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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN ATRIBUCIONES PARA HACER COMPARECER A LOS PERITOS QUE DESIGNEN LAS PARTES O POR ELLAS MISMAS CUANDO A JUICIO DE ÉSTAS, AQUÉLLOS INASISTAN INJUSTIFICADAMENTE A RENDIR SU DICTAMEN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 825, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 377/2015. · Registro digital (IUS): 26431
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-07-08
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Pág. 2191.

AMPARO DIRECTO 377/2015. 14 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: PAULINO LÓPEZ MILLÁN. PONENTE: RAQUEL FLORES GARCÍA. SECRETARIA: VANESSA CANO PINELO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación son parcialmente fundados.

Es conveniente precisar que en el laudo reclamado se resolvió improcedente el juicio laboral promovido por ********** en contra **********, ********** y **********, por considerar que las dos primeras, al contestar la demanda, opusieron su excepción de renuncia por escrito del actor y lo acreditaron, por lo que se absolvió del pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad, horas extras, salarios caídos; y se condenó a pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, diferencia de salarios correspondiente al último año laborado y al pago de las cuotas obrero patronales que debía cubrir la parte demandada al Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo en caso de existir alguna diferencia entre el salario acreditado y el que se manifestó ante dicho instituto; en lo que respecta a la demandada **********, a pesar de que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho de ofrecer pruebas, se le absolvió de pago alguno porque la relación de trabajo fue reconocida por las otras dos demandadas y se consideró que, incluso, de estimar que esta demandada se hubiera beneficiado de la relación laboral con el actor, la renuncia surtiría efectos también para ella. (fojas 167 a 174)

Refiere que el escrito de renuncia debió ser ratificado ante la Junta.

Ahora bien, el quejoso, quien fue la parte actora en el juicio de origen, señala que no debió otorgársele valor probatorio al escrito de renuncia ofrecido como prueba número 4 por las demandadas, ya que no cumple con los requisitos que establece el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la ratificación ante la Junta de Conciliación de Arbitraje de dicha renuncia, por lo que, a su parecer, está invalidada.

Lo anterior deviene infundado.

Esto, porque la renuncia al trabajo presentada por el trabajador no constituye un convenio o algún otro acto de aquellos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieren para su validez hacerse ante la Junta y ser aprobados por ésta, sino que constituye un acto unilateral del trabajador que, de ese modo, decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la empresa.

Es aplicable la jurisprudencia(1) de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"RENUNCIA AL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE DE APROBACIÓN DE LA JUNTA.-Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, y su correlativo 33 de la ley actualmente en vigor, todo acto de liquidación o convenio celebrado entre el obrero y el patrón, para tener validez, debe ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es menos cierto, sin embargo, que la renuncia al trabajo presentada por el trabajador no constituye un convenio o algún otro acto de aquellos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieren para su validez hacerse ante la Junta y ser aprobados por ésta, sino que dicha renuncia constituye un acto unilateral del trabajador, que de ese modo decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la empresa."

Reclama la absolución de horas extras.

El amparista refiere que fue incorrecto que no se condenara al pago de horas extras por todo el tiempo laborado, tal como se reclamó en la demanda laboral, a pesar de que la responsable consideró que la parte demandada no acreditó la jornada laboral que mencionó.

Esta manifestación es infundada.

Es verdad que la Junta responsable consideró que el horario no pudo ser acreditado por la parte demandada con ninguna de sus pruebas, teniéndose por cierto el horario que dijo el actor, de las siete a las diecisiete horas de lunes a sábado con media hora para descansar (foja 172); sin embargo, al analizar la procedencia del reclamo de las horas extras consideró que no debía condenarse a su pago por tratarse de un operador de autotransportes. (foja 172 vuelta)

Se considera que la Junta responsable actúo correctamente al absolver del reclamo de las horas extras, toda vez que el actor señaló tener el oficio de chofer operador de tráiler y que se encargaba de operar los tráileres de las demandadas, así como otras ocupaciones que le encargaban, lo que también fue aceptado por la parte demandada.

