I. DEUDA PÚBLICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL EJECUTIVO LOCAL TIENE LA ATRIBUCIÓN DE REESTRUCTURARLA DENTRO DEL MARCO QUE LE AUTORICE EL CONGRESO DEL ESTADO (CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS DE REFINANCIAMIENTO, CONVENIOS DE REESTRUCTURA Y CONTRATO DE FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO CELEBRADOS POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 102/2013. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 2 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ EL DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y;
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, quien se ostentó como presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del mismo Estado, señalando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como tercero interesado.
Como actos reclamados señaló diversos contratos y convenios entre el Estado de Nuevo León y diversas instituciones financieras y crediticias, que fueron celebrados por el Poder Ejecutivo Local a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el cinco de julio de dos mil trece, con el objeto de refinanciar y reestructurar la deuda pública del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Los contratos y convenios impugnados son los siguientes:
A. Contrato de refinanciamiento entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Multiva, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17., que consta en el instrumento público número 44,967, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
B. Contrato de refinanciamiento entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17., que consta en el instrumento público número 44,963, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
C. Convenio de reestructura entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16., que consta en el instrumento público número 44,964, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
D. Convenio de reestructura entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16., que consta en el instrumento público número 44,965, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
E. Convenio de reestructura entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16., que consta en el instrumento público número 44,966, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
F. Contrato de refinanciamiento entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17., que consta en el instrumento público número 44,968, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
G. Contrato de refinanciamiento entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17., que consta en el instrumento público número 44,969, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
H. Convenio de reestructura entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16., que consta en el instrumento público número 44,970, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
I. Convenio de reestructura entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como acreditante, específicamente, la cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16., que consta en el instrumento público número 44,973, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
J. Contrato de fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago entre el Estado de Nuevo León, como fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar, y Evercore Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, División Fiduciaria, como fiduciario, específicamente, la cláusula primera, secciones 1.5., incisos a) y b), y 1.17. del anexo z, que consta en el instrumento público número 44,962, libro 890, pasado ante la fe del licenciado Francisco Hugues Vélez, notario público número doscientos doce, así como del licenciado Guillermo Oliver Bucio, notario público número doscientos cuarenta y seis, ambos con domicilio en el Distrito Federal.
Como antecedentes del caso, señaló que el Congreso del Estado de Nuevo León emitió el "Decreto Núm. 042, por el que se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para que reestructure, refinancie y contraiga financiamiento, así como para que realice diversas operaciones y actos relacionados", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil doce; y argumentó que el Poder Ejecutivo Local, al reestructurar la deuda pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, estipuló cláusulas más allá de lo autorizado en dicho decreto.
Como se desarrolla a continuación, el poder actor sostiene que las cláusulas son contrarias a los artículos 115, 116 y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los siguientes motivos:
Conceptos de invalidez
1) Violan los artículos 115, fracción IV, inciso b),(2) y 134, párrafos primero y quinto,(3) de la Constitución Federal, porque exceden las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo demandado.
2) Contravienen las disposiciones del artículo 115, fracción IV, inciso b), constitucional, porque el Constituyente dispuso que las Legislaturas establecieran las bases, montos y plazos mediante los cuales se cubrirían anualmente las participaciones distribuibles a los Municipios, y la obligación establecida en los contratos de no entregar u otorgar a los Municipios más del veinte por ciento del Fondo General de Participaciones Federales recibidas por el Estado, en términos del sistema de coordinación fiscal, invade las facultades propias de la Legislatura Local.
3) Las autorizaciones contenidas en el Decreto 042, no constituyen per se el otorgamiento de una facultad ampliamente discrecional al Ejecutivo para celebrar actos que comprometan las participaciones federales. Dicha atribución está limitada por las disposiciones de carácter general que rigen el manejo de participaciones federales, y al comprometerse a no otorgar más del veinte por ciento del total de participaciones a los Municipios, justamente refiriéndose al mínimo que se establece en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, invade la competencia del Poder Legislativo.
