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Modo: Corpus Pro

LITIS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL HECHO DE QUE EL ACTOR NO AMPLÍE SU DEMANDA PARA CONTROVERTIR LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS HECHOS VALER POR LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN, EN LOS CASOS EN QUE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, NO IMPLICA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 141/2015. · Registro digital (IUS): 26489
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2639.

AMPARO DIRECTO 141/2015. 14 DE MAYO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. SECRETARIO: JOSÉ WOODROW GARCÍA MATA FRÍAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-La responsable, luego de resolver que, en el caso, se actualizó la institución jurídica de la negativa ficta, en el considerando tercero del fallo reclamado precisó que la actora pretendía la integración a su cuota diaria de pensión, que regularmente recibe, de los conceptos "Comp. compactable", "Asig. apoyo a la doc." y "CC Comp. compactable", los cuales afirmó haber percibido quincenalmente en el último año de servicios previo a su baja.

Explicó que la autoridad demandada, al contestar la demanda, expuso los motivos y fundamentos que justificaron la resolución negativa ficta impugnada y solicitó se reconociera su validez.

En este orden de consideraciones, la Sala del conocimiento determinó que:

"...en tanto que la autoridad demandada al producir su contestación de la demanda, manifestó los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta impugnada, argumentos éstos que no son desvirtuados por la actora, ya que en la especie la impetrante fue omisa en debatir dichos fundamentos y motivos de la negativa ficta expuestos en la contestación de la demanda de nulidad por la autoridad traída a juicio, por lo que tácitamente acepta los términos en que fue resuelta dicha ficción legal.

"En esa virtud, a juicio de este órgano colegiado procede reconocer la validez de la resolución negativa ficta controvertida, puesto que es en la ampliación de la demanda cuando se dan los conceptos de impugnación en contra de los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta impugnada, dados en la contestación respectiva, lo cual no sucedió en la especie."

En contra de tales consideraciones, la quejosa aduce, en síntesis, que la autoridad responsable presumió de manera indebida la validez de la resolución impugnada, al estimar que no se desvirtuaron los argumentos vertidos por la autoridad al contestar la demanda, por lo que tácitamente acepta los términos en que fue resuelta dicha ficción legal.

Asegura que la determinación de la Sala responsable es contraria a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Carta Magna, pues omitió administrar justicia violando lo ordenado en dicho normativo constitucional, que es de observancia obligatoria para todo tribunal, pues resulta indispensable que examine la litis en los términos en que se configuró; es decir, con la demanda y su contestación, a fin de verificar si se expresaron los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta y, partiendo de ese análisis, dictar sentencia resolviendo el conflicto.

Agrega que el hecho de que no haya ampliado su demanda, no obstante haber tenido la oportunidad para hacerlo, no exime a la autoridad responsable de la obligación precisada en el normativo constitucional citado en el párrafo anterior.

Sostiene, además, que la responsable violó en perjuicio de la quejosa, las garantías de fundamentación y motivación tuteladas por los artículos 14 y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal.

Para verificar la eficacia de los argumentos antes sintetizados, es conveniente informar que de las constancias del expediente de nulidad se advierte que:

En la vía contenciosa administrativa federal **********, por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a su escrito presentado el nueve de enero de dos mil catorce ante el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual solicitó la modificación de su cuota diaria de pensión, así como el pago de las diferencias que resulten.

Al contestar la demanda de nulidad, el director jurídico del mencionado instituto sostuvo la legalidad y validez de la resolución negativa ficta impugnada manifestando, sustancialmente, que la determinación impugnada sí se encontraba debidamente fundada y motivada y expuso una serie de razonamientos para apoyar su dicho (folios 45 a 61 del juicio de nulidad).

Por auto de primero de octubre de dos mil catorce, la Magistrada instructora tuvo por contestada la demanda y ordenó correr traslado a la demandante con el oficio de contestación y sus anexos para que, en el plazo de veinte días, formulara su ampliación, por ubicarse en el supuesto previsto por el artículo 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (folio 39 del expediente).

Mediante acuerdo de veinte de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para ampliar su demanda; asimismo, se informó a las partes que podían presentar alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de la instrucción, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (folio 67).

