I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN II, INCISO B), 52, FRACCIÓN II, 64, FRACCIONES I Y II, 65, FRACCIÓN I, Y 97 DE LA LEY NÚMERO 456 DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO]. II. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. PROHIBICIÓN DE OFRECER Y DESAHOGAR LA PRUEBA PERICIAL EN AQUELLOS VINCULADOS CON EL RESULTADO DEL PROCESO ELECTORAL, SALVO QUE EL MAGISTRADO PONENTE LA ORDENE COMO DILIGENCIA PARA MEJOR PROVEER (ARTÍCULO 18, PÁRRAFOS SEXTO Y OCTAVO, DE LA LEY NÚMERO 456 DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO). III. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE PREVÉ QUE EL PARTIDO POLÍTICO, CANDIDATO INDEPENDIENTE, COALICIÓN, ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN POLÍTICA, CUYO REPRESENTANTE HAYA ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL QUE EMITIÓ EL ACTO O LA RESOLUCIÓN IMPUGNADO, SE ENTENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE NOTIFICADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, ES CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY NÚMERO 456 DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO). IV. NULIDAD DE ELECCIONES EN EL ESTADO DE GUERRERO. EL ARTÍCULO 66, INCISO B), DE LA LEY NÚMERO 456 DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DE LA ENTIDAD NO ES INCONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE INTERPRETE EN EL SENTIDO DE QUE AQUÉLLA TAMBIÉN PROCEDE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE COBERTURA INFORMATIVA O TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, FUERA DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES GENERALES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, BASE VI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 59/2017. MORENA. 31 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil diecisiete en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, por la Ley Número 456 del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de junio de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.-Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. El promovente señaló que las normas, cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16, 17, 32, segundo párrafo, 35, 39, 40, 41, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos segundo, tercero y sexto transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de esa Constitución en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. El partido político expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.
CUARTO.-Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 59/2017; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del proceso y la formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Admisión de la demanda. El Ministro instructor dictó acuerdo de cuatro de julio siguiente, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes; especificó a la primera de esas autoridades que en su informe adjuntara copias certificadas de los antecedentes legislativos de la ley impugnada y al Poder Ejecutivo remitiera un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero de dos de junio de dos mil diecisiete; así como dio vista al procurador general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.
De igual forma solicitó al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que dentro del plazo de tres días naturales remitiera copia certificada de los estatutos del partido político Morena, de la certificación de su registro vigente, precisando quién es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional; así como requirió a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en dicha entidad federativa; y a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dicha Sala expresara su opinión en relación con el presente asunto, esto dentro del plazo de diez días naturales.
SEXTO.-Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio y anexos del secretario del Consejo General de ese instituto, por medio del cual desahogó el requerimiento formulado; así como tuvo por exhibida la copia certificada del estatuto del partido político actor y las certificaciones de sus registros vigentes.
SÉPTIMO.-Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por auto de doce de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio de la presidenta del Consejo General de ese instituto, en el que informó que el proceso electoral en la entidad inicia el ocho de septiembre de dos mil diecisiete.
OCTAVO.-Auto que tiene por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas y por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, así como exhibidas las documentales que acompañaron, incluidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la ley impugnada.
Dichos informes se tienen a la vista para la resolución de este asunto y se encuentran agregados respectivamente, a fojas ciento veinticuatro a ciento setenta y cuatro, y ciento noventa y uno a doscientos del expediente en que se actúa.
Asimismo tuvo por rendida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa opinión se tiene a la vista y se encuentra agregada a fojas ciento setenta y seis a ciento noventa del expediente.
NOVENO.-Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento.
DÉCIMO.-Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el promovente de la acción plantea la posible contradicción de diversos artículos de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de junio de dos mil diecisiete, frente a la Constitución General de la República.
SEGUNDO.-Oportunidad en la presentación de la demanda. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral, todos los días como hábiles.
El decreto por medio del cual se expide la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de junio de dos mil diecisiete, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el tres de junio y concluyó el dos de julio de dos mil diecisiete.
Ahora bien, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena, se presentó el dos de julio de dos mil diecisiete en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de esta Suprema Corte,(1) por tanto, la demanda se promovió en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.
TERCERO.-Legitimación del promovente. Acto continuo se procede a analizar la legitimación de quien promovió la demanda de acción de inconstitucionalidad.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro."
"Artículo 62. ...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de los señalados en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
Los artículos transcritos disponen que los partidos políticos podrán promover acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);
c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,
d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en el cual el partido político promovente de la acción acredita su legitimación, a saber:
La demanda de acción de inconstitucionalidad fue promovida por Morena, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de diez de julio de dos mil diecisiete.(2) Y la demanda fue suscrita por Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien acredita ese carácter con la diversa certificación de la misma fecha y expedida por esa autoridad.(3)
Por otra parte, del artículo 38, inciso a), de los Estatutos de Morena,(4) se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la representación legal de ese partido político.
