LABORES PELIGROSAS E INSALUBRES. CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA CARGA PROBATORIA CUANDO RECLAME EL INCREMENTO PREVISTO EN LAS CLÁUSULAS 62 A 64 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS MEXICANOS Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA (BIENIOS 2007-2009 Y 2009-2011).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERMÁN RAMÍREZ LUQUÍN, CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA Y JOSEFINA DEL CARMEN MORA DORANTES. DISIDENTE: ROBERTO ALEJANDRO NAVARRO SUÁREZ. PONENTE. GERMÁN RAMÍREZ LUQUÍN. SECRETARIA: LORENA ORQUÍDEA CERINO MOYER.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
El Pleno sin especialización del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracciones VI y VII, 28 y 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación.
La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado Germán Ramírez Luquín, integrante del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, en el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, del índice de dicho órgano jurisdiccional, en el que se emitió uno de los criterios denunciados por los Tribunales Colegiados de Circuito referidos en párrafos precedentes.
TERCERO.-Criterios denunciados como contradictorios.
A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, atendiendo a su orden cronológico.
a) El Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito resolvió, por unanimidad, en sesión de veintitrés de enero de dos mil catorce, el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, promovido por **********, en el cual, se negó a dicha quejosa la protección de la Justicia de la Unión solicitada, al declarar, entre otras cosas, infundados los conceptos de violación, en los cuales se adujo que la carga de la prueba, tratándose del cumplimiento o reconocimiento de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo de la industria petrolera, respecto a labores insalubres, le correspondía a los actores.
La ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil catorce, por la que se resolvió el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, en la parte que interesa, para efectos de esta contradicción de tesis, contiene las siguientes consideraciones:
"... Alegan las quejosas que la condena decretada en su perjuicio resulta violatoria de garantías, porque en el juicio de origen el tercero perjudicado reclamó el incremento al salario, con fundamento en las cláusulas 62, 63 y 64 del contrato colectivo de trabajo de la industria petrolera, por laborar en condiciones insalubres o peligrosas, habida cuenta que tal prestación es de carácter extralegal y, por ello, correspondía al trabajador acreditar su procedencia, ya que en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución General de la República no existe alguna hipótesis que coincida con dichas prestaciones; de ahí que, al ser extralegales, debe correr a cargo del trabajador demostrar su procedencia, pero el demandante no ofreció prueba para acreditar las condiciones específicas en las que dijo desempeñar sus labores, o sea, que estaba expuesto a gases y vapores nocivos para su salud, y la responsable se basó en simples presunciones; además, la Junta no consideró que, al contestar la demanda, señalaron que para el evento de que fueran condenadas, ello únicamente sería acorde a las circunstancias de tiempo, forma y lugar, pero no de manera retroactiva por el tiempo laborado conforme a su antigüedad; y de esta forma, incurrió en una apreciación incorrecta del material probatorio y de la fatiga probatoria.
"Asiste razón a las inconformes, porque sí es obligación del trabajador demostrar su derecho al incremento a su salario conforme a las cláusulas 62 a 64 del contrato colectivo de trabajo, por tratarse de una prestación contractual; sin embargo, ello consideró la Junta que se acreditó conforme al principio de adquisición procesal, porque las paraestatales las exhibieron y contra ello las quejosas no se inconforman; luego, lo aceptan tácitamente, además, tal consideración resulta correcta, atento a que de acuerdo a ese principio las pruebas ofrecidas por una de las partes pueden beneficiar a los intereses de su contraria.
"Además, estos conceptos de violación resultan infundados, porque la responsable, al arrojar la carga probatoria a la parte demandada para acreditar las condiciones en que el obrero desempeñaba sus labores, no infringió en su perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, como lo consideró, aquélla corresponde al patrón, por ser quien cuenta con mayores elementos para demostrar que el lugar donde labora el demandante está libre de productos contaminantes, aun cuando se trate de un hecho negativo, pues éste encierra una afirmación, en el sentido de que no existen tales contaminantes.
"Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1212 del Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Décima Época», que dice:
"‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o con el medio ambiente en que se laboró, pues es la comprobación de esos hechos la que permite acreditar el señalado nexo causal. Por otra parte, las cláusulas 103 y 113 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Pemex y su sindicato, establecen el procedimiento específico para el reclamo de las prestaciones surgidas con motivo de un padecimiento del orden profesional, que obliga a la empresa a emitir un pronunciamiento respecto de los criterios ocupacionales y de seguridad e higiene del solicitante. Bajo este contexto, corresponde a Pemex la carga de probar los hechos que pueden dar lugar al reconocimiento profesional de una enfermedad en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que si no exhibe en juicio los documentos en los que se consignen las actividades y condiciones ambientales en las que el operario presta o prestó sus servicios, se actualiza la presunción de ser ciertos los hechos afirmados en la demanda, en relación con los documentos cuya exhibición se omitió, salvo prueba en contrario.’
"Lo anterior, porque si bien las consideraciones de esta ejecutoria no se refieren de manera expresa a la carga de la prueba, tratándose de cumplimiento o reconocimiento de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo de la industria petrolera, respecto a labores insalubres, en dicha ejecutoria se sostuvo que, en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde, en todo caso, a Pemex la carga de la prueba respecto de los hechos que pueden dar lugar al reconocimiento de una enfermedad profesional, por estar relacionados con las actividades específicas que el trabajador desarrolló o al medio ambiente en que prestó sus servicios, por ser la patronal quien cuenta con los documentos en los que se consignan las actividades y condiciones ambientales en las que el obrero labora.
"Por tanto, si del laudo reclamado se advierte que la Junta responsable arrojó la carga de la prueba a la patronal para acreditar las condiciones en que el trabajador prestaba sus servicios, en relación con el pago de labores insalubres, es incuestionable que se ajustó a lo establecido en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, pues la Junta debe eximir al trabajador de probar, entre otros aspectos, las condiciones ambientales, como en el caso, tildadas de insalubres, y arrojar la carga de la prueba respecto de éstas a la demandada, por ser quien está obligada a conservar los documentos donde se precisan tales circunstancias.
"Aducen las quejosas que la Junta confunde el espíritu de las cláusulas 62 y 63 del pacto colectivo, en las cuales apoya su reclamo el trabajador, ya que para tal actividad se requiere que el jefe inmediato técnico y/o administrativo de los trabajadores expuestos a la actividad peligrosa o insalubre, antes de ejecutarla está obligado a gestionar el permiso correspondiente que deberá expedirse por escrito en el que se precisarán las medidas preventivas de riesgo de trabajo y el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores, como lo establece la primera disposición contractual mencionada.
"Es infundado este motivo de desacuerdo, toda vez que si bien es cierto que la cláusula 62 dispone que cuando se ejecuten las actividades de operaciones peligrosas, se requiere que el jefe inmediato técnico o administrador de los trabajadores expuestos a esta actividad, antes de ejecutarlas, debe producir o gestionar el permiso correspondiente, el cual, deberá expedirse por escrito, en el que se precisarán las medidas de riesgo y el equipo de protección; también lo es que el Más Alto Tribunal de Justicia del País ha sostenido que corresponde al patrón la carga probatoria para demostrar que en casos similares ha expedido la autorización a sus trabajadores para laborar tiempo extraordinario, y si bien dicho criterio se refiere a la prestación de servicios en horas extras, su aplicación, tratándose de autorización para laborar en lugares peligrosos e insalubres, es procedente, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
"Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 4a./J. 16/94, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28 del tomo 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «Octava Época», que dice:
