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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CONSIDERAR QUE EXISTE RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN GANADA POR LA AFECTACIÓN DE UNA SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. · Registro digital (IUS): 27400
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-10-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHO
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, Pág. 1457.

CONTRADICCIÓN TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 29 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ, JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANÍBAL LAFRAGUA CONTRERAS, FERNANDO HERNÁNDEZ PIÑA Y JOSÉ DANIEL NOGUEIRA RUIZ. PONENTE: MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE VILLICAÑA BUENROSTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Vigésimo Noveno Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 1, 3, 9, 10, 17, 23, 26 y 27 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del primero de marzo de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero del mismo año, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, entre el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al fallar el juicio de amparo directo 1271/2016, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, al fallar el juicio de amparo directo 685/2015.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que fue formulada por la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, con motivo de los criterios considerados contrastantes por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.

TERCERO.-Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:

1. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, amparo directo 685/2015 de su índice.

Promovido por la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado Joel Arturo Contla Californias, contra la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el toca civil 3/2015, por la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, que modificó la de primera instancia, condenando a la Comisión Federal de Electricidad a indemnizar al actor con motivo del gravamen que se impuso en su propiedad, en términos de lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil Federal, por la afectación de sus bienes inmuebles con la construcción de líneas de conducción eléctrica.

El Tribunal Colegiado de Circuito referido, otorgó la protección constitucional a la Comisión Federal de Electricidad quejosa, por unanimidad de votos, al considerar, sustancialmente, que contrario a lo afirmado en la sentencia reclamada, el oficio RLR-018/2011, de ocho de marzo de dos mil once, dirigido al actor por el jefe de Departamento de Terrenos y Derechos de Vía (E.F.), no demostraba la renuncia a la prescripción ganada.

A tal determinación se arribó, al estimar, en esencia, que tal oficio, únicamente, evidenciaría que, previamente a la presentación de la demanda que dio inicio al juicio del que deriva el acto reclamado, se realizaron gestiones para obtener el pago de la indemnización correspondiente con motivo de la constitución de la servidumbre de paso respectiva (tales como la medición de predios y la entrega de la documentación correspondiente), y que se practicó un avalúo para determinar el monto que le correspondía al actor por concepto de indemnización por el derecho de vía, el cual se puso a su consideración. Datos que, contrario a lo aseverado por el tribunal de alzada responsable, no evidenciaban la existencia de voluntad expresa o tácita de renunciar a la prescripción ganada, es decir, su deseo o consentimiento de no acogerse al beneficio que le otorga la ley para que no proceda acción legal en su contra para obligarle a cumplir con el pago o la obligación a cargo de su patrimonio, por haber transcurrido el lapso previsto en la norma para ello.

Se abundó que tampoco evidenciaba tal oficio, los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, que admitiera como única interpretación de su voluntad -de modo evidente e indiscutible- la de renunciar a su derecho de oponer la prescripción negativa, como sería el cumplimiento voluntario de la obligación parcial o total, así como el otorgamiento de una fianza o hipoteca para garantizar la obligación prescrita, pues para considerar que la empresa quejosa renunció, expresamente, a la prescripción ganada, era indispensable que, en ese documento, manifestara su deseo o consentimiento de renunciar al beneficio que le otorga la ley, para que no procediera acción legal en su contra, respecto al pago o cumplimiento de la obligación, por haber transcurrido el lapso prescriptivo para el reclamo indemnizatorio, derivado de la constitución de una servidumbre legal de paso.

2. Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Morelia, Michoacán, amparo directo 1271/2016 del índice del órgano auxiliado (Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito)

María Elena Guerrero Ostria, por conducto de su apoderada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, señalando como acto reclamado la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 11/2016, que confirmó la emitida por el Juez Segundo de Distrito, con residencia en el Estado de Hidalgo, que declaró improcedente la acción de indemnización por la servidumbre legal de paso con motivo de la construcción de línea de conducción eléctrica.

