SENTENCIAS DE AMPARO. LOS DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, NOMBRADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA, CARECEN DE FACULTADES PARA EMITIR EL ACTO POR EL QUE PRETENDEN LLEVAR A CABO SU CUMPLIMIENTO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 28/2018. 19 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIO: PABLO CHÁVEZ GAMBOA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los agravios devienen fundados, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley de Amparo, por las razones y consideraciones que enseguida se exponen.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecido en la jurisprudencia:
"Décima Época
"Registro: 2005225
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 2, enero de 2014, Tomo II
"Materia(s): Común
"Tesis: 1a./J. 119/2013 (10a.)
"Página: 759
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas»
"RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO QUE CONOZCA DEL MISMO, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA VÍA Y DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL PROMOVENTE. Del artículo 213 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, deriva que en el recurso de inconformidad, el órgano jurisdiccional de amparo debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes. Lo anterior es así, toda vez que los juzgadores deben interpretar el sentido de las promociones presentadas por los justiciables para determinar con precisión su voluntad, para lo cual deben considerar el escrito presentado en su integridad, tomando en cuenta la norma que, en su caso, funde su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intentan, así como lo esgrimido en los puntos petitorios."
De un análisis oficioso de los antecedentes del caso, puede advertirse que las autoridades responsables director de prestaciones económicas y supervisor de trabajo social, ambos de Pensiones Civiles del Estado, no han dado cumplimiento a la ejecutoria protectora.
Se afirma lo anterior, ya que de los autos del juicio de amparo ********** (fojas 101 a 105), se observa que mediante oficio de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, Sergio Héctor González Gallegos, en su carácter de delegado de las autoridades responsables, manifestó que en cumplimiento a la sentencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, adjuntaba copia certificada del acuse de recibo del oficio **********, emitido por la persona y con el carácter antes mencionado, en el que comunicó a la quejosa no haber desahogado el procedimiento establecido entre (sic) los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado.
El oficio con el que el delegado de las autoridades responsables pretendió acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, a la letra dice lo siguiente:
Ver oficio
De la anterior transcripción, se advierte que quien pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo fue el delegado de la autoridad responsable y no directamente esta última.
Por tanto, es incorrecto que en el acuerdo materia de esta inconformidad se haya considerado que con la emisión del oficio antes reproducido debía considerarse que las responsables acataron el núcleo esencial del fallo protector, pues dicho oficio fue emitido por una persona que únicamente tiene el carácter de delegado de las autoridades responsables en el juicio de amparo, y no así por las autoridades que cuentan con las facultades para resolver sobre la petición planteada, que son a quienes les corresponde acatar en sus términos el fallo protector, ya que conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 9o.(4) de la Ley de Amparo, las autoridades responsables únicamente pueden nombrar delegados para que en las audiencias concurran a rendir pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos, lo que lleva a concluir que tales facultades no alcanzan para sustituir a las autoridades responsables en el cumplimiento de las sentencias de amparo, que de acuerdo con su esfera de competencia les corresponde.
Sin que se desconozca que la representación ostentada por dichos delegados incluye la representación o sustitución para todos los trámites del juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; sin embargo, dicha representación no se encuentra vinculada a que se pronuncien sobre el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, ya que como se dijo, dicha atribución le corresponde a la propia autoridad responsable, en debido acatamiento de una sentencia de amparo, pues aun cuando haya nombrado delegados en el juicio para su representación, no modifica las facultades que le corresponden legalmente como titular de una dependencia oficial y no permite desconocer la responsabilidad constitucional que le asiste para ejercerlas en debido cumplimiento de un fallo.
Por ende, a quien le corresponde dar cumplimiento al fallo protector es directamente al director de prestaciones económicas y al supervisor de trabajo social, ambos de Pensiones Civiles del Estado y no a su delegado, pues contra su acto se concedió la protección constitucional y, al no hacerlo así, la sentencia de amparo no se encuentra cumplida.
Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, título, subtítulo y texto son:
"Décima Época
"Registro: 2009651
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 21, agosto de 2015, Tomo I
"Materia(s): Común
"Tesis: 1a./J. 55/2015 (10a.)
