado en lo que corresponde a la reparación del daño, cuando se haya emitido una sentencia de condena y, contrario a ello, se tiene que no condena al mismo basándose en el hecho de que ni el Ministerio Público, ni las ofendidas aportaron durante la instrucción del proceso, todos los datos posibles para determinar el daño preciso a reparar, lo cual deviene desatinado, supuesto que para este caso específico las ofendidas tienen expedito el derecho para poderlo hacerlo valer en vía de ejecución de sentencia.
"Lo anterior es así, tomando en cuenta que la reparación del daño se sustenta en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 (dieciocho) de junio de 2008, precepto del cual se concluye que la reparación del daño: 1) es una garantía individual de la víctima u ofendido, cuyo fin es que le sean resarcidos los daños causados, en el caso, por la comisión de la conducta tipificada como delito; 2) ante la emisión de una sentencia condenatoria, no podrá absolverse al infractor de dicha reparación, la cual forzosamente deberá ser solicitada por el Ministerio Público; 3) tiene el carácter de pena pública, independientemente de la acción civil que se ejerza (que se presenta cuando se trata de un tercero obligado a cubrirla), la cual se exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso; 4) comprende la restitución de la cosa obtenida con la comisión del delito, la indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y, 5) se obliga a su pago a quien haya sido impuesta la medida o a quien legalmente comparta con éste el deber de pagarla, siempre a favor de la víctima o del ofendido o de quienes tengan derecho a la reparación en caso de fallecimiento de éste, o bien, del Estado cuando se subrogue legalmente en los derechos de la parte ofendida, y en cuanto al monto a cubrir por concepto de pago, cuando no se haya determinado durante el proceso, puede determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, ante la ausencia de documentos para acreditarlo al momento de dictar la resolución definitiva.
"Atento a lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 145/2005, consultable en la página 170 del Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, registro: 175459, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localización, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.-El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional.’
"Por lo que con base a lo anterior, lo procedente es modificar el fallo definitivo impugnado, tomando en cuenta que en este caso el presente estudio también se basó atendiendo al interés superior de las menores víctimas del delito.
"Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada XXVII.1o. (VIII Región) 16 P (10a.), consultable en la página 2658, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, registro: 2004577, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"‘REPARACIÓN DEL DAÑO A FAVOR DE LOS MENORES. AL CONSTITUIR TANTO UNA PENA PÚBLICA PARA EL REO COMO UN DERECHO HUMANO A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO, SU ANÁLISIS POR PARTE DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN, RESULTA DE CARÁCTER OFICIOSO.-Conforme al marco constitucional sobre derechos humanos que prevén los artículos 1o. y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), resulta innegable que en los procesos penales la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido ha adquirido la calidad de derecho humano. De esta forma, en cumplimiento a las obligaciones de protección y garantía de dicho derecho, todos los juzgadores se hallan compelidos a vigilar esa enmienda resarcitoria integral con la cual se compensan los perjuicios patrimoniales, morales y psicológicos producidos a la víctima u ofendido por un injusto penal. Por ende, al determinar o no su imposición debe partirse de los postulados sobre los derechos humanos vinculados al principio pro personae, con la finalidad de concluir si ésta resulta adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y del daño sufrido, considerando incluso, notas distintivas como sería el caso de que ésta tuviera como finalidad resarcir a algún menor de edad, en las calidades señaladas. Entonces, tratándose de la reparación del daño a favor de un menor agraviado, el tribunal de apelación, ex officio, debe analizar si la condena relativa es lógica, congruente y apegada al interés superior del menor, independientemente de quien sea el promovente del recurso, pues su análisis integral conllevaría el posible resarcimiento en una medida justa y equitativa a favor de la afectación jurídica sufrida por un menor de edad, sin que ello presuponga ir en contra del principio non reformatio in peius, pues éste no es de carácter absoluto sino que admite excepciones y, en el caso, frente al derecho resarcitorio de un menor, únicamente rige sobre la existencia del delito, la responsabilidad, el grado de culpabilidad y la individualización de la pena, exceptuando la reparación del daño a favor de los menores.’
"Por lo que con sustento en lo antes expuesto, resulta conforme a derecho en condenar al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño, sin que represente obstáculo que no se especifique en esta instancia el monto que por dicho concepto debe resarcir el hoy sentenciado, pues ello podrá establecerse en la vía de ejecución de sentencia.
"...
"La determinación de la Sala responsable se considera violatoria de garantías, por las razones siguientes:
"El artículo 20, apartado B, fracción IV, constitucional, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establecía lo siguiente:
"‘Artículo 20. ...
"‘B. De la víctima o del ofendido:
"...
"‘IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"‘La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; ...’
