AYUNTAMIENTOS O DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. SU ABSTENCIÓN DE CUMPLIR CON EL LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA, TIENE EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 309/2017 (CUADERNO AUXILIAR 627/2017) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 17 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS GUADALUPE GONZÁLEZ VALENCIA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: ADRIANA FACUNDO ANDRADE.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Reposición del procedimiento.
Resulta innecesario analizar el fallo impugnado en esta vía, así como los conceptos de agravio planteados en su contra, toda vez que en el presente caso se actualiza una violación al procedimiento del juicio de amparo indirecto; razón por la cual, se debe revocar la sentencia sujeta a revisión y reponer el procedimiento del juicio de amparo, por las razones que a continuación se explicarán.
La infracción al procedimiento del juicio constitucional radica en la omisión del Juez de Distrito en requerir al quejoso para que manifestara si era su deseo llamar como autoridad responsable al **********.
En principio, importa mencionar como marco normativo que, acorde con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, si el Tribunal Colegiado de Circuito encontrare que por acción u omisión se transgredieron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que dichos aspectos trasciendan al resultado del fallo, se procederá a revocar la resolución recurrida y se ordenará la reposición del procedimiento del juicio constitucional.
Dicha porción normativa es de la literalidad siguiente:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"...
"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;"
Del precepto transcrito se advierte que las autoridades competentes para conocer del recurso de revisión, podrán ordenar la reposición del procedimiento, entre otros casos, cuando aparezca que en el juicio de amparo se vulneraron las reglas fundamentales que lo rigen, pues el legislador contempló que no puede tener validez jurídica la sentencia relativa, cuando precisamente el procedimiento carezca de alguna actuación trascendental que por imperativo legal se debió desarrollar.
Al respecto, se destaca que las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo son aquellas que deberán realizar los tribunales de control constitucional, por disposición expresa de las distintas leyes que lo regulan, para integrar correctamente el procedimiento de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o de la persona que solicitó la protección constitucional; esto es, constituyen la totalidad de las obligaciones procesales que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo, las cuales se distinguen de las cargas procesales impuestas a las partes, porque las primeras revisten el carácter de oficiosas y, en las segundas, se requiere necesariamente la intervención de las partes para hacer efectivas las prerrogativas descritas en tales leyes; además, éstas se encuentran sujetas al principio de preclusión en el supuesto de no ejercerse dentro del plazo previsto para tal efecto, lo cual no acontece cuando se trata de las señaladas obligaciones.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/14, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, la cual se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 3103, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ANTES DEL ESTUDIO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y DE SUS AGRAVIOS, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI SE SATISFACEN LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, EN ESPECIAL, EL DE PROCEDIMIENTO ADECUADO Y, ANTE SU AUSENCIA, DEBE REVOCAR DICHO FALLO Y ORDENAR SU REPOSICIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).-Del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo se advierte que, previo al análisis de la materia de la revisión, el tribunal revisor debe repasar el trámite del juicio para verificar si no se incurrió en violaciones a las normas fundamentales que norman el procedimiento de amparo o en omisiones que factiblemente puedan influir en el sentido de la decisión del juicio constitucional y, sobre todo, si se dejó sin defensa a alguna de las partes en el juicio, a grado tal que no fuera escuchada a pesar de tener derecho a intervenir como parte conforme a la ley, pues estas situaciones imposibilitan entrar al estudio de fondo y dejar de analizar las consideraciones del fallo recurrido y de sus agravios; en estos casos debe revocarse la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, al no encontrarse presentes los presupuestos procesales del juicio, lo que equivale a que no concurran condiciones mínimas para el juzgamiento del caso, sin que ello implique la suplencia de la queja, pues esta clase de recomposiciones no se deben al estudio de un contenido mejorado de los agravios, sino a la circunstancia de no encontrarse satisfechas las condiciones mínimas para el dictado de una sentencia que defina la causa del juicio ni el presupuesto del debido proceso o del procedimiento adecuado (como también se le denomina en la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, particularmente, en la referida a la tutela judicial efectiva) que representa una condición mínima, básica y esencial, mediante la cual se instaura la relación jurídico-procesal, a grado tal que su ausencia, como la de cualquier otro presupuesto, conlleva a estimar que si se dictara sentencia, ésta no será válidamente existente y, por ello, normativamente se exige su estudio oficioso en forma previa al análisis de los agravios."
