USURA. PARA QUE EN VÍA DE AMPARO SE ANALICE LO USURARIO DE LOS INTERESES MORATORIOS OFICIOSAMENTE, CONFORME AL CRITERIO EMITIDO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 47/2014 (10a.), ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA OMITIDO EL ESTUDIO RELATIVO Y, EN CASO DE QUE LO HAGA, DEBE MEDIAR CONCEPTO DE VIOLACIÓN QUE IMPUGNE LOS RAZONAMIENTOS PLANTEADOS POR ÉSTA.
AMPARO DIRECTO 523/2015. 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIO: GERMÁN VELÁZQUEZ CARRASCO.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio del asunto.
En primer término, es conveniente establecer que los conceptos de violación expuestos por el peticionario de amparo devienen infundados, en atención a las consideraciones que más adelante se exponen, sin que sea procedente la suplencia de la queja en su favor, por tratarse de un asunto en materia civil, el cual debe analizarse bajo el principio de estricto derecho; por ende, el estudio correspondiente se hará a la luz de los argumentos expuestos por éste.
No se soslaya que el presente asunto tiene su origen en un juicio ejecutivo mercantil, a través del cual se demandó la liquidación de un pagaré en el que se pactó un interés moratorio a razón del diez por ciento mensual, respecto de lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que si el juzgador adquiere convicción de que el pacto de intereses es notoriamente usurario, entonces, debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria, apartándose del contenido del interés pactado para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver.
Anteriores consideraciones que sustentan la jurisprudencia de carácter obligatorio, de rubro: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE."(17)
Sin embargo, en el presente juicio de amparo no es factible analizar de oficio el aspecto relativo a los intereses moratorios, como lo ordena dicho criterio, toda vez que de la resolución que constituye el acto reclamado se desprende que el Juez responsable se pronunció al respecto, tan es así que precisó que nuestro Máximo Tribunal había determinado que debía ejercerse ex officio y pro persona, por cualquier autoridad que advirtiera una violación a los derechos humanos, en consecuencia, debía dejar de aplicar la norma de derecho interno que permitía a los comerciantes fijar de manera discrecional la tasa de interés en sus negocios, en términos de lo establecido por el numeral 78 del Código de Comercio.
En ese sentido, destacó que de autos se desprendía que el quejoso no era comerciante, por ende, determinó procedente fijar los intereses moratorios causados, a razón del cinco por ciento mensual, el cual se traducía en el sesenta por ciento anual, tasa que se encontraba dentro de los parámetros del mercado de préstamo al consumo.
Por tanto, para que este órgano colegiado de control constitucional se pronuncie sobre lo determinado por el Juez responsable en torno a los intereses moratorios, es necesario que exista concepto de violación expreso por parte del quejoso que controvierta los razonamientos expuestos en el acto reclamado.
Es decir, si bien en un juicio constitucional puede analizarse lo relativo a los intereses moratorios que fijó el juzgador en la sentencia que constituye el acto reclamado; lo cierto es que cuando la autoridad responsable se pronunció sobre el tema, se requiere controversia expresa ante el tribunal de amparo.
Lo anterior es así, toda vez que de la jurisprudencia aludida se desprende que para realizar el estudio oficioso en torno a la usura en los intereses pactados, el juzgador debe realizar lo siguiente:
a) Analizar de oficio el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, acorde con el contenido constitucionalmente válido y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios.
b) Si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario, acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces, de oficio debe proceder a inhibir esa condición usuraria, apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver.
Aspectos que fueron analizados por el Juez de origen, pues al percatarse de autos que el interés moratorio pactado en el pagaré base de la acción era usurario, procedió a reducirlo a una tasa que, en su opinión, se encontraba dentro de los parámetros del mercado de préstamo al consumo.
Consecuentemente, para que sea procedente oficiosamente el análisis de los intereses moratorios por parte del órgano de amparo, es necesario que la autoridad responsable haya omitido hacerlo; no obstante, de la resolución reclamada se desprende que el Juez natural sí se pronunció al respecto, tan es así que redujo la tasa por ese concepto.