Y se advierte que el capítulo relativo al trabajo de autotransportes que regula la Ley Federal del Trabajo vigente, no contempla el pago del tiempo extraordinario para este tipo de trabajadores, ubicados en los artículos 256 al 264 de dicha norma, sino que, atendiendo a las peculiaridades especiales en que se desarrolla, autoriza única y exclusivamente el pago de una cuota adicional proporcional a la fijada, en el caso de que el pago del salario se haya pactado por viaje y éste se prolongue por causas no imputables al trabajador, circunstancias de las que ninguna de las partes involucradas hizo mención, ni tampoco se advierte, siquiera indiciariamente del sumario natural, máxime que la parte demandada, al contestar la demanda, aludió a que el trabajo realizado por el actor encuadraba en el apartado de autotransportes de la Ley Federal del Trabajo y, por ello, no tenía derecho al pago de horas extras (fojas 92, 97 y 98): "...Cabe destacar que la inexistencia de horas extras algunas es derivada de la naturaleza del puesto que el hoy actor desempeñó para mis representadas y que él mismo reconoce haber desempeñado; dicho en otras palabras, las labores que desempeñó el actor están contempladas en el título sexto, capítulo VI, de la Ley Federal del Trabajo, por tratarse de un trabajo especial, es decir, autotransporte y, por lo tanto, dado lo anterior la regulación de la jornada también es de naturaleza especial, pues no se computa en la forma ordinaria sino que, en tratándose de autotransportes sólo existe jornada extraordinaria cuando el viaje se prolonga por circunstancias ajenas al trabajador ya que el patrón carece de elementos para supervisar dicha jornada...

"...

"Dicho lo anterior es importante destacar que como el propio actor reconoce y como se ha manifestado en el hecho que inmediatamente nos antecede, sus labores fueron de naturaleza especial pues se encontraban reguladas por el título sexto, capítulo VI, de la Ley Federal del Trabajo, esto por el apartado relativo a autotransportes, al ser un trabajo especial, la regulación de la jornada, también lo es lo que evidencia a toda luz la falsedad con la que se produce (sic) el actor del presente juicio respecto a la jornada laboral que pretende hacer valer; es falso y se niega que el actor haya laborado jornada fija y permanente, como manifiesta de modo doloso, la cual pretende hacer valer.

"Lo cierto, respecto a la jornada del actor, es que mis representadas, en forma particular y específica **********, pactó con el hoy actor que le sería asignada una ruta fija que corre de la ciudad de ********** a la ciudad de **********, sin sujeción a un horario o jornada fija, pero sí sujeto a los requerimientos de transporte en dicha ruta tal y como expresa y espontáneamente lo confiesa el propio actor en su demanda, es decir, que el mismo no estaba sujeto a una jornada y horario fijo. En estas condiciones tenemos que el actor del presente juicio durante el tiempo que prestó sus servicios para mi representada nunca laboró jornada extraordinaria y, por tanto, resulta improcedente la reclamación de horas extras que el actor pretende hacer en su escrito inicial de demanda. Sin perjuicio de lo anterior y como el propio actor reconoce, su trabajo era el de chofer y, en tratándose de choferes de autotransporte, no es posible jurídicamente hablar de jornada extraordinaria ya que el trabajo de autotransporte se encuentra regulado en el apartado de trabajos especiales, como se ha reiterado a lo largo de la presente contestación."

Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial número 2a./J. 99/2009,(2) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"AUTOTRANSPORTES. SI BIEN ES IMPROCEDENTE EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA RELATIVO, DEBE CUBRIRSE UNA CUOTA ADICIONAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CXC/2001, de rubro: ‘TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES. EL ARTÍCULO 257 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIONES I Y XI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, sostuvo que conforme a los artículos 256 a 264 de la Ley Federal del Trabajo que regulan el trabajo de autotransportes, el salario se fijará por día, por viaje, por boletos vendidos, por circuito o por kilómetros recorridos, y que solamente cuando el salario se fije por viaje, los trabajadores tienen derecho a un aumento proporcional en caso de prolongación, retardo o término normal del viaje por causa que no les sea imputable. De lo expuesto, así como del capítulo relativo al trabajo de autotransportes de la citada ley, se advierte que no contempla el pago del tiempo extraordinario, sino que atendiendo a las peculiaridades especiales en que se desarrolla, autoriza única y exclusivamente el pago de una cuota adicional proporcional a la fijada, en el caso de que el pago del salario se haya pactado por viaje y éste se prolongue por causas no imputables al trabajador."