En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos del estatuto que rige dicho instituto político. Además de que las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral.
CUARTO.-Improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente. En este sentido, este Tribunal Pleno advierte, de oficio, que la acción de inconstitucionalidad es improcedente por lo que hace a los artículos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I, y 97 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.(5)
Al respecto, la fracción V del artículo 61 de la ley reglamentaria de la materia,(6) exige que en la demanda se señalen los conceptos de invalidez, por lo que ante su ausencia o de cualquier causa de pedir en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede oficiosamente buscar elementos que pudieran generar una condición de inconstitucionalidad; esto es, no puede llevar a cabo una proposición de argumentos como si los hubieran elaborado los promoventes, aun y cuando el artículo 71 de la misma ley(7) obligue a este Tribunal Pleno a suplir la deficiencia en la demanda, al momento de dictar sentencia.
Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 4/2013 (10a.), cuyos rubro, texto y datos de publicación, son los siguientes:
"ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Cuando en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral se señale de manera imprecisa como norma impugnada un decreto en su totalidad mediante el cual se hayan reformado diversos preceptos o, incluso, se haya expedido un nuevo ordenamiento legal en su integridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar y tener como preceptos impugnados los que correspondan a los argumentos formulados en los conceptos de invalidez, siempre que no advierta la posibilidad de suplirlos. Lo anterior es así, en virtud de que la suplencia de los conceptos de invalidez prevista en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es tan amplia, como para que al no existir argumento alguno contra un precepto impugnado puedan crearse en su integridad los conceptos de invalidez. Así entonces, cuando el promovente no hubiese elaborado conceptos de invalidez contra una norma general que haya señalado como impugnada y este Alto Tribunal no advierta la posibilidad de suplirlos, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 en relación con los diversos 20, fracción II y 65 de la ley citada." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, jurisprudencia, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, tesis P./J. 4/2013 (10a.), página 196, registro digital: 2002691)
Ahora bien, en la demanda de acción de inconstitucionalidad concretamente en el rubro: "Norma general cuya invalidez se reclama", el partido político precisó lo siguiente:
"Norma general cuya invalidez se reclama. Lo constituye, la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, del que en el caso se impugnan sus artículos 18, párrafos sexto y octavo; 35, párrafo primero; 43, fracción II, inciso b); 52, fracción II; 64, fracciones I y II; 65, fracción I; 66, inciso b); y 97, todos de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. ..."
Sin embargo, en los tres conceptos de invalidez contenidos en la misma demanda, se tiene que Morena sólo expresó argumentos en contra de los artículos 18, párrafos sexto y octavo, 35, párrafo primero y 66, inciso b), primer párrafo, pero no existe argumentación o concepto alguno para cuestionar los diversos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I, y 97 de la ley cuestionada. Sin que tampoco se esté en el supuesto de disposiciones relacionadas con aquellos argumentos de inconstitucionalidad que sí se hicieron valer y que provoque en su caso, una declaratoria de invalidez por extensión, en virtud de que los preceptos no combatidos se refieren respectivamente, a la legitimación para interponer el recurso de apelación; la legitimación para promover el juicio de inconformidad; la legitimación para promover el juicio electoral ciudadano, y nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa, de Ayuntamientos y de gobernador pero por irregularidades de la votación recibida en casilla, concretamente el porcentaje de secciones en donde ocurran, supuesto distinto al expresamente reclamado contenido en el artículo 66, inciso b), primer párrafo, que se refiere a la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.
En este orden, ante la ausencia de argumentos de invalidez ha lugar a sobreseer respecto de los artículos 43, fracción II, inciso b), 52, fracción II, 64, fracciones I y II, 65, fracción I, y 97 de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero; lo anterior, con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 61, fracción V, de la ley reglamentaria.(8)
Al no advertirse la existencia de alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, se procede al análisis de los conceptos de invalidez aducidos por el promovente.
QUINTO.-Precisión de la litis. De la lectura integral al escrito que contiene la demanda de acción de inconstitucionalidad, se aprecia que en ésta se señalan como disposiciones impugnadas y problemas jurídicos planteados, los siguientes:
Ver disposiciones impugnadas y problemas jurídicos planteados
SEXTO.-Tema 1. Prohibición de ofrecer y desahogar la prueba pericial en medios de impugnación vinculados con el resultado del proceso electoral.
Morena cuestiona la regularidad constitucional del artículo 18, párrafos sexto y octavo, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero porque prohíbe ofrecer la prueba pericial en medios de impugnación vinculados con los resultados del proceso electoral, aun si fuere posible hacerlo en los plazos legalmente establecidos; por tanto, viola los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad electorales, las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.
