RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 820/2015. 4 DE NOVIEMBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTARON CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JUAN N. SILVA MEZA Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN MONTSERRAT MENDIZABAL FERREYRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(1)
SEGUNDO.-Oportunidad. Resulta innecesario realizar el cómputo de mérito, debido a que el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se ocupó de ese aspecto, concluyendo que los recursos de revisión se presentaron de forma oportuna.
TERCERO.-Legitimación. El recurso de revisión proviene de parte legitimada para ello.(2)
CUARTO.-Antecedentes. Para una mayor comprensión del asunto, así como para delimitar la litis de este recurso de revisión, a continuación se relatan los antecedentes relevantes del caso.
• El veintiocho de febrero de dos mil trece, el entonces secretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, **********, dictó un acuerdo en el que ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del elemento operativo **********, el cual tenía el cargo de **********, adscrito a la ********** de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, desempeñando sus funciones como ********** en el área ********** de la Dirección General de la Academia de Policía y Vialidad del Estado de Jalisco.
Al elemento policiaco **********, se le imputó la presunta sustracción intencional de diversos medicamentos y equipo médico del área ********** de la citada institución académica, lo que se consideró que encuadraba en las causas de responsabilidad administrativa descritas en el artículo 106, fracciones XIV, XV, XVI, XXI y XXVII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
• El veinticinco de abril de dos mil trece, el fiscal general del Estado de Jalisco dictó resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **********, en la que resolvió lo siguiente:
"TERCERA. Es de decretarse y se decreta la remoción de sus funciones del elemento operativo **********, **********, adscrito a la ********** de Seguridad Pública del Estado, sanción que empezara (sic) a surtir sus efectos a partir del momento en el que se notifique la presente resolución, en virtud de haberse acreditado que incurrió con su conducta en lo establecido por el artículo 106, fracciones XIV, XV, XVI, XXI y XXVII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco ..."
• Inconforme con esa determinación, el quince de mayo de dos mil trece el elemento operativo ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual quedó radicado ante el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el expediente **********.
• Los argumentos que hizo valer el quejoso son, en síntesis, los siguientes:
I. Conceptos de violación sobre temas de legalidad:
• En el primer concepto de violación alegó que la autoridad instructora carecía de competencia material para integrar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad instaurado en su contra, ya que el artículo 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como su diverso cuarto transitorio, disponen que dichos procedimientos estarán a cargo de los órganos de control interno hasta en tanto se establezca la instancia que para tal efecto se debe crear conforme a las disposiciones aplicables, alegando que a la fecha no había sido emitido el reglamento o estatuto orgánico en el que se definan las áreas y funciones de la Fiscalía General del Estado y de su órgano de control interno.
• En el segundo concepto de violación afirmó que la mayoría de las conductas que motivaron la apertura del procedimiento de responsabilidad nunca acontecieron o carecían de relación con los hechos, pues no es aceptable que una sola conducta infractora actualice cinco hipótesis de responsabilidad distintas -las contempladas en las fracciones XIV, XV, XVI, XXII y XXVII del artículo 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco- y más aún, que esa circunstancia haya motivado la imposición de una sanción más elevada. Asimismo, señaló que la autoridad responsable nunca especificó qué conductas en concreto fueron cometidas por el quejoso, pues las fracciones normativas a las que hizo referencia, enuncian un sinnúmero de hipótesis de responsabilidad.
• En el tercer concepto de violación alegó que nunca se acreditó la sustracción de medicina y equipo médico del área de trabajo del quejoso, por lo que no se respetó el principio de presunción de inocencia, el cual afirma que es aplicable al procedimiento administrativo de responsabilidad.
Sobre este punto, señaló que fue removido de su cargo indebidamente, en virtud de que en el procedimiento de origen, la autoridad debía acreditar el acto de sustracción, la intención del elemento policiaco, la calidad de bienes muebles de los objetos supuestamente sustraídos, así como que fueran de la propiedad de la entidad pública, por lo que al no haber sido demostrados esos extremos, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
• En el cuarto concepto de violación argumentó que en el procedimiento de origen no se cumplió la formalidad de la fracción I del artículo 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, la cual dispone que el proyecto de resolución deberá contener un extracto del escrito inicial o de contestación del elemento operativo; por lo que, al no contar la resolución reclamada con dicho elemento, se genera una afectación al debido proceso.
• En el quinto concepto de violación alegó que es inconstitucional su remoción del cargo, en virtud de que las pruebas aportadas fueron indebidamente valoradas por la autoridad responsable, pues ésta les otorgó pleno valor probatorio pese a las deficiencias que presentaban y a la falta de relación con los hechos. Asimismo, señaló que los documentos exhibidos, el acta circunstanciada de hechos, las notas informativas y el recibo de recepción del material repuesto no constituyen documentales públicas, ya que sus suscriptores carecen de fe pública.