"De conformidad con el precepto transcrito, la reparación del daño a la víctima constituye un derecho elevado a rango constitucional, la cual, por disposición de la propia Norma Suprema, en los casos en que sea procedente, es obligación del Ministerio Público a solicitar la condena respectiva y el juzgador no puede absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"De conformidad con el marco constitucional sobre derechos humanos que prevén los artículos 1o. y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma mencionada, es innegable que en los procesos penales la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido ha adquirido la calidad de derecho humano.
"Atento a lo anterior, en cumplimiento a las obligaciones de protección y garantía de dicho derecho, los juzgadores se hallan compelidos a vigilar esa enmienda resarcitoria integral con la cual se compensan los perjuicios patrimoniales, morales y psicológicos producidos a la víctima u ofendido por un injusto penal; por ende, para determinar o no su imposición debe partirse de los postulados sobre los derechos humanos vinculados al principio pro personae, con la finalidad de concluir si ésta resulta adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y del daño sufrido, considerando incluso, notas distintivas como sería el caso de que ésta tuviera como finalidad resarcir a algún menor de edad, en las calidades señaladas.
"No obstante, lo anterior no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución.
"Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487, con número de registro: 2005717, del tenor siguiente:
"‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.’
"Ahora bien, en el caso concreto, en la sentencia emitida por el Juez de Primera Instancia el veinte de agosto de dos mil trece, aun cuando se emitió sentencia condenatoria en contra del procesado, pues se le consideró penalmente responsable del delito atribuido, respecto de la reparación del daño no existió condena.
"En efecto, de la lectura al fallo mencionado, se advierte que el Juez de la causa, en el resolutivo tercero, precisó lo siguiente:
"‘Tercero. No se condena al sentenciado de referencia al pago de la reparación del daño, en términos del considerando respectivo de este fallo condenatorio.’ (folio 1344 del tomo II)
"Asimismo, de los autos que integran el expediente de origen se aprecia que no existe constancia alguna que evidencie que contra la determinación de no condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño, el Ministerio Público o la parte ofendida haya interpuesto el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 385, fracciones I y III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente al momento de los hechos, que establece:
"‘Artículo 385. Tendrán derecho de apelar:
"‘I. El Ministerio Público;
"‘II. El acusado y su defensor;
"‘III. El ofendido o sus legítimos representantes, cuando aquél o éstos coadyuven en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta.’
"Por tanto, si en el caso no existió condena a la reparación del daño en primera instancia, y esa determinación no fue controvertida por parte del Ministerio Público o la parte ofendida o su representante legal, a través del recurso de apelación; entonces, no era posible, jurídicamente, que la Sala responsable se pronunciara respecto de la reparación del daño y modificara el fallo apelado en ese aspecto, para condenar al hoy quejoso a su pago.
"Ello es así, pues si bien es cierto que la segunda instancia se abre solamente a petición de parte agraviada; también es verdad que el tribunal de apelación puede modificar la resolución recurrida, respecto del tema de que se trata, con base en los agravios expuestos o el examen oficioso que debe realizar (que es la materia de la suplencia de la queja deficiente); sin embargo, para que se actualizara tal hipótesis era requisito necesario que existiera el recurso de apelación; es decir, que se iniciara tal instancia, por parte del Ministerio Público o la víctima o su representante, para que la Sala estuviera constreñida a estudiar lo relativo a la reparación del daño a favor de las menores ofendidas, al margen de que favoreciera o afectara la situación del recurrente.
"En esas condiciones, si la parte interesada, Ministerio Público u ofendidas, no impugnaron la determinación del Juez de primera instancia de no condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño, dicha absolución constituye cosa juzgada para dichas partes.
"En ese orden de ideas, si bien es cierto que de conformidad con el nuevo marco constitucional sobre derechos humanos, ello implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, y que en los procesos penales la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido ha adquirido la calidad de derecho humano; también es verdad que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio solamente conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, entre ellos, el de cosa juzgada, o las restricciones que prevé la Norma Fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
"Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del treinta de abril del dos mil catorce, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pero que puede ser consultada en la página electrónica del Máximo Tribunal del País, con el vínculo http://www2.scjn.gob.mx/red2/2sjt/, del tenor siguiente:
"‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la Norma Fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.’
"En esas condiciones, si no existió condena a la reparación del daño y las partes interesadas consintieron tal determinación, al no interponer el recurso de apelación respectivo, al constituir para ellos cosa juzgada, la Sala responsable no estaba facultada a analizar lo relativo a la absolución al pago de la reparación del daño y modificar la sentencia apelada para condenar a su pago al hoy quejoso.