4) Vulneran el artículo 115, fracción IV, inciso a),(4) constitucional, que otorga a la Legislatura la facultad de establecer los ingresos de las haciendas públicas municipales, al comprometerse a no abandonar el sistema de coordinación fiscal; siendo que la determinación de mantenerse o no dentro de dicho sistema corresponde al Poder Legislativo del Estado.
5) El poder demandado invadió la esfera competencial del Poder Legislativo, al comprometer la función de establecer los porcentajes de las participaciones federales que le corresponden a cada Municipio hasta por treinta años, siendo que al Congreso le concierne esta función cada año o incluso en una ley permanente.
SEGUNDO.-Registro, turno y admisión de la demanda. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil trece,(5) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 102/2013, y por razón de turno designó a la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Mediante proveído de diez del mismo mes y año,(6) la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de la controversia constitucional y ordenó emplazar al Poder Ejecutivo demandado para que formulara su contestación; asimismo, reconoció el carácter de interesado al Poder Ejecutivo Federal, no así a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tratarse de un órgano subordinado de este mismo poder, a quien ordenó dar vista por conducto de su consejero jurídico para que manifestara lo que conviniera a sus intereses; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que correspondiera a su representación.
TERCERO.-Desahogo de la vista del tercero interesado. Por oficio presentado el veintiséis de noviembre de dos mil trece(7) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Celis Aguilar Álvarez, quien se ostentó como consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, actuando en suplencia por ausencia del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, quien a su vez actúa en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, manifestó:
• Que la Ley de Coordinación Fiscal tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con el de los Estados, Municipios y Distrito Federal; establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
• El numeral 9o. del ordenamiento en cita dispone que las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades federativas o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
• Que el Congreso del Estado de Nuevo León, mediante Decreto 042, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, autorizó al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para llevar a cabo la reestructura y/o refinanciamiento de los financiamientos del Estado. Por este motivo, el Ejecutivo Local realizó los contratos y convenios impugnados.
• Que el conflicto planteado por la actora no incide en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, pues la naturaleza de los contratos es de administrar los recursos que se destinarán al pago de los contratos celebrados por el Estado con entidades financieras, razón por la cual, el Ejecutivo Federal permanecerá atento a lo que resuelva este Alto Tribunal.
CUARTO.-Contestación de la demanda. Por oficio presentado el diez de diciembre de dos mil trece(8) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Alejandro Campos Cantú, quien se ostentó como consejero jurídico del gobernador del Estado de Nuevo León, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, dio contestación a la demanda y planteó los siguientes motivos de improcedencia:
1) No encuadra en alguno de los supuestos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados por la parte actora constituyen estipulaciones que se encuentran reguladas por el derecho privado.
2) Con fundamento en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es improcedente, porque el acto impugnado no afecta la esfera de competencias y atribuciones del Congreso del Estado de Nuevo León.
Afirma que el poder actor no está impugnando actos en razón de las atribuciones que le otorga la Constitución Federal, sino que pretende impugnar actos celebrados de manera privada cuya competencia corresponde al Ejecutivo del Estado de Nuevo León; lo anterior, en razón de que los actos reclamados no contradicen el contenido de las leyes aplicables, por lo que no afectan su interés legítimo.
Concluye que si la parte que promueve la controversia lo hace en contra de actos ajenos a su esfera de atribuciones, carece de interés legítimo. En apoyo a lo anterior, cita la jurisprudencia P./J. 83/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."
En relación con los conceptos de invalidez señaló lo siguiente:
a) Es infundado que se viole el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal y el quinto párrafo de su artículo 134, en relación con el 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, al comprometerse el Ejecutivo del Estado de Nuevo León a no otorgar a los Municipios más del veinte por ciento del total de participaciones del Fondo General de Participaciones Federales.