"‘HORAS EXTRAS. ES VÁLIDO PACTAR CONTRACTUALMENTE QUE EL TRABAJADOR SÓLO DEBE LABORARLAS CON AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL PATRÓN O DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS PARA ELLO.-La ejecución del trabajo en tiempo extraordinario debe ser ordenada o autorizada por el patrón, y por ello, no debe quedar al arbitrio del trabajador el decidir exceder su jornada ordinaria de trabajo, creando también a su arbitrio la obligación patronal del pago. Así, en un contrato individual o colectivo de trabajo es legalmente válido pactar expresamente, que el trabajador solamente estará obligado a laborar tiempo extraordinario en tanto exista en su poder orden previa por escrito del patrón o de sus representantes facultados para ello, en que se señalen claramente las labores a desarrollar y el tiempo requerido. De esta manera, al existir el mandato expreso por escrito para laborar tiempo extraordinario, y una vez ejecutado éste, se le facilita al trabajador exigir la procedencia de su pago al exhibir esa autorización, así como el impedimento para el patrón de exigir una prolongación de la jornada que exceda los lineamientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la estipulación en comentario no solamente debe adecuarse a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, sino también a aquellas que sean acordes a la buena fe y la equidad, tal como lo exige el artículo 31 de la propia ley laboral, de donde resulta entonces que, la existencia de ese pacto únicamente crea la presunción de que sólo se debió laborar tiempo extraordinario previa orden escrita del patrón, presunción que por sí sola no es suficiente para relevar a este último de la carga probatoria cuando el trabajador afirme haber laborado horas extras o una jornada superior a lo legal o contractualmente convenida; pero si la parte patronal demuestra fehacientemente con otros elementos de prueba que cuando en su empresa se desarrolló tiempo extra fue porque existió la orden escrita para ello, la mencionada presunción queda corroborada y traerá como consecuencia que sea el trabajador quien deba demostrar que existió el mandato escrito, o que, aun sin él pero con el consentimiento del empleador, laboró el tiempo extraordinario que reclama.’
"Aplica también el criterio sustentado por este Tribunal en sesión de tres de octubre de dos mil trece, al resolver el amparo directo 796/2013, promovido por Petróleos Mexicanos y Pemex Gas y Petroquímica Básica, que dice:
"‘OPERACIONES PELIGROSAS E INSALUBRES. AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL PATRÓN PARA EJECUTARLAS (CLÁUSULAS 62, 63 Y 64 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA PETROLERA). LA CARGA PROBATORIA CORRESPONDE A ÉSTE.-La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a./J. 16/94, de rubro: «HORAS EXTRAS, ES VÁLIDO PACTAR CONTRACTUALMENTE QUE EL TRABAJADOR SÓLO DEBE LABORARLAS CON AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL PATRÓN O DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS PARA ELLO.», sostuvo: «... la existencia de ese pacto únicamente crea la presunción de que sólo se debió laborar tiempo extraordinario previa orden escrito del patrón, presunción que por sí sola no es suficiente para relevar a este último de la carga probatoria cuando el trabajador afirme haber laborado horas extras o una jornada superior a lo legal o contractualmente convenida; pero si la parte patronal demuestra fehacientemente con otros elementos de prueba que cuando en su empresa se desarrolló tiempo extra fue porque existió la orden escrita para ello, la mencionada presunción queda corroborada y traerá como consecuencia que sea el trabajador quien deba demostrar que existió el mandato escrito ...»; por ende, cuando se trata de acreditar la autorización patronal previa y por escrito para tener derecho al beneficio de las prestaciones que se deriven de la realización de operaciones peligrosas e insalubres, a que se refieren las cláusulas 62, 63 y 64 del contrato colectivo de trabajo de la industria petrolera bienio 2009-2011, corresponde al patrón demostrar que en casos similares ha emitido dicha autorización, a fin de que, como consecuencia, el obrero tenga la fatiga probatoria de acreditar que obtuvo el permiso; ello porque donde existe la misma razón debe imperar la misma disposición.’
"En ese orden, contrario a lo que sostienen las quejosas, la fatiga procesal para demostrar lo relativo al permiso y autorización que exigen las cláusulas 62 y 63 del pacto colectivo que rige en la industria petrolera, para realizar labores en lugares peligrosos e insalubres, no corresponde al trabajador, sino a la patronal, por ser quien cuenta con mayores elementos para demostrar las actividades y condiciones ambientales en las que el operario desarrolla sus actividades; de ahí que el laudo reclamado no resulta violatorio de garantías.
