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Modo: Corpus Pro

I. NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN DEL SECRETARIO Y TESORERO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UN MUNICIPIO EN EL ESTADO DE OAXACA. PARA QUE RESULTE VÁLIDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN QUE SE ADOPTEN LAS DETERMINACIONES REFERIDAS AQUÉLLA DEBE HABER SIDO CONVOCADA Y PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL O QUIEN LO SUSTITUYA LEGALMENTE (DESCONOCIMIENTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA RESPECTO DE LAS DESTITUCIONES Y NOMBRAMIENTOS REALIZADOS EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DISTRITO DE TUXTEPEC, CELEBRADAS EL 20 DE FEBRERO Y EL 21 DE MARZO DE 2015). II. NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN DEL SECRETARIO Y TESORERO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UN MUNICIPIO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A RECONOCER AQUÉLLOS NI EXPEDIR LAS ACREDITACIONES RESPECTIVAS CUANDO ADVIERTE QUE NO SE CUMPLIERON LAS FORMALIDADES NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (ENTREGA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DISTRITO DE TUXTEPEC, POR CONDUCTO DE QUIEN ESTIMA FUE LEGALMENTE DESIGNADO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2015. · Registro digital (IUS): 26354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-06-10
Promovente: MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Pág. 1279.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2015. MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA. 30 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio recibido el treinta de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Israel Morelos Carrera, en su carácter de síndico procurador del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos emitidos por el Poder Ejecutivo del Estado:

1. La determinación fáctica de las Secretarías de Finanzas y General de Gobierno de desconocer las designaciones de Marcelo Ruperto Tejada, como tesorero municipal y de Josimar Méndez Uriarte, como secretario municipal.

2. La determinación fáctica de negar al tesorero municipal el pago o la entrega de las participaciones y aportaciones federales y estatales que corresponden al Municipio, desde la primera quincena de marzo de dos mil quince y hasta que se acuerde su entrega.

3. La determinación fáctica de la Secretaría de Finanzas de retener de tracto sucesivo, quincenal y mensualmente, los recursos federales y estatales que corresponden al Municipio, desde la primera quincena de marzo de dos mil quince y hasta que se acuerde su liberación.

4. La entrega de los recursos que corresponden al Municipio a personas ajenas al mismo, desde la primera quincena de marzo de dos mil quince y meses subsecuentes, así como la restitución de tales recursos con los intereses que se hayan generado por el perjuicio causado a la hacienda pública municipal.

5. La negativa por parte de la Secretaría General de Gobierno de expedir las acreditaciones del tesorero y secretario municipales, así como la inminente cancelación de las acreditaciones de los demás integrantes del Ayuntamiento.

SEGUNDO.-Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. El once de julio de dos mil trece, el Instituto Estatal Electoral expidió la constancia de mayoría y validez de la elección de concejales al Ayuntamiento a la coalición "Compromiso por Oaxaca", integrada por Álvaro Rafael Rubio, Porfirio Sánchez Sarmiento, Israel Morelos Carrera, Bibiana Jerezano González, Feliciano Ventura Cortez, Felipa Eslava Tejada y Adolfina Flatcher Cobos y la constancia de asignación por el principio de representación proporcional a José Alfredo Ramos Carrera y Nieves Yuridia Julio Peralta, para ejercer el cargo durante el periodo dos mil catorce-dos mil dieciséis.

El diez de junio anterior, el referido instituto expidió la constancia de registro supletorio a la coalición "Unidos por el desarrollo", a fin de que Lorenzo Carrera Carrera asumiera el cargo de concejal, ante la negativa de José Alfredo Ramos Carrera para desempeñarse como tal.

2. El primero de enero de dos mil catorce, los integrantes del Ayuntamiento rindieron protesta y nombraron a Camilo Terrero Tejada como tesorero municipal.

3. En sesión ordinaria de Cabildo de veintiuno de abril de dos mil catorce, se destituyó del cargo a Camilo Terrero Tejada y se nombró a María Guadalupe José Playes como tesorera municipal.

4. En sesión extraordinaria de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince, se removió del cargo a María Guadalupe José Playes y se designó a Marcelo Ruperto Tejada como tesorero municipal, lo que se hizo del conocimiento del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, el diecisiete de marzo siguiente, fecha en la cual, dicho funcionario, junto con el síndico procurador y la regidora de hacienda, se presentaron en el departamento de participaciones municipales, con objeto de que les fueran entregados los recursos correspondientes al Municipio por la primera quincena del mes de marzo, comunicándoseles que, por instrucciones del titular de la dependencia, no les serían entregados y, en todo caso, de recibir otra orden, se les entregarían a finales de mes.

5. El veintiséis de marzo de dos mil quince, se constituyeron el síndico procurador y la regidora de hacienda, junto con el tesorero y secretario municipales, en las oficinas de la Dirección de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, a fin de que les fueran expedidas a los últimos las acreditaciones respectivas, informándoseles que, por instrucciones del titular de la dependencia, no se acreditaría a dichos funcionarios, derivado de la crisis política existente en el Municipio, lo anterior, no obstante haberse exhibido la documentación que avala la legalidad de sus designaciones.

Así también, se presentaron nuevamente en el Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas, donde se les notificó que, por instrucciones del titular de la dependencia, no les serían entregados los recursos correspondientes al Municipio, dado que la Secretaría General de Gobierno había negado la expedición de las acreditaciones en favor del tesorero y secretario municipales.

TERCERO.-Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:

1. Los actos impugnados consistentes en el desconocimiento de las designaciones del nuevo tesorero y secretario municipales y la negativa de expedición de las acreditaciones respectivas vulneran los principios de autonomía municipal y ejercicio directo de los recursos, establecidos en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, pues se transgrede la libertad de auto-organización del Ayuntamiento para nombrar a quien manejará los recursos de la hacienda municipal y, unilateral y autoritariamente, se rechazan, sin mediar procedimiento ni derecho de audiencia, las designaciones hechas por el Cabildo, lo cual ha derivado en que los recursos correspondientes al Municipio no hayan sido ministrados por conducto del tesorero municipal.

2. Los actos impugnados consistentes en la retención de tracto sucesivo de los recursos correspondientes al Municipio, la negativa de pago o entrega de tales recursos al tesorero municipal designado por el Ayuntamiento y, en su caso, la entrega indebida a personas no autorizadas para ello, vulneran los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos, así como los derechos de audiencia y debido proceso, previstos en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, pues, de manera unilateral y autoritaria, sin mediar procedimiento, se retienen las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio, sin contar con facultades para ello, dado que las leyes de coordinación fiscal federal y local sólo autorizan la intervención del Estado para efectos de una simple mediación administrativa.

CUARTO.-El Municipio actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.

QUINTO.-Mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 20/2015 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.

En auto de seis de abril de dos mil quince, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al que ordenó emplazar para que formulara su contestación; y mandó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.-El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca contestó la demanda en los siguientes términos:

a) Causas de improcedencia

1. Se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, por falta de interés legítimo del Municipio actor.

El Poder Ejecutivo del Estado no ha desconocido por derecho propio la designación de Marcelo Ruperto Tejada y Josimar Méndez Uriarte, como tesorero y secretario municipales, sino que ha sido el Ayuntamiento el que, a la fecha, no ha celebrado la sesión de Cabildo, ni exhibido el acta respectiva, de conformidad con lo dispuesto por las Constituciones Federal y Estatal y la Ley Orgánica Municipal Local. Al respecto, debe señalarse que para que las sesiones de Cabildo sean válidas, deben ser presididas por el presidente municipal o quien lo sustituya legalmente, con la intervención del secretario municipal; además, para que los nombramientos de tesorero y secretario sean válidos, tienen que ser propuestos por el presidente municipal.

Tampoco ha retenido o suspendido la entrega de los recursos que corresponden a dicho Municipio, puesto que, como se acredita con las documentales que se acompañan, la Secretaría de Finanzas los ha ministrado por conducto de María Guadalupe José Playes, tesorera municipal legalmente designada en sesiones de Cabildo de veintiuno de abril de dos mil catorce y dos de enero de dos mil quince.

