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Modo: Corpus Pro

GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 542/2012. · Registro digital (IUS): 27045
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCU
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 542/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTARON EN CONTRA JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE ADRIANA ORTEGA ORTIZ.

II. COMPETENCIA

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013 y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios, por razón de la materia, no son de la competencia exclusiva de alguna de las Salas.

III. LEGITIMACIÓN

9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, como se deduce de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, tribunal emisor de uno de los criterios materia de la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

10. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones:

11. Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito. Al resolver el recurso de queja **********, en sesión de 31 de octubre de 2012, dicho tribunal sostuvo las siguientes consideraciones:

Antecedentes procesales

12. Por acuerdo de 25 de junio de 2008, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, concedió la suspensión provisional a ********** para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que guardaban y no se continuara con los trabajos de construcción de la casa habitación del tercero perjudicado, **********. El Juez fijó la cantidad de ********** pesos, como garantía por daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado.

12.(sic) El 14 de julio de 2008, se celebró la audiencia incidental, en la que se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban hasta que se resolviera el fondo del juicio de amparo. En ese momento, se fijó la cantidad de ********** pesos, como garantía por los posibles daños y perjuicios del tercero perjudicado.

13. Con la tramitación de todas las etapas del juicio de amparo, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional en la que sobreseyó en el juicio de amparo. Dicha sentencia se engrosó el 30 de enero de 2009.

14. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, resuelto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito el 6 de agosto de 2009. El tribunal revocó el fallo impugnado y ordenó la reposición del procedimiento.

15. El 30 de marzo de 2010, se dictó nueva sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Esta determinación fue impugnada por la parte quejosa, mediante recurso de revisión, resuelto el 17 de junio de 2010 por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito. El tribunal confirma la sentencia recurrida y, en consecuencia, sobresee en el juicio de amparo. El Tribunal Colegiado del conocimiento notificó, el 24 de junio de 2010, la sentencia mediante lista.

16. El 28 de diciembre de 2010, el tercero perjudicado promovió incidente de daños y perjuicios contra el quejoso ante el Juzgado Segundo de Distrito. El incidente fue admitido el 4 de enero de 2011.

17. El 4 de mayo de 2012, el Juez Segundo de Distrito en el Estado declaró improcedente, por extemporáneo, el incidente de daños y perjuicios.

18. Por ello, el tercero perjudicado interpuso el recurso de queja.

Argumentación de la sentencia

19. En la sentencia, el Tribunal Colegiado calificó de inconducentes los agravios del recurrente.

20. El Tribunal Colegiado indica que el Juez de Distrito consideró, en esencia, que la presentación del incidente de daños y perjuicios interpuesto por el tercero perjudicado fue extemporánea, en virtud de que, conforme al artículo 24, fracción II, de la Ley de Amparo, el término de seis meses para interponer el incidente corrió a partir de que el Tribunal Colegiado del conocimiento le notificara la resolución del recurso de revisión; esto es, desde el 24 de junio de 2010. Si el incidente se interpuso el 28 de diciembre, era evidente que su presentación fue extemporánea. El Juez consideró la presentación extemporánea aun si se aplicara la regla contenida en la fracción I del mismo artículo. De acuerdo con esa regla, el término transcurrió a partir del día siguiente de aquel en que surtió efectos la notificación; es decir, el 28 de junio y feneció el 27 de diciembre de 2010.

21. El recurrente combatió tales argumentos en sus agravios. En su opinión y contrario a lo expuesto en la resolución impugnada, de la interpretación sistemática de los artículos 104 y 129 de la Ley de Amparo se concluye que, el incidente se presentó a tiempo. El término para la interposición del incidente debió computarse desde la notificación de la ejecutoria efectuada por el Juez de Distrito -29 de junio de 2010- y no a partir de la realizada por el Tribunal Colegiado.

22. Por su parte, al resolver el recurso de revisión planteado, el Tribunal Colegiado de conocimiento, señaló que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece que, el incidente para hacer efectiva la responsabilidad surgida de la garantía otorgada con motivo de la suspensión debe promoverse dentro de los seis meses siguientes al día de aquel en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo. Si no se presentara la reclamación dentro de ese término, se procedería a la devolución o cancelación de la garantía, sin perjuicio de que dicha responsabilidad se exija ante las autoridades del orden común.

23. En tanto, el Tribunal Colegiado precisó que el plazo referido inicia a partir de la notificación de la ejecutoria de amparo, enfocó su estudio en qué debe entenderse por ejecutoria de amparo.

24. Así, resolvió que cuando se trate de asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de conformidad con el artículo 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de Amparo, se entenderá por ejecutoria de amparo justo la sentencia emitida por éstos, una vez que cause estado.

