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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 424 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA SUSPENDER EL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. · Registro digital (IUS): 27267
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-08-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo III, Pág. 2184.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FERNANDO OCTAVIO VILLARREAL DELGADO, MARÍA ELENA RECIO RUIZ, MARCO ANTONIO ARROYO MONTERO, ROBERTO RODRÍGUEZ SOTO, CARLOS ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO Y GUILLERMO LORETO MARTÍNEZ. PONENTE: ROBERTO RODRÍGUEZ SOTO. SECRETARIO: CARLOS REYES VELÁZQUEZ CANCINO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Octavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; así como décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del Decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; 41 Bis, 41 Bis 2 y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el mismo medio oficial de difusión de veintisiete de febrero de dos mil quince, por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el autorizado de la recurrente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el amparo en revisión administrativo número **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, manifestando la existencia de una posible contradicción con el criterio sustentado en el amparo en revisión administrativo número **********, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos de este Octavo Circuito, autorizado para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 158/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en el caso, conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, consultable en la página 227 del Tomo XXVIII, noviembre de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.-El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO.-Para establecer si en el caso denunciado existe una contradicción de criterios que deba ser resuelta por el Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, las cuales, en los términos siguientes, son:

Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al resolver el amparo en revisión administrativo número **********, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, y una vez que establecieron que el recurso de inconformidad previsto por los artículos 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 y 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no exigía mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, que los previstos en la Ley de Amparo, determinaron:

"No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que tal situación se torna intrascendente en el caso, porque, como acertadamente lo hace valer la recurrente en una parte del segundo de sus agravios, en el propio acto impugnado la autoridad responsable sostuvo, en su punto resolutivo quinto, que se hacía del conocimiento del deudor que en caso de no estar conforme con la determinación del crédito fiscal podía interponer en su contra el recurso de revocación, en términos de lo dispuesto en los artículos 495 y 504 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, dentro de los quince días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicha determinación.-Para corroborarlo, es oportuno transcribir el aludido punto resolutivo: ‘QUINTO.-Se hace del conocimiento del deudor que en caso de no estar conforme con la determinación del crédito fiscal podrá interponer en contra del presente oficio el recurso de revocación en términos de lo dispuesto por los artículos 495 y 504 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído ...’. En efecto, los aludidos ordinales 495 y 504 del Código Financiero para los Municipios del Estado del Coahuila, son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 495. El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas que: I. Determinen contribuciones o accesorios.-II. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley.-III. Las demás que sean definitivas y tengan el carácter de multas no fiscales emitidas por autoridades administrativas del Municipio.’.-‘Artículo 504. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos su notificación.-Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiera aceptado el cargo de representante de la sucesión.’.-Como se advierte de la anterior transcripción, el recurso idóneo contra el acto administrativo impugnado por la quejosa era el de revocación y no el de inconformidad, siendo que, si bien a efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra un acto respecto del cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa; sin embargo, debe entenderse como tal, el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque, de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad.-Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y sustancial, la tesis aislada II.4o.C.1K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, materia común, página 1676, que literalmente dice: ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO.-A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad.’.-En ese contexto, aun cuando en la especie la recurrente tenía a su alcance un recurso mediante el cual podía modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, concretamente el recurso de revocación previsto en el artículo 495, fracción I, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila; sin embargo, dicho ordenamiento legal para la concesión de la suspensión del acto prevé mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, lo cual origina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo.-Esto es así, pues si bien el juicio constitucional es improcedente cuando procede un recurso o medio ordinario de defensa que permita nulificar, revocar o modificar el acto reclamado, siendo que el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto autoritario que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia, entre los cuales se encuentra el concerniente a que la ley que rige el acto respectivo exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución.-En ese sentido, una de las excepciones que permiten acudir al juicio de amparo sin antes agotar recurso o medio de defensa legal alguno, estriba en que la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto, en comparación con los que señala la Ley de Amparo, como condición para decretar la suspensión del acto reclamado, situación que se encuentra regulada en forma expresa en la fracción XX del artículo 61 de la ley en cita.-Bajo ese contexto y con la finalidad de observar los requisitos que prevé el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, a fin de otorgar la suspensión del acto reclamado, conviene acudir al texto del artículo 424 de dicho ordenamiento legal, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 424. Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación de los recursos administrativos o del juicio contencioso administrativo, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de que se trate, los recargos y los accesorios legales. La suspensión podrá ser solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende, ante la Tesorería Municipal acompañando copia sellada del escrito con el que hubiere iniciado el recurso administrativo o el juicio de que se trate.-Constituida la garantía, se suspenderá el procedimiento hasta que se comunique la resolución definitiva en el recurso o juicio respectivo.-Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.’.-De la transcripción precedente se advierte, que el ordinal 424 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues la condiciona a que se deposite la garantía para que surta efectos.-Ello se deduce de que, no señala plazo para que el solicitante cumpla con esa exigencia, lo cual de suyo hace que prevea mayores requisitos que la Ley de Amparo, especialmente de efectividad.-Esto es así, porque en el artículo 136 de la ley de la materia, se indica que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo (aun cuando sea recurrido), y que los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión el quejoso no otorga la garantía fijada, lo cual deja ver que surte efectos de inmediato y deja de surtirlos sino se satisfacen los requisitos de efectividad; situación que no se contempla en el artículo 424 antes transcrito, pues éste señala únicamente que podrá suspenderse el procedimiento administrativo de ejecución, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de que se trate, los recargos y los accesorios legales.-Hipótesis que también contempla el artículo 136 de la Ley de Amparo; empero, a diferencia del ordinal 424 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el citado artículo 136, sí prevé un plazo de cinco días para que se cumplan con los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, entre los que desde luego se encuentra el otorgar garantía bastante.-En ese sentido, es claro que el artículo 424 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila establece mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, al no contemplar ninguna oportunidad para que la garantía correspondiente sea exhibida en un momento diverso para que la medida solicitada sea concedida.-Lo anterior, si se toma en cuenta que ningún otro precepto de ese ordenamiento regula el momento en el que deba exhibirse la garantía para que, en su caso, siga operando la suspensión del acto, pues de la literalidad del multicitado artículo 424, se aprecia que deberá garantizarse el crédito fiscal de que se trate, los recargos y los accesorios legales para poder suspender el acto, lo que no da margen a interpretar que sea otro el momento en que deban garantizarse tales conceptos; pero tampoco que la suspensión surta efectos provisionales, como sí ocurre con base en la Ley de Amparo.-En ese orden, quienes esto resuelven consideran que la quejosa, aquí recurrente, no se encontraba obligada a agotar en el caso el recurso de revocación previsto en los artículos 495 y 504 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, al actualizarse, dadas las razones expuestas, la excepción al principio de definitividad a que alude la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de tal suerte que con independencia de lo que se alega en los restantes agravios, no es dable tener acreditada la causal de improcedencia contemplada en dicho precepto, que condujo al a quo a decretar el sobreseimiento en el juicio."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión administrativo número **********, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil quince, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"En ese orden de ideas, es inconcuso que el acto reclamado es de naturaleza fiscal, el cual tiene su fundamento en los ordenamientos citados en el párrafo anterior, lo que hace evidente que el sobreseimiento decretado por el Juez recurrido sea erróneo, al aplicar diverso instrumento normativo.-No obstante ello, este tribunal advierte que se da la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, tesorero municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ello en atención a que el contribuyente tenía la obligación de agotar los medios de defensa previos a la interposición del juicio de amparo, ya que, al tratarse de un crédito fiscal emitido por la Tesorería Municipal, atendiendo a los artículos 509 y 493 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, puede llegar a ser revocado, modificado o nulificado el acto impugnado, por contemplar un medio de defensa, además de no actualizarse violaciones directas a la Constitución, ni ser carente de fundamentación el acto reclamado.-Así pues, se estima que la inconforme debió promover el recurso de revocación, o bien haber acudido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, según lo previsto en los artículos 394, fracción I, 395, 396, 424, 493, fracción I, 495, 496, 503 y 504 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en contra del crédito fiscal determinado, ordinales que disponen lo siguiente: ‘Artículo 394. Procede garantizar el interés fiscal cuando: I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.’.-‘Artículo 395. Los créditos fiscales podrán garantizarse en alguna de las formas siguientes, a favor de la Tesorería Municipal: I. Depósito en dinero en la Tesorería Municipal.-II. Prenda o hipoteca.-III. Fianza de compañía autorizada.-IV. Embargo en la vía administrativa.-La garantía de un crédito fiscal deberá incluir la de los posibles recargos y gastos de ejecución.’.-‘Artículo 396. La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas, los accesorios causados, así como los recargos que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento; al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía por el importe de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes.’.-‘Artículo 424. Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación de los recursos administrativos o del juicio contencioso administrativo, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de que se trate, los recargos y los accesorios legales. La suspensión podrá ser solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende, ante la Tesorería Municipal acompañando copia sellada del escrito con el que hubiere iniciado el recurso administrativo o el juicio de que se trate.-Constituida la garantía, se suspenderá el procedimiento hasta que se comunique la resolución definitiva en el recurso o juicio respectivo.-Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.’.-‘Artículo 493. En contra de los actos administrativos emitidos por las autoridades municipales proceden los siguientes recursos: I. De revocación. ...’