El Tribunal Colegiado de Circuito referido, otorgó la protección constitucional a la quejosa, por unanimidad de votos, al considerar, sustancialmente, que contrario a lo afirmado en la sentencia reclamada en el oficio ALL-0232/2006, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el jefe de departamento de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad, ponía de relieve que su autor realizó un acto que no admitía otra interpretación que la voluntad de dar cumplimiento a la obligación de indemnizar a once ejidatarios, entre ellos a la quejosa, por la instalación de la servidumbre de paso que afectaba su parcela, dado que se refería al trámite de regularización del derecho de vía de la línea de transmisión de energía eléctrica; y era clara esa intención, porque el autor del oficio aludía a sendos avalúos por cada parcela, emitidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios, Sociedad Nacional de Crédito, señalando el nombre del titular, la parcela, superficie afectada, el monto de la indemnización y el número de avalúo; además, solicitaba del presidente del Comisariado Ejidal que expresara su conformidad con respecto a los montos señalados.

Se abundó argumentando que tal oficio contenía la libre intención del firmante para la consecución de un determinado acto jurídico, consistente en el ofrecimiento del pago indemnizatorio derivado de la afectación al predio de la quejosa, el cual se hizo en términos claros y precisos, de tal suerte que no dejaba lugar a duda del derecho que se renunciaba, que sería el de negar el pago de la indemnización por la instalación de la servidumbre de paso por efecto de la prescripción negativa, lo que implicaba que la renuncia a la prescripción ganada, se manifestó en forma tácita, pues la parte obligada al pago indemnizatorio, exteriorizó un acto que admite como única interpretación de su voluntad, de modo evidente e indiscutible, que renunció a su derecho de oponer la prescripción negativa, al ofrecer el cumplimiento voluntario de su obligación, el cual sólo quedó sujeto a la aceptación de la oferta, evidenciando el compromiso de cubrir la suma ofertada, una vez que ésta fuera aceptada.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.

Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas, respecto a la solución de la controversia planteada.

En ese sentido, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable bajo el número de registro digital: 164120, en la página 7, del Tomo XXXII, agosto de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Como se advierte, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Así, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente.

Por otro lado, el Tribunal Pleno también ha sostenido que la contradicción de tesis puede configurarse implícitamente, siempre y cuando el criterio respectivo pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares de cada caso, esto es, deben existir los elementos suficientes -los cuales no pueden ser accidentales o meramente secundarios- para establecer que, en relación con el tema a dilucidar, un Tribunal Colegiado de Circuito, fijó un criterio contrario al otro concerniente a la sustancia de un mismo problema jurídico.

Es decir, aun cuando los tribunales contendientes no hayan sustentado un criterio expreso sino uno implícito pero indubitable, entendiéndose como tal el que pueda deducirse de manera clara e inobjetable de las circunstancias particulares del caso, a fin de impedir la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales, al resolver un mismo tema jurídico, resulta necesaria la sustentación de una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes, pues de estimarse que en ese supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, se seguirían resolviendo de forma diferente, sin justificación legal alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales.

Así lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, en el criterio jurisprudencial P./J. 93/2006, consultable con el número de registro digital: 169334, en la página 5 del Tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, este Pleno del Vigesimonoveno Circuito advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que ambos Tribunales Colegiados de Circuito, expresamente, se pronunciaron respecto del mismo punto de derecho, a saber, si los oficios emitidos por el jefe de departamento de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad demostraban o no la renuncia a la prescripción ganada, llegando a conclusiones contrarias, pues un tribunal sostuvo que sí y el otro que no.

En efecto de la anterior narrativa, los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, resultan discordantes, pues mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el juicio de amparo directo 685/2015, promovido por la Comisión Federal de Electricidad, determinó que los oficios emitidos por el jefe de departamento de la Gerencia Regional de Transmisión Central de dicha comisión no demostraban la renuncia a la prescripción ganada; el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el juicio de amparo directo 1271/2016 del Tribunal Colegiado de Circuito auxiliado, determinó que ese tipo de oficio, demostraba, tácitamente, la renuncia a la prescripción ganada.

Consecuentemente, este Pleno de Circuito advierte que, el punto de divergencia que debe dilucidarse en este asunto consiste en determinar si lo expresado en los oficios emitidos por el jefe de departamento de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad, demuestran tácitamente la renuncia a la prescripción ganada.

QUINTO.-Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio del Pleno de este Vigesimonoveno Circuito.

