DERECHO DE PETICIÓN. EL RECLAMO DE SU VIOLACIÓN POR LA OMISIÓN DE INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA UN TÍTULO DE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SOLICITADO POR EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LLEVE A DESECHAR LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.)].
QUEJA 60/2017. 14 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA. SECRETARIA: GEORGINA ACEVEDO BARRAZA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios expuestos por el recurrente devienen esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto impugnado.
Previo a evidenciar las razones que dan lugar a tal calificación, es pertinente narrar los antecedentes jurídicamente relevantes de este asunto.
********** demandó, en la vía indirecta, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto atribuido al gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, consistente en:
"a) El acto reclamado a la Gerencia de Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, es la omisión de registrar el título de concesión enviado por la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, respecto a mi solicitud de nueva concesión y anuencia de perforación, así como realizar el asiento del registro en los libros registrales para que el mismo me sea notificado, según las facultades otorgadas en el artículo 26 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; lo anterior, dentro del plazo previsto en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y en el numeral 32 de las Reglas de Organización y Operación del Registro Público de Derechos de Agua, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2002, que es de 15 días, plazo que ha transcurrido en exceso, sin que el Registro Público de Derechos de Agua haya registrado mi título y me haya sido notificado por la autoridad del agua."
De la demanda correspondió su conocimiento al Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, la desechó de plano por notoriamente improcedente, al estimar que, en la especie, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, donde adujo, esencialmente, lo siguiente:
• Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos u omisiones que provengan de un procedimiento seguido en forma de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
• Que en la legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo.
• Argumenta el a quo que en el artículo 107, fracción III, inciso b), el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos.
• Refiere, en el caso concreto, que el quejoso reclama de la autoridad responsable gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de registrar el título de concesión enviado por la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, respecto de la solicitud de nueva concesión de anuencia de perforación, así como realizar el asiento en el registro (sic) en los libros registrales y sea notificado, acompañando, la parte promovente del amparo, el oficio de referencia, emitido el veintisiete de abril del año en curso, dentro del expediente administrativo **********, del índice de la dirección local antes mencionada.
• No obstante, adujo el a quo, ello sólo tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, debido a que el acto que se reclama no es autónomo al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, el cual consiste, precisamente, en la falta de prosecución del trámite en los plazos de ley.
• Dice el Juez de Distrito que si bien es cierto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, también lo es que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta.
• Que en ese sentido, el derecho de acción, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones.
• Se apoyó, por analogía jurídica, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2011580, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."
• Concluyó que, sin que sea obstáculo a lo anterior, los argumentos de la parte quejosa relacionados con el artículo 8o. constitucional, pues como se destacó, analizando la causa de pedir, los actos reclamados se acotan a la violación de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Carta Magna, que son de naturaleza omisiva.
Inconforme con la anterior determinación, el quejoso, ahora recurrente, interpuso el recurso de queja, en donde señaló como conceptos de agravios, los que a continuación se sintetizan:
- Menciona que el acto reclamado causa una violación material al derecho sustantivo del artículo 8o. constitucional, puesto que desde el veintisiete de octubre de dos mil quince presentó, de manera escrita, la solicitud de nueva concesión de aprovechamiento de aguas para el uso o explotación de las aguas nacionales, a la cual la Comisión Nacional del Agua debió responder dentro del término de 60 días, y registrar en los 15 días posteriores, por lo que se le deja en un claro estado de indefensión.
- Que si bien dicho acto se puede considerar intraprocesal, según criterio jurisprudencial, en el cual se ha pronunciado en el sentido de que en los actos que surjan dentro del procedimiento no se configura una violación al derecho de petición, por no ser autónomo, lo cierto es que también con ello lo deja en estado de indefensión, al no contar con algún mecanismo de defensa en contra de esa situación.
- Argumenta que al no existir un mecanismo por el cual el gobernado pueda defenderse, se causa un daño irreparable, pues la Comisión Nacional del Agua puede dilatar el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional.
- Para apoyar sus argumentos, citó la jurisprudencia «III.3o.T. J/1 (10a.)» de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DENTRO O FUERA DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, NO SE SURTE LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA DESECHAR AQUÉLLA."
Para evidenciar lo fundado de los agravios expresados por el recurrente, concierne acotar lo siguiente:
El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de actos dentro del procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.
Por lo cual, los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, produzcan una afectación material a derechos sustantivos del gobernado.
En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.
En el presente asunto, se reclama la omisión de la Gerencia de Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, de registrar el título de concesión enviado por la Dirección Local de Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, respecto a la solicitud de una nueva concesión y anuencia de perforación.