Por tanto, al tenor del artículo 257(3) de la Ley Federal del Trabajo vigente, la jurisprudencia reproducida y las particularidades del caso, en el presente asunto la condena al pago de horas extras es improcedente, tal y como, finalmente, decretó la responsable.

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia(4) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes:

"HORAS EXTRAS, TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. CASO EN QUE RESULTA IMPROCEDENTE SU PAGO.-El legislador estimó pertinente crear un capítulo específico para regular determinadas labores, que por sus características especiales de ejecución no podrían encuadrar dentro de las normas comunes aplicables a una relación de trabajo normal, encontrándose en este capítulo las actividades relacionadas con el trabajo de autotransporte. Para determinar la forma en que se debe cubrir el salario a este tipo de trabajadores, el artículo 257 de la ley laboral establece que puede fijarse por día, viaje, boletos vendidos o por circuito o kilometraje recorrido. El propio numeral dispone que dicho salario puede consistir en una cantidad fija o en una prima sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo. El artículo 258 de la misma ley señala que para determinar el salario en los días de descanso, se aumentará el que perciban por el trabajo realizado en la semana con un dieciséis punto sesenta y seis por ciento. El artículo 259 dispone a su vez que para fijar el salario de los días de vacaciones y de las indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89 de tal ordenamiento. Los preceptos anteriormente mencionados, establecen las bases para pagar el salario a esta clase de trabajadores, dependiendo fundamentalmente su pago de la modalidad que se haya pactado para la prestación del servicio; de tal manera que si el salario se conviene por viaje y se prolonga o retrasa el término normal del mismo, se tiene derecho a reclamar un aumento proporcional; pero en el supuesto de que se haya convenido pagar el salario de conformidad con el kilometraje recorrido, no existe base legal para reclamar salarios extraordinarios, ya que en esta modalidad no interviene ningún factor temporal para establecer el salario, sino la distancia recorrida, que puede realizarse en un tiempo indeterminado según las circunstancias en que se preste el servicio."

De igual forma, es aplicable la jurisprudencia I.5o.T. J/34,(5) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes:

"AUTOTRANSPORTES, OPERADOR DE. NO PROCEDE EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO.-De conformidad con el artículo 257 de la ley laboral, para el trabajo de autotransportes realizado a bordo de vehículos de esas empresas, el salario correspondiente ha de fijarse por día, viaje, por boletos vendidos, por circuito o kilómetros recorridos, consistiendo en una cantidad fija que sea inferior al salario mínimo y, en su caso, un aumento proporcional si el viaje se prolonga, pero de ningún modo el empleado tiene opción al pago de horas extras."

Señala que no se opuso prescripción (sic) por lo que se debió condenar al pago de las prestaciones legales que se reclamaron por todo el tiempo laborado.

El amparista refiere que fue indebido que no se condenara al pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y horas extras por todo el tiempo laborado, pues la parte demandada, a su parecer, no opuso la prescripción.

Esta manifestación es infundada.

Cabe precisar que en cuanto a las horas extras reclamadas por el actor, la responsable absolvió de su pago; consideración que se consideró apegada a derecho, conforme a lo expuesto en párrafos que anteceden.

Ahora bien, nuestro Más Alto Tribunal ha emitido la jurisprudencia 2a./J. 49/2002, de rubro: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS.", que se considera aplicable al caso, que interpreta la regla genérica de prescripción contenida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo que estatuye: "Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes."

Dicho criterio jurisprudencial ha establecido que la prescripción opera, entre otros supuestos, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, y que para que opere esa excepción, la parte demandada tiene la obligación de proporcionar los elementos que la conforman, a fin de que la autoridad laboral pueda realizar su análisis, siendo suficiente con que el demandado señale, por ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, con independencia de que se mencione o no el referido numeral 516, puesto que al particular le corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho.