Para resolver el problema jurídico suscitado en la presente contradicción de tesis, es necesario destacar que la prescripción liberatoria identificada legislativamente como negativa, no extingue en sí el derecho al pago, sino más bien, extingue el derecho del acreedor para obtener coactivamente, por medio de los tribunales, el cumplimiento de la obligación.

Así, cuando la obligación ya no es legalmente exigible, a través de los tribunales jurisdiccionales competentes, ésta se convierte en natural, ya que no existe en el orden jurídico norma que obligue a su cumplimiento.

Por tanto, mientras el plazo prescriptivo establecido por la ley no se agote, el acreedor está facultado para obtener el pago de su obligación por los medios legales conducentes y, desde luego, el deudor debe responder de su obligación, incluso sin el concurso de su voluntad; pero, cuando el lapso se termina y las partes permanecen inactivas, la obligación perfectamente válida y completa, se transforma en una obligación natural, es decir, en un deber que no puede ser exigido coactivamente; por tanto, debe distinguirse la existencia de la acción para cobrar, con la existencia del derecho para obtener el pago.

Es decir, la prescripción negativa extingue la acción para exigir el cumplimiento de una obligación, convirtiendo a ésta en una obligación natural, que no conlleva alguna responsabilidad de carácter patrimonial y que no puede ser exigida por conducto de los tribunales.

En la especie, la renuncia a la prescripción ganada o consumada, se encuentra prevista en los artículos 1141 y 1142 del Código Civil Federal, que dicen:

"Artículo 1141. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo."

"Artículo 1142. La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta última la que resulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido."

Preceptos de los que se colige que las personas con capacidad para enajenar, pueden renunciar a las prerrogativas que derivan de la prescripción ganada y, que tal renuncia puede ser expresa o tácita, esta última que resulte de un hecho que signifique el abandono del derecho adquirido, consistente precisamente en que, con motivo de la prescripción, legalmente no puede ejercerse acción en su contra para lograr el pago o cumplimiento de la obligación a su cargo.

La renuncia deriva, precisamente, de la voluntad, es decir, de la libre intención o elección exteriorizada de un sujeto para la consecución de un determinado acto jurídico; así la voluntad puede adoptarse como el consentimiento de un acto o la renuncia de un derecho o prerrogativa.

En ese orden, es factible renunciar a los derechos adquiridos, siempre y cuando no se afecte el interés público y no se perjudiquen derechos de tercero; y, para que surta efectos jurídicos, la exteriorización de la voluntad debe hacerse en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia o del consentimiento del acto.

Lo anterior, se desprende de lo dispuesto por los artículos 6o. y 7o. del Código Civil Federal, los cuales establecen que sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten al interés público o a terceros, y que la renuncia, para que produzca efectos, debe realizarse en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho de que se renuncia.

A lo anterior debe adicionarse lo dispuesto por el artículo 1803 de la codificación citada, en el cual se estatuye que el consentimiento puede ser expreso o tácito; expreso, cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y, tácito, cuando resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo.

En razón de lo anterior, se obtiene que, la voluntad a renunciar a la prescripción ganada o consumada, puede manifestarse de dos formas:

A) Expresa, cuando existe una manifestación de la voluntad verbal, por escrito o por signos inequívocos, que pongan de manifiesto que el obligado renunció a la prescripción ganada, es decir, su deseo o consentimiento de no acogerse al beneficio que le otorga la ley para que no proceda acción legal en su contra para obligarle a cumplir con el pago o cumplimiento de la obligación a cargo de su patrimonio, por haber transcurrido el lapso previsto en la norma para ello.

B) Tácita, cuando existen actos realizados por el obligado, que admitan como única interpretación de su voluntad, de modo evidente e indiscutible, renunciar a su derecho de oponer la prescripción negativa, como sería el cumplimiento voluntario de la obligación ya sea parcial o total, aunque estuviese prescrita la obligación; el otorgamiento de una fianza o hipoteca para garantizar el cumplimiento de la obligación prescrita; permitir que el acreedor realice actos de dominio en su patrimonio con el fin de amortizar el pago o cumplimiento de la obligación prescrita; o inclusive, la omisión de su parte de oponer, en el juicio que se instaure en su contra, la excepción de prescripción.