"Página: 406
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas»
"RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR. Conforme a la regulación del recurso de inconformidad en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, si se concede el amparo para determinados efectos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito deben analizar exhaustiva y oficiosamente la sentencia dictada en cumplimiento a dicho fallo, pues si de los autos se advierte que los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito dieron por cumplida una ejecutoria de amparo y la autoridad responsable no la acató en sus términos, resulta evidente que el fallo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad interpuesto debe declararse fundado. Lo anterior es así, aun cuando el tribunal de amparo haya otorgado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ya que ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal."
En consecuencia, ante lo fundado de los agravios expresados por la inconforme, suplidos en su deficiencia, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y ordenar que se reponga el procedimiento respectivo, a fin de que requiera a las autoridades responsables a efecto de que continúen con el procedimiento correspondiente para lograr el exacto cumplimiento del aludido fallo protector.
Por último, como argumento obiter dicta (dicho sea de paso), la observancia al derecho de petición implica, como lo sustentó el juzgador federal en la sentencia constitucional, que:
a) La autoridad responsable debe emitir una respuesta, esto es, un escrito que atienda favorable o desfavorablemente la petición y,
b) Esa respuesta debe ser congruente, es decir, que tenga coherencia o relación lógica entre lo que se pide y lo que la autoridad comunica por escrito.
Cabe precisar que no cualquier escrito que se exhiba en el juicio de amparo puede considerarse como una respuesta, sino únicamente aquel que resuelva de fondo lo solicitado.
Es así, pues si únicamente se da a conocer el estado en que se encuentra la solicitud o los requisitos que deben satisfacerse para pronunciarse en definitiva, se trata de un mero texto informativo de trámite.
Al respecto, es de suma importancia establecer que el derecho fundamental mencionado (de petición), se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares, la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas.
Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve a los ciudadanos que sus planteamientos sean contestados sin proporcionarles la información que les permita comprender cabalmente el acto, decisión o resolución de las autoridades en forma definitiva.
Así, la congruencia formal de la respuesta a una petición, no es suficiente para ser acorde al actual sistema jurídico mexicano, porque es una congruencia puramente lógica, no sustancial que no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, conforme al principio de progresividad que impone la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general.
Por ende, al examinarse el cumplimiento de la sentencia que determinó la transgresión al artículo 8o. constitucional, no puede considerarse que ésta se acató mediante la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo o lo dejaría imposibilitado para expresar argumentos en contra del documento que omite pronunciarse sobre lo pedido, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.
En tal contexto, una respuesta que no satisface el derecho de petición, se da si la autoridad emite un escrito en el que resuelve sobre una pensión de viudez cuando realmente la petición fue sobre una afiliación al servicio médico del cónyuge como beneficiario de un derechohabiente, pues ese escrito no constituiría una respuesta que resolviera el fondo de lo solicitado. Lo mismo ocurre cuando la autoridad únicamente informa al solicitante que no cumple con los requisitos que deben satisfacerse para pronunciarse en definitiva, sin motivar esa situación, es decir, sin proporcionarle la información que le permita conocer la decisión; en todo caso, sería un documento no decisorio que, incluso, puede emplearse para postergar la decisión final del trámite respectivo.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia que se comparte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de contenido:
"Época: Décima Época
"Registro: 2015181
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 46, septiembre de 2017, Tomo III
"Materia(s): Común
"Tesis: XVI.1o.A. J/38 (10a.)
"Página: 1738
«Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas»
"DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se revoca el auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que declaró cumplida la sentencia de amparo.
SEGUNDO.—Devuélvanse los autos del juicio de amparo ******** al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, para que prosiga a la exigencia de que las autoridades responsables director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y supervisor de Trabajo Social de Pensiones Civiles del Estado, ambas con residencia en esta ciudad de Chihuahua, realicen el cumplimiento efectivo de la sentencia de amparo.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Martín Hernández Simental, Marta Olivia Tello Acuña y José Raymundo Cornejo Olvera, siendo presidente y ponente la segunda de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 11, fracción VI, 108, 113, 118 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_________________
4. "Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28633-a54458ba/sentencias-de-amparo-los-delegados-de-las-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE L (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
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- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPOND (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
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