Lo que lleva a considerar que para tener por opuesta la excepción de prescripción, la parte demandada no necesariamente tiene que expresar de manera sacramental que sea respecto al año anterior de la interposición de la demanda, pues la mencionada tesis de jurisprudencia sólo citó como ejemplo que bastaba con que el demandado señalara "que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda", por lo que basta que de las afirmaciones de la parte demandada para oponerla, se pueda desprender que se hace valer respecto a los años anteriores al del que tiene derecho el accionante, para considerar opuesta tal excepción.

En el caso y, contrariamente a lo expuesto por el quejoso, la parte demandada, al contestar la demanda, sí opuso la excepción de prescripción, que fue en los siguientes términos (foja 94): "Ahora bien, por cuanto las reclamaciones marcadas con los incisos 3, 4, 5 y 6 del apartado de prestaciones, y dado que dichas prestaciones y/o reclamaciones las hace el actor en forma genérica y por todo el tiempo de servicios prestados, sin conceder respecto a su procedencia y remitiéndome a las contestaciones dadas en los apartados respectivos, en forma subsidiaria y cautelar, se opone respecto a dichas reclamaciones la excepción de prescripción en términos de lo dispuesto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de aquellas que quisiera el actor reclamar por un periodo mayor de un año, contado a partir del día en que supuestamente y sin conceder se generó el derecho. Para los efectos de la excepción de prescripción que se opone, particularmente por lo que toca al cómputo de la misma, éste debe de empezar a correr a partir del día de la presentación de la demanda, esto es, del día veintiuno de marzo de dos mil trece y concluir por tanto, el día veintiuno de marzo de dos mil doce, de tal manera que cualquier reclamación de supuestos derechos que se hayan originado con anterioridad al veintiuno de marzo de dos mil doce, han quedado prescritas y así se solicita sea declarado por esa H. Junta."

Siendo que las prestaciones que reclamó el actor en su demanda laboral en el apartado de prestaciones 3, 4, 5 y 6 consistieron en aguinaldo, horas extras (se absolvió de su pago en el laudo), vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo laborado.

Ello revela la pretensión de la parte demandada de que el pago de esas prestaciones debía ser analizado por la responsable sólo en lo que respecta al último año contado a partir de la interposición de la demanda laboral y no los años anteriores a ese.

Por tanto, se debe considerar que la parte demandada sí opuso la excepción de prescripción respecto de tales prestaciones, razón por la que, al condenar a dichas prestaciones, se señalara que sería por el último año laborado.

Se duele de que no se condenara a la parte proporcional de aguinaldo del año 2013.

Por otro lado, señala el quejoso que la responsable no condenó a la parte proporcional del aguinaldo del año 2013, sino sólo al pago de aguinaldo de 2012.

Este concepto de violación es fundado.

En efecto, dado que la responsable consideró que procedió la prescripción opuesta por las demandadas en contra de las prestaciones reclamadas por el actor, consideró condenar a su pago sólo por el último año de servicios prestados.

Sin embargo, en cuanto a la prestación de aguinaldo condenó de la siguiente manera (foja 173): "3. La cantidad de $5,530.00 (son: cinco mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), en concepto de aguinaldo correspondiente al último año de servicios prestados (15x $368.70)."

De lo anterior se desprende que la responsable condenó al pago de aguinaldo por sólo un año, esto porque multiplicó 15 por la cantidad que consideró correspondía al salario diario del actor, ya que por año le corresponden al trabajador 15 días por aguinaldo, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo vigente, debiéndose entender entonces que hizo esa operación respecto a un año completo, que correspondería al año 2012, que es el año anterior a la interposición de la demanda.

No obstante, omitió condenar al pago de la parte proporcional del año 2013, dado que la fecha en que el actor y parte demandada ubican la terminación de la relación de trabajo, fue el siete de marzo de dos mil trece, promoviendo su demanda laboral el veintiuno de marzo de dos mil trece, de ahí que deba entenderse que como lo señala el quejoso, indebidamente no se tomó en cuenta la parte proporcional del año 2013, para efectos de la condena del pago de aguinaldo, por lo que la responsable deberá tomarlo en consideración al hacer la condena de mérito.

Reclama la deserción de su prueba pericial que ofreció para demostrar la objeción en contra del escrito de renuncia y recibos de nóminas.