Que dada la naturaleza del proceso electoral, merced al principio de definitividad de sus etapas y específicamente por la brevedad de los plazos (aún más breves en la etapa de resultados electorales) de que disponen los órganos jurisdiccionales para resolver esos medios de impugnación, se ha pensado por el legislador en la inconveniencia de permitir la prueba pericial en la etapa final del proceso comicial. Sin embargo, la prohibición aparentemente absoluta establecida en el párrafo sexto del artículo 18 de la ley reclamada, no lo es tanto si se considera la posibilidad discrecional prevista en el octavo párrafo del mismo precepto, de que el Magistrado ponente "cuando lo considere necesario", ordene como diligencia para mejor proveer, el desahogo de dictámenes periciales a cargo de peritos oficiales del Poder Judicial del Estado, quienes quedarán obligados a rendir sus dictámenes dentro del breve plazo en que les sea requerido.
Argumenta que aun cuando tal atribución se ejerce "no obstante", es decir, que a primera vista su desahogo no sea legalmente posible en asuntos vinculados a los resultados del proceso electoral, bien podría colegirse, en interpretación sistemática y conforme de los párrafos sexto al octavo del artículo 18 en cuestión, que en el caso del párrafo octavo se está ante una excepción a la regla general prevista en su párrafo sexto. Pero a la vez, como única excepción en que pueden desahogarse dictámenes periciales (oficiales) y, por acuerdo del Magistrado ponente, ello también arroja la presunción legal de que, si bien en forma excepcional materialmente es factible su desahogo, no hay razón para suponer que no lo sea en otros casos, con independencia de si el asunto de la materia sobre la que verse la prueba es o no vinculado con los resultados electorales. Por ello, aduce, el problema es esencialmente de justicia completa, que no se respeta, ni se garantiza con la negativa del legislador a propiciar su desahogo y admisibilidad.
Indica que existe cierta antinomia entre las reglas y limitantes relativas a la prueba pericial y el contenido del artículo 19 de la misma ley procesal, que en su párrafo segundo prescribe, el principio que reza: "El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho". Entonces, aduce, cómo es posible que el artículo 19 establezca la carga de la prueba u obligación de probar a quien afirme un hecho que, pudiendo ser falso, no lo puede acreditar precisamente a falta de admisión y desahogo de la pericial que puede ser en materia de grafoscopia o contable, entre otras.
Máxime que es indudable que se cuenta con tiempo suficiente para la pericial, incluso en asuntos vinculados a los resultados del proceso electoral, esto si se toman en cuenta las fechas que para la renovación de los poderes prevé la Constitución Política del Estado de Guerrero.
Al respecto, el artículo 18, párrafos sexto y octavo, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, establece lo siguiente:
"Artículo 18. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:
"I. Documentales públicas;
"II. Documentales privadas;
"III. Confesional;
"IV. Testimonial;
"V. Inspección judicial;
"VI. Pericial;
"VII. Técnicas;
"VIII. Informes de autoridad;
"IX. Presuncional legal y humana, y
"X. Instrumental de actuaciones.
"Para los efectos de esta ley, serán documentales públicas:
"I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales.
"Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;
"II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;
"III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las autoridades federales, estatales y municipales; y
"IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.
"Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.
"La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, excepto del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales.
"Las autoridades competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada.
"La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos.
"Para su ofrecimiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
"I. Ofrecerse en el escrito de impugnación;
"II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;
"III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y
"IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.
"No obstante, el Magistrado ponente, cuando lo considere necesario, podrán (sic) ordenar como diligencia para mejor proveer el desahogo de dictámenes periciales a cargo de peritos adscritos a la Coordinación General de Peritos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, quienes quedarán obligados a rendir sus dictámenes dentro del breve plazo en que les sea requerido.
"Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, apartados o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba."
Dicho precepto prevé que para la resolución de los medios de impugnación previstos en la ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas, entre otras, la pericial en aquellos medios de impugnación no vinculados con los resultados del proceso electoral, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos; y que no obstante, el Magistrado ponente, cuando lo considere necesario, podrá ordenar como diligencia para mejor proveer el desahogo de dictámenes periciales a cargo de peritos adscritos a la Coordinación General de Peritos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, quienes quedarán obligados a rendir sus dictámenes dentro del breve plazo en que les sea requerido.
Ahora bien, los artículos 41, base VI, 99, fracción IV, y 116, fracción IV, incisos l) y m), de la Constitución Federal, prevén lo siguiente:
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
"...
"VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
"En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. ..."
"Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
"...
"Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
"...
"IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos."
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"...
"IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
"...
"l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;
"m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y Ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales."
Las disposiciones referidas establecen respectivamente, lo siguiente:
• Que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, que señalen la propia Carta Fundamental y la ley, que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará los derechos políticos de los ciudadanos;
• Que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27587-b6b507cb/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-la-ausencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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