"Cabe precisar que el criterio contenido en esta ejecutoria resulta contrario al contenido en la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 16 P (10a.), invocada por la responsable, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2658, con número de registro: 2004577, del tenor siguiente:
"‘REPARACIÓN DEL DAÑO A FAVOR DE LOS MENORES. AL CONSTITUIR TANTO UNA PENA PÚBLICA PARA EL REO COMO UN DERECHO HUMANO A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO, SU ANÁLISIS POR PARTE DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN, RESULTA DE CARÁCTER OFICIOSO. Conforme al marco constitucional sobre derechos humanos que prevén los artículos 1o. y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), resulta innegable que en los procesos penales la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido ha adquirido la calidad de derecho humano. De esta forma, en cumplimiento a las obligaciones de protección y garantía de dicho derecho, todos los juzgadores se hallan compelidos a vigilar esa enmienda resarcitoria integral con la cual se compensan los perjuicios patrimoniales, morales y psicológicos producidos a la víctima u ofendido por un injusto penal. Por ende, al determinar o no su imposición debe partirse de los postulados sobre los derechos humanos vinculados al principio pro personae, con la finalidad de concluir si ésta resulta adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y del daño sufrido, considerando incluso, notas distintivas como sería el caso de que ésta tuviera como finalidad resarcir a algún menor de edad, en las calidades señaladas. Entonces, tratándose de la reparación del daño a favor de un menor agraviado, el tribunal de apelación, ex officio, debe analizar si la condena relativa es lógica, congruente y apegada al interés superior del menor, independientemente de quien sea el promovente del recurso, pues su análisis integral conllevaría el posible resarcimiento en una medida justa y equitativa a favor de la afectación jurídica sufrida por un menor de edad, sin que ello presuponga ir en contra del principio non reformatio in peius, pues éste no es de carácter absoluto sino que admite excepciones y, en el caso, frente al derecho resarcitorio de un menor, únicamente rige sobre la existencia del delito, la responsabilidad, el grado de culpabilidad y la individualización de la pena, exceptuando la reparación del daño a favor de los menores.’
"Ello es así, pues como se sostuvo anteriormente, aun cuando de conformidad con el marco constitucional sobre derechos humanos que prevén los artículos 1o. y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en los procesos penales la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido ha adquirido la calidad de derecho humano; ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, entre ellos, el de cosa juzgada, o las restricciones que prevé la Norma Fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.
"Atento a lo anterior, tratándose de la reparación del daño a favor de menores agraviados, si no existió apelación por parte del Ministerio Público o del ofendido, el tribunal de alzada no se encuentra facultado, ex officio, para analizar dicho aspecto, porque con ello se vulnerarían, entre otros, los principios de cosa juzgada y el de instancia de parte agraviada, por las razones expuestas anteriormente.
"En esas condiciones, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, por conducto del presidente de este órgano colegiado, denúnciese la posible contradicción de tesis correspondiente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien corresponde resolverla, de conformidad con lo establecido por el numeral 226, fracción II, de la ley de la materia, que dispone:
"‘Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"‘I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;
"‘II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y
"‘III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente.
"‘Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran.
"‘La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias’."
2. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con sede en Cancún, Quintana Roo, al resolver el amparo directo 30/2013, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (cuaderno auxiliar 441/2013), el siete de junio de dos mil trece, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"III. Reparación del daño
"Previo a resolver el motivo de discrepancia que expone el quejoso con relación a la reparación del daño, se estima conveniente precisar los siguientes datos:
"En la sentencia definitiva el Juez de la causa resolvió que el monto de la reparación del daño debía ascender a $18,789.66 (dieciocho mil setecientos ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.).
"Esto, porque estimó que:
"‘VI. Reparación del daño. En el presente apartado se procede a analizar sobre la procedencia o improcedencia de condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño, para lo cual se tiene que dicha pena es de carácter público, acorde a lo señalado por el artículo 44 del Código Penal del Estado; motivos por los cuales corresponde al juzgador velar por su cumplimiento, máxime como en el caso, cuando se ha dictado una sentencia de condena en contra del acusado; sin embargo, en el caso, este juzgador se encuentra limitado a lo que justifique el ofendido y/o representante social, tal como lo indican los artículos 38 y 40 del mismo ordenamiento antes citado, además de lo indicado en el artículo 499 del código adjetivo de la materia, ya que en ellos se establece que la reparación del daño será fijada por el órgano jurisdiccional, según el daño o perjuicio que sea necesario reparar o resarcir, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso penal; en términos del artículo 192 del Código Penal vigente y tomando en consideración que en autos no obre dato alguno con el que se demuestre que el acusado perciba algún sueldo fijo; por lo que se le condena al 30% (treinta por ciento) del salario mínimo vigente en cada una de las épocas que dejó de ministrar alimentos, que fue del mes de junio al mes de diciembre de 2007 (dos mil siete), de enero a febrero de 2008 (dos mil ocho), enero a febrero de 2009 (dos mil nueve), enero a febrero de 2010 (dos mil diez) y enero a julio de 2011 (dos mil once); por lo que en total se le condena al sentenciado al pago de la reparación del daño por la cantidad de $1
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26085-3cdc2d3d/reparacion-del-dano-el-tribunal-de-alzada-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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