Además, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuyo contenido es idéntico al diverso 93, fracción IV, de la propia legislación, vigente a partir del tres del citado mes y año, determinó que no todas las violaciones a las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo conllevan que el órgano revisor reponga el procedimiento para que aquéllas sean subsanadas, sino sólo las que dejaron sin defensa a la parte recurrente e influyeron en la sentencia definitiva que debe dictarse.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 65/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 336, que dice:
"PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE.-Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico."
En tales condiciones, es claro que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional; esto es, son la totalidad de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo.
Ahora, en el caso que nos ocupa, el Juez que conoció del juicio de amparo indirecto omitió requerir al quejoso para que manifestara si era su deseo llamar como autoridad responsable al **********, lo cual constituye una transgresión a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, porque el quejoso señaló sustancialmente como acto reclamado el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral **********, del índice de dicho tribunal laboral, así como en la omisión de la responsable de aplicar los instrumentos o medidas legales necesarios para la eficaz ejecución del laudo de seis de mayo de dos mil catorce; es decir, para el cobro de la condena decretada en dicho fallo en contra del ********** (demandado), de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
Para evidenciar las razones por las cuales se considera necesario el requerimiento aludido, a continuación se explica la función primordial que desempeñan las dependencias de la administración pública federal o estatal, como autoridades para efectos del juicio de amparo, ante la omisión en dar cumplimiento a una sentencia condenatoria.
Efectivamente, tratándose de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas -como en el caso que nos ocupa-, la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria en la que figure como demandada un Ayuntamiento constitucional, constituye un acto de autoridad para efectos del amparo.
Dicho tópico fue abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 422/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Décimo Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; en donde sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"...no obstante la sujeción de los órganos estatales a un plano de igualdad en el procedimiento relativo, lo que evidencia la relación de coordinación existente entre las partes, se establece a favor del órgano estatal una excepción a este principio precisamente por su calidad de órgano del Estado.
"El privilegio procesal que implica la excepción a la ejecución forzosa no significa la posibilidad de incumplimiento a la sentencia, sino que se parte de que la entidad estatal dará cumplimiento voluntario, por lo que no es necesario acudir a la vía de apremio, lo que claramente se señala así en el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles al disponer que: ‘Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.’
"Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, la operancia de esta excepción implica la colocación del ente estatal en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural con el que había estado sujeto a una relación de igualdad. Es la norma legal la que convierte, exclusivamente en esta situación, la relación de coordinación en una relación de supra a subordinación, pues en virtud del privilegio procesal otorgado al organismo del Estado, atendiendo precisamente a su calidad de ente estatal -por el interés público que reviste el que los órganos del Estado no se coaccionen entre sí y no se afecten con mandamientos de ejecución o embargo de sus bienes, máxime que el Estado se considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria-, la actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular al colocarlo en la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho por así haberse decidido en la sentencia dictada en juicio.
"Consecuentemente, de no darse tal cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo precisamente a su naturaleza de órgano de poder. Esto es, la situación de poder de la entidad del Estado no deriva de un acuerdo de voluntades en tal sentido, sino de lo dispuesto en una norma legal que parte de un cumplimiento voluntario a las resoluciones judiciales que hace innecesario e inconducente el ejercicio del poder coactivo.
"Por tanto, se surten las condiciones para que las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas sean consideradas como autoridad para efectos del juicio de amparo cuando desacatan una sentencia condenatoria, en virtud de lo siguiente:
"a) El ente estatal se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa.
"b) Tal privilegio deriva de la ley, pues ésta parte del cumplimiento voluntario por parte del órgano estatal.
"c) El uso indebido de tal privilegio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor.
"d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 constitucional.
"Por ello, esta Segunda Sala determina que el incumplimiento a la sentencia condenatoria por parte de las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo deriva de una sentencia dictada en un juicio en el que intervino en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, el beneficio que le otorga el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles de no poderse sujetar a ejecución forzosa se les otorga precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, lo que debe ser subsanado mediante el juicio de amparo ante la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados.
"Lo anterior queda evidenciado si se considera que no será materia del juicio de amparo ninguna cuestión que fue materia de la litis en el juicio de origen en el que las partes en una relación de coordinación sujetaron su controversia al imperio del órgano jurisdiccional, ni la eventual transgresión a las garantías individuales que en la resolución del conflicto pudieran estimarse transgredidas, sino exclusivamente el desacato a la decisión del Juez.
