POSESIÓN EN MATERIA AGRARIA. NO PUEDE ACREDITARSE LA CAUSA GENERADORA DE ÉSTA, SI LA PARCELA MOTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NO ESTÁ ASIGNADA A PERSONA ALGUNA.
AMPARO DIRECTO 740/2015. 31 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: CLAUDIA CORRALES ANDRADE.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio del asunto.
54. Este órgano jurisdiccional considera oportuno dar respuesta a los argumentos expresados por el quejoso, de manera conjunta, en tanto que éstos resultan relacionados en cuanto al tema; de ahí que, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo y de la tesis VI.2o.C. J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito,(3) cuyo contenido comparte este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.-El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
55. En primer término, se analizará el concepto de violación que plasma en el inciso a), del cual se desprende que la responsable transgrede los derechos del quejoso, al no reconocer que tenía una causa generadora de su posesión, pues contaba con el contrato de veintidós de marzo de dos mil, en el que le fueron cedidos los derechos sobre la parcela ********** del **********, por parte de **********, además de inobservar la jurisprudencia que invoca.
56. El referido argumento es infundado, en atención a que el quejoso parte de una premisa falsa en cuanto a la acreditación de la acción prescriptiva, pues no contempla que la parcela que pretende adjudicarse no se asignó mediante asamblea general de ejidatarios y, por tanto, el único titular de la misma es el propio ejido.
57. Para explicar lo anterior, es importante establecer que dentro de los antecedentes del juicio que nos ocupa, se desprende que por resolución de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y cinco, la comisión agraria mixta resolvió adjudicar los derechos de las parcelas ********** y ********** a **********, como sucesor de **********.
58. No obstante lo anterior, el delegado agrario inició el procedimiento de privación de derechos y nuevas adjudicaciones, que concluyó el **********, con resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril del mismo año; bajo estas circunstancias, en razón de la citada resolución le fueron privados los derechos sobre las parcelas ********** y **********, a **********.
59. Ahora bien, en asamblea general de ejidatarios de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se estableció que la parcela ********** le era adjudicada a **********, y la diversa ********** a **********,(4) de lo que se sigue que ninguna de las parcelas reclamadas por **********, (sic) así como tampoco que alguna de las citadas parcelas había cambiado la numeración a la reclamada como **********, que era la que pretendía prescribir el ahora quejoso.
60. En este orden de ideas, y siguiendo con lo resuelto en la referida asamblea ejidal de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se puede apreciar que a ********** le fueron asignadas las parcelas ********** y **********, respectivamente, y que le fue reconocida su calidad de ejidatario en dicha asamblea.
61. Ahora bien, en la materia que nos ocupa, el quejoso se duele de la falta de estudio de su contrato de cesión de veintidós de marzo de dos mil, en el cual ********** le cedió la parcela número **********, del poblado de **********, Municipio de **********; sin embargo, para poder establecer la validez de dicho contrato, el primer elemento a demostrar es, precisamente, el derecho que tenía el referido **********, con respecto de la parcela en conflicto, pues la cesión debe versar sobre un bien cuya titularidad de uso, goce y disfrute debe tener.
62. De las pruebas anexas al sumario, se advierte que la parcela **********, en cuestión, no fue asignada a persona alguna, pues ello se demostró del oficio **********, de **********, signado por el subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, en el cual, además, se señala que no se ha ordenado mediante mandato de autoridad competente la expedición de certificado parcelario alguno; esto es, no se acreditó que la posesión fuera en concepto de titular de derechos ejidales como ejidatario, en virtud de que la parcela de la litis no estaba asignada a persona alguna; por tanto, no se acreditó que el cedente contara con la titularidad de ésta.
63. En este sentido, es importante señalar que la posesión en materia agraria no puede nacer de la simple posesión de una persona sobre una porción terrena, ya que la posesión protegida por el artículo 27 constitucional conlleva requisitos que no son convalidables en materia común; ello es así, en tanto que para la posesión se requiere, en primer término, de la asignación de una porción de terreno en favor de persona alguna, y ello sólo puede ocurrir cuando la asamblea general de ejidatarios así lo precise, en términos del artículo 23 de la Ley Agraria.