"Las solicitantes del amparo alegan que la Junta no analizó lo que dispone la cláusula 62 del pacto contractual, respecto a que las prestaciones en ella contenidas sólo pueden ser procedentes durante el tiempo en que el trabajador ejecute sus labores, de lo que se desprende que de acreditarse la procedencia del pago de labores insalubres, no implica que tengan la obligación de otorgar esa prestación por el tiempo de la tramitación del juicio y a seguirla pagando mientras subsista esa condición, es decir, en que continúen laborando en condiciones peligrosas e insalubres, como se condenó en el laudo.
"Es infundado este motivo de queja, porque el trabajador, en los incisos c) y d) de su demanda laboral, reclamó el pago de lo reclamado por todo el tiempo que durara el procedimiento, así como la declaración de que las demandadas quedaran obligadas a continuar cumpliendo con el pago del cien por ciento del salario tabulado y el sesenta por ciento de la cuota variable del fondo de ahorro, por desarrollar su trabajo en lugares peligrosos e insalubres, y como la Junta estimó que no acreditaron las actividades y el medio ambiente en que se desempeñaba el actor, procedía condenarlas a pagarle el concepto de labores peligrosas e insalubres por el tiempo que duró la tramitación del juicio, y continuar cubriendo dicha prestación por todo el tiempo en que el trabajador labore en esas condiciones; lo que no resulta violatorio de garantías, porque al no cumplir con la carga probatoria la patronal, debe estimarse por cierto lo señalado por el trabajador, esto es, que desempeña sus labores en esas condiciones y, por ello, la condena fue para que se cubrieran las prestaciones reclamadas por el tiempo que duró el juicio y mientras subsistan dichas condiciones. ..."
b) De igual forma, el referido Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito resolvió, por unanimidad, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, promovido por los quejosos principales **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, y en su calidad de quejosos adhesivos ********** y **********, determinando concederles el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos principales para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emitiera otro, en el que se impusiera la carga probatoria a las demandadas (quejosas adhesivas), respecto a las actividades y condiciones ambientales en las que los operarios prestan o prestaron sus servicios; así como también les corresponde acreditar lo relativo al permiso y autorización que exigen las cláusulas 62 y 63 del pacto colectivo y, con base en las pruebas aportadas por las partes, determinara si se acreditó la acción o si las demandadas demostraron sus excepciones y defensas; hecho que sea, con plenitud de jurisdicción, en forma fundada y motivada, emita el laudo que en derecho corresponda y, por lo que hace al amparo adhesivo, se negó la protección de la Justicia Federal solicitada.
La ejecutoria de cinco de junio de dos mil catorce, en la que se resolvió el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, en la parte que interesa, para efectos de esta contradicción de tesis, contiene las siguientes consideraciones:
"... En otro motivo de disenso, los impetrantes de amparo aducen que la responsable no se apegó a los principios de equidad y justicia social, ni actuó como tribunal de conciencia al emitir un laudo ilegal, incongruente, contradictorio y fuera de la realidad, sin hacer una valoración correcta de las pruebas aportadas, que además en forma errónea les impuso la carga de la prueba, cuando son las demandadas quienes tienen la obligación de acreditar fehacientemente las actividades y las condiciones ambientales en las que los trabajadores prestan sus servicios con motivo de la reclamación de labores peligrosas e insalubres, en acatamiento a la jurisprudencia 147/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que la misma haya sido tomada en consideración por la responsable.
"Agregan que el laudo carece de fundamentación y motivación, además de que no fue dictado a verdad sabida y buena fe guardada, ni es congruente, al haber impuesto la carga de la prueba a los trabajadores.
"Los citados planteamientos resultan fundados, como a continuación se analiza:
"La autoridad laboral, al fijar la litis, determinó que la carga probatoria correspondía a los actores, para efectos de acreditar el cumplimiento de las prestaciones contenidas en las cláusulas 62, 63 y 64 del contrato colectivo de trabajo.