• En el sexto concepto de violación sostuvo que la autoridad responsable hizo una indebida argumentación respecto de la graduación de la sanción impuesta al quejoso, ya que es erróneo considerar que su conducta generó un desabasto de los medicamentos del área **********, cuando posteriormente se hizo un inventario que arrojó una dotación de cuatrocientos noventa cajas de analgésicos. Además, es incorrecta la valoración del daño causado, en virtud de que el quejoso repuso a la entidad pública el material médico supuestamente sustraído. Finalmente, afirmó que en el factor de reincidencia, no se le debió considerar la sanción que se le impuso en el año dos mil cinco, ya que esa pena se encuentra prescrita y no debe trascender de manera permanente a la vida profesional del quejoso.
• En el séptimo concepto de violación refirió que el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad, carece de la firma autógrafa de la autoridad responsable y la resolución definitiva le fue entregada en copia simple, lo que desde su punto de vista lo colocó en un estado de incertidumbre, en virtud de que ignora si realmente fue voluntad del fiscal general del Estado incoar y resolver el procedimiento instaurado en contra del quejoso.
II. Conceptos de violación sobre aspectos de constitucionalidad y convencionalidad de las normas impugnadas.
• En el octavo concepto de violación señaló que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, concretamente sus artículos 116, 126 y 128, no permiten el agotamiento de medios ordinarios de defensa, lo que viola las garantías judiciales reconocidas en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el diverso artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, el cual establece la posibilidad de los elementos de seguridad pública de acudir a los órganos jurisdiccionales para combatir la terminación de la relación administrativa que guarden con el Estado.
A mayor abundamiento, sostiene que lo anterior merma significativamente la posibilidad de defensa, pues anteriormente por disposición reglamentaria era posible recurrir en sede administrativa cualquier resolución que causara un perjuicio al individuo, por lo que la redacción actual de la ley impugnada, es contraria a la Constitución General y a los pactos internacionales en materia de derechos humanos.
• En el noveno concepto de violación adujo que es inconstitucional la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, específicamente su artículo 117, porque no permite, en caso de resolución favorable, obtener el pago de la percepción diaria, sueldo, salarios caídos o retribución del elemento policiaco, que se generen desde la fecha en que se decretó su separación y hasta que agoten las instancias de amparo correspondientes.
En ese sentido, sostiene que el precepto impugnado excede lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues si bien señala que en caso de separación sólo ha lugar al pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, lo cierto es que la Segunda Sala ya definió este último concepto, en el sentido de que comprende el pago de la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios; por lo que resulta innegable que en esos conceptos se ubican los salarios caídos.
• En el décimo y último conceptos de violación argumentó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco es inconvencional, porque impide a los elementos policiacos la oportunidad de ser reincorporados en su cargo para el caso de que su separación resulte ilegal, por lo que se viola el principio pro persona respecto del alcance y contenido jurídico del Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, el cual supera la restricción que impone la Constitución General.
En ese sentido, solicita que le sea inaplicada la restricción de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, ya que discrimina a los elementos de seguridad pública respecto de los beneficios que tienen el resto de los trabajadores burocráticos y privados, pues nunca habrá lugar a la reincorporación, como sí sucedería con otra clase de trabajadores.
Además, el citado Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación ordena a los Estados a propiciar un trato igualitario entre los trabajadores y eliminar cualquier forma de discriminación, lo que en la especie no cumple la Constitución General, la cual coloca a los elementos operativos en un régimen diferenciado respecto del resto de los trabajadores.
A mayor abundamiento, concluyó en el sentido que la restricción constitucional de mérito no se compensa con el pago de una indemnización, ya que ésta jamás podrá remediar o sustituir la pérdida de su empleo como policía, además de que se incurre en el absurdo de considerar que la violación a derechos fundamentales es reparable mediante el pago de una compensación económica, supuesto que sólo opera cuando no es posible restituir las cosas al estado que guardaban con antelación al daño.
• Desahogados los trámites procesales en todas sus etapas, el veintiuno de febrero de dos mil catorce, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que resolvió negar el amparo.
• Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual quedó radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con el número de expediente **********.
Seguidos los trámites de ley, en sesión de dos de octubre de dos mil catorce, el aludido órgano jurisdiccional dictó sentencia, en la que resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó la reposición del juicio de amparo, atento a lo siguiente:
"En concordancia con dicha precisión, de la demanda de amparo, en particular de los conceptos de violación octavo, noveno y décimo, este órgano jurisdiccional advierte la mención de los artículos 116, 117, 126 y 128, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y de planteamientos que formuló en su contra.