"Por tal motivo, no se actualiza la dualidad de caracteres de parte tercero interesada y autoridad responsable por parte del órgano de la administración pública federal o de una entidad federativa que desacata la sentencia de condena en el juicio en que tuvo el carácter de parte, pues la materia del juicio de amparo no abarca el respeto a los derechos fundamentales del gobernado en el juicio natural, sino que se limita al análisis de constitucionalidad del acto de omisión al cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio, es decir, si tal acto, como desacato a una obligación legal, es vulneratorio de las garantías individuales de la parte quejosa..."
Así, tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, del índice de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 448, de rubro y texto siguientes:
"DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).-La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Así, de la ejecutoria y jurisprudencia, antes transcritas, se obtiene como premisas de derecho las siguientes:
* La excepción a la ejecución forzosa no significa la posibilidad de incumplimiento a la sentencia, sino que se parte de que la entidad estatal dará cumplimiento voluntario, por lo que no es necesario acudir a la vía de apremio.
* En caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, la operancia de esta excepción implica la colocación del ente estatal en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural con el que había estado sujeto a una relación de igualdad.
* La actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular al colocarlo en la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho por así haberse decidido en la sentencia dictada en juicio.
* De no darse tal cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo, precisamente, a su naturaleza de órgano de poder.
* Lo que debe ser subsanado mediante el juicio de amparo ante la vulneración del derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados.
Precisado lo anterior, se observa que en el asunto que se somete a estudio, el quejoso, aquí recurrente, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa y otros, los cuales consistieron en el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral **********, del índice de dicho tribunal laboral, así como la omisión de la responsable de aplicar los instrumentos o medidas legales necesarios para la eficaz ejecución del laudo de seis de mayo de dos mil catorce, es decir, para el cobro de la condena decretada en dicho fallo en contra del ********** (demandado), de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
Asimismo, se precisa que en el ocurso de la demanda de amparo, el quejoso señaló como tercero interesado al **********, como se puede apreciar de la transcripción siguiente:
"...Nombre y domicilio de los terceros perjudicados:
"1. H. **********..."
Ante dicho señalamiento, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, a quien correspondió el conocimiento del asunto, mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete,(9) admitió la demanda relativa al juicio de amparo, tuvo como tercero interesado al citado Ayuntamiento, y ordenó su emplazamiento, lo cual fue realizado mediante oficio **********.
Ahora, al dictar la sentencia que constituye el fallo que se revisa, el juzgador federal precisó como acto reclamado el siguiente:
* El acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Estado de Tabasco, en el cual a) se tuvo a la parte quejosa promoviendo actualización de la planilla de liquidación de salarios caídos, con la que dio vista al **********; b) impuso una multa de siete días de salario mínimo general vigente en el Estado al citado Ayuntamiento por haberse negado a realizar el pago de la condena decretada en el expediente laboral **********, en la diligencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis; c) señaló fecha para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago; y, d) negó fijar fecha para desahogar de nueva cuenta la diligencia de reinstalación, en razón de que en catorce de noviembre de dos mil dieciséis había tenido verificativo.
En relación con el acto reclamado aludido, el Juez Federal consideró que procedía sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el citado acto reclamado no constituía la última resolución en el procedimiento de ejecución del que deriva, ni se trataba de aquellos de imposible reparación.