En este orden de consideraciones, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que, como lo sostiene la quejosa, la responsable actuó indebidamente al reconocer la validez de la resolución negativa ficta impugnada, sobre la base de que la recurrente, hoy quejosa, no había desvirtuado los fundamentos y motivos de esa negativa ficta que la autoridad demandada produjo al dar contestación a la demanda, pues había omitido ampliar ésta, lo que tiene como consecuencia que aceptara tácitamente los términos en que fue resuelta esa ficción legal.

Ciertamente, del artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que en la demanda de nulidad deberán expresarse los conceptos de impugnación.

De igual forma, el artículo 17, fracción I, del ordenamiento jurídico en cita dispone que cuando se impugne una negativa ficta, el actor podrá ampliar su demanda dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación de la autoridad demandada.

Por último, el artículo 20, fracciones III y IV, de la misma ley, prevé que al producir su contestación a la demanda, la autoridad demandada deberá referirse concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios, o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso, y deberá expresar los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación.

Así las cosas, de los preceptos legales invocados, es posible concluir que, aun cuando en el juicio de nulidad se impugne una resolución negativa ficta, la litis se integra con los conceptos de impugnación hechos valer en la demanda y la contestación que produce la autoridad, cuyo contenido, a su vez, está compuesto tanto por la respuesta a los hechos, como por los argumentos encaminados a combatir los conceptos de impugnación.

Entonces, de los supuestos normativos en análisis, también se concluye que, el hecho de que el actor no impugne, esto es, no amplíe la demanda de nulidad en contra de los argumentos que hizo valer la autoridad al contestar la demanda, en los que generalmente se expresan los fundamentos legales y motivos que sirven de base a esa autoridad para sustentar la negativa ficta, no puede significar o traducirse de manera alguna en la ausencia de litis y, menos aún, en el consentimiento tácito de esos fundamentos y motivos.

Y es que no debe perderse de vista que, además de que esa consecuencia no está prevista en la ley, la litis en el juicio de nulidad, independientemente de que se impugne inicialmente una resolución negativa ficta, está conformada por la demanda y su contestación y, en ese orden de ideas, la omisión de ampliar la demanda podrá tener como consecuencia que los conceptos de impugnación no sean aptos para controvertir los fundamentos y motivos hechos valer en la contestación, pero no para concluir que el actor se conforma o consiente implícitamente esos fundamentos y motivos, pues el hecho mismo de demandar la nulidad de la negativa ficta, esto es, de la resolución que le es desfavorable y que se crea por ficción legal, demuestra su inconformidad expresa.

Concluir en un sentido opuesto, implicaría impedir o hacer nugatorio el derecho fundamental del particular a la tutela judicial, pues no obstante de que combatió expresamente un acto de autoridad (resolución negativa ficta) que le es desfavorable, creado por la ley como consecuencia del transcurso del tiempo y de la falta de respuesta a una solicitud, se desestimaría su pretensión sobre la base de que no impugnó los argumentos contenidos en la contestación de la demanda, cuando precisamente el acto que termina por integrar la litis, en conjunto con la demanda y con la resolución negativa ficta, es esa contestación.

En consecuencia, el concepto de violación a que se viene haciendo referencia es fundado.

De esa manera, se procederá al estudio del diverso concepto de violación, en el que la solicitante de amparo manifiesta que en el juicio de origen demostró plenamente su argumento principal, mientras que la autoridad demandada no desvirtuó cada uno de los conceptos de impugnación que hizo valer en la demanda.

Lo anterior, sostiene la quejosa, debido a que la Comisión Permanente (sic) del Congreso de la Unión determinó que el salario que percibirán los servidores públicos de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será considerado como remuneración o retribución, para lo cual deberán considerase todas aquellas percepciones en efectivo o en especie, quedando incluidas las dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

De ahí que si el legislador federal delimitó cuales son los elementos que integran el salario base de los servidores públicos, y si la quejosa laboró en la Secretaría de Desarrollo Social, es indudable que es incorrecto que se le imponga la limitante a la integración de su salario contenida en los tabuladores regionales a que hace referencia la autoridad demandada en las diversas tesis a que hace mención en la contestación de la demanda, pues las mismas ya fueron rebasadas y, por tanto, son inaplicables, limitándose esa autoridad a afirmar que para efecto del cálculo de la pensión debe considerarse el salario básico de un trabajador, sin expresar razonamiento lógico que apoye su dicho.