"Este tribunal considera, acorde con los criterios judiciales citados, que el juzgador debió advertir que el promovente de la demanda reclamó dichos preceptos legales y que no señaló autoridad responsable alguna que hubiera participado en su proceso de creación y puesta en vigor, por lo que debió prevenirlo para que aclarara si era su deseo «señalar a» alguna autoridad o autoridades como responsables.
"Por tanto, esa omisión del juzgador de prevenir al quejoso conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no obstante la irregularidad en la demanda de amparo, implica una violación a las normas del procedimiento que rigen el procedimiento en el juicio de amparo.
"En tales condiciones, advertida la violación procesal destacada, a fin de que no se deje en estado de indefensión a la parte quejosa y recurrente, procede revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento de amparo, para que se le prevenga, a fin de que de manera personal y no por conducto de autorizado, aclare cuál o cuáles de las autoridades que participaron en el proceso de creación y puesta en vigor de las normas que señaló como impugnadas en el apartado relativo a los conceptos de violación, así como lo que reclama de cada una y seguido el juicio, resuelva lo que corresponda."
• En cumplimiento a esa determinación, mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil catorce, el Juez de Distrito repuso el procedimiento y requirió a la parte quejosa en los términos que anteceden.
• Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil catorce, el quejoso amplió su demanda de amparo en contra de los artículos 116, 117, 126 y 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por considerar que coartan su derecho de defensa, al no establecer medios ordinarios para ello, así como no permitir el goce, en caso de resolución favorable, del pago de la percepción diaria del sueldo ni la reincorporación a su cargo de **********.
• Seguido el trámite procesal, el veintidós de enero de dos mil quince, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que resolvió sobreseer en parte y negar el amparo en otra, en atención a las siguientes consideraciones:
I. Precisión de los actos reclamados:
El Juez de Distrito señaló con el carácter de actos reclamados: a) la resolución dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad y su ejecución; y, b) el proceso legislativo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en específico, sus artículos 116, 117, 126 y 128.
II. Estudio de las causales de improcedencia.
En este apartado, se sobreseyó en relación con el director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", porque la publicación de la ley impugnada no fue combatida por vicios propios.
A su vez, se sobreseyó en relación con el director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, así como del subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en virtud de que negaron la existencia de los actos reclamados y el quejoso fue omiso en desvirtuar esas negativas.
III. Constitucionalidad de las normas impugnadas.
En este apartado, se declararon ineficaces los conceptos de violación, por considerar que de manera alguna evidencian la contradicción de los preceptos impugnados con el texto la Constitución General. Además, se estableció que si bien la ley impugnada no permite la interposición de algún medio ordinario de defensa, ello no coloca al quejoso en estado de indefensión en tanto que tiene a su alcance el juicio de amparo.
III. Sobre la legalidad de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad y su ejecución.
En este apartado, se desestimaron los conceptos de violación del quejoso, bajo el razonamiento de que la autoridad responsable sí tiene facultades para instaurar el procedimiento de sanción en contra del quejoso, atento a los artículos 7o. y cuarto transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como con fundamento en el acuerdo delegatorio de facultades en favor de diversos servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado.
Asimismo, se sostuvo que si bien la resolución reclamada no es del todo ortodoxa, lo cierto es que la conducta del quejoso encuadra de alguna manera en las hipótesis de cada de una de las fracciones XIV, XV, XVI, XXVII y XXI del artículo 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ya que al estar comisionado para realizar tareas de **********, en el área **********, tenía acceso a las medicinas e instrumentos médicos que sustrajo y aprovechó para sí; incurrió en faltas de probidad; desobediencia a su superior jerárquico, en relación con la obligación de conservar el equipo médico y las medicinas; y faltó al deber de desempeñar sus labores con intensidad, cuidado y esmero apropiados, por lo que se consideró que las imputaciones formuladas en su contra no son inaplicables o imprecisas como lo alegó el quejoso.
Por otro lado, declaró ineficaces los conceptos de violación en los que se alegó que la conducta del elemento operativo no encuadraba en la hipótesis de responsabilidad, así como que se valoraron incorrectamente las pruebas. Lo anterior, porque de las constancias de autos se acreditó el acto de sustracción y ocultamiento de diversos medicamentos y equipo médico; que éstos tenían la calidad de bienes muebles; que éstos eran propiedad de la entidad pública; y, que el elemento operativo obró intencionalmente.