2. Se actualizan las causales de improcedencia establecidas en las fracciones II y VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, por impugnarse los actos de destitución y designación del tesorero y secretario municipales, en sesión de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince, relacionados con cuestiones electorales e impugnables ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca y, en su caso, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, de acuerdo con lo asentado en el acta relativa, los actos referidos se llevaron a cabo de tal manera, dado que, desde el primero de enero de dos mil catorce, el presidente municipal no había convocado a sesión de Cabildo para tales efectos, por lo que, en todo caso, se actualizó en perjuicio de los concejales del Ayuntamiento una violación a su derecho político-electoral a ser votados, en su vertiente de ejercicio del cargo, reclamable ante el Tribunal Electoral Estatal a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tal como se ha hecho en los expedientes JDC/42/2014 y acumulado JDC/43/2014 y JDC/10/2015 y, en última instancia, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de lo contrario, estarían consintiendo la falta de convocatoria a sesiones de Cabildo por parte del presidente municipal.

3. Se actualiza el motivo de sobreseimiento establecido en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, por inexistencia del acto consistente en la suspensión o retención de los recursos que corresponden al Municipio actor, puesto que, como se acredita con las documentales que se acompañan, la Secretaría de Finanzas los ha ministrado puntualmente, por conducto de la persona legalmente facultada para tal efecto.

Por las mismas razones, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, dada la cesación de efectos del acto consistente en la retención de tracto sucesivo de tales recursos.

4. Se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 22, fracción VII, del propio ordenamiento, por falta de conceptos de invalidez, respecto de la legalidad del acta de sesión de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince y el deber del Poder Ejecutivo Local de reconocer como válidos los nombramientos del secretario y tesorero municipales, hechos en esta sesión.

No basta que los argumentos del Municipio actor redunden en una supuesta violación a la autonomía municipal o se limiten a señalar que, a la fecha, los recursos no han sido entregados por conducto de Marcelo Ruperto Tejada, sino debe indicarse cuál es la afectación que resiente dicho Municipio con la ministración de tales recursos a través de María Guadalupe José Playes, de donde se advierta, al menos, la causa de pedir.

5. Se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, respecto del acto consistente en la negativa de entrega de los recursos correspondientes al Municipio por conducto de Marcelo Ruperto Tejada, tesorero municipal designado en sesión extraordinaria de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince, a partir de la primera quincena del mes de marzo de dicho año, dado que el síndico procurador presentó de forma extemporánea la solicitud respectiva ante la Secretaría de Finanzas el diecisiete de marzo, siendo que desde el trece de marzo anterior la dependencia había transferido los recursos correspondientes al Municipio, en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que obliga a entregarlos dentro de los cinco días siguientes al en que se reciban.

En este sentido, resulta dable afirmar que el Municipio actor tuvo conocimiento de la entrega de los recursos que le correspondieron por la primera quincena del mes de marzo de dos mil quince desde el trece de marzo, en que le fueron transferidos, con lo cual consintió el acto que impugna en la controversia. Además, si desde el veinte de febrero de dos mil quince se celebró la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se designó al nuevo tesorero y secretario municipales, debió informar inmediatamente al Poder Ejecutivo del Estado, para efectos del análisis correspondiente a la entrega de los recursos por la segunda quincena del mes de febrero y la primera del mes de marzo; sin embargo, al no haberlo hecho de esta manera, consintió que la ministración de tales recursos se hiciera a través de María Guadalupe José Playes, tesorera municipal designada en sesiones de Cabildo de veintiuno de abril de dos mil catorce y dos de enero de dos mil quince.

b) Refutación de los conceptos de invalidez

Los conceptos de invalidez resultan infundados, por lo siguiente:

1. El desconocimiento de las designaciones del tesorero y el secretario municipales, que erróneamente atribuye el Municipio actor al Poder Ejecutivo Estatal, se vincula con la ilegalidad en la celebración de las sesiones de Cabildo de veinte de febrero y veintiuno de marzo de dos mil quince, al no haberse cumplido con los requisitos de validez que se prevén en la Ley Orgánica Municipal, en relación con el párrafo último del artículo 2o. de la Constitución Política Local y la Constitución Federal. En este sentido, el Poder Ejecutivo Local se vio imposibilitado legalmente para reconocer a Josimar Méndez Uriarte y Marcelo Ruperto Tejada, como secretario y tesorero municipales.