Así las cosas, de la demanda de nulidad es posible advertir que la quejosa reclamó como prestaciones, la declaración de la negativa ficta para rectificar su cuota diaria de pensión, la modificación de esa cuota para que se incluyeran los conceptos que integraron su sueldo básico quincenal, percibidos durante el último año de servicios a la fecha de la asignación de la pensión, y las diferencias que resultaran a favor generadas por la modificación, desde que tuvo derecho a ellas.

De igual forma, la actora, hoy quejosa, consideró que tenía derecho al incremento de la pensión que le fue otorgada el uno de junio de dos mil ocho, en virtud de que se había omitido incluir, para el cálculo de la cuota diaria de pensión, los conceptos "Comp. Compactable" (compensación compactable), por la cantidad de $681.50 (seiscientos ochenta y un pesos, cincuenta centavos), "Asig. apoyo a la doc." (asignación de apoyo a la docencia), por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos) y "CC Comp. compactable" (compensación compactable), por la cantidad de $249.90 (doscientos cuarenta y nueve pesos, noventa centavos), que percibió de manera periódica, continua e ininterrumpida.

Lo anterior, sostuvo la actora, en virtud de que esos conceptos integran su salario y la autoridad demandada no los había tomado en cuenta para determinar la cuota diaria de pensión, sino que únicamente tomó en cuenta la prima quinquenal y los sueldos compactados, omitiendo esos conceptos y determinándole una cuota diaria por la cantidad de $160.99 (ciento sesenta pesos, noventa y nueve centavos), aplicándole incorrectamente los artículos 127, fracción I, constitucional y 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada.

Los argumentos hechos valer por la actora son infundados.

A fin de acreditar lo anterior, es menester traer a colación la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 439, que dice:

"ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).-Conforme a los artículos 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 1o., 2o., 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la controversia entre un pensionado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las resoluciones que éste emite en materia de pensiones, constituye una acción de naturaleza administrativa. En tal virtud, cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión, no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga, sino porque esos son los únicos elementos integrantes de la cuota diaria pensionaria, conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1984 a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio Instituto. Esto es, el asegurado puede reclamar y, por ende, demostrar la procedencia de la inclusión únicamente de esos conceptos en su cotización y de encontrarse en alguno de los supuestos de excepción (Poderes Legislativo y Judicial, así como entes autónomos), debe aportar los elementos de convicción respectivos."

El criterio que informa la jurisprudencia transcrita da noticia de que el Alto Tribunal decidió, entre otras cuestiones, que la base salarial para el cálculo de la pensión se integra únicamente por los conceptos denominados sueldo tabular y quinquenios y/o prima de antigüedad y que, excepcionalmente, los pensionados que prestaron sus servicios en los Poderes Legislativo o Judicial, o en algún ente autónomo, pueden reclamar la inclusión de otros, asumiendo la carga probatoria de que fueron objeto de cotización.

Es complemento del criterio en cita lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 21/2013.

En la sentencia respectiva, el Alto Tribunal explicó que, en términos de los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la connotación de salario prevista en el artículo 15 de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe entenderse integrada en términos del artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, con el sueldo o salario que se asigne en los tabuladores regionales, de suerte que sirve como base para calcular las cotizaciones a que se refiere el ordenamiento legal en cita.

Aclaró el Alto Tribunal que si bien por virtud de esa reforma, quedó derogado el contenido del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esa modificación se refiere al concepto de salario básico de cotización, que antes se integraba con sueldo, sobresueldo y compensación, acotándose a partir de tal reforma que el salario básico que debe tomarse en cuenta para realizar las cotizaciones de seguridad social es el que prevé el artículo 32 de la ley burocrática federal; esto es, el sueldo o salario que se asigne en los tabuladores regionales para cada puesto.