Por otro lado, aduce el amparista que se declaró desierta su prueba pericial en audiencia de veintinueve de octubre de dos mil trece, no obstante que ofreció su perito, por lo que la responsable debió nombrarle uno, porque la prueba era colegiada y, como no lo hizo, al exhibir su dictamen pericial la demandada, el actor quedó en estado de indefensión.

Esta manifestación es fundada, en el sentido de que la responsable no debió declarar la deserción de la prueba pericial ofrecida por el actor para acreditar su objeción al escrito de renuncia y recibos de nómina ofrecidos por la parte demandada como pruebas 4 y 7.

Con motivo del decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron el artículo 824 y las fracciones III y IV del artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo, dándole la vigencia que rige actualmente y que disponen lo siguiente:

"Artículo 824. La Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador, cuando éste lo solicite."

"Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:

"I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior;

"II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;

"III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si alguno no concurriera a la audiencia, sin causa justificada a juicio de la Junta, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la Junta las medidas para que comparezca;

"IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes; y

"V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero."

Como se advierte, la Junta podrá nombrar al perito del trabajador si éste lo solicita y, en caso contrario, cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia.

Asimismo, los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen, pero podrán hacerlo en otra diligencia si por causa justificada solicitan se señale nueva fecha para rendir su dictamen.

Así, el día de la audiencia de desahogo de la prueba pericial, el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen; pero si alguno no concurriera a la audiencia, sin causa justificada a juicio de la Junta, la única consecuencia será que se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la Junta las medidas para que comparezca el perito.

A diferencia de lo que disponía la fracción III del artículo 825 antes de la citada reforma, pues establecía: "En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: ...III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II del artículo que antecede, la Junta señalará nueva fecha y dictará las medidas necesarias para que comparezca el perito..." y a su vez, la fracción II del artículo 824 sin la reforma referida, establecía: "La Junta nombrará a los peritos que correspondan al trabajador, en cualquiera de los siguientes casos: ...III. Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes."; de donde se interpretaba que sólo se desahogaría la pericial con los peritos que concurrieran el día fijado para su desahogo, a menos de que se tratara de un perito nombrado por la Junta, a petición expresa del trabajador, por aducir no poder cubrir sus honorarios pues, en ese caso, la Junta señalaría nueva fecha y dictaría las medidas necesarias para que compareciera el perito.

Sin embargo, con motivo de la reforma citada, en la fracción III del artículo 825 de la citada norma, dejó de existir la salvedad aludida, pues ahora se dispone que el día señalado para la audiencia de desahogo, los peritos que comparecieran rendirían su dictamen, pero en caso de que alguno no concurriera, sin hacer distinción si fuera el asignado por la Junta al trabajador, o el nombrado por las propias partes, y si a juicio de la Junta su incomparecencia fue injustificada, ésta señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando las medidas para que comparezca, como se advierte de su actual texto: "...III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si alguno no concurriera a la audiencia, sin causa justificada a juicio de la Junta, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la Junta las medidas para que comparezca."

Por tanto, es evidente que la intención del legislador con esta reforma es darle la oportunidad a ambas partes, actor y demandado, para que se desahogue la pericial que ofrecieron en el juicio laboral, en los casos en que sus peritos "injustificadamente" no comparezcan a la audiencia de desahogo, otorgándole a la Junta la facultad de calificar en qué casos a su juicio debe considerarse "injustificada" la inasistencia de los peritos, y con base en ello emplear las medidas a su alcance para hacerlos comparecer.

Por lo que, entonces, el único factor determinante para que la Junta haga uso de las medidas respectivas de hacer que el perito comparezca a rendir su dictamen a la audiencia de desahogo de la pericial, es que si a su criterio la incomparecencia del perito fue injustificada, lo que dependerá de cada caso en particular.

Lo cual encuentra lógica, si se considera que existen casos en que la inasistencia de un perito a la audiencia de desahogo referida se pretende justificar por la parte oferente con un certificado médico y se solicita fijar nueva fecha y hora para presentarlo, pues en caso de que la Junta considerara que dicho documento cumple con los requisitos para ello, en general, ya no tendría necesidad de hacer uso de las medidas para hacer comparecer al perito, dada la intención del oferente de la prueba de volverlo a presentar; de ahí que sólo la "injustificación" de la incomparecencia del perito a la audiencia, calificada de ese modo por la autoridad laboral, sea la que pueda generar la acción de la Junta de hacerlo comparecer haciendo uso de las medidas que correspondan.