1.1. El acta de sesión de Cabildo, de veinte de febrero de dos mil quince, no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que:

• No señala los oficios mediante los cuales se convocó a sesión de Cabildo, quién suscribió dicha convocatoria, cuándo fue notificada a los concejales del Ayuntamiento, entre ellos, al presidente municipal y, en su caso, el acta circunstanciada de hechos respecto de la negativa de éste a recibir dicha notificación, cuándo fue notificada a Jorge Cisneros Vázquez y María Guadalupe José Playes, en su carácter de secretario y tesorera, ni la forma en que fue difundida. Lo anterior, en virtud de que la convocatoria a dicha sesión de Cabildo no fue suscrita por el presidente municipal, como lo establece el artículo 68, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, ni certificada por el funcionario legalmente facultado para ello.

Además, la sesión no pudo haber sido presidida por el síndico procurador del Municipio, al no contar con facultades para ello, en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal, sino por el presidente municipal o el concejal que lo sustituya legalmente en su ausencia, por así disponerlo el artículo 68, fracción III, de la citada ley.

Del mismo modo, los acuerdos adoptados en la referida sesión debieron ser ejecutados por el presidente municipal o la persona que lo sustituya legalmente; en este caso, conforme a lo previsto en el artículo 83, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica Municipal, por su suplente y, si éste estuviere ausente o se negare -lo que en la especie no se justifica-, por el concejal que el Ayuntamiento designe.

En todo caso, las sesiones de Cabildo pueden ser convocadas, presididas y ejecutadas, en forma excepcional, por un regidor, cuando supla al presidente municipal o esté encargado del despacho, de acuerdo con los artículos 73, fracción II, 82, párrafo segundo y 83 de la Ley Orgánica Municipal; sin embargo, en la especie, no se advierte que así se hubiera dispuesto.

Sin que sea óbice a lo anterior que, en el acta de la sesión, se indique que el presidente municipal no había convocado a sesiones ordinarias, limitando con ello el funcionamiento del Ayuntamiento; al haberse celebrado, al menos, la sesión de Cabildo de cuatro de enero de dos mil quince, cuando dicho funcionario aún se encontraba en ejercicio del cargo; debiéndose, por lo demás, impugnar tal omisión ante las instancias electorales.

• Señala que, por unanimidad de votos, se habilitó a Nieves Yuridia Julio Peralta, regidora de Asuntos Indígenas, para asumir las funciones de secretario municipal; sin embargo, entre las facultades que los artículos 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica Municipal otorgan a los regidores, no se encuentra la de sustituir al referido funcionario. El cargo para el que se le designó y por el que protestó en su momento fue el de regidora y no el de secretaria municipal, por lo que no podía realizar actos respecto de los que no se le otorgó competencia. Además, en términos de los artículos 43, fracción XIX y 68, fracción XI, de la propia ley orgánica, es facultad exclusiva del presidente municipal proponer a la persona que ocupará el cargo de secretario, sin que el síndico procurador pueda arrogarse tal facultad, como en la especie lo hizo.

En todo caso, conforme al artículo 92, fracción II, de la citada ley, el secretario municipal tiene la facultad de asistir a las sesiones de Cabildo con voz, pero sin voto, y elaborar las actas correspondientes, por lo que si la regidora mencionada asumió tales funciones, no podía votar y, por tanto, los acuerdos adoptados en la sesión, respecto de la remoción de Jorge Cisneros Vázquez y María Guadalupe José Playes, como secretario y tesorero municipales y el nombramiento de Josimar Méndez Uriarte y Marcelo Ruperto Tejada en tales cargos, no pudieron ser aprobados por unanimidad de votos, como se consigna en el acta relativa, al encontrarse presentes ocho de los diez concejales que integran el Ayuntamiento, pero sólo siete con derecho a voto, con lo cual se contravino lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal.

Aunado a lo anterior, dicha acta no fue firmada por todos los concejales, cuyo nombre aparece al final del documento, de donde se advierte que no todos otorgaron su consentimiento respecto de los referidos acuerdos.