Por ende, se insiste, para que este órgano de control constitucional proceda al análisis de los intereses moratorios, es inconcuso que debe mediar concepto de violación que combata los razonamientos emitidos por la autoridad responsable al respecto lo que, en la especie, no aconteció, pues de las disidencias que hace valer el peticionario de amparo se desprende que únicamente ataca lo relativo a la falsedad del título de crédito, no así lo relativo a los intereses moratorios establecidos por el Juez responsable.
En esas condiciones, el estudio correspondiente se hará exclusivamente a la luz de los conceptos de violación expuestos por el peticionario de amparo, en los siguientes términos:
Establecido lo anterior, en principio es menester establecer que de la lectura de los argumentos que hace valer el quejoso como conceptos de violación, se advierte que si bien aduce que al desahogar la vista ordenada por el Juez de origen, mediante auto de once de mayo de dos mil catorce,(18) por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil catorce,(19) el actor confesó, de manera expresa, los hechos que dieron origen al título de crédito, de lo cual derivó la suscripción del título de crédito base de la acción, a saber, el convenio de once de abril de dos mil doce, relativo a la obligación contraída por el quejoso con el acreedor por concepto de arrendamiento de placas de transporte público de pasajeros, de lo que resultó que realizara diversos pagos parciales; por tanto, el pagaré basal no era autónomo, pues su contrario primeramente debió ejercer la acción para el cobro de ese convenio.
Lo cierto es que las disidencias planteadas por el peticionario de protección constitucional, en esencia, están encaminadas a combatir la supuesta falsedad del título de crédito base de la acción, derivado de que nunca lo suscribió.
De ahí que los conceptos de violación identificados con los números 1, 2 y 3, dada la íntima relación que guardan entre sí, se contestarán de forma conjunta.
Sirve de apoyo el criterio de rubro:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO, ESTUDIO EN CONJUNTO DE LOS.-Si en la demanda de amparo se hicieron valer tres conceptos de violación, y todos ellos en el fondo, participaban de una nota esencial común, cual era la impugnación de la desestimación que hizo el Tribunal Fiscal, de las pruebas rendidas por la parte opositora, es claro que el Juez de Distrito, al estudiar únicamente la argumentación que servía de fondo a esos tres conceptos, no pudo causar agravio alguno."(20)
En ese sentido, las disidencias planteadas por el quejoso devienen infundadas, en atención a lo que enseguida se expone.
En principio, debe decirse que por disposición del artículo 1391 del Código de Comercio, el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando se funde en un documento que tiene aparejada ejecución, y en su fracción IV establece que los títulos de crédito son documentos que, en sí mismos, traen aparejada ejecución, además porque constituyen una prueba preconstituida del derecho en ellos consignado y que en tal procedimiento la dilación probatoria es para que la parte demandada demuestre sus excepciones y no para que el actor acredite su acción porque, para ello, basta el título de crédito.
Así pues, en el juicio ejecutivo mercantil la ley establece un procedimiento para dirimir la controversia de que se trate, el cual debe contener una etapa en la cual el sujeto pasivo tenga la oportunidad de oponer las excepciones y defensas que crea convenientes.
El dispositivo legal 1194 del ordenamiento citado, señala que el actor está obligado a probar su acción y el reo sus excepciones, tendientes a destruir la acción, o bien, el título de crédito, es decir, al actor le corresponde la demostración de los hechos constitutivos de su acción y a su contraria le corresponde la justificación de sus excepciones o defensas.
Ahora bien, contrariamente a lo alegado por el quejoso, al efecto no cumplió con la carga procesal de demostrar la aseveración de que el documento base de la acción es falso, derivado de que no lo suscribió; quedando obligado a soportar la carga de probar que efectivamente dicho documento no es auténtico, ya que la prueba de justificar las excepciones, corresponde a la parte reo, como acertadamente lo consideró el Juez de origen.