En seguida, declaró ineficaz el argumento relativo a que no se cumplió la formalidad prevista en el artículo 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, porque en la resolución reclamada no se contiene el extracto del escrito de contestación del elemento operativo. Al respecto, se sostuvo que si bien la resolución no contiene ese requisito, lo cierto es que la autoridad administrativa atendió a la totalidad de los planteamientos del elemento policiaco, por lo que no se viola el principio del debido proceso.
Finalmente, consideró correcta la graduación de la sanción impuesta al quejoso, en tanto que la autoridad administrativa consideró la gravedad de la conducta, los daños causados a la dependencia, los daños infligidos a la ciudadanía, las prácticas que vulneran el funcionamiento de la dependencia, la reincidencia del responsable (consistente en que una ocasión anterior al quejoso se le sancionó por la sustracción de material de curación), la categoría o jerarquía del quejoso, las circunstancias y medios de ejecución, las circunstancias socioeconómicas del infractor, el monto del beneficio obtenido y la intencionalidad o culpa.
• En contra de esa determinación, mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual quedó radicado en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el expediente **********.
• Posteriormente, en sesión de cuatro de junio de dos mil quince, el referido órgano jurisdiccional dictó sentencia, en la que resolvió dejar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y reservó jurisdicción a este Alto Tribunal, para que se pronunciara sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los preceptos impugnados.
QUINTO.-Agravios. Las manifestaciones que en vía de agravios propone la parte quejosa, son las que a continuación se sintetizan:
I. Agravios sobre aspectos de legalidad.
• En el primer agravio alegó que el Juez de Distrito estudió deficientemente el concepto de violación referente a la competencia de la Dirección General Jurídica y de la Dirección de lo Contencioso de la Fiscalía General del Estado para integrar el procedimiento de responsabilidad en contra del quejoso.
Lo anterior, porque pasó por alto lo dispuesto en los artículos 119 y cuarto transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, los cuales disponen que tales procedimientos serán conocidos por las instancias correspondientes, que serán resueltos por la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente, y que mientras no se creen las instancias correspondientes, aquéllos estarían a cargo del titular de la institución de seguridad, a través de sus órganos de control interno; sin que sea óbice a lo anterior que el fiscal general del Estado haya delegado sus funciones sobre la materia a las autoridades responsables, pues se trata de una facultad que en principio está conferida al órgano de control.
• En el segundo agravio alega que el Juez de Distrito modificó la motivación del acto reclamado, al señalar que la conducta del quejoso encuadraba en las hipótesis del artículo 106 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ya que las razones señaladas al efecto no constan en la resolución reclamada, por lo que se viola el artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual establece que el acto reclamado será analizado conforme fue emitido.
• En el tercer agravio sostiene que fue indebido el análisis del Juez de Distrito, en virtud de que la autoridad administrativa de ningún modo acreditó las causas de responsabilidad en contra del quejoso, pues no constan pruebas que demuestren la sustracción u ocultamiento de los medicamentos y del equipo médico que desapareció del área **********, por lo que esa carga corresponde a la autoridad administrativa, en tanto que la inocencia del quejoso debe presumirse.
• En el cuarto agravio refiere que en la resolución reclamada no se tomó en consideración el escrito de contestación a los hechos del quejoso, pues no se expusieron razonamientos en torno a la incompetencia de la autoridad administrativa alegada y lo referente a que no se probaron los hechos materia del procedimiento, así como el resto de los argumentos defensivos expuestos en el libelo de ocho de marzo de dos mil trece, por lo que se viola el artículo 126, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
• En el quinto agravio afirma que fue incorrecto que en la sentencia de amparo se abordara el análisis de diversos argumentos de manera conjunta, ya que esa metodología provocó que se soslayaran ciertas alegaciones vertidas en la demanda de amparo, lo que viola los derechos fundamentales del quejoso, al no darse respuesta íntegra a los motivos de crítica que fueron expuestos; asimismo, alega que las pruebas aportadas no fueron valoradas debidamente, ya que en su momento se hizo valer que las constancias que motivaron el procedimiento de responsabilidad, se tratan de meros comunicados internos, los cuales no detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos.
• En el agravio sexto sostiene que es indebida la inoperancia del concepto de violación en el que se alegó que la responsable valoró incorrectamente los factores de graduación de la sanción del quejoso, pues en la demanda de amparo no se combatió que se haya soslayado alguno de esos elementos, sino que el análisis de cada factor fue deficiente, por lo que la sentencia de amparo carece de congruencia; además, señala que es incorrecto el análisis del factor de la gravedad de la conducta, en virtud de que en el procedimiento de origen, la autoridad responsable no acreditó que el quejoso fuera el que sustrajo las cajas con medicamentos o los materiales médicos; además, es indebido que en los rubros de antecedentes laborales y reincidencia del infractor, se considerara el diverso procedimiento de responsabilidad al que fue sometido el quejoso en una ocasión anterior, pues aunado a que ese razonamiento supone una doble agravante, la sanción que en dicho procedimiento se impuso al quejoso se encuentra prescrita, por lo que debió atenderse al criterio de rubro: "REINCIDENCIA, ANTECEDENTES DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE PUEDEN SER TOMADOS EN CUENTA PARA CONFIGURARLA."