• Se presidió la sesión y se ejecutaron los acuerdos relativos por parte del síndico procurador, quien no se encuentra facultado para ello, al ser competencia exclusiva del presidente municipal, conforme a los artículos 68, fracción III, 71 y 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

• Se aprobó la remoción de Jorge Cisneros Vázquez y María Guadalupe José Playes, como secretario y tesorero municipales y el nombramiento de Josimar Méndez Uriarte y Marcelo Ruperto Tejada en tales cargos, en contravención al artículo 43, fracción XIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, conforme al cual, esto debe hacerse a propuesta del presidente municipal y no del síndico procurador, como en el caso ocurrió.

1.2. El acta de sesión de Cabildo de veintiuno de marzo de dos mil quince no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que:

• Adolece de los mismos vicios de validez descritos respecto del acta de sesión de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince.

• No cuenta con la leyenda "doy fe" ni la firma del supuesto secretario municipal, ni el sello de la secretaría, con lo cual, no se dio fe pública de la forma como se llevó a cabo la sesión, ni los acuerdos adoptados en ella, en contravención a lo dispuesto por el artículo 92, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal; resultando aplicable lo sostenido a este respecto en la sentencia dictada en la controversia constitucional 37/2012.

2. La Secretaría de Finanzas ha entregado en forma oportuna los recursos correspondientes al Municipio, a través del mecanismo de pago autorizado y de la tesorera municipal legalmente designada por el Ayuntamiento, de acuerdo con la documentación remitida por el propio Municipio en enero de dos mil quince y ante la ilegalidad de las actas de sesión de Cabildo de veinte de febrero y veintiuno de marzo siguientes; sin que se hayan controvertido en este asunto, revocado válidamente por el Ayuntamiento o nulificado por una autoridad jurisdiccional las diversas actas de sesión de veintiuno de enero de dos mil catorce y dos de enero de dos mil quince, en que aquélla fue nombrada.

SÉPTIMO.-La procuradora general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

OCTAVO.-Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.-En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, al no impugnarse normas de carácter general.

SEGUNDO.-En primer término, debe verificarse la existencia de los actos que se impugnan y precisarse aquellos que serán materia de análisis en el presente asunto.

Como se recordará, el Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, impugnó los siguientes actos:

1. La determinación fáctica de las Secretarías de Finanzas y General de Gobierno de desconocer las designaciones de Marcelo Ruperto Tejada, como tesorero municipal y de Josimar Méndez Uriarte, como secretario municipal.

2. La determinación fáctica de negar al tesorero municipal el pago o la entrega de las participaciones y aportaciones federales y estatales que corresponden al Municipio, desde la primera quincena de marzo de dos mil quince y hasta que se acuerde su entrega.

3. La determinación fáctica de la Secretaría de Finanzas de retener de tracto sucesivo, quincenal y mensualmente, los recursos federales y estatales que corresponden al Municipio, desde la primera quincena de marzo de dos mil quince y hasta que se acuerde su liberación.

4. La entrega de los recursos que corresponden al Municipio a personas ajenas al mismo, desde la primera quincena de marzo de dos mil quince y meses subsecuentes, así como la restitución de tales recursos con los intereses que se hayan generado por el perjuicio causado a la hacienda pública municipal.

5. La negativa por parte de la Secretaría General de Gobierno de expedir las acreditaciones del tesorero y secretario municipales, así como la inminente cancelación de las acreditaciones de los demás integrantes del Ayuntamiento.

Los actos identificados con los numerales 1 y 5 se encuentran relacionados, pues se refieren al desconocimiento de la designación del tesorero y el secretario municipales, a través de la negativa de expedición de las acreditaciones respectivas por parte de la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, así como la inminente cancelación de las acreditaciones expedidas a los demás integrantes del Ayuntamiento.

En su demanda, el Municipio actor manifestó que el veintiséis de marzo de dos mil quince, el jefe del Departamento de Acreditaciones y Registro de Autoridades Municipales, dependiente de la Dirección de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, informó de manera verbal, al síndico procurador, la regidora de hacienda, el tesorero y el secretario, que tenía la orden específica del titular de la secretaría de no acreditar al nuevo tesorero y secretario del Municipio, "derivado del clima político hostil que impera en el mismo, ello no obstante exhibirse ante dicha secretaría la documentación correspondiente que indudablemente avala la legalidad de sus designaciones."

