Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DE AMPARO ES INAPLICABLE SI DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE LOS PROMOVENTES SON PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD ECONÓMICA, MARGINACIÓN Y CLARA DESVENTAJA SOCIAL.

Tipo de asunto: QUEJA 409/2025. · Registro digital (IUS): 34009
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-15
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.389.

QUEJA 409/2025. 10 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VÍCTOR HUGO ALEJO GUERRERO, CARLOS ALBERTO FLORES ALAMILLA Y SARA VERÓNICA SILLER MORQUECHO, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: VÍCTOR HUGO ALEJO GUERRERO. SECRETARIA: DIANA ALEJANDRA CALDERÓN EIVET.

Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, correspondiente al diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto; para resolver el recurso de queja 409/2025; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinticinco en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, las quejosas ********** y ********** ocurrieron a interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de noviembre del presente año, dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********, mediante el cual se les concedió la suspensión provisional solicitada y les impuso el pago de garantía como medida de aseguramiento.

SEGUNDO. El juzgado recurrido remitió el aludido recurso de queja y el informe justificado para su conocimiento, que por cuestión de turno correspondió a este Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, y por auto de presidencia de seis de noviembre de dos mil veinticinco se registró y admitió con el número 409/2025; asimismo, fueron turnados los autos a la ponencia del magistrado Víctor Hugo Alejo Guerrero, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un recurso de queja interpuesto en contra de un auto en el que se resolvió sobre la suspensión provisional, pronunciado por un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Tribunal Colegiado.

SEGUNDO. El recurso es oportuno, de conformidad con el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se interpuso incluso antes de que iniciara el plazo de dos días hábiles señalado, en virtud de que el auto impugnado se dictó el cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, y se publicó y notificó por lista el día hábil siguiente, es decir, el cinco del mismo mes y año, día en el que se presentó el escrito de interposición.

Al respecto, se comparte la jurisprudencia siguiente:

"RECURSO DE QUEJA. SU INTERPOSICIÓN ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO ES OPORTUNA, AL NO INFRINGIR NI SOBREPASAR AQUÉL. Conforme al artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, el recurso de queja podrá interponerse dentro del término de dos días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que resuelva sobre la suspensión provisional; de lo que se infiere que este medio de impugnación no podrá hacerse valer con posterioridad a ese periodo; sin embargo, ello no impide que el recurso pueda interponerse antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley, si se toma en cuenta que el establecimiento de un límite temporal para ejercer un derecho, como en el caso, para interponer el recurso de queja, tiene como propósito primordial generar seguridad jurídica respecto a las resoluciones jurisdiccionales, pero no prohibir que ese derecho se ejerza anticipadamente."

Registro digital: 2022755, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias: Común, Laboral, Tesis: VII.2o.T. J/70 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2785, Tipo: Jurisprudencia.

Asimismo, el recurso fue hecho valer por parte legítima, toda vez que lo interpusieron ********** y **********, quienes tienen el carácter de quejosas en el juicio de amparo indirecto del cual deriva el incidente de suspensión en el cual se dictó el auto recurrido, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.

TERCERO. El auto recurrido es del tenor siguiente:

"Monterrey, Nuevo León, a cuatro de noviembre del dos mil veinticinco. Vista la cuenta que antecede, se provee:

1. ORDEN DE TRAMITAR EL INCIDENTE.

Como está ordenado en proveído de esta fecha dictado en el expediente principal, con una copia de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, tramítese como expediente único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, promovido por ********** y **********, contra actos del JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad y otras autoridades.

2. PETICIÓN DE INFORME PREVIO Y FIJACIÓN DE FECHA PARA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL.

Pídase a las responsables que rindan informe previo, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, SE LES IMPONDRÁ UNA MULTA DE DOSCIENTAS TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN [en la inteligencia que, la unidad de medida y actualización a que se refiere el artículo 5o. de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivale $113.14 (ciento trece pesos con catorce centavos moneda nacional) conforme a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinticinco], en términos de los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con a lo establecido en los artículos 138 fracción III y 260 fracción I ambos de la Ley de Amparo.

Para la audiencia incidental se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO; ello, al tenor de lo dispuesto en la fracción II del primero de los numerales referidos en el párrafo precedente.

Las autoridades jurisdiccionales responsables deberán, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 fracción I de la Ley de Amparo, informar sobre la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa; asimismo, deberán señalar si el ilícito por el cual se dictó la orden, atendiendo a su modalidad y características, constituye un delito que amerita prisión preventiva oficiosa; bajo apercibimiento de que, en caso de omitir dicha información, se les impondrá una MULTA EQUIVALENTE A CIENTO QUINCE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el artículo 259 de la misma Ley.