"Así, al declarar improcedentes las pretensiones de los actores, sostuvo, respecto de las pruebas, que éstos aportaron para acreditar la acción, lo siguiente:
"• La confesional de las demandadas no les beneficia, al responder en forma negativa las posiciones formuladas.
"• Las documentales ofrecidas por los actores, bajo los numerales 4, 5, 7, 8 y 9, de las cuales se llevó a efecto el cotejo y con las cuales se tuvo por presuntivamente cierto los hechos, no le benefician a los actores para acreditar que laboran en condiciones peligrosas e insalubres.
"• La documental ofrecida bajo el apartado 7 (fotocopia del oficio **********, de veintidós de agosto de dos mil dos, signado por el ingeniero **********), en el que se señala que se debe cumplir con las cláusulas 62, 63 y 64, no quiere decir que los actores se ubiquen dentro de los supuestos establecidos en las mismas.
"• El reglamento de labores para obrero general trabajos generales diversos, para ayudante de receptor de materiales (almacenes), para oficinista de cuarta, para receptor de primera-equipo mecánico (gruero), para controlador de existencias de abastecimientos (almacenes), para receptor de materiales (almacenes), carece de valor probatorio, porque al final de cada reglamento se señala que fueron aprobados en diversas actas y en diversos puntos, pero no se especifica en dónde fueron expedidos ni por qué persona.
"• La documental consistente en las fichas seguidoras versión 1, carecen de firma del ingeniero **********, ingeniero ********** e ingeniero **********, quienes supuestamente solicitaron el trabajo.
"• Los actores no acreditaron que laboren en condiciones peligrosas e insalubres, pues omitieron ofrecer la prueba pericial en la especialidad de ingeniería industrial.
"Lo anterior evidencia que asiste razón a los quejosos, en cuanto a que la Junta dictó un laudo incongruente y violatorio de sus derechos constitucionales, al imponerles la carga probatoria, pues esa fatiga corresponde a las patronales demandadas, por ser quienes cuentan con mayores elementos para demostrar las actividades y condiciones ambientales en las que el operario presta o prestó sus servicios, atento al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1212, del Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Décima Época», que dice:
"‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o con el medio ambiente en que se laboró, pues es la comprobación de esos hechos la que permite acreditar el señalado nexo causal. Por otra parte, las cláusulas 103 y 113 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Pemex y su sindicato, establecen el procedimiento específico para el reclamo de las prestaciones surgidas con motivo de un padecimiento del orden profesional, que obliga a la empresa a emitir un pronunciamiento respecto de los criterios ocupacionales y de seguridad e higiene del solicitante. Bajo este contexto, corresponde a Pemex la carga de probar los hechos que pueden dar lugar al reconocimiento profesional de una enfermedad en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que si no exhibe en juicio los documentos en los que se consignen las actividades y condiciones ambientales en las que el operario presta o prestó sus servicios, se actualiza la presunción de ser ciertos los hechos afirmados en la demanda, en relación con los documentos cuya exhibición se omitió, salvo prueba en contrario.’