Así también que, en la misma fecha, el jefe del Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas informó de manera verbal a los referidos funcionarios municipales que, por instrucciones del titular de la secretaría, no les entregaría los recursos correspondientes al Municipio, "debido a que el secretario general de Gobierno, por acuerdos meramente políticos, había determinado negar la expedición de la acreditación a favor del C. Marcelo Ruperto Tejada, quien ostenta el cargo de tesorero municipal, así como la correspondiente al C. Josimar Méndez Uriarte, quien ostenta el cargo de secretario municipal, ambos del H. Ayuntamiento de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca."

Al efecto, sólo exhibió como prueba el escrito de veinticuatro de febrero de dos mil quince, dirigido al secretario de Finanzas -recibido en sus oficinas el diecisiete de marzo y en las de la Secretaría General de Gobierno el veintiséis de marzo-, en el cual el síndico procurador del Municipio le informó sobre los acuerdos adoptados en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el veinte de febrero, respecto del nombramiento de Josimar Méndez Uriarte y Marcelo Ruperto Tejada como secretario y tesorero municipales y la instrucción para que los recursos correspondientes al Municipio por concepto de participaciones y aportaciones federales se entregaran exclusivamente al segundo de los mencionados, a fin de que "tomara como válidos" tales acuerdos.

Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado, al dar contestación a la demanda, negó la existencia de los actos mencionados(1) y exhibió como prueba el oficio número 1466/DJ/DA/2015, de cinco de mayo de dos mil quince, en el cual, el subsecretario jurídico y de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno rinde un informe al consejero jurídico en el que niega que éstos existan;(2) sin embargo, de la lectura de la propia contestación y de las demás documentales anexadas, se advierte que el Poder demandado no ha considerado válidos los acuerdos adoptados en la referida sesión extraordinaria de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince, por estimar que en ésta no se cumplieron las formalidades legalmente establecidas, y ha resuelto mantener vigente la acreditación expedida en favor de María Guadalupe José Playes, quien, a su juicio, fue legalmente designada como tesorera municipal en sesiones de Cabildo de veintiuno de abril de dos mil catorce y dos de enero de dos mil quince.

En este sentido, deben tenerse como ciertos los actos consistentes en el desconocimiento del nombramiento de Josimar Méndez Uriarte y Marcelo Ruperto Tejada como secretario y tesorero municipales y la negativa de expedición de las acreditaciones correspondientes; no así la inminente cancelación de las acreditaciones de los demás miembros del Ayuntamiento, dado que en autos no obra elemento alguno que lo demuestre. Por consiguiente, debe declararse parcialmente fundado el motivo de sobreseimiento aducido por el Poder Ejecutivo Estatal y sobreseerse en la controversia respecto de este último acto, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.(3)

Ahora bien, los actos identificados con los numerales 2, 3 y 4 se encuentran relacionados entre sí y vinculados con aquellos que se han tenido como ciertos, pues se refieren a la negativa de pago de los recursos que corresponden al Municipio a través de Marcelo Ruperto Tejada, designado como tesorero municipal en sesión extraordinaria de Cabildo de veinte de febrero de dos mil quince, su entrega a una persona que se considera ajena al Municipio y la retención de tracto sucesivo de tales recursos que ello ha ocasionado desde la primera quincena de marzo hasta que se acuerde su entrega correcta; sin que pueda considerarse como impugnada la restitución de los recursos con los intereses que se hayan generado por el perjuicio causado a la hacienda pública municipal, pues ésta más bien constituye el efecto pretendido por el actor con la declaratoria de invalidez que, en su caso, llegara a dictarse.

En su demanda, el Municipio actor manifestó que, previamente a lo ocurrido el veintiséis de marzo de dos mil quince -antes relatado-, el diecisiete de marzo, el jefe del Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas informó de manera verbal al tesorero municipal, al síndico procurador y a la regidora de hacienda que, por inst

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26354-99a6cd81/i-nombramiento-o-remocion-del-secretario-y-tesorero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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