3. ACTO RECLAMADO.

El acto reclamado por las personas incidentistas consiste en la orden de APREHENSIÓN dictada en su contra, así como su EJECUCIÓN.

4. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Con fundamento en lo preceptuado por los artículos 166 y 168 de la Ley de Amparo, se CONCEDE a ********** y **********, la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la orden de APREHENSIÓN, para el efecto de que:

• Si la orden de captura cuestionada se emitió con motivo de la comisión de un hecho que la ley considere como delito de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una vez que las incidentistas sean detenidas, por cuanto a su libertad personal se refiere única y exclusivamente a disposición de este órgano de control constitucional en el lugar donde sean recluidas y a disposición de la autoridad judicial correspondiente para el seguimiento del procedimiento penal.

Lo anterior, en atención a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, conforme a la cual, en estos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en el numeral 166, fracción I.

• En el evento probable de que el mandamiento de captura se hubiera emitido por considerar que se cometieron hechos con características de delito, que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión se concede para el efecto de que las incidentistas no sean detenidas hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

En el entendido que, la medida suspensional aquí concedida surtirá efectos únicamente respecto del proceso penal del que deriva la orden de aprehensión reclamada.

Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

5. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.

Ahora bien, en ejercicio de la facultad discrecional conferida por el artículo 168 de la Ley de Amparo, y con fundamento en la jurisprudencia visible en las páginas 226 y 227 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, Pleno y Salas, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD.", se considera procedente, para el caso de que la orden de aprehensión reclamada haya sido dictada por hechos que no constituyen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 166 fracción II de la Ley de Amparo, imponer al incidentista las siguientes medidas de aseguramiento:

I. Exhibir las incidentistas garantía a satisfacción de este juzgado por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, la cual podrá presentarse en billete de depósito o en cualesquiera de las formas establecidas por la Ley. Para el caso de que opte por la póliza de fianza, deberá ser a disposición de este JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 párrafo primero de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 142 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; asimismo, tendrá que expresarse que su vigencia será por tiempo indeterminado, en términos de lo que establece el párrafo primero del artículo 174 de esa Ley de Seguros y de Fianzas en cita; por otro lado, tendrá que asentarse que la afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 282 párrafo primero de la referida Ley; lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 168 de la Ley de Amparo, que faculta a este órgano de control constitucional a tomar las medidas que aseguren que el incidentista no evada la acción de la justicia, a fin de garantizar su devolución a la autoridad jurisdiccional responsable y en tanto que los requisitos antes invocados permitan, en su caso, hacer efectiva la garantía respectiva de manera pronta y eficaz.

El monto de la garantía que se precisa en las líneas que anteceden, se fija de manera discrecional, pudiendo ser aumentada o disminuida al momento de resolver sobre la suspensión definitiva con los datos que se aporten a esta incidencia; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se requiere al incidentista que dentro del término concedido, manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad su situación económica, el número de dependientes económicos, fuente de trabajo y antigüedad en él; lo anterior, para estar en posibilidad de proveer fundadamente acerca de las fracciones II y III del aludido dispositivo.

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, el incidentista deberá presentarse ante el juez que conozca de la carpeta judicial correspondiente, a fin de someterse a su jurisdicción, dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir de aquel en que le sea notificado el proveído mediante el cual se le ponga a la vista el informe previo rendido por la autoridad responsable, siempre que en dicho informe se reconozca la existencia del acto reclamado; asimismo, deberá comparecer a todas las diligencias en que sea requerido por dicho juez.

Para acreditar su comparecencia, el incidentista deberá exhibir ante este Juzgado copia certificada expedida por la autoridad judicial del proceso penal, dentro del mismo plazo de tres días antes señalado.

III. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, con el objeto de garantizar el aseguramiento del peticionario de la medida cautelar y que este pueda ser devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le conceda el amparo solicitado, se impone al incidentista la obligación de presentarse ante este Juzgado los días lunes de cada semana, dentro del horario hábil, a fin de estampar su firma en el libro correspondiente, debiendo habilitarse la foja respectiva para tal efecto.

En el entendido de que, si en alguno de los días señalados no hay labores en este órgano jurisdiccional, el incidentista deberá cumplir con dicha obligación el día hábil inmediato siguiente; medida que deberá cumplirse a partir del primer lunes siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído y subsistirá mientras permanezca vigente la suspensión provisional concedida.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, enero de 2008, Novena Época, página 371, de rubro:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ."

