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IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 509/2017. · Registro digital (IUS): 27971
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-08-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pág. 2472.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

AMPARO EN REVISIÓN 509/2017. 10 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIO: JORGE ERIK MONTES GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—En el presente caso, resulta innecesario analizar tanto la sentencia recurrida como los agravios formulados por el recurrente, toda vez que este cuerpo colegiado advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio a que este toca se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo legal invocado, por lo que este cuerpo colegiado se avoca a su estudio con fundamento en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo a la letra establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica."

El numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal mencionado dice:

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

A foja 46 de los presentes autos, obra el oficio JC 11347/2018-UA1, de veinte de abril de dos mil dieciocho, relativo a la causa penal 7/2017, signado por la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos licenciada Delia Valentina Meléndez Olivas, con residencia en esta ciudad, mismo que fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinte de abril de dos mil dieciocho, y en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el veintitrés del mes y año en curso, en el cual se establece lo siguiente:

"Que en la audiencia del día de hoy se señalan las diez horas del día quince de mayo del año dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia intermedia o buen (sic), un mecanismo de aceleración, lo anterior en virtud de que al quejoso en audiencia de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, se le formuló imputación ulteriormente en fecha quince de noviembre del mismo año, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de **********, por el hecho constitutivo del delito antes señalado, habiéndose presentado acusación por parte del (sic) la representación social en fecha siete del mes de febrero del año en curso. ..."

Del anterior oficio se desprende que en la audiencia de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se formuló imputación al quejoso, ahora recurrente, siendo que el quince del mes y año mencionados, se decretó en su contra el auto de vinculación a proceso.

El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, antes trascrito, establece la imposibilidad de analizar en el juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica se consideran irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, al no poder decidir en relación con las mismas sin afectar la nueva situación.

Hipótesis que se actualizó en el caso que nos ocupa, porque con la formulación de imputación, y el dictado del auto de vinculación a proceso, generó un cambio de situación jurídica que impide el estudio de la constitucionalidad de esa orden de aprehensión reclamada.

En efecto, cualquiera que sea la condición vinculada con la libertad personal del quejoso, necesariamente genera un cambio en la situación personal que guardaba antes de la ejecución de la orden de aprehensión; de ahí que si inicialmente se reclama la orden de aprehensión, por considerar que la misma importa violaciones directas al artículo 16 constitucional, y si con posterioridad a ésta, se dicta auto de vinculación a proceso con fundamento en el artículo 19 constitucional, en contra del impetrante de amparo, esto conlleva no poder resolver respecto a las violaciones que el solicitante de la tutela constitucional aduce entraña el dictado de la orden de aprehensión combatida, sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse el auto de vinculación a proceso en contra del peticionario del amparo, tomando en cuenta que se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que, asevera, se cometieron al librarse la orden de captura impugnada y, por tanto, se produce la causal de improcedencia prevista por la fracción y artículo citados.

Asimismo, el tribunal, en diversos casos, ha sostenido el criterio de que se actualiza un cambio en la situación jurídica cuando el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informa que se dictó auto de vinculación a proceso.

Esta conclusión encuentra sustento en la tesis XVII.1o.P.A.51 P, del registro de este órgano colegiado, identificada con el registro digital: 167786, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2687, que a la letra dice:

"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).—El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado ‘auto de formal prisión’ y el actual ‘auto de vinculación a proceso’, sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo."

También se apoya esta conclusión, por identidad jurídica, en la tesis 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 169410, Primera Sala, jurisprudencia, Tomo XXVII, junio de 2008, página 270, consultable en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.—Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: ‘SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.’. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.’, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto."

Luego, de lo antes considerado se advierte que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa reclamó una orden de aprehensión y durante el trámite del recurso de revisión, la autoridad responsable informó sobre la emisión del auto de vinculación a proceso, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo a que este toca se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo legal citado.

Sustenta los razonamientos antes vertidos, la tesis de jurisprudencia I.7o.P. J/3, localizable en la página mil seiscientos, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este cuerpo colegiado hace suya y que reza:

"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la substanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional."

Así pues, el sobreseimiento del juicio de amparo no implica una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean eficaces, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resultan compatibles con la propia convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos.