Ello es así, toda vez que, se reitera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391 del Código de Comercio, el documento que exhibió el accionante para justificar su acción es un título ejecutivo que por su propia naturaleza trae aparejada ejecución y, por ende, es evidente que constituye una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por el actor es un elemento demostrativo que, en sí mismo, hace prueba plena, por lo que si la parte demandada opone una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, como es el caso de la excepción de que la demandada no fue quien firmó el título de crédito, es a ella y no a la parte actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción.
En ese sentido, como acertadamente lo estimó el Juez del conocimiento, para que el demandado justificara su excepción, relativa a que la firma que calza en el título de crédito base de la acción no era suya, el medio idóneo para ello era la prueba pericial en materia de grafoscopia, la cual, si bien fue ofrecida por el quejoso, lo cierto es que no fue desahogada por causas atribuibles a éste.
Bajo esa óptica, la falsedad o autenticidad de firmas es un aspecto que no debe resolverse por el simple cotejo, entre las que aparecen en determinado documento frente a aquellas que se encuentran estampadas en el título de crédito basal, sino a través de la prueba pericial en grafoscopia, pues tal cotejo requiere de elementos científicos o técnicos, que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, pues podría acontecer que el deudor o avalista del documento crediticio, se obligara mediante una falsificación por disimulo con la pretensión de evadir con posterioridad el pago del adeudo contraído a que se obligó con la suscripción del pagaré.
Por ende, dicho medio de convicción requiere la intervención de expertos, cuya solución puede producir convencimiento en el ánimo del Juez, es decir, requiere el examen de personas provistas de aptitud y de conocimientos facultativos especiales; por lo cual, la prueba pericial es necesaria cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya averiguación exige necesariamente los conocimientos técnicos especiales.
De lo expuesto, se advierte que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al juzgador argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación.
El perito, a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra al Juez sobre la percepción de los hechos o para complementar el conocimiento de los acontecimientos que el Juez ignora y para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta aptitud o preparación técnica que el Juez no tiene, por lo menos para que se haga con seguridad y sin esfuerzo anormal.
Luego, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juzgador y de la gente en general, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente.
En efecto, el Juez es un perito en derecho, sin embargo, no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de medicina, o bien, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia, razón por la cual, la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar a conocer, por no tener los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que bajo el auxilio que le proporciona el perito a través de su dictamen, se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta.
El dictamen pericial es un auxiliar eficaz para el juzgador, que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, y quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece.
Tal como se destacó con antelación, el dictamen pericial tiene como finalidad, a su vez, la de ilustrar al juzgador respecto a la materia de peritación para que, con base en sus facultades de apreciación de las pruebas, determine lo que en derecho corresponda.
De ahí que la frase de que el Juez es perito de peritos, únicamente implica que conserva su libertad y soberanía decisoria para apreciar las pruebas, en tanto que es quien le asigna valor al dictamen de los peritos y con base en esa valoración emite su decisión, en la medida en que, incluso, en caso de que aquellos dictámenes no resulten convincentes para el órgano jurisdiccional, cuenta con la potestad de desestimarlos.
Por otra parte, conviene precisar que el artículo 8o., fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece lo que sigue:
"Artículo 8o. Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas:
"...
"II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento."
Del contenido de ese precepto legal se advierte que entre las excepciones que pueden interponerse contra las acciones ejercidas a través de un título de crédito, se encuentra la consistente en que el documento base de la acción no fue suscrito por la parte demandada.
En el caso concreto, al dar contestación a las pretensiones del actor, en el capítulo de hechos, el demandado sostuvo que nunca se obligó, suscribió, ni firmó un pagaré a favor de **********.(21)
En ese sentido, se concluye que por ser materia de excepción, al quejoso correspondía demostrar plenamente que efectivamente no suscribió el título de crédito respectivo; en tanto que su excepción la fundó conforme al contenido de la fracción II del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al negar la suscripción del pagaré, lo que según el artículo 1194 del Código de Comercio, lo obligó a acreditar, como parte reo, su excepción.
