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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 24/2017. · Registro digital (IUS): 27368
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-09-29
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Pág. 1731.

INCONFORMIDAD 24/2017. 13 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIA: MARCELA CAMACHO MENDIETA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios son: uno ineficaz y otro fundado.

Con fines de claridad y sencillez de esta sentencia, se procederá a su síntesis y estudio inmediato.

El inconforme esgrime que desde que ingresó su solicitud de transmisión de derechos ante la Dirección Local Guanajuato, anexó copia certificada del acta de defunción de su padre **********, por tanto, el oficio número **********, de tres de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual la autoridad le requiere que su padre firme un aviso al Registro Público de Derechos de Agua es legalmente improcedente, pues ya no puede firmar ese documento.

Agrega, que de las reformas que dieron origen a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil cuatro, no existe sustento para que el cedente de un título de concesión suscriba ese aviso.

El agravio es ineficaz.

De acuerdo con el artículo 201 de la Ley de Amparo, el recurso de inconformidad es procedente en contra de las resoluciones que: (a) tienen por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 del propio ordenamiento jurídico; (b) declaran que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordenen el archivo definitivo del asunto; (c) declaran sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o, (d) declaran infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, en el primer supuesto, esto es, cuando se trata de una resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, la materia de ese recurso lo constituye el estudio de la legalidad de esa determinación, por lo que su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos.

Así, el cumplimiento total de las sentencias sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez dilucidada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, lo que no significa que el Juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión.

El criterio de referencia puede observarse en las jurisprudencias 1a./J. 120/2013 (10a.) y 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas, la primera, en la página 774 del Libro 2, Tomo II, enero de 2014 y, la segunda, en la página 605 del Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, ambas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas», de títulos y subtítulos: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO." y "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO.", respectivamente.

Los criterios anteriores se complementan con los emitidos por la Segunda Sala de la propia Suprema Corte, en los que ha instituido que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de las sentencias protectoras o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento.

En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite precisado en la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defecto y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien el artículo 196 prevé que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, ello implica estudiar si las consecuencias generadas con motivo de tal acatamiento pueden ser materia de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tenerse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo.

Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.

Dichas directrices se sustentan en las jurisprudencias 2a./J. 60/2014 (10a.) y 2a./J. 14/2016 (10a.), publicadas, la primera, en la página 741 del Libro 6, Tomo II, mayo de 2014 y, la segunda, en la página 717 del Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, ambas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas», de títulos y subtítulos siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." y "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.", respectivamente.

Las consideraciones mencionadas tornan ineficaces los argumentos sintetizados, pues no están encaminadas a cuestionar la determinación del Juez de Distrito, en cuanto a tener por cumplida la ejecutoria de amparo, sino el nuevo acto emitido por la autoridad responsable en cumplimiento del fallo protector.

En efecto, en ese nuevo acto la autoridad requirió al particular la presentación del aviso al Registro Público de Derechos de Agua a que se refiere el artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, firmado por el cedente y por el cesionario.

Al respecto, el aquí recurrente expresa que: "...la respuesta (requerimiento de información) dada por la autoridad responsable, además de no tener sustento legal, es absurda, al pedir que mi padre firme un documento, cuando tiene años de haber fallecido y esto obra en el expediente de la transmisión de derechos, ingresado el 2 de mayo de 2016."

Por tanto, en virtud de que el argumento del inconforme discute el contenido de la respuesta emitida en acatamiento al fallo protector, mas no las razones jurídicas sustentadas por el juzgador en el auto que lo tuvo por cumplido, debe declararse ineficaz.

En otro aspecto, el quejoso esgrime que no puede considerarse cumplida la sentencia de amparo, ya que del expediente no se observa que la responsable hubiese resuelto la solicitud de transmisión de derechos.

El agravio es fundado.

La observancia al derecho de petición implica, como lo sustentó el juzgador federal en la sentencia constitucional, que:

a) La autoridad responsable debe emitir una respuesta, esto es, un escrito que atienda favorable o desfavorablemente la petición.

b) Esa respuesta debe ser congruente, es decir, tener coherencia o relación lógica entre lo que se pide y lo que la autoridad comunica por escrito.