Ahora, aun cuando en esta resolución no se abordarán aspectos relativos al fondo, dada la reposición del procedimiento, es necesario destacar que el quejoso, ahora recurrente, en el apartado de acto reclamado, atribuyó a la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, el acto siguiente:
"...III. Acto reclamado:
"El acuerdo dictado por la autoridad responsable de fecha 18 de enero del año 2017. En donde la autoridad laboral se niega a ejecutar física, material y legalmente el laudo de fecha 6 de mayo del año dos mil catorce; ya que con el acuerdo que dictó y que es el acto reclamado ante usted C. Juez de Distrito, omití (sic) en dictar las medidas necesarias que trasciendan para el cobro de la cantidad determinada mediante resolución interlocutoria de liquidación de fecha 4 de marzo del año 2016, para que reciba la cantidad de dinero a que se ha hecho acreedor el hoy quejoso **********, debido a que la autoridad responsable únicamente aplica como medida necesaria en apercibir, los siete días de multa (sic) establece el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y toda vez que la misma no trasciende en el fondo del asunto para la plena ejecución del laudo, ya que la parte demandada, hoy tercero perjudicada, la **********, tiene conocimiento del citado laudo desde el día 3 de junio de dos mil catorce, fecha en que le fue notificado, aunado a que también tiene conocimiento de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de fecha 14 de abril del año 2016, derivada del multicitado laudo, máxime que en diferentes y múltiples ocasiones se ha requerido física, material y legamente (sic) al **********, el pago de la cantidad líquida resultante de la citada resolución interlocutoria y de su respectiva ampliación, es decir, la tercera perjudicada, tiene conocimiento desde hace más de dos años de la existencia de un pasivo o deuda legal, cuya obligación asciende a la cantidad acordada de $********** (**********), más lo que se ha generado por salarios caídos y que la autoridad responsable se ha abstenido de acordar los mismos, que tiene la obligación de pagarle al suscrito quejoso, por lo que de acuerdo al numeral 23 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público el tercero perjudicado debió haber hecho la inclusión y conclusión de dicha cantidad de dinero dentro del Presupuesto de Egresos y del Programa Operativo Anual con la única finalidad de cubrirle al suscrito quejoso lo que por derecho me corresponde."
Asimismo, del contenido íntegro de la demanda se advierte que el quejoso señaló que el ********** ha sido contumaz en cumplir con la ejecución del laudo, a pesar de existir diversos requerimientos, según se lee de lo relatado en el libelo de amparo:
"...hasta la presente fecha ha omitido en cumplir y pagar por parte del multicitado tercero perjudicado **********, hoy condenado y tercero perjudicado, debido a que el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó un auto de ejecución, en las fechas los días 8 de septiembre (sic) 2016 y 18 de enero del 2017, cuando se llevó a cabo el primer requerimiento de la primera fecha mencionada y nunca dio cumplimiento (sic) la condenada moral **********, hoy perjudicada, y resulta que con teste (sic) nuevo acuerdo hoy es acto reclamado vuelve a fijar fecha y hora para el día 1 de marzo del 2017, y únicamente vuelve a tomar las medidas de la multa de siete días de salarios mínimos, por lo que es una falta a las violaciones del suscrito quejoso..."
Luego, ante este reclamo, es patente que el Juez Federal debió requerir al quejoso para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al **********, de acuerdo con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, del índice de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País -la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo-; ello, a pesar de que lo hubiese señalado como tercero interesado, pues esta última calidad la otorga la naturaleza del interés que se tiene, no la determinación que le pudiera dar la parte quejosa o, incluso, el juzgador.
En efecto, se arriba a esa conclusión pues, como ya se precisó, la excepción a la ejecución forzosa no significa la posibilidad de incumplimiento a la sentencia, sino que se parte de que la entidad estatal dará cumplimiento voluntario, por lo que no es necesario acudir a la vía de apremio.
Así, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, la operancia de esta excepción implica la colocación del ente estatal en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural con el que había estado sujeto a una relación de igualdad. Por lo que la actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular al colocarlo en la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho, por así haberse decidido en la sentencia dictada en juicio.
De ahí que, al no darse tal cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa, atendiendo precisamente a su naturaleza de órgano de poder.
En ese orden de ideas, si en el juicio biinstancial se reclamó el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete dictado en el expediente laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como en la omisión de la responsable de aplicar los instrumentos o medidas legales necesarios para la eficaz ejecución del laudo de seis de mayo de dos mil catorce, es decir, para el cobro de la condena decretada en dicho fallo a cargo del demandado **********, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, pues en sus conceptos de violación refiere que únicamente se le han impuesto multas de siete días de salario, y que dicha entidad no ha realizado el pago; es evidente que debía requerírsele al promovente del amparo para que manifestara si era su deseo señalar al ********** en cuestión como autoridad para efectos del amparo, atribuyéndole la abstención de cumplir con el laudo de mérito, con el apercibimiento que, de no señalarlo, se proveerá respecto de la admisión o no del resto de las autoridades y actos, conforme fue expuesto en la demanda.
Es así, ya que se cumplen con los parámetros que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, ante la inexistencia de una ejecución forzosa para la entidad o dependencia para cumplir con una condena impuesta en una sentencia, debe tenerse a ésta como una autoridad para efectos del amparo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27525-74bb4b04/ayuntamientos-o-dependencias-de-la-administracion-publica-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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