Medida cautelar que surte efectos DE INMEDIATO; sin embargo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a cada una de las medidas impuestas, dará lugar a la revocación de la suspensión, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución del acto reclamado; además, la suspensión otorgada en este proveído, no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades diversas a las señaladas como responsables.

Apercibidas las responsables de que de no obedecer el presente proveído, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo ..."

CUARTO. Las recurrentes expresaron los siguientes agravios:

"ÚNICO: En el caso solicitamos la suspensión la cual fue concedida de manera provisional, respecto a la orden de aprehensión girada en nuestra contra, para el efecto de no ser detenidas y quede a disposición del Juzgado Federal por cuanto a nuestra libertad personal se refiere; lo anterior, hasta en tanto se notifique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; sin embargo, al fijar la fianza por la cantidad de $ 10,000.00 –diez mil pesos 00/100 moneda nacional–, el juez no consideró las cuestiones particulares del caso las cuales fueron debidamente planteadas en la referida solicitud de suspensión.

Cabe apuntar, que las suscritas le informamos al juez que somos unas personas de escasos recursos, en cuanto a la suscrita ********** inicié a laborar en fecha 22 de octubre del presente año como empleada en un local del mercado de abastos, percibiendo un sueldo de 2,600 dos mil seiscientos pesos por semana, y no cuento con comprobantes de nómina, por lo que hace a la hoy recurrente ********** me encuentro desempleada, sin percibir ningún ingreso, por lo que actualmente dependo económicamente de mi madre, ambas vivimos en casa de nuestra madre (la cual es rentada por ella), quien también es empleada, y manifestando que no cuenta con contrato de arrendamiento.

De igual forma, manifestamos que los delitos cuya presunta responsabilidad se nos atribuyen son daño en propiedad ajena, Lesiones y Amenazas; los cuales, contemplan una pena menor y no amerita prisión preventiva oficiosa.

En virtud de todo lo expuesto, con fundamente en el último párrafo del artículo 168, en relación con el articulo 163 y 166, Fracción II, todos de la Ley de amparo, solicito se nos exima de otorgar fianza, dada nuestra precaria situación económica; pues además se nos impuso someternos a la jurisdicción del juez de control y de juicio oral penal, así mismo comparecer a todas las diligencias que seamos requeridas, así como la obligación de presentamos al juzgado de distrito los días lunes de cada semana a estampar la firma, pues consideramos que dichas obligaciones resultan suficientes para garantizar nuestra comparecencia; pues en su caso, a fin de garantizar que no nos evadamos de la acción de la justicia y nos presentemos al proceso penal para los efectos de su continuación y podamos ser devueltas a la autoridad responsable en caso de que no obtengamos la protección de la justicia federal.

El juez de Distrito al fijar la fianza se limitó a establecer la cantidad de la misma y que ésta se imponía a fin de garantizar el aseguramiento de las suscritas y que seamos devueltas a la autoridad responsable en caso de que no se conceda el amparo; lo anterior, sin atender a las particularidades del caso referentes a nuestra preciaría situación económica; tampoco explicó el porqué de fijar una cantidad como fianza menor, no se lograría nuestro aseguramiento a fin de ser devueltas a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo.

Ahora bien, las suscritas pertenecemos a un grupo vulnerable debido a nuestras condiciones económicas, pues la colonia en la que habitamos ********** en el municipio de **********, **********, (casa de renta) se encuentra en una zona que ha sido identificada por las autoridades locales como una área con indicadores de rezago social y que forma parte de los polígonos de pobreza del área metropolitana de Monterrey, pues como ya lo señalé no cuento con recibos de nómina; por lo que, para el dictado de la suspensión provisional y en su momento la definitiva no se le debe exigir para acreditar sus ingresos, mayores requisitos que su dicho, el cual en caso de considerarlo necesario debe solicitarse se efectúe bajo protesta de decir verdad.

Por otra parte, el juez no expuso porqué nuestro dicho a efecto de acreditar nuestra precaria situación económica no era suficiente, o en su caso si consideró lo expuesto y por qué considera que nos encontramos en condiciones de pagar la cantidad impuesta; tampoco tomó en cuenta el tipo de delito cuya presunta responsabilidad se nos atribuye.