En efecto, cuando el demandado, vía excepción, sostiene que no suscribió el pagaré, el juzgador no tiene la obligación de verificar que su firma corresponda al demandado, pues al ser materia de excepción, a este último le corresponde acreditar que en efecto no suscribió el pagaré, no obstante que el Juez sea considerado como perito de peritos pues, se insiste, tal calificativo deriva de la circunstancia de que el juzgador es quien otorga el valor que corresponda a los peritajes que al afecto sean desahogados en los autos, para cumplir con la exigencia de demostrar la excepción relativa a la falsedad de firma de un pagaré, ya que con base en los datos que los expertos aporten al juicio, es que puede verificar si las conclusiones de los peritos correspondientes son o no lógicas, con base en su arbitrio.
De ahí que resulten infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, ya que para acreditar que no corresponde al suscriptor la firma estampada en un pagaré, es indispensable que se dilucide mediante el uso de conocimientos técnicos para determinar que los signos gráficos plasmados corresponden a la persona que cuestiona la firma, ya que el Juez es un perito en derecho que no necesariamente cuenta con conocimientos sobre las cuestiones técnicas o prácticas aplicables para dilucidar tales aspectos, pues para tal fin se requiere la aplicación de estudios especializados inherentes a la prueba pericial.
Máxime que cuando el cuestionamiento de la firma deriva de la excepción opuesta conforme al contenido de la fracción II del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en tanto que en términos del diverso 1194 del Código de Comercio, corresponde a quien la opone demostrar que no suscribió el documento; por ende, era indispensable el desahogo de la prueba en materia de grafoscopia, la cual es idónea para acreditar la falsedad de firmas, pues el cotejo de éstas requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, pericial que, como acertadamente refirió el Juez de origen, si bien fue ofrecida por el quejoso, lo cierto es que no fue desahogada por causas atribuibles a éste.
Resulta aplicable al particular, la tesis aislada sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXIX, Cuarta Parte, página 60, que establece lo siguiente:
"PAGARÉ, EXCEPCIONES OPONIBLES AL.-El artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aplicable al pagaré según el artículo 174, establece que ‘la acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta, y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado. Contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas en el artículo 8o.’. Por otra parte, el artículo 8o. dice: ‘Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas.... II. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento’. Es evidente, a la luz de estas disposiciones legales, que la cuestión relativa a si la firma con que se suscribe el documento corresponde o no al demandado, es materia de excepción que, en los términos que lo autoriza la fracción II del artículo 8o., debe oponerse. Esto significa que el juzgador no puede decidir, de manera oficiosa, si la firma es del reo o no, puesto que la acción procede sin siquiera el reconocimiento previo de la firma. Es verdad que el juzgador puede estimar de oficio si se cumplieron los elementos esenciales de la acción; y que en tratándose de vía ejecutiva puede estudiar, oficiosamente también, si el documento base de la demanda reúne las características de un título que justifique esa vía (tesis jurisprudenciales números 3 y 379 que aparecen respectivamente a fojas 24 y 1163 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación). Pero también es verdad que la facultad que el juzgador tiene para hacer ese estudio oficioso, no puede abarcar cuestiones que de acuerdo con la ley (artículo 8o. citado) son materia de excepción, y que por ende el reo debe hacer valer."
En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.
Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 183 y 188 de la Ley de Amparo se,
RESUELVE:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto reclamado al Juez Civil de Cuantía Menor de Ixtapaluca, Estado de México.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juez aludido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en la noticia estadística y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por mayoría de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, integrado por los Magistrados, presidente Miguel Enrique Sánchez Frías, Jorge Arturo Sánchez Jiménez y Fernando Alberto Casasola Mendoza, siendo ponente el segundo de los mencionados, el cual procede a emitir su voto particular.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
17. Jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 402, materias constitucional y civil, registro digital: 2006795 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas».
18. Foja 20, juicio ejecutivo mercantil **********.
19. Foja 32, juicio ejecutivo mercantil **********.
20. Tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, Núm. 27, página 7653, materia administrativa, registro digital: 325502.
21. Foja 17, juicio ejecutivo mercantil **********.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26204-d0944094/usura-para-que-en-via-de-amparo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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