El Máximo Tribunal del País concluyó su examen diciendo que el artículo 15 de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no dejó de tener vigencia, pues no fue expulsado del sistema jurídico, sino que después de la reforma, debe leerse de la siguiente manera:

"Artículo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley (es el sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto -previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado-), excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo."

Definido este aspecto, el Alto Tribunal explicó que no es lo mismo salario tabular que tabulador regional, pues el sueldo o salario tabular que sirve de base para el pago de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el cálculo de las prestaciones respectivas no se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional respectivo, sino que constituye un solo concepto, que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto.

A partir de la conclusión anterior, estableció que si en el juicio de nulidad un pensionado demanda que se consideren, para efectos de fijar el monto de su pensión, percepciones o conceptos distintos del salario tabular y, por ende, que el instituto ajuste el monto de su pensión, no será suficiente que demuestre que durante el tiempo que laboró al servicio del Estado los percibió regular y continuamente, y que se prevén en el tabulador regional, sino que también debe acreditar que dichas percepciones fueron consideradas para fijar sus cuotas y aportaciones de seguridad social.

La sentencia que se comenta dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 774, que establece:

"ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El salario tabular es el identificado con los importes consignados en los tabuladores regionales para cada puesto, que constituyen la base del cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de los trabajadores, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social, y que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto; mientras que el tabulador regional es el instrumento que permite representar los valores monetarios con los cuales se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios, así como otras asignaciones diversas al salario tabular, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del grupo, grado, nivel o código autorizados, según corresponda, acorde con los distintos tipos de personal. En ese sentido, dado que no es lo mismo salario tabular que tabulador regional, pues aquél sirve de base para el pago de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el cálculo de las prestaciones respectivas no se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional, sino que se constituye como un solo concepto, la circunstancia de que en el juicio de nulidad un pensionado demande de dicho Instituto que para fijar el monto de su pensión considere percepciones o conceptos distintos del salario tabular, pero contenidos en los tabuladores regionales, y demuestre que durante el tiempo que laboró al servicio del Estado los percibió regular y permanentemente, es insuficiente para estimar que deben formar parte del sueldo base para efectos del cálculo de la pensión jubilatoria, siendo necesario que se acredite que fueron considerados parte del salario tabular y conocerse la forma en que en su caso se entregaron las cuotas y aportaciones de seguridad social, ya que sólo cuando la dependencia o entidad correspondiente consideró en las cuotas y aportaciones de seguridad social conceptos diversos al salario tabular, deberán tomarse en cuenta al fijar el monto y alcance de la pensión correspondiente, en la medida en que debe existir una correspondencia entre ambas, pues el monto de las pensiones y prestaciones debe ser congruente con las referidas aportaciones y cuotas, de las que se obtienen los recursos para cubrirlas."

Por tanto, la quejosa no tiene derecho a que se tomen en cuenta los conceptos de ingreso denominados "Comp. compactable" (compensación compactable), por la cantidad de $681.50 (seiscientos ochenta y un pesos, cincuenta centavos), "Asig. apoyo a la doc." (asignación de apoyo a la docencia), por la cantidad de $200.00 (doscientos pesos) y "CC Comp. compactable" (compensación compactable), por la cantidad de $249.90 (doscientos cuarenta y nueve pesos, noventa centavos), para el cálculo de su cuota diaria pensionaria, pues para que se pudieran haber integrado era menester que la actora hubiera acreditado que por tales conceptos cotizó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual no demostró, pues de ninguna de las pruebas documentales que exhibió en el juicio de nulidad es posible advertir esa circunstancia.

Toda vez que existe jurisprudencia que resuelve el planteamiento que sobre este aspecto se propone, debe desestimarse por inoperante.

En mérito de las anteriores consideraciones y al no haber demostrado la quejosa que el acto combatido viole en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca, lo que se impone es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, pronunciada por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente relativo al juicio de nulidad **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca (presidente), Carlos Ronzon Sevilla y Joel Carranco Zúñiga, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción II, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26489-6abedbf1/litis-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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