64. Explicando, originariamente, los núcleos de población ejidal y comunal se caracterizan por una mancomunidad proindiviso de las tierras que les son reconocidas y/o entregadas, y que dicho estado prevalece hasta en tanto su asamblea, como máximo órgano interno del núcleo de población, señale y delimite, conforme a su competencia exclusiva, las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas de destino específico; localización y relocalización del área de urbanización; parcelamiento y destino de tierras de uso común, así como el reconocimiento del parcelamiento económico o "de hecho", y la regularización de la tenencia de posesionarios sobre las tierras del núcleo (artículo 23, fracciones VII a X, de la Ley Agraria);(5) determinaciones cuya aprobación requiere observar las formalidades de quórum y convocatoria pero, especialmente, del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los asistentes de la asamblea.
65. En este sentido, resulta inconcuso que un parcelamiento económico o "de hecho", es un acto o resolución de asamblea mediante el cual se delimitan y definen las superficies del núcleo de población, y en el cual la propia asamblea decide, vota y reconoce expresamente las asignaciones de parcelas a sus individuos.
66. Esta decisión se califica de económica o "de hecho", porque una vez que se concreta debe remitirse a las autoridades agrarias y, especialmente, al Registro Agrario Nacional para su oficialización, y es precisamente entre la fecha de la asamblea en que se hace el parcelamiento y la diversa en que se oficializa para considerarlo "de derecho", que a dicha decisión se le reconoce como económica o "de hecho", la cual, por razones legales, podría no ser validada por las autoridades; de ahí su calificativo como institución de tránsito en la decisión y su creación oficial y jurídica plena.
67. Así pues, si como en el caso, la adjudicación a persona alguna de la parcela **********, no se realizó de manera económica ni "de hecho", y menos aún se tiene noticia de la misma en el Registro Agrario Nacional, resulta incuestionable que no corresponde a nadie su posesión, aun cuando de facto la tenga, pues esa ocupación es simple, sin derecho alguno dentro del derecho agrario, en donde la posesión debe ser justificada en la asignación de parcela por parte de la asamblea general de ejidatarios en favor de persona alguna.
68. Así pues, en el problema que nos atañe, el quejoso reclama su derecho para prescribir la parcela número **********; ello, argumentando que la causa generadora de su posesión es, precisamente, el contrato celebrado con **********; empero, como se ha demostrado, efectivamente dicha persona fue reconocida como ejidatario y le fueron asignadas dos parcelas: las números ********** y **********, mas no así la **********, pues ésta nunca fue asignada a persona alguna, según informe del Registro Agrario Nacional; de ahí que la acción que pretende el quejoso sea improcedente.
69. En este contexto, no le asiste la razón al afirmar que no fue valorado su contrato de cesión, pues éste no puede tener valor alguno, al haberse celebrado sobre una parcela de la cual no era posesionario el referido **********, por lo que no puede disponer de lo que no le pertenece, ni el Tribunal Unitario Agrario podía pronunciarse sobre el mejor derecho para poseer una parcela, si la misma no fue asignada, pues ello, en principio, es facultad exclusiva de la asamblea de ejidatarios.
70. Bajo esta consideración es que no es aplicable la jurisprudencia que invoca, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE JUSTO TÍTULO."; ello, porque la razón de que no se valore su contrato basal no tiene que ver con el justo título o no, sino con la falta de asignación de la parcela que pretende prescribir.
71. En diversos motivos de disenso, corresponde ahora lo relativo a los reclamados plasmados en los incisos b), c) y d), en los que refiere que la resolución carece de fundamentación y motivación, en tanto que no se pronunció sobre la posesión que tenía a partir de la cesión otorgada por **********, quien además sí fue reconocido como ejidatario, además de que no se estudiaron los elementos de la cesión plasmados en el artículo 80 de la Ley Agraria.
72. Los argumentos del quejoso resultan infundados, pues se considera que la litis en el juicio se encuentra debidamente resuelta, en tanto que la autoridad, además de determinar su competencia, fijó la materia de ésta, considerando tanto la acción principal como la reconvencional.
73. En este sentido, en relación con las pruebas por lo que hace a ********** y/o **********, estableció que era improcedente su pretensión de reconocimiento de derechos, ya que ésta carecía de capacidad jurídica y material para reclamar los relativos a su abuelo **********, y su sucesor preferente ********** (padre de la citada), pues fueron privados de tales derechos desde el **********; resolución que fue consentida, al quedar firme por no ser impugnada.
74. Además, en relación con el aquí quejoso, reconoció como medios de prueba el contrato de cesión de derechos celebrado el veintidós de septiembre de dos mil, en el que ********** cedió los derechos de la parcela **********, del **********, a favor de **********; copia simple del escrito signado por **********, por medio del cual solicitó a la Delegación del Registro Agrario Nacional se informe a qué persona le fue asignada la parcela antes señalada, con motivo de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales citada, celebrada el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, respondiendo dicho órgano que ésta no había sido asignada.