"Por otro lado, la autoridad laboral deberá ponderar que, al establecer las cláusulas 62, 63 y 64 del pacto colectivo, que cuando se ejecuten las actividades que en ellas se mencionan, se requiere que el jefe inmediato técnico o administrador de los trabajadores expuestos a tal actividad peligrosa o insalubre, antes de ejecutarlas, está obligado a producir o gestionar el permiso correspondiente, el cual deberá expedirse por escrito, precisando las medidas de riesgo y el equipo de protección; corresponde también al patrón la carga probatoria, pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es fatiga procesal para el patrón, demostrar que en casos similares ha extendido la autorización a sus trabajadores para laborar tiempo extraordinario, y si bien dicho criterio se refiere a la prestación de servicios en horas extras, su aplicación, en tratándose de autorización para laborar en lugares peligrosos e insalubres, es procedente, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
"Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 4a./J. 16/94, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28 del tomo 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «Octava Época», que dice:
"‘HORAS EXTRAS. ES VÁLIDO PACTAR CONTRACTUALMENTE QUE EL TRABAJADOR SÓLO DEBE LABORARLAS CON AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL PATRÓN O DE SUS REPRESENTANTES FACULTADOS PARA ELLO.-La ejecución del trabajo en tiempo extraordinario debe ser ordenada o autorizada por el patrón, y por ello, no debe quedar al arbitrio del trabajador el decidir exceder su jornada ordinaria de trabajo, creando también a su arbitrio la obligación patronal del pago. Así, en un contrato individual o colectivo de trabajo es legalmente válido pactar expresamente, que el trabajador solamente estará obligado a laborar tiempo extraordinario en tanto exista en su poder orden previa por escrito del patrón o de sus representantes facultados para ello, en que se señalen claramente las labores a desarrollar y el tiempo requerido. De esta manera, al existir el mandato expreso por escrito para laborar tiempo extraordinario, y una vez ejecutado éste, se le facilita al trabajador exigir la procedencia de su pago al exhibir esa autorización, así como el impedimento para el patrón de exigir una prolongación de la jornada que exceda los lineamientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la estipulación en comentario no solamente debe adecuarse a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, sino también a aquellas que sean acordes a la buena fe y la equidad, tal como lo exige el artículo 31 de la propia ley laboral, de donde resulta entonces que, la existencia de ese pacto únicamente crea la presunción de que sólo se debió laborar tiempo extraordinario previa orden escrita del patrón, presunción que por sí sola no es suficiente para relevar a este último de la carga probatoria cuando el trabajador afirme haber laborado horas extras o una jornada superior a lo legal o contractualmente convenida; pero si la parte patronal demuestra fehacientemente con otros elementos de prueba que cuando en su empresa se desarrolló tiempo extra fue porque existió la orden escrita para ello, la mencionada presunción queda corroborada y traerá como consecuencia que sea el trabajador quien deba demostrar que existió el mandato escrito, o que, aun sin él pero con el consentimiento del empleador, laboró el tiempo extraordinario que reclama.’
"En ese contexto, la fatiga procesal para demostrar lo relativo al permiso y autorización que exigen las cláusulas 62 y 63 del pacto colectivo que rige en la industria petrolera, para realizar labores en lugares peligrosos e insalubres, corresponde a la patronal, por ser la que cuenta con mayores elementos para demostrar las actividades y condiciones ambientales en las que el operario desarrolla sus actividades; de ahí que el laudo reclamado resulta violatorio de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 16 constitucional."
c) Por su parte, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito resolvió, por unanimidad, el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, promovido por **********, determinando concederle la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo reclamado (de dieciocho de junio de dos mil catorce) y, en su lugar, dictara otro en el que considerara que, al reclamarse prestaciones extralegales, corresponde a los actores la carga probatoria para demostrar los elementos de su acción; esto es, la existencia de las prestaciones reclamadas y, además, que reúnen los requisitos para tener derecho a ellas y, al resolver sobre la acción principal, consistente en el pago de labores peligrosas e insalubres, ejercida por los actores, considerara que las documentales consistentes en las cláusulas 62, 63 y 64 del contrato colectivo de trabajo del bienio 2007-2009; las tarjetas de trabajo; la pericial en medición de ruido, gases, vapores nocivos y materiales químicos y demás pruebas aportadas por ellos, no son aptas ni suficientes para acreditar que laboraban en forma continua y permanente en labores peligrosas e insalubres y, por lo tanto, que no tienen derecho a esa prestación.
La ejecutoria que resolvió el juicio de amparo directo ********** referido, en la parte que interesa, para efectos de esta contradicción de tesis, contiene las siguientes consideraciones:
"... Efectivamente, los actor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27418-e6093b06/labores-peligrosas-e-insalubres-corresponde-al-trabajador-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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