Ello, máxime que la Junta que conoce e instruye el juicio tiene el deber de señalar fecha de audiencia para que los peritos comparezcan personalmente, a fin de que las partes puedan interrogarlos, ya que conforme a los principios de inmediatez y oralidad que rigen en el derecho procesal del trabajo, las partes tienen derecho a intervenir directa y personalmente en todas las etapas del procedimiento, por lo que también deben procurar la emisión del dictamen, en caso de que uno de los peritos de las partes sin justificación, a su juicio, no compareciera a la fecha fijada para su emisión.

Aunado a que no se puede perder de vista que en el dictamen de veintiocho de septiembre de dos mil doce, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura realizado a la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto, mismo que dio lugar a la referida reforma del mencionado artículo 825, fracción III, entre otros, de la Ley Federal del Trabajo, se dispuso que el objetivo de la reforma era darle celeridad, certeza y seguridad jurídica al proceso laboral. "En cuanto a las pruebas confesional, documental pública y privada, testimonial, pericial y elementos aportados por los avances de la ciencia, en las secciones correspondientes a cada prueba del citado capítulo XII, se incorporan disposiciones idóneas que tienen por objeto dar celeridad, certeza y seguridad jurídica al proceso laboral."; por tanto, es evidente que los cambios que se hicieron en dicha legislación respecto al desahogo de la prueba pericial de mérito, fueron tomados conscientemente, a fin de darle al proceso laboral, celeridad, certeza y seguridad jurídica, lo que se lograría en el caso con la disposición referida.

En el caso, el actor objetó de autenticidad las pruebas de la parte demandada, en concreto, la número 4 consistente en un escrito de renuncia, respecto de la firma y huella y la número 7, relativa a unos recibos de nómina, en cuanto a la firma estampada en ellos; ofreció la ratificación de dichos documentos a cargo del actor y, en caso de no reconocer su firma, ofreció la prueba pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica, documentoscópica y dactiloscópica que estaría a cargo de un perito que la Junta nombraría por no poder cubrir sus honorarios; solicitud que le hizo a la responsable para el nombramiento de un perito. (foja 101 vuelta)

Así, se fijó fecha y hora para el desahogo de ratificación a cargo del actor de las mencionadas documentales números 4 y 7 ofrecidas por la parte demandada, quien no las ratificó, lo que dio lugar a que la responsable se pronunciara sobre las periciales ofrecidas por las partes, accediendo a la solicitud del actor de nombrarle un perito, para lo cual se ordenó girar oficio a la Fiscalía General del Estado, a fin de que una vez designado dicho perito compareciera a rendir protesta de ley y emitiera su dictamen. (foja 133)

Llegada la fecha fijada en la audiencia anterior, se dio cuenta que no se presentó el perito de la parte actora porque no se giró el oficio para ello, presentándose únicamente el perito de la parte demandada quien protestó desempeñar el cargo; y se fijó nueva fecha y hora para que el actor compareciera a plasmar muestra decadactilar y, una vez hecho lo anterior, se fijaría fecha para la emisión del dictamen (foja 137); asimismo, en la data fijada compareció el actor a plasmar las citadas huellas, así como el perito de la parte demandada quien solicitó se le otorgara un plazo para emitir dictamen, haciéndose constar la inasistencia del perito del actor que designaría la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pues de nueva cuenta no se había girado el oficio respectivo como se ordenó por la responsable, sin embargo, en la propia audiencia el apoderado del actor solicitó sustituir al perito que nombraría a su favor la Junta, por el perito **********, quien aceptó el cargo y protestó su desempeño, pidiendo un término para emitir su dictamen, a lo que se accedió, fijándose nueva fecha para que ambos peritos emitan su dictamen, apercibiendo a las partes que en caso de que no comp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26431-7499d01e/prueba-pericial-las-juntas-tienen-atribuciones-para-hacer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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