.-‘Artículo 495. El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas que: I. Determinen contribuciones o accesorios.-II. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley.-III. Las demás que sean definitivas y tengan el carácter de multas no fiscales emitidas por autoridades administrativas del Municipio.’.-‘Artículo 496. La interposición del recurso de revocación será de carácter optativo antes de acudir el interesado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Una vez elegido cualesquiera de estos medios de defensa, el interesado deberá intentar la misma vía si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuencia del otro, a excepción de las resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos.’.-‘Artículo 503. Con excepción del recurso de revocación, los demás recursos que establezca el presente código deberán agotarse previamente a la interposición de juicio contencioso administrativo.’.-‘Artículo 504. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos su notificación.’.-De lo transcrito se desprende, en esencia, que en contra de cualquier resolución de carácter definitiva, en materia financiera municipal, procede el recurso de revocación; que en estos casos debe garantizarse el interés fiscal mediante depósito de dinero, prenda o hipoteca, fianza y embargo en la vía administrativa; que la garantía deberá cubrir, además de las contribuciones adeudadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento, y en tanto no se cubra el crédito deberá ampliarse por el importe de los recargos correspondiente a los doce meses siguientes; que quien solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, debe garantizar el crédito fiscal, los recargos y accesorios legales; la suspensión podrá ser solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende; que durante la tramitación del recurso administrativo se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución; que el escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos su notificación.-Por su parte, los artículos 128, 130, 135, 138, 144 y 147 de la Ley de Amparo, los cuales regulan la suspensión del acto reclamado en asuntos fiscales como el que nos ocupa, establecen sobre el tema que: ‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.-La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’.-‘Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.’.-‘Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.-El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.-En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.’.-‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’.-‘Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta.’.-‘Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.-Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.-El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.’.-Bajo este contexto, ambos ordenamientos legales resultan coincidentes en los alcances que debe tener la suspensión del acto reclamado; incluso, exigen menores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la medida suspensional, al establecer de manera simple, categórica y general, que no se ejecutará el acto impugnado hasta que venza el plazo de quince días siguientes a la notificación del mismo, es decir, no requiere solicitud de parte interesada en ese lapso de tiempo, dentro del cual, es en el que se debe solicitar la suspensión al interponer el recurso de revocación, y que durante la tramitación del mismo se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.-Igualmente, se advierte que en la legislación que rige el acto, es intrascendente el hecho de que se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, como sí lo prevé el numeral 128 de la Ley de Amparo.-Por otra parte, en ambas legislaciones se menciona que la garantía exigida podrá ser efectiva mediante embargo de bienes suficientes para cubrir el interés fiscal que ya se haya efectuado.-Así, reiterando, en la especie no se configura la hipótesis de excepción a la obligación de observar el principio de definitividad que rige en el amparo, según lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Carta Magna y 61, fracción XX, de la ley de la materia, ya que al no exigir mayores requisitos el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para otorgar la suspensión de los actos reclamados que derivan de la determinación de un crédito fiscal municipal, el agraviado tenía la obligación de agotar el recurso de revocación establecido en los ordinales 394, fracción I, 395, 396, 424, 493, fracción I, 495, 496, 503 y 504 de la propia norma tributaria, previamente a la interposición de la demanda constitucional, a través del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado el crédito fiscal; de modo que al no hacerlo así, sobrevino el motivo de improcedencia en estudio.-A mayor abundamiento, no es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que la garantía del interés fiscal señalada en el artículo 396 del Código Financiero del Estado de Coahuila de Zaragoza, implique cubrir las contribuciones adeudadas y los accesorios causados, los recargos que se causen en los doce meses siguientes al otorgamiento de la suspensión, y si al terminar este periodo no se cubre el crédito, el importe deberá ampliarse dicha garantía por el importe de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes; ya que, en principio, dichos aspectos en todo caso se refieren a la eficacia de la medida suspensional, y no a las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no es un dato que sirva para concluir la exigencia de mayores requisitos en el otorgamiento de la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional.-Además, en el caso específico del recurso de revocación, ese código regula expresamente que: ‘Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación de los recursos administrativos o del juicio contencioso administrativo, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de que se trate, los recargos y los accesorios legales. La suspensión podrá ser solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende, ante la Tesorería Municipal’, de donde se obtiene que la simple interposición del recurso obliga a la autoridad a suspender el procedimiento administrativo de ejecución hasta por el tiempo que dure su tramitación; de ahí que tampoco pueda llevar a sostener que se trata de un requisito superior al contemplado en la Ley de Amparo.-Cobra aplicación al caso, en lo conducente y sustancial, el criterio que se comparte del entonces único Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1990, página 1027, con el siguiente tenor literal: ‘

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27267-e1006fcc/suspension-del-procedimiento-administrativo-de-ejecucion-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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