El Ejecutivo Local actuó de conformidad con lo autorizado por el Congreso del Estado en el Decreto 042, toda vez que en el artículo séptimo del citado decreto, el propio Congreso es quien permite la afectación del cien por ciento de las participaciones que le corresponden al Estado.
Sostiene que resulta infundada la afirmación de la parte actora, en el sentido de que el decreto en cuestión autoriza a comprometer el total de las participaciones, es decir, el ochenta por ciento que, en forma conjunta, reciben el Estado y sus Municipios, correspondiendo a los últimos el veinte por ciento restante.
Argumenta que la actuación del Ejecutivo, al celebrar los contratos y convenios, no invadió la esfera competencial del Legislativo, ni existe conflicto alguno con la Constitución Federal o alguna otra legislación vigente.
b) Es infundado que el Ejecutivo invada la esfera competencial del Legislativo, al comprometerse a cumplir en todo momento con lo pactado en el convenio de coordinación fiscal, para evitar que deje de formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o pierda el derecho a recibir las participaciones federales, siendo facultad del Legislativo autorizar la adhesión o separación del sistema nacional de participaciones.
Precisa que la actuación del Ejecutivo es acorde con lo establecido en el Decreto 042, toda vez que el referido decreto lo autorizó para que a su discreción gestionara, negociara, acordara, conviniera y celebrara los demás términos y condiciones que se estimaran necesarios o convenientes; asimismo, para asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer para dar cumplimiento a lo previsto en el citado decreto. Por lo que para cumplir con lo establecido en el multicitado decreto, es importante pactar en los contratos y convenios que el Estado permanezca adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
c) Es infundado que el Ejecutivo Local invada la esfera competencial del Legislativo, ya que dichos contratos son de naturaleza privada, toda vez que no persiguen finalidad de orden público alguna, su objeto son intereses particulares y fueron celebrados bajo la voluntad de las partes, al respecto, cita la tesis aislada VI.3o.A.50 A, de rubro: "CONTRATO ADMINISTRATIVO Y CONTRATO CIVIL O MERCANTIL. DIFERENCIAS."
Considera que los contratos celebrados por un órgano estatal con los particulares están regidos por el derecho privado cuando su objeto no esté vinculado con el cumplimiento de atribuciones públicas. Así concluye, que es infundado considerar que en contratos regulados por el derecho privado se puedan restringir facultades del Legislativo.
QUINTO.-Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el treinta de enero de dos mil catorce,(9) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.
SEXTO.-Radicación. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) se acordó remitir el expediente a esta Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto mediante acuerdo dictado el veinte de abril de dos mil quince,(11) y ordenó enviar nuevamente los autos a la Ministra designada como ponente.
Mediante proveído de siete de enero de dos mil dieciséis,(12) se ordenó returnar el expediente en que se actúa a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, con fundamento en el artículo 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para su resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la controversia constitucional que se plantea entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(15) en relación con el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013,(16) aprobado por el Pleno el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos Poderes de un mismo Estado en el que no se impugnan normas de carácter general.
SEGUNDO.-Certeza y precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(17) se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional y a valorar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
En el apartado correspondiente a los actos reclamados, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León señala varios convenios y contratos que fueron celebrados por el Poder Ejecutivo Local -a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado- el cinco de julio de dos mil trece, de los cuales impugna ciertas cláusulas que considera exceden la autorización que el Poder Legislativo le otorgó al Ejecutivo para reestructurar la deuda pública del Gobierno del Estado de Nuevo León a través del Decreto 042, por el que se le autoriza para que reestructure, refinancie y contraiga financiamiento, así como para que realice diversas operaciones y actos relacionados.