Conforme con lo anterior, se obtiene que si no se realizan actos que, de modo evidente e indiscutible, pugnen con la decisión de no hacer valer el derecho o prerrogativa derivado de la prescripción negativa, entonces, no puede estimarse que exista una renuncia expresa o tácita.

Es aplicable a lo analizado, el criterio sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 245793, localizable en la página 13 del Volumen 89, mayo de 1976, Séptima Parte, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo contenido literal es el siguiente:

"PRESCRIPCIÓN, RENUNCIA A LA.-La renuncia tácita a la prescripción ganada debe desprenderse de manera directa e indudable de los actos o hechos a los que se le atribuya, como sería, por ejemplo, la solicitud de espera para el pago, el pago mismo parcial o total; la redocumentación de la obligación, etcétera, y no de manera indirecta y mediata, como ocurre si se pretende demostrar la renuncia mediante la formación incorrecta de una presunción hecha con base en otra presunción."

De igual manera es aplicable al caso, el criterio que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sustenta, con el número de registro digital: 256156, localizable en la página 77 del volumen 46, octubre de 1972 Sexta Parte, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyos rubro y texto dicen:

"PRESCRIPCIÓN, RENUNCIA TÁCITA A LA, NO CONFIGURADA.-Si no se realizan actos que, de modo evidente e indiscutible, pugnen absolutamente con la decisión de hacer valer la prescripción, no puede estimarse que se renuncie tácitamente a esta última, y consecuentemente, no se interrumpe el término para la prescripción."

Ahora bien, en el oficio RLR-018/2011, emitido por el jefe de departamento de Terrenos y Derechos de Vía de la Comisión Federal de Electricidad, que analizó el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es del siguiente tenor:

"... Hago referencia al trámite de regularización de superficies de terrenos de 5,594.12 m2 y 9,907.47 m2, ocupadas por el derecho de vía de la LT de 400 KV, denominada TUL-A3370-PRD, en dos predios rústicos denominados ‘La Sala Grande’ y ‘El Capulín’, ubicados en el Barrio de Tlalminulpa, Municipio de Atitalaquia, Estado de Hidalgo. Al respecto, sobre los avalúos practicados para el efecto por el Arq. Alberto Edgar Vargas Cabrera, asesor en valuación, comunico a usted que los montos de la contraprestación, correspondiente por el establecimiento del derecho de vía de la línea que nos ocupa, es de $643,323.80 (seiscientos cuarenta y tres mil trescientos veintitrés pesos 80/100 M.N.) y $1'139,359.05 (un millón ciento treinta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos 05/100 M.N.), respectivamente, conforme a los avalúos núms. 2010-695-EVC y 2010-696-EVC. Por lo anterior, a efecto de continuar el trámite de referencia, agradeceré a usted, nos manifieste por este medio su conformidad con los montos señalados. Finalmente le comunico que todos los trámites y gestiones que realice este organismo para la solución de este asunto son sin cargo al promovente, por lo que en caso de que algún funcionario le solicite remuneración alguna para atenderlo, favor de denunciarlo directamente a esta Gerencia Regional. ..."

Asimismo, el oficio ALL-0232/2006, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el jefe de departamento de la Gerencia Regional de Transmisión Central de la Comisión Federal de Electricidad, analizado por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Morelia, Michoacán, conforme con la sentencia que dictó, dice:

"... Me refiero al trámite de regularización del derecho de vía de la LT de 400 KV, denominadas TULA3370-PZD, que cruza por parcelas del ejido Pachuquilla, Municipio de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo.

"Al respecto, sobre la base de los avalúos practicados para tal efecto por el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., comunico a usted que el monto de la contraprestación correspondiente para el establecimiento del derecho de vía de la línea que nos ocupa, es conforme a la relación siguiente:

Ver relación

"... Por lo anterior, a efecto de continuar el trámite de referencia agradeceré a usted, manifieste por este medio su conformidad respecto al monto señalado."

Los documentos relatados, únicamente evidencian que se realizaron gestiones extrajudiciales para obtener el pago de la indemnización correspondiente con motivo de la constitución de la servidumbre de paso respectiva (tale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27400-da87d7e0/comision-federal-de-electricidad-documentos-necesarios-para-considerar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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