75. Por lo que hace a la testimonial a cargo de ********** y **********, quienes fueron coincidentes en señalar que conocen a **********, quien ostenta la posesión de la parcela ********** desde el dos mil, en que se la donó su padre **********, lo que detenta de manera pública, pacífica, de buena fe y a título de ejidatario; así como la presuncional legal y humana.
76. De lo anterior se concluye que era improcedente la acción, ya que si bien se acreditó que la parcela ********** de **********, no se ubicó como tierras de asentamiento humano, ni dentro de bosques y selvas que pudiera tener el ejido, así como que el actor ostentó la posesión de la superficie de manera pacífica, continua y pública desde el dos mil, también lo es que no probó que ello fue en concepto de titular de derechos ejidales como ejidatario, pues tal parcela no fue asignada por la asamblea de ejidatarios a persona alguna, esto es, no acreditó su causa generadora.
77. Además, con certeza la responsable indicó que el contrato de cesión de derechos celebrado el **********, en el que ********** le cedió la parcela en cuestión, no acreditaba tal causa, en virtud de que ésta debe ser generada por la persona que se encuentre debidamente registrada ante el Registro Agrario Nacional en la entidad, de la superficie a prescribir, lo que no ocurre, al no contar el cedente con la titularidad de la parcela; de ahí que era infructuoso el estudio de los elementos del artículo 80 de la Ley Agraria.
78. En ese contexto, el ahora quejoso **********, como lo señaló el Tribunal Unitario Agrario responsable, no acreditó tal causa generadora, ya que al valorarse el contrato de cesión de derechos, celebrado el **********, entre ********** como cedente, a favor del peticionario del amparo, en relación con la parcela ********** materia de la litis, se determinó que aquél no era suficiente para acreditar la causa generadora, en virtud de que ésta no fue asignada a persona alguna; esto es, no se acreditó el acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre la unidad de dotación de que se trata.
79. Se estima lo anterior, en virtud de que el contrato de cesión de derechos que celebró con su padre **********, no puede considerarse causa generadora de la posesión, pues la parcela ********** en cuestión no fue asignada a persona alguna, como se advierte del oficio **********, de **********, signado por el subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, en el que, además, se señala que no se ha ordenado mediante mandato de autoridad competente la expedición de certificado parcelario alguno; esto es, no se acreditó que la posesión fue en concepto de titular de derechos ejidales como ejidatario, en virtud de que la parcela de la litis no estaba asignada a persona alguna; por tanto, no se acreditó que el cedente contara con la titularidad de ésta.
80. Bajo estas condiciones, no le asiste razón al inconforme con la sentencia agraria, pues de la misma deriva que sí se tomaron en consideración y se valoraron las pruebas que ofertó, tan es así que se tuvo por cierto que la parcela ********** de **********, no se ubicó como tierra de asentamiento humano, ni dentro de bosques y selvas que pudiera tener el ejido, lo que se acreditó con la copia certificada del acta de asamblea de ejidatarios de **********; además de que ********** ostentó la posesión de la superficie de manera pacífica, continua y pública; ello con el testimonio de ********** y **********, quienes fueron coincidentes en señalar que conocen al actor y que les consta que la tiene desde el año dos mil.
81. Sin embargo, no se acreditó la causa generadora, pues si bien exhibió el contrato de cesión de derechos de **********, en el que ********** le cedió la parcela en cuestión, también lo es que el cedente no contaba con la titularidad de la parcela, ya que la ********** no se encuentra asignada a persona alguna; por ende, el quejoso no probó que la poseyó "en concepto de titular de derechos de ejidatario".
82. Ciertamente, de la interpretación del artículo 48 de la Ley Agraria se advierte que, la demostración de tal posesión en concepto de titular de derechos de ejidatarios, debe relacionarse con las disposiciones de la Ley Agraria tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencialmente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatarios, en sus respectivos casos (artículos 13, 15 y 101); las formas y modalidades en materia de sucesión de derechos agrarios (artículo 17); la regularización y orden de preferencia en la asignación de tierras no regularizadas o vacantes (artículos 56, 57, 61 y 62); y, las formas y efectos de la cesión y enajenación de derechos parcelarios (artículos 59, 78 y 80); sin embargo, al no estar asignada la parcela ********** de **********, no es posible tener por acreditada la causa generadora de la posesión.