Son aplicables los criterios siguientes:

"RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquél capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." [Décima Época, Registro digital: 2010984, Segunda Sala, tipo de tesis: jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, tesis 2a./J. 12/2016 (10a.), página 763 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas»]

"SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese “recurso efectivo” no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos." [Décima Época, registro digital: 2006083, Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, tesis I.7o.A.15 K (10a.), página 1947 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas»]

Lo resuelto no viola su derecho humano al derecho de acceso a la impartición de justicia, pues su reconocimiento en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance; considerarlo de otra manera, equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en sus destinatarios, pues se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; de ahí que las causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas, que impiden abordar el estudio de fondo del presente asunto, no son incompatibles con la convención de referencia; máxime que el derecho interno no desatiende los estándares que pretende proteger respecto a ese derecho humano, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito es, en sí, legítimo, como lo avalan los criterios que a la letra disponen:

"Décima Época

"Registro digital: 2002139

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012

"Materia(s): Constitucional

"Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.)

"Página: 1587

"DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.—Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables."

"Décima Época

"Registro digital: 2000365

"Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012

"Materia(s): Constitucional

"Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.)

"Página: 1167

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.—Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías."

No es obstáculo para el sentido de esta ejecutoria, el hecho de que por auto de presidencia de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se hubiera admitido a trámite el recurso de revisión, toda vez que tal proveído no causa estado, al tratarse de un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito, actuando en pleno, deberá reexaminarlo y decidirá sobre la procedencia y el fondo de tal asunto.

Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia que con sus elementos de publicación oficial (sic) establece:

"AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO.—El auto admisorio de presidencia del Tribunal Colegiado es un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes que no causa estado, por lo que se refiere al Pleno de este tribunal, tomando en consideración que en términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia del Tribunal Colegiado, el presidente sólo tiene atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dicho órgano colegiado en Pleno decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos y, por lo mismo, el tribunal en Pleno deberá reexaminarlos."

Sólo resta precisar que al haber sido la Juez responsable la que informó los hechos que actualizaron la hipótesis de improcedencia establecida, resulta evidente la inaplicabilidad al caso de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 64 de la ley de la materia, pues aun cuando no invocó expresamente la causal relativa, debe tenerse por manifestada de forma implícita y, al provenir esa expresión de una de las partes, se está ante un caso de excepción establecido en el propio precepto.

Al respecto cabe citar, en lo conducente, el criterio que se copia y hace propio este cuerpo colegiado:

"Décima Época

"Registro digital: 2010533

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015,

"Materia(s): Común

"Tesis: VII.2o.P. J/1 (10a.)

"Página: 3236

«y Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas»

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA AL ÓRGANO REVISOR QUE DICTÓ UNA RESOLUCIÓN QUE VARÍA LA SITUACIÓN JURÍDICA DE AQUÉL. Cuando en el juicio de amparo indirecto el acto reclamado es una orden de aprehensión y la autoridad responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión, que aquélla fue ejecutada y que resolvió la situación jurídica del quejoso (al haber decretado auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley o formal prisión), es innecesario otorgarle la vista con la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando no se invoque expresamente por la autoridad responsable la causal relativa, el órgano revisor de amparo debe tenerla por manifestada implícitamente y, al provenir esa expresión de una de las partes, se está ante un caso de excepción establecido en el propio precepto."

Bajo este contexto, no se deja en estado de indefensión al quejoso, toda vez que, en el caso, al no haber sido analizada la legalidad de la orden de aprehensión como tema de fondo en el amparo indirecto, como se dijo, éste tiene la oportunidad de plantear, en su caso, las razones que estime convenientes, bajo la hipótesis de una violación procesal dentro del juicio de amparo directo, o bien, al momento de impugnar el auto de vinculación a proceso, dada la licitud que debe caracterizar a los datos que se tomen en consideración para estimar satisfechas las exigencias constitucionales previstas en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Similares criterios al anterior, sostuvo este tribunal, al resolver los amparos en revisión penal 32/2015 y 575/2018, en sesiones de veintisiete de marzo de dos mil quince y treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 184, fracciones I y II, 188 y 190 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia impugnada.

SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere, promovido por **********, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Marta Olivia Tello Acuña, Araceli Trinidad Delgado y José Raymundo Cornejo Olvera, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia VI.1o.P. J/53, de rubro: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1506.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27971-94779e34/improcedencia-del-amparo-indirecto-por-cambio-de-situacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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