25. Según el artículo 356 del mismo código, causan ejecutoria las sentencias que no admitan ningún recurso; las que admitiéndolo, no fueren recurridas; las que a pesar de haberlo sido, se declare desierto o el recurrente desista del recurso interpuesto, y las consentidas expresamente por las partes.

26. Entonces, el Tribunal Colegiado determinó que, se estará en presencia de una ejecutoria de amparo cuando se trate de una resolución emitida por un Tribunal Colegiado en el recurso de revisión y la ley no disponga recurso en su contra. Esto sucede cuando no se decidió sobre la inconstitucionalidad de una ley ni se estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

27. Si la ley establece un recurso en su contra, como lo es la revisión del recurso conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto quinto, fracción I, inciso D) del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevén el recurso de revisión en la revisión, habrá ejecutoria de amparo, cuando la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado no fuera recurrida, o, si lo fuera, se declare desierto el recurso interpuesto o se desista el recurrente, o fuera consentida expresamente por las partes, o cuando el recurso de revisión sea confirmado en el recurso de revisión interpuesto en su contra.

28. El Tribunal Colegiado dedujo, a partir de los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, que la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito causará ejecutoria, por ministerio de ley, cuando no admita el recurso de revisión a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Federal. Si la sentencia admite el recurso y éste se interpone, será hasta que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando aquélla cause ejecutoria.

29. Finalmente, resolvió que, en el caso concreto, al no ubicarse en alguno de los supuestos que permiten la interposición del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de conocimiento era la que había causado ejecutoria.

30. A partir de ese hecho, entendió que la notificación que debía tenerse en cuenta para evaluar la presentación oportuna del incidente de daños y perjuicios, era la realizada, mediante lista, por el Tribunal Colegiado de conocimiento y no la efectuada por el Juez de Distrito. Por tanto, determinó que el incidente fue presentado extemporáneamente.

31. En este sentido, no compartía el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro: "DAÑOS O PERJUICIOS, INCIDENTE DE. EL TÉRMINO DE SEIS MESES QUE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO NOTIFICA A LAS AUTORIDADES LA EJECUTORIA PARA SU CUMPLIMIENTO Y LO HACE SABER A LAS PARTES."

32. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Al resolver el recurso de queja **********, dicho tribunal sostuvo medularmente las siguientes consideraciones:

Antecedentes procesales

33. El representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó escrito ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en el que solicitó la devolución de las pólizas números ********** y **********, depositadas para que surtiera efecto la suspensión provisional y definitiva que le fue otorgada.

34. El 28 de marzo de 2000, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, emitió un acuerdo en el que determinó no proveer de conformidad lo solicitado, con fundamento en el artículo 129 de la ley de la materia, en virtud de que aún estaba transcurriendo el término de seis meses a que se refería el citado artículo para ordenar la devolución o cancelación de la garantía, en caso de que el tercero interesado no promoviera el incidente respectivo.

35. Inconforme, el 6 de abril de 2000, el autorizado de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso el recurso de queja.

Argumentación de la sentencia

36. El Tribunal Colegiado calificó de infundados los agravios hechos valer por el recurrente.

37. El recurrente adujo que el artículo 129 de la Ley de Amparo debía interpretarse para entender que la fecha de notificación de la ejecutoria de amparo es la que debe considerarse como punto de partida para el plazo de seis meses y no la fecha en que se notifique la llegada de esa ejecutoria al Juzgado de Distrito. Por tanto, si el Tribunal Colegiado notificó a las partes la resolución emitida en el amparo en revisión laboral número ********** el 23 de septiembre de 1999, ya habían transcurrido los seis meses del plazo cuando la quejosa promovió la cancelación de la garantía. Luego, el auto recurrido era ilegal.

38. El Tribunal Colegiado señaló que el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, se tramitará un incidente ante la autoridad de conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

39. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.

40. El Tribunal Colegiado indicó, además, que el numeral 104, primer párrafo, de la Ley de Amparo, determina que en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego de que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la hará saber a las demás partes.

41. El Tribunal Colegiado concluyó que, dar a conocer a las autoridades y a las partes una ejecutoria del Tribunal Colegiado, cuando se interpuso revisión, no corresponde al tribunal, sino al Juez de Distrito. Es este último, quien deberá notificar a las partes, una vez reciba el testimonio de la ejecutoria de dicho colegiado, y es quien debe vigilar el cumplimiento.

42. En su opinión, una interpretación armónica y sistemática de los artículos 129 y 104, primer párrafo, de la Ley de Amparo, revela que el cómputo de los seis meses no corre a partir de que Tribunal Colegiado publicita y notifica por estrados a las partes, sino, de acuerdo con las reglas del primer párrafo del artículo 104, cuando el Juez Federal notifica a las autoridades por oficio y lo hace saber a las demás partes. Una conclusión distinta provocaría incertidumbre, respecto de cuál notificación es la legal: si la efectuada por el Tribunal Colegiado cuando publicita su ejecutoria, o la practicada por el Juez de Distrito al vigilar su exacto cumplimiento.

43. Del anterior criterio, derivó la tesis aislada «XXI.3o.2 K», de rubro: "DAÑOS O PERJUICIOS, INCIDENTE DE. EL TÉRMINO DE SEIS MESES QUE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO NOTIFICA A LAS AUTORIDADES LA EJECUTORIA PARA SU CUMPLIMIENTO Y LO HACE SABER A LAS PARTES."(1)

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

44. En principio se aclara que para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.

45. Más bien, por contradicción de "tesis" debe entenderse, cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(2) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

46. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Para comprobar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación.

47. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque sí legales.

48. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

49. A partir de lo expuesto, esta Suprema Corte advierte que, el caso concreto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción.

50. En primer lugar, los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron el arbitrio judicial para decidir a partir de qué notificación comienza a correr el término de seis meses para interponer el incidente previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada: si desde la notificación realizada por el Tribunal Colegiado de la resolución dictada en un recurso de revisión o, por el contrario, desde la notificación que de la misma efectúa el Juez de Distrito.

51. En segundo lugar, los Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno a un mismo problema jurídico, derivado de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013: el inicio del cómputo del plazo de seis meses previsto en el citado precepto para la promoción oportuna del incidente de daños y perjuicios.

52. Sobre tal disposición, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito concluyó que, el plazo de seis meses para promover el incidente, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen por la suspensión solicitada, debe computarse a partir de la notificación que el Tribunal Colegiado efectúe de la resolución recaída en el recurso de revisión.

53. En concreto, el citado órgano colegiado consideró que:

a) El incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión debe promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo.

b) Por ejecutoria de amparo, debe entenderse, aquella sentencia emitida por los Tribunales Colegiados, en el caso de que sea competencia de los mismos, que, en términos de los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no admita ningún recurso (por ministerio de ley) o, si lo admite, no fueran recurrida, o, si lo fuera, se haya declarado desierto el recurso interpuesto o se desista el recurrente, o fuera consentida expresamente por las partes.

c) De este modo, la notificación de la sentencia que debe considerarse para iniciar el cómputo para la presentación oportuna del incidente de daños y perjuicios es la realizada por el Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión, pues ésta es la que causó ejecutoria, y no la notificación practicada por el Juzgado de Distrito para efectos del cumplimiento.

54. Por el contrario, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, adujo que:

a) Dar a conocer, tanto a las autoridades como a las partes, la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado en un recurso de revisión no corresponde al Tribunal sino al Juez de Distrito, pues es este último quien debe vigilar el cumplimiento.

b) Por tanto, una interpretación armónica y sistemática de los artículos 129 y 104, primer párrafo, de la Ley de Amparo, muestra que el cómputo de los seis meses no corre desde que el citado tribunal publicita y notifica a las partes, sino cuando el Juez Federal notifica a las autoridades por oficio y lo hace saber a las demás partes.

c) Una interpretación distinta, provocaría incertidumbre respecto de cuál notificación es la legal: si la practicada por el Tribunal Colegiado al emitir su resolución o la efectuada por el Juez de Distrito al verificar su cumplimiento.

55. La parte considerativa de las ejecutorias sintetizadas evidencia que los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron, en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, qué notificación debe considerarse como arranque para el cómputo del plazo de seis meses, previsto para la promoción oportuna del incidente de daños y perjuicios. Sobre este tema arribaron a soluciones notoriamente opuestas. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito colocó ese punto en la notificación efectuada por el Tribunal Colegiado de la resolución dictada en un recurso de revisión promovido en un juicio de amparo indirecto. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ubicó el inicio del plazo en la notificación que el Juez de Distrito haga de la resolución dictada en un recurso de revisión.

56. Finalmente, este Tribunal Pleno considera que también se acredita el tercer requisito para que se actualice una contradicción de tesis. Los argumentos en contradicción dan lugar a la formulación de un cuestionamiento genuino respecto a la manera de abordar los diferendos interpretativos, consistente en determinar si el plazo de seis meses para la promoción del incidente de daños y perjuicios, previsto en el artículo 129 de la abrogada Ley de Amparo, debe computarse a partir de la notificación que hace el Tribunal Colegiado de la resolución dictada en un recurso de revisión, o si, por el contrario, desde que la resolución es notificada por el Juez de Distrito.

VI. ESTUDIO DE FONDO

57. Precisados los términos de la contradicción, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se sostiene.

58. Este estudio destaca que, la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo es una institución prevista en el artículo 107, fracción X,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 122 a 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013.

59. La suspensión es una medida precautoria que permite a la autoridad judicial de amparo ordenar la detención temporal de un acto reclamado mientras decide si es violatorio de la Constitución. Esta determinación judicial evita que el acto reclamado se consume de forma irreparable, lo que dejaría sin materia el juicio de amparo, y, a su vez impide que las personas que acuden al juicio de amparo resientan los perjuicios de difícil reparación que les ocasionarían los actos a suspender.

60. En tanto la suspensión pretende preservar la materia del juicio de amparo y proteger al quejoso, la autoridad judicial ante quien se presenta la demanda puede, antes de resolver el fondo del asunto sometido a su consideración, recibir prueba alguna y de saber con certeza si existe una violación constitucional, suspender provisionalmente la ejecución de un acto. Posteriormente y mediante un procedimiento sumarísimo, que se reduce prácticamente a una audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público, la autoridad judicial decidirá si la suspensión se concede definitivamente y se prolonga hasta la resolución del juicio.

61. Para cumplir con su finalidad, la suspensión provisional y la definitiva surten sus efectos inmediatamente después de su concesión;(5) la primera estará vigente hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva y ésta hasta que cause la sentencia que resuelve el juicio de amparo.

62. Conforme a la abrogada Ley de Amparo, si la autoridad que se pronunciaba sobre la suspensión de los actos reclamados advertía que ésta le causaría daños y perjuicios al tercero perjudicado, debía tomar medidas para garantizar que no se defraudaran derechos de las terceras personas que se beneficiarían con la ejecución del acto reclamado.

63. Para ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la abrogada Ley de Amparo,(6) debía fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la suspensión para responder por los daños y perjuicios que se ocasionarían al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión del acto cuya ejecución le favorecería. Si la medida cautelar causaba al tercero perjudicado un daño que no pudiera estimarse en dinero, la garantía debía ser fijada discrecionalmente.(7)

64. Por su parte, el tercero perjudicado podía solicitar la ejecución del acto cuya constitucionalidad se reclamaba y, con ese fin, otorgar, a su vez, una caución fijada por la autoridad judicial suficiente para cubrir los daños y perjuicios que dicha ejecución causaría al quejoso. Ahora, si al ejecutarse el acto reclamado quedara sin materia el juicio de amparo, o si se trata de un acto cuyo daño no pudiera estimarse en dinero, la autoridad judicial de conocimiento no admitiría esta contragarantía.(8)

65. Finalmente, si concluido el juicio de amparo, el tercero perjudicado o el quejoso consideraban -el primero en caso de que se hubiera negado la protección constitucional al quejoso; el segundo en caso de que sí se hubiera concedido- que efectivamente resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, respectivamente, tenían la oportunidad de promover el incidente regulado por el artículo 129 de la abrogada Ley de Amparo para hacer efectiva la garantía o contragarantía otorgada a propósito de la suspensión:

"Artículo 129. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común."

66. Quien promoviera el incidente debía ceñirse al Código Federal de Procedimientos Civiles(9) y atender los siguientes lineamientos:

1. Tramitarlo ante la autoridad que concedió la suspensión;

2. Presentarlo dentro de los seis meses siguientes, contados a partir del día siguiente de la notificación que de la ejecutoria de amparo se haga a las partes, y

3. Expresar, en la presentación del escrito incidental, los hechos relevantes, aquéllos en los que sustenta la generación de los daños o de los perjuicios que reclama.

4. Si el incidente no se tramitara dentro del plazo de seis meses, se procedería la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía.

67. Este Tribunal Pleno advierte, entonces, que la pregunta a resolver, a partir del artículo 129 y de los criterios contendientes en esta contradicción, es: ¿Cuál es la notificación a que se refiere del artículo 129 de la abrogada Ley de Amparo? O, más concretamente, cuando se trata de la ejecutoria dictada en un amparo en revisión, ¿el artículo se refiere a la notificación efectuada por el Tribunal Colegiado de conocimiento o a la que realiza el Juez de Distrito?

68. Este Tribunal Pleno considera que es importante destacar la redacción del precepto aludido, particularmente la enunciación: "... Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo".

69. Así, se advierte que el legislador estableció que, para computar el plazo de seis meses concedido al tercero perjudicado o al quejoso para promov

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27045-a7800480/garantias-y-contragarantias-en-el-incidente-de-reparacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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