Resulta orientador el criterio con número de registro digital 199765, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 558 cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN. MONTO DE LA GARANTÍA PARA OBTENERLA. DEBE SER FIJADO CON BASE EN LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO. De la recta interpretación del artículo 125 de la Ley de Amparo se deduce que el Juez de Distrito, al fijar el monto de la garantía que debe exhibir el quejoso para gozar de la suspensión de los actos reclamados, debe hacerlo tomando como base las prestaciones reclamadas en el mismo, a efecto de garantizar los perjuicios que dicha medida cautelar pueda ocasionar al tercero perjudicado; por tanto, si el Juez a quo establece una fianza desproporcionada y excesiva respecto de las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, infringe la disposición legal citada." Por lo que la cantidad de $ 10,000.00 –diez mil pesos– fijada por el Juez de Distrito a efecto de garantizar nuestra comparecencia resulta excesiva y vulnera lo establecido en el artículo 168 de la Ley de amparo.

El principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de la autoridad de decidir las controversias que se sometieron a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos y demás pretensiones hechas valer oportunamente.

Resulta relevante citar la tesis l.4o.C.2 K, Décima Época, Tribunales Colegiados, ubicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, página 1772, que dispone en su rubro y texto lo que se transcribe a continuación:

"EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa."

De lo anterior, se desprende que el principio de completitud obliga al juzgador a resolver de manera integral todos los litigios que se presenten para su conocimiento, tiene que examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso, se orienta a que las consideraciones del estudio de la resolución a dictar, revistan de la más alta calidad, de completitud y de consistencia argumentativa, lo que se reitera en el caso no se cumple con el monto fijado como garantía; sin que el juez estableciera la manera en la con esa cantidad cumple con los requisitos que establece el artículo 168 de la Ley de amparo vigente, los cuales se transcriben a continuación:

"... Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute;

II. Las características personales y situación económica del quejoso; y

III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia ..."

Como se desprende de la resolución impugnada, el juez al fijar el monto de la fianza no estableció de manera motivada la forma en la que consideró la naturaleza, modalidades y características del delito cometido, así como las características personales y situación económica de las suscritas y la posibilidad de sustracción de la justicia; así como, por qué no le resultan suficientes las obligaciones que nos impuso.

En ese sentido, el juez no observó el principio de congruencia, que implica que las resoluciones y Acuerdos que se emitan sean congruentes no sólo en sí mismas sino también con la Litis, lo cual estriba que al resolver una controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener resoluciones contrarias entre sí ni con los puntos resolutivos, reiterando que no nos explicó con base a qué circunstancias particulares determinó el monto de dicha garantía.

Por las razones que del se desprenden, es aplicable el criterio de la Novena Época con número de Registro electrónico 195706, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIlI, página 764, agosto de 1998 cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos."

Subrayado añadido.

De conformidad con el artículo 163 y la fracción I y 166 de la Ley de Amparo, que estipulan que la libertad del quejoso queda a disposición del órgano de amparo, lo que significa que mientras tenga vigencia la medida posee la facultad de realizar un juicio preliminar respecto de las alegaciones que el quejoso hace en la demanda en relación con el acto que le afecta en ese derecho fundamental, en el que a través de la ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, aprecie si hay o no elementos que puedan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a sus intereses y, en ese supuesto, puede determinar en qué condiciones, circunstancias o modalidades su libertad quedará afectada, pudiendo ordenar que quede en libertad con las medidas de aseguramiento que determine el órgano de amparo.

Lo anterior, partiendo de la base de que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es la que instrumentaliza la efectividad del juicio de amparo como garantía jurisdiccional para la protección de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva; lo que también ocurre cuando se fija una fianza excesiva y por consiguiente imposible de cumplir debido a las condiciones particulares de vulnerabilidad de las quejosas; en consecuencia la fianza desmedida dictada por el juez impide que tengamos un acceso efectivo a la justicia; pensarlo contrario, implicaría una restricción, sin justificación, al derecho fundamental de acceso a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional.

Conforme a lo expuesto solicito se establezca que la fianza fijada por el Juez de Distrito resulta excesiva y desproporcional no sólo respecto a los recursos económicos de las suscritas, sino también en relación al delito que se nos imputa.

Por último, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de amparo que estipula que en los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, solicito SE SUSPENDA el procedimiento para el efecto de que no se celebre la audiencia de suspensión definitiva hasta en tanto se resuelva el presente recurso, pues de lo contrario quedaría sin materia.”.

QUINTO. Son fundados los agravios expresados.

Ahora, de las constancias que integran el expediente electrónico del juicio de amparo indirecto e incidente relativo del que deriva el presente recurso de queja, se advierte que las quejosas lo promovieron contra actos de las siguientes autoridades:

"a). La C. Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, con domicilio en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34009-4fdf124b/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-el-articulo-168 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.