• En el séptimo agravio reitera que el procedimiento de responsabilidad es inválido, porque el acuerdo de avocamiento carece de la firma autógrafa del fiscal del Estado de Jalisco, por lo que resulta incorrecta la determinación del Juez de Distrito en la que sostuvo que el referido acuerdo sí se encuentra signado por sus suscriptores, ya que la copia simple que fue entregada al quejoso carece de esos elementos.
II. Agravios relativos a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas impugnadas.
• En el octavo agravio sostiene que es indebida la inoperancia respecto de los conceptos de inconstitucionalidad de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Lo anterior, porque los preceptos impugnados no permiten la interposición de algún medio de defensa en contra de las resoluciones emitidas en el procedimiento de responsabilidad, lo que merma el derecho de defensa del elemento policiaco, y la posibilidad de acceder a la vía contenciosa administrativa. Además, esa limitación al acceso a la justicia no se impone a otra clase de servidores públicos, por lo que el hecho de que el amparo sea procedente, no desvirtúa la imposibilidad de resarcir el daño provocado, lo que viola el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General, en la porción que establece la posibilidad de los elementos de seguridad pública de acudir a los órganos jurisdiccionales.
Por otro lado, resulta incorrecto que en relación con la falta de pago del salario del elemento policiaco, el Juez de Distrito se limitara a citar diversas tesis aisladas y jurisprudencias sin razonar su propia determinación, además, los criterios citados no provienen del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En seguida, sostiene que el Juez de Distrito no atendió a los argumentos de inconvencionalidad en los que se combatió la imposibilidad de reinstalar a los elementos policiacos en caso de que su separación resulte ilegal a la postre, pues sobre este tema sólo se ocupó de enunciar y sintetizar el concepto de violación, pero no lo abordó de manera congruente y exhaustiva, ya que utilizó el pretexto de haber estudiado los motivos de disenso de manera conjunta.
• Finalmente, en su noveno agravio argumenta que se desatendieron las disposiciones de la Ley de Amparo, en virtud de que nunca se señaló si en favor del quejoso opera o no la suplencia de la queja deficiente, soslayando que el artículo 79, fracción V, del citado ordenamiento legal otorga esa prerrogativa procesal a la parte trabajadora, sin importar si su relación deriva de un vínculo laboral o administrativo.
SEXTO.-Estudio de los agravios. El octavo motivo de disenso propuesto por la parte recurrente, suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones:
Efectivamente, en el octavo, noveno y décimo conceptos de violación, el quejoso impugnó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 116, 117, 126 y 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, bajo dos argumentos esenciales: en el primero de ellos, alegó que los preceptos impugnados limitan el derecho de acceso a la justicia, porque no permiten la interposición de algún medio de defensa en contra de las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionatorio; y en su segundo argumento señaló que el citado artículo 117 viola el principio de igualdad, porque no prevé la posibilidad de que el elemento operativo sea reincorporado en su cargo, en los casos que se determine que su separación fue ilegal; para lo cual, el quejoso invocó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, suscritos éstos por el Estado Mexicano.
No obstante, el Juez de Distrito calificó como ineficaces los conceptos de violación vertidos en ese sentido, bajo la consideración genérica de que el quejoso omitió evidenciar la contradicción de los preceptos combatidos con alguna norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuestión que esta Segunda Sala no considera del todo correcta, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso sí expresó razonamientos encaminados a demostrar la contrariedad de las normas impugnadas en relación con el derecho de acceso a la justicia y el principio de igualdad.
En esa virtud, lo procedente es que esta Segunda Sala se avoque al estudio de los argumentos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad propuestos por el quejoso, relativos a los artículos 116, 117, 126 y 128 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.
Para una mejor comprensión del estudio de fondo, conviene esbozar el contexto normativo dentro del cual se encuentran inmersos los preceptos impugnados.
En principio, debemos partir de la premisa de que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veintiuno de julio de dos mil doce, tiene por objeto establecer las bases para regular la función de seguridad pública en el Estado de J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26135-dbea2186/recurso-judicial-efectivo-el-juicio-de-amparo-cumple · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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