Por cuanto ve al primer elemento, cabe precisar que no cualquier escrito que se exhiba en el juicio de amparo puede considerarse como una respuesta, únicamente aquel que resuelva de fondo lo solicitado.

Efectivamente, el escrito de la autoridad que informe sobre la fase del trámite relativo a la petición o que le requiera la presentación de la documentación correspondiente, en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, previo a la emisión de la resolución definitiva que le pone fin, no puede calificarse como una respuesta que lleve al juzgador a considerar cumplida la ejecutoria en la que se concedió el amparo para que atendiese la solicitud del particular.

Es así, en virtud de que en ese escrito no se resuelve favorable o desfavorablemente lo pedido, únicamente se da a conocer el estado en que se encuentra la solicitud o los requisitos que deben satisfacerse para pronunciarse en definitiva, por ello, se trata de un mero texto informativo de trámite.

Al respecto, este Tribunal Colegiado al resolver, entre otros, los recursos de inconformidad **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, ha considerado que el derecho fundamental mencionado, que es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas.

Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve a los ciudadanos que sus planteamientos sean contestados con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarles la información que les permita comprender cabalmente el acto, decisión o resolución de las autoridades en forma definitiva.

Así, la congruencia formal de la respuesta a una petición, no es suficiente para ser acorde al actual sistema jurídico mexicano, porque es una congruencia puramente lógica, no sustancial que no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto al ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, conforme al principio de progresividad que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general.

Por ende, al examinarse el cumplimiento de la sentencia que determinó la transgresión al artículo 8o. constitucional, no puede considerarse que ésta se acató mediante la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que sea congruente, completa, rápida y, sobre todo fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo o lo dejaría imposibilitado para expresar argumentos en contra del documento que omite pronunciarse sobre lo pedido, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.

Las ideas expuestas se sustentan en la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.) de este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1672, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas», de contenido literal siguiente:

" El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado."

Un caso análogo al mencionado, que tampoco satisface el derecho de petición, ocurre cuando la autoridad emite un escrito en el que solicita al gobernado la presentación de documentación, con el propósito de subsanar las deficiencias detectadas e integrar debidamente el expediente administrativo que da trámite a dicha petición, pues ese escrito, se reitera, no constituye una respuesta que resuelva el fondo de lo solicitado; en todo caso, se trata de un documento no decisorio que, incluso, puede emplearse para postergar la decisión final del trámite respectivo.

Además, el contenido de esa aparente respuesta no genera un obstáculo material o jurídico absoluto que impida a la autoridad pronunciarse favorable o desfavorablemente sobre lo pedido, como podría ser, por ejemplo, la destrucción o la pérdida de la documentación necesaria para ese efecto o la incompetencia de la autoridad.

En el caso, el Juez Federal concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable resuelva la solicitud de transmisión de derechos y lo haga del conocimiento de la parte quejosa, o bien, manifieste el impedimento legal que tuviese para ello.

En acatamiento a lo anterior, se reitera, la autoridad responsable requirió al peticionario para que presentara el original del aviso al Registro Público de Derechos de Agua, a que se refiere el artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, signado por el cedente y el cesionario, pues la documentación que exhibió con su solicitud es insuficiente para integrar debidamente el expediente.

De acuerdo con las consideraciones referidas, este requerimiento no constituye la resolución que pone fin a la solicitud de transmisión de derechos, cuya emisión ordenó el Juez Federal en el efecto del fallo protector, precisamente porque se trata de una fase previa que la autoridad consideró necesario desarrollar para integrar debidamente el expediente, y estar en aptitud de resolver en definitiva la procedencia o improcedencia de dicha transmisión de derechos.

En consecuencia, adversamente a lo considerado por el Juez Federal, la autoridad responsable con el acto emitido no cumplió la ejecutoria de amparo.

Así, ante lo fundado de uno de los argumentos, lo que procede es revocar el auto recurrido.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 80 y 201 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de inconformidad planteado por **********, en contra del acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado, declaró cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto **********.

Notifíquese. Anótese en el libro de registro correspondiente y con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como relevante en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, Ariel Alberto Rojas Caballero y Enrique Villanueva Chávez, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del diverso 47 del reglamento de la misma; 2, fracciones XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27368-601af3a4/derecho-de-peticion-el-efecto-de-la-concesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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