Por su parte, el Poder Ejecutivo demandado reconoció la existencia de dichas cláusulas; mismas que también quedaron demostradas con las copias certificadas de los contratos y convenios que obran en el expediente:
a) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17. del contrato de refinanciamiento celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Multiva, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como acreditante, consta en los folios 1054 y 1057 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
b) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17. del contrato de refinanciamiento celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como acreditante, consta en los folios 298 y 301 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
c) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16. del convenio de reestructura celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, consta en los folios 532 y 535 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
d) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16. del convenio de reestructura celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como acreditante, consta en los folios 713, 714, 716 y 717 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
e) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16. del convenio de reestructura celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como acreditante, consta en los folios 882, 883 y 885 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
f) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17. del contrato de refinanciamiento entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, como acreditante, consta en los folios 1234 y 1237 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
g) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.17. del contrato de refinanciamiento celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante, consta en los folios 1391, 1392 y 1395 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
h) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16. del convenio de reestructura celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como acreditante, consta en los folios 531 y 534 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
i) La cláusula seis, secciones 6.5., incisos a) y b), y 6.16. del convenio de reestructura celebrado entre el Estado de Nuevo León, como acreditado, y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como acreditante, consta en los folios 944 y 947 del tomo I del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
j) La cláusula primera, secciones 1.5., incisos a) y b), y 1.17. del anexo z del contrato de fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago celebrado entre el Estado de Nuevo León, como fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar, y Evercore Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, División Fiduciaria, como fiduciario, consta en los folios 309, 310 y 313 del tomo II del cuaderno de pruebas presentado por el Congreso del Estado de Nuevo León.
Por consiguiente, en la presente controversia constitucional, el estudio se limitará a las cláusulas impugnadas de los contratos y convenios precisados en este apartado.
TERCERO.-Oportunidad. La fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(18) establece un plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos contados a partir del día siguiente en que:
1) Conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
2) Se haya tenido conocimiento de ellos o, de su ejecución; o,
3) El actor se ostente sabedor de los mismos.
En el presente caso se actualiza el segundo supuesto, ya que el actor tuvo conocimiento del clausulado que es objeto de la presente controversia constitucional, con motivo del oficio DT-CJ-DLH-1659/2013, que el Poder Ejecutivo presentó el viernes dieciséis de agosto de dos mil trece en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.
Dado que la demanda del presente medio de control constitucional se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Servicio Postal Mexicano, según consta del sello que aparece asentado en el sobre que obra agregado en el expediente en el folio cincuenta y dos, su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto por la ley reglamentaria de la materia para las promociones que se envíen por correo.
Al efecto, el artículo 8o. de la ley reglamentaria(19) prevé que las partes que envíen sus promociones por correo cuando radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Que las promociones hayan sido depositadas en las oficinas de correos mediante pieza certificada con acuse de recibo;
2) Que su depósito o envío se haga en las oficinas de correos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y,
3) Que su depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.
Se cumple con el primer requisito señalado, ya que en uno de los tres sellos estampados por el Servicio Postal Mexicano se puede leer: "Correos de México Admón Palacio 6 ilegible AR 01 OCT. 2013 REGISTRADOS Monterrey, N.L.", lo que demuestra que el depósito de la demanda se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo.
También se actualiza el segundo presupuesto, toda vez que en el mismo sello del Servicio Postal Mexicano se puede apreciar que el escrito de demanda se depositó en el lugar de residencia del Poder actor, la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León.
Finalmente, el mismo sello hace constar que el escrito de demanda fue depositado dentro de los plazos legales, toda vez que el depósito se realizó el primero de octubre de dos mil trece, y el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del martes veinte de agosto al martes primero de octubre siguiente; tomando en cuenta que la notificación del oficio mediante el cual se tuvo conocimiento de los contratos y convenios impugnados surtió sus efectos el lunes diecinueve de agosto, descontando del cómputo respectivo los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno del mes de agosto, uno, siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve del mes de septiembre, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(20) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(21)
Habiéndose cumplido los requisitos que exige la ley reg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26667-b3d83c3e/i-deuda-publica-en-el-estado-de-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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