83. Por tanto, si bien no se requiere de justo título para la procedencia de la prescripción adquisitiva en materia agraria, ello no implica que no deba acreditarse la causa generadora de la posesión, lo cual es necesario para conocer la calidad con la que se ejerce, lo que, en el caso, no acontece, pues no se probó que se haya poseído "en concepto de titular de derechos de ejidatario".
84. Máxime que, al no existir asignación de la parcela en cuestión, la acción relativa es improcedente, pues los derechos de todos los integrantes de la comunidad agraria son iguales y, como tales, no generan prerrogativas individuales, pues pervive el régimen colectivo, conforme al numeral 102 de la Ley Agraria, por lo que fue correcto que se determinara que la acción del ahora quejoso era improcedente.
Lo anterior se sustenta en la tesis aislada, que este tribunal comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable con el registro digital: 162321, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, materia administrativa, página 1384, de rubro y texto siguientes:
"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. EN COMUNIDADES DONDE NO HAY ASIGNACIÓN DE PARCELAS INDIVIDUALES, LA ACCIÓN RELATIVA ES IMPROCEDENTE.-El artículo 48 de la Ley Agraria establece la prescripción adquisitiva de tierras ejidales, condicionándola a que su poseedor las hubiere ocupado ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’. Por tanto, en comunidades donde no hay asignación de parcelas individuales, la acción relativa es improcedente, pues los derechos de todos los comuneros son iguales, y como tales no generan prerrogativas individuales, pues, pervive el régimen colectivo, conforme al numeral 102 de la ley citada."
85. En principio, debe considerarse que la asamblea general de ejidatarios fue concebida como la máxima autoridad interna del ejido, y se integra por los campesinos beneficiarios de una resolución presidencial dotatoria con derechos agrarios vigentes.
86. En este sentido, los artículos 21 a 31 de la Ley Agraria vigente disponen, en torno a las autoridades internas del ejido y a las facultades de la asamblea general de ejidatarios, lo siguiente:
"Artículo 21. Son órganos de los ejidos:
"I. La asamblea;
"II. El comisariado ejidal; y
"III. El consejo de vigilancia."
"Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.
"El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo."
"Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:
"I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;
"II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;
"III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;
"IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; "V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;
"VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;
"VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;
"VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;
"IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;
"X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;
"XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;
"XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;
"XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;
"XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y
"XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido."
"Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea."
"Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.
"La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.
"Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria."
"Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.
"Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios."
"Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.
"Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea."
"Artículo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley.
"Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo."
"Artículo 29. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido.
"Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación."
"Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita por el titular ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados del mismo núcleo al que pertenece el mandante. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.
"El mandatario sólo podrá representar a un ejidatario en la asamblea para la cual se le confirió el poder; debiendo quedar asentada en el acta de la asamblea, la participación del mandatario y el documento con el que se acreditó.
"En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones III, VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario."
"Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre.
"Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.
"Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional."
87. Del análisis de los anteriores preceptos legales se advierte que la asamblea general de ejidatarios es el máximo órgano interno del ejido en el que participan todos sus miembros; que es competencia exclusiva de la asamblea el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico; la localización y relocalización del área de urbanización, así como el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y la regularización de la tenencia de los posesionarios sobre las tierras del núcleo.
88. Asimismo, los artículos 56 a 61 de la citada Ley Agraria, literalmente establecen:
"Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:
"I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;
"II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y
"III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.
"En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proverá (sic) a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional."
"Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:
"I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;
"II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26845-93e94fac/posesion-en-materia-agraria-no-puede-acreditarse-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN NO PUEDE ACREDITARSE VÁLIDAMENTE EN RELACIÓN CON UNA PARCELA NO ASIGNADA POR LA ASAMBLEA DE EJIDATAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. SU PROCEDENCIA DEPENDE DE QUE EL ASPIRANTE ACREDITE QUE POSEE LA PARCELA EN CONCEPTO DE TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO. (AMPARO DIRECTO)
- PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL AVECINDADO PUEDE EJERCER UNA POSESIÓN COMO TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2005-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE EL ACTOR REVELE Y DEMUESTRE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, QUE DEBE SER DE NATURALEZA ORIGINARIA Y (XI.2o. J/37)
- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE EL ACTOR REVELE Y DEMUESTRE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, QUE DEBE SER DE NATURALEZA ORIGINARIA Y (1047)
- CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN EN MATERIA AGRARIA. REQUISITOS PARA ACREDITARLA. (XVIII.2o.P.A.10 A (10a.))
- AGRARIO. POSEEDOR ILEGITIMO DE UNA PARCELA. CARECE DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR ACTOS DESPOSESORIOS A FAVOR DE SU LEGITIMO POSEEDOR. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis