ANOTACIÓN REGISTRAL CAUTELAR. CUÁNDO DEBE EXIGIRSE GARANTÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2016. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PLENO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados y un Pleno de Circuito de diversos Circuitos, en un tema de materia civil que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.
En relación con la concurrencia de un Pleno de Circuito en la contradicción de tesis respecto de los criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, la competencia se surte con fundamento en lo que disponen de manera extensiva y teleológica los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; como lo ha establecido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 271/2014,(7) entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito, en cuya sesión se decidió por mayoría de nueve votos que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Salas, atendiendo a su especialidad, tienen competencia para resolver contradicciones de tesis sustentadas entre Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito. Lo que también fue considerado por esta Sala al resolver por mayoría de cuatro votos la contradicción de tesis 27/2014.(8)
En relación con los criterios de los Tribunales Colegiados, la competencia tiene sustento además, en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso fue realizada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien con ese carácter tiene legitimación reconocida en el segundo de los numerales citados.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito dictó resolución en el amparo en revisión 382/2015, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. En el juicio ordinario civil de prescripción positiva **********, la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán dictó proveído en el que previno a los actores para que exhibieran fianza para acceder a su petición de que se inscribiera la demanda de origen en el Registro Público de la Propiedad.
2. En contra de éste, ********** (parte actora) interpuso recurso de apelación, del que conoció la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en el toca **********, la que modificó el auto en cuanto a motivación y fundamentación pero mantuvo el sentido del auto impugnado con fundamento en los artículos 148, 149 y 150 del Código de Procedimientos Civiles,(9) y 1288, 1932 y 1942 del Código Civil,(10) ambos para el Estado de Yucatán.
3. En contra de la sentencia de segunda instancia, el apelante promovió juicio de amparo indirecto, en el que, por un lado, se afirmó que sí era aplicable analógicamente para el caso el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, porque la inscripción de la demanda en el registro no sólo da publicidad a terceros, sino que es una medida cautelar susceptible de causar daños y perjuicios de difícil reparación al consistir en un aseguramiento que limita la disposición del inmueble en cuanto a que el titular no podrá disponer libremente de él, sino transmitiendo las consecuencias que deriven del juicio;(11) y, por otro lado, se concedió el amparo, al considerar que la Sala responsable debió informar al actor sobre las diversas formas de garantizar las fianzas prevista en ley, a fin de hacerla más accesible y garantizar el acceso a la justicia.(12)
4. En contra de tal fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión, el que se turnó al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, órgano que al dictar sentencia estableció lo siguiente:
• La anotación preventiva en el Registro Público (que a consideración de la Sala responsable es una medida provisional semejante al aseguramiento, previsto en el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado)(13) está regulada en los artículos 4, fracción III, 87 y 88 de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.(14) Según la interpretación conjunta de tales disposiciones, dicha anotación preventiva es un asiento registral de carácter transitorio mediante el cual se hace constar una situación jurídica que limita, grava o afecta el bien o derecho, de modo que tal medida afecta a cualquier adquiriente posterior a la anotación al determinar preferencia al bien o al cobro del crédito. No obstante ello, los bienes o derechos reales anotados pueden enajenarse o gravarse sin perjuicio de la anotación registral, excepto cuando ésta cierre el registro.
• Lo anterior significa que en los juicios civiles de prescripción positiva, la orden judicial de anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad constituye un acto meramente publicitario, consistente en enterar a terceros sobre la existencia del juicio y el perjuicio que resultaría de su adquisición, mas no impide que quien aparezca como propietario pueda disponer de los bienes inmuebles respecto de los cuales se ordenó la anotación preventiva.
• Dicho de otro modo, la anotación preventiva no afecta el derecho de propiedad, pues en caso de que el propietario de los bienes afectos los enajene o grave, es sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se hizo la anotación preventiva, pues por ese mismo hecho tiene preferencia sobre el bien y sus beneficios.
• De este modo, no se justifica la fianza requerida por la responsable para llevar a cabo la anotación, toda vez que esta última no impide ni limita la libre disposición de los bienes inmuebles, al tener una finalidad simplemente publicitaria.
II. El dieciséis de febrero de dos mil seis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dictó resolución en el amparo en revisión 434/2005, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. En el juicio de otorgamiento de escritura pública **********, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, dictó resolución el diecinueve de septiembre de dos mil cinco en un recurso de revocación interpuesto por el promovente del juicio. En tal resolución, requirió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla, para que hiciera la anotación marginal sobre el carácter litigioso del bien objeto del juicio, y que surtiera efectos frente a terceros desde la fecha de su presentación. Asimismo, estableció que no era procedente solicitar al titular del Registro Público que no hiciera alguna anotación o inscripción preventiva o definitiva, o traslado de dominio, toda vez que la finalidad de la anotación marginal ordenada es sólo dar publicidad para que se limite la circulación del inmueble, sin que se modifiquen en forma alguna los derechos de los que aparecen como propietarios, lo cual significa que dicha anotación no cierra el registro o la posibilidad de inscripción, y, por tanto, sí se podría enajenar el inmueble materia de la litis sin perjuicio del derecho del actor, ya que el efecto de la anotación marginal es declarativa y no constitutiva.
2. En contra de tal resolución, **********, actor original, promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla. Al dictar sentencia, dicho Juez negó el amparo al considerar que fue legal que el Juez del conocimiento ordenara la anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto del inmueble objeto del juicio, sin que se modificaran los derechos del que aparece como propietario, lo que a la vez permite concluir que no es dable que se prohíba la enajenación del referido inmueble, sobre todo si ello no deja en estado de indefensión al quejoso.
3. En contra de la sentencia de amparo indirecto, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, órgano que confirmó la sentencia con base en las siguientes consideraciones:
• Los artículos 79, fracciones IV y VIII, 82 y 83 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio,(15) disponen que:
a) Pueden ser materia de inscripción las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto, tratándose de inmuebles, así como las providencias judiciales que prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales.
b) La facultad de realizar anotaciones que prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales requiere de pronunciamiento previo de la autoridad judicial, de modo que no prospera por la simple solicitud de alguna de las partes en ese sentido.
c) La anotación surte efectos respecto de cualquier adquiriente posterior a la fecha de aquélla y cuando la anotación no cierre el registro, los inmuebles o derechos reales podrán enajenarse o gravarse sin perjuicio del derecho que asista a favor de quien hiciere la anotación respectiva.
• En ese sentido, las anotaciones preventivas de la tramitación de un juicio o presentación de demanda surgen por mandato judicial derivado de la acción ejercida, es decir, a instancia de una persona ajena a la titularidad del derecho inscrito, cuyo fin es solamente que los terceros conozcan que el bien registrado se encuentra en litigio, de modo que si aún con tal conocimiento algún tercero realiza cierto acto jurídico en relación con el bien, debe atenerse al resultado del litigio cuya demanda se anotó previamente.
• De lo contrario se permitiría, que por circunstancias ajenas a la voluntad del titular del bien o derecho registrado se limitara injustificadamente la posibilidad de éste para llevar a cabo transacciones sobre el bien con su posterior registro, debido al trámite de un juicio que se desconoce cómo será resuelto, lo que además provocaría inseguridad jurídica al no poder registrar el acto.
• Por tanto, no puede estimarse que por el solo hecho de haber iniciado el juicio de otorgamiento de contrato de compraventa en escritura pública se pueda ordenar que se prohíba la enajenación del bien, pues ello sólo puede acontecer en los supuestos en que la ley lo determine de manera expresa y si en el caso no es así, la anotación marginal del carácter litigioso del inmueble materia del juicio sólo tiene por efecto dar publicidad a los actos inscritos para que en su caso sean oponibles a terceros, pero de ningún modo se restringe o limita su enajenación, por más que exista disposición al respecto ya que ello procede de manera excepcional y no general.
• Además, debe tenerse en cuenta que la anotación marginal del carácter litigioso del inmueble materia del juicio natural no cierra el registro o posibilidad de inscripción, por lo que con fundamento en el numeral 83 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la enajenación del bien será procedente y no así la anotación marginal respecto a esa prohibición.
• Asunto del que derivó la tesis de rubro y texto siguientes:
"ANOTACIONES MARGINALES. POR REGLA GENERAL NO IMPIDEN O LIMITAN LA LIBRE DISPOSICIÓN DEL BIEN INMUEBLE EN CUYA PARTIDA REGISTRAL SE INSCRIBEN, YA QUE SU FINALIDAD ES LA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DE TERCEROS EL CARÁCTER LITIGIOSO DE UNA PROPIEDAD.-La anotación preventiva en la partida registral de un bien inmueble, que da noticia del carácter litigioso de la propiedad afecta, tiene como finalidad que los terceros que pudieran interesarse en ese bien, conozcan que está sujeto a una controversia judicial y si aún así celebran actos jurídicos con su dueño, debe entenderse que lo hacen asumiendo el resultado del juicio cuya publicidad se obtuvo con motivo de esa anotación. Por tanto, se concluye que el objetivo de esos avisos registrales, no es impedir o limitar la libre disposición de un bien inmueble, sino evitar fraudes con motivo del ocultamiento del carácter contencioso de una propiedad, ya que tal limitante sólo puede acontecer cuando la autoridad jurisdiccional así lo ordena, por estar expresamente determinada en la ley su procedencia."(16)
III. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, dictó resolución en el amparo en revisión 208/2015, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce **********, promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, dentro de expediente número **********, derivado de una demanda civil relacionada con derechos de propiedad de un inmueble.
2. De la demanda conoció el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, el cual determinó desecharla al considerar que la resolución reclamada no era de efectos de imposible reparación. En contra, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual se declaró fundado.
3. En virtud de lo anterior, se tramitó el juicio y se dictó sentencia en la que se negó el amparo. En contra de ésta, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el que al dictar sentencia sostuvo las siguientes consideraciones:
• En el caso, la inscripción de la demanda civil en el Registro Público de la Propiedad fue solicitada por el actor (ahora revisionista) una vez que inició el juicio principal, es decir, fue tramitada como acto dentro de juicio y no previo a éste. No por ello, sin embargo, debe desconocerse su naturaleza de providencia precautoria, pues tal anotación tiene por objeto salvaguardar los derechos litigiosos del actor mientras se resuelve el juicio de fondo en cuanto a las prestaciones reclamadas, así como evitar que se defrauden derechos de terceros y se causen perjuicios a los interesados, en la medida que tiene efectos publicitarios. De ahí que la anotación preventiva de la demanda civil válidamente se puede equiparar a la providencia precautoria prevista en el código procesal civil local.
• Así pues, la sentencia impugnada es legal en lo relativo a la procedencia de la fianza, pues si bien la anotación preventiva tiene efectos publicitarios, al dar a conocer a terceros de la existencia de un juicio contencioso que puede afectar el inmueble a través de la sentencia y así evitar que se defrauden derechos de terceros, sin que se trate de un gravamen real sobre los inmuebles en litigio. También es cierto que además de sus efectos publicitarios, la referida anotación podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, ya que el conocimiento de que el bien está sometido a litigio podría inhibir a los interesados a realizar alguna transacción sobre el inmueble. De ahí que sí se encuentra justificado el otorgamiento de la fianza para responder por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de dicha medida.
• Por tanto, los posibles daños y perjuicios ocasionados por el otorgamiento de la providencia precautoria (anotación de la demanda en el Registro Público de la Propiedad) deben ser salvaguardados mediante el otorgamiento de una garantía, tal como lo estipula el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.(17)
• Al respecto, estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 88/2015 (10a.), de rubro: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS."(18)
• Asunto del que derivó la tesis de rubro y texto siguientes:
"ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA CIVIL DENTRO DEL JUICIO. SE EQUIPARA A UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA Y REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FIANZA PARA RESPONDER POR LOS PROBABLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON DICHO ACTO PUEDAN OCASIONARSE A LA CONTRAPARTE DEL SOLICITANTE DE LA MEDIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dentro del título quinto, denominado ‘Actos prejudiciales’, se encuentra el capítulo V, intitulado ‘De las providencias precautorias’, las cuales son instrumentos que tienen como fin conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad que, por encontrarse dentro del título de actos prejudiciales, implica que pueden obtenerse mediante la tramitación de un procedimiento antes de iniciarse el juicio principal (acto prejudicial); empero, la inscripción de la demanda civil ante el Registro Público de la Propiedad, que se solicite dentro del juicio, también participa de esa naturaleza y, por tanto, válidamente puede equipararse a una providencia precautoria. En ese sentido, tomando en cuenta los efectos publicitarios que conlleva la anotación registral preventiva y su fin de que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, debe considerarse que podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto que tal publicidad podría inhibir a los interesados para realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trate, lo que justifica el otorgamiento de la fianza, en términos del artículo 192 del ordenamiento en cita, tendente a cubrir los probables daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la citada anotación registral preventiva."(19)
IV. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Pleno del Vigésimo Noveno Circuito dictó resolución en la contradicción de tesis 1/2014, de la que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisión civil ********** y el Segundo Tribunal Colegiado del propio Circuito, al resolver el recurso de revisión **********. Del asunto conoció el Pleno del Vigésimo Noveno Circuito, el que al dictar sentencia estableció lo siguiente:
• Sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 (sic),(20) fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario de la Ley de Amparo en vigor,(21) al estimar que la medida cautelar relativa a la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad no limitaba el derecho de propiedad de su titular, porque únicamente tenía efectos publicitarios. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito implícitamente consideró inexistente alguna causal de improcedencia porque se pronunció en cuanto al fondo en un asunto similar en el que se cuestionaba la inconstitucionalidad de la resolución que ordenó la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad de una demanda y del auto que la admitió.
• Por ende, el tema a resolver consistía en determinar si la anotación preventiva de una demanda y el auto que la admite en el Registro Público de la Propiedad constituye un acto de imposible reparación o no, por tratarse solamente de una violación a derechos adjetivos o procesales.
• Del contenido de los artículos 3043, 3044 y 3045 del Código Civil Federal,(22) se desprende que la medida cautelar consistente en la anotación preventiva de la demanda respecto de algún derecho real sobre un bien inmueble tiene efectos publicitarios, con el propósito de que cualquier posible adquirente tenga conocimiento pleno de la situación litigiosa del bien raíz, y su finalidad es impedir que surjan posibles obstáculos, que no permitan o dificulten la ejecución de la sentencia que resuelva la controversia.
• Asimismo, indicó que la anotación preventiva busca que cualquier persona conozca la existencia de los derechos anotados a efecto de evitar fraudes, abusos y la ocultación de gravámenes, pues evidencia la condición registral de los inmuebles y da seguridad jurídica a los actos traslativos de propiedad o de cualquier otro derecho real del bien en controversia.
• Por otro lado, de acuerdo a los artículos 3044 y 3045 del citado ordenamiento, la anotación preventiva perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla y, en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. Por lo que aun cuando la anotación no cierre el registro y los bienes inmuebles o derechos reales anotados puedan enajenarse o gravarse, esto se hará sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. Ello constituye para el titular del derecho real sobre el que se hizo la anotación un acto de imposible reparación.
• Lo anterior, porque la anotación referida en cierta forma limita el derecho de propiedad del titular del bien raíz, ya que mientras dure, no podrá disponer libremente de él, sino lo hará transmitiendo las consecuencias que se deriven del juicio en el que se decretó, es decir, que podrá disponer de su bien, pero con las limitaciones que los numerales 3044 y 3045 aludidos imponen a los nuevos adquirentes, consistentes en responder con el bien lo que se resuelva en el juicio. Ello constituye una violación a un derecho sustantivo cuya afectación no será susceptible de repararse aun cuando el titular obtuviera sentencia favorable y se cancele la anotación, ya que no se le podría restituir de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida, puesto que tal afectación en el disfrute de la garantía durante ese tiempo quedó irreparablemente consumada.
• Así, consideró que el criterio que debía prevalecer, era el siguiente:
"ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 3043, fracciones I y III, 3044 y 3045, del Código Civil Federal se advierte, que las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos, pueden anotarse preventivamente en el Registro Público de la Propiedad; y que la anotación preventiva, perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. Por lo tanto, la orden del Juez para anotar preventivamente la demanda y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad; constituye un acto de imposible reparación, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, ya que afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, del cual no se ocupará la sentencia definitiva ni podría repararse la afectación aun obteniendo sentencia favorable, pues la anotación en dicho Registro limita el derecho de propiedad del titular del bien inmueble, porque durante el tiempo que dure, no podrá disponer libremente de él, sino que lo hará, transmitiendo las consecuencias derivadas del juicio en el que se decretó."(23)
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia «P./J. 72/2010»: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(24) y la tesis «P. XLVII/2009»: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(25)
2. Que los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;
5. Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia «P. L/94»: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(26)
6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis «P. XLIX/2006», de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS 'A MAYOR ABUNDAMIENTO' SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(27)
De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera que en el presente caso sí existe la contradicción de tesis, pero sólo entre el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que establece que la anotación de una demanda civil relacionada con derechos de propiedad de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad respecto al carácter litigioso del bien, es un acto meramente publicitario que no afecta los derechos de quien aparece como propietario ante dicho registro y por ello no justifica fianza.
Y, por otro lado, lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo criterio esencial es que la inscripción de la demanda civil relacionada con derechos de propiedad de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, es una medida cautelar que aun cuando no limita el derecho de propiedad por tener efectos publicitarios, si puede causar daños y perjuicios al propietario del inmueble, y por ello sí se justifica exigir el otorgamiento de fianza.
En efecto, el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito considera que la anotac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27194-5e306dd3/anotacion-registral-cautelar-cuando-debe-exigirse-garantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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