Determinación que reviste la categoría de acto de imposible reparación, porque sus consecuencias afectan materialmente los derechos fundamentales sustantivos del quejoso, como es el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el artículo 8o. constitucional dispone: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.-A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."
Ahora bien, el derecho de petición, consagrado en el precepto legal transcrito, dispone que el titular es el gobernado en general, quien está facultado para ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades; es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término.
Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el precepto 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación, para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado, y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales.
En atención a lo anteriormente expuesto el Tribunal Pleno determinó, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia bajo los siguientes rubro y texto:
"PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.-El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, tesis P./J. 42/2001, registro digital: 189914)
Es por lo anterior que este órgano de control constitucional no comparte el criterio del Juez de Distrito, donde desechó de plano la demanda de amparo, pues como anteriormente quedó explicado, la violación al artículo 8o. constitucional causa un daño irreparable al recurrente, pues produce una afectación a su derecho sustantivo de forma directa, y no meramente procesal, como lo manifestó el a quo en la sentencia recurrida.
Resultando, por ende, en el caso concreto, inaplicable la tesis en que se apoyó el Juez para desechar la demanda de garantías, 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2011580, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", la cual habla acerca de que cuando un particular se duela, exclusivamente, de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, pues dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el cual el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente.
Lo anterior es así, pues de la misma se desprende una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, lo que no acontece en el caso a estudio, pues se está ante un procedimiento jurisdiccional; ni tampoco en la omisión de dar respuesta sobre el desahogo de pruebas o de prosecución de trámite como lo dice la jurisprudencia citada por el a quo; sino, como quedó precisado en párrafos precedentes, el aquí recurrente promovió juicio de amparo ante la omisión de la Gerencia de Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, de registrar el título de concesión enviado por la Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, respecto a su solicitud de nueva concesión y anuencia de perforación, así como de realizar el asiento del registro en los libros registrales, por lo que no se está ante un procedimiento jurisdiccional, sino ante una petición que origina un trámite en donde opera el principio de oficiosidad previsto en el artículo 30, fracción X, párrafo tercero, (sic) de la Ley de Aguas Nacionales, en el que el trámite es iniciado por la solicitud de la quejosa, donde las autoridades deben proceder a satisfacer e inscribir de oficio las etapas conducentes del mismo y cada una debe acreditar haberlo realizado, pues la ley no exige más actividad al gestionante.
En efecto, de la demanda de amparo y de las pruebas aportadas por la impetrante del amparo, se advierte que el derecho de petición que reclama el quejoso, lo constituyó la solicitud de una "nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas" ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, quien autorizó, electrónicamente, la nueva concesión a favor de la peticionaria de amparo en el expediente ********** que le fue asignado, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, a través del oficio número **********, indicándole que continuaba la etapa de inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua siendo, entonces, que podría surtir efectos ante terceros; sin que se advierta de los autos en estudio (juicio de amparo **********), alguna constancia de notificación al solicitante **********, de que se realizó la inscripción y se expidió la constancia respectiva, que en casos como el que nos ocupa debe notificarse.
En esta tesitura, si la petición origina un trámite en donde intervienen varias autoridades y, en alguna fase del mismo, una de ellas no cumple con las obligaciones que le competen en la etapa correspondiente, debe considerarse que todas las intervinientes son responsables de dicha irregularidad (omisión de contestar el derecho de petición) atento al principio de unidad del expediente administrativo.
Además, en atención al principio de oficiosidad, previsto en el artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el procedimiento iniciado con la solicitud del quejoso, las autoridades deben proceder de oficio a realizar las actuaciones y concluir las etapas del mismo, pues la ley no exige más actividad al gestionante.
Consecuentemente, si la petición del quejoso se resolvió, pues el director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua realizó la autorización electrónica de la nueva concesión de aguas subterráneas, y le informó el solicitante que el trámite continuaba en etapa de inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua, atento a lo expuesto, debe entenderse que el mismo culmina hasta la notificación al quejoso recurrente de la constancia de inscripción correspondiente, lo que compete al citado director local de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, misma que, acorde al derecho fundamental establecido en el artículo 8o. constitucional, debe hacer en breve término, una vez que reciba la citada constancia de inscripción.
De lo anterior es que este Tribunal Colegiado considere que no se actualiza, en la especie, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no ser una causa notoriamente improcedente para desechar la demanda de garantías promovida por **********.
Pues, para que el Juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, debe encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiéndose entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; y si, en el caso en concreto, no se actualizan estos requisitos, es decir, no existe la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o bien se tiene duda de su operancia, el a quo debió admitir la demanda de garantías, pues se está privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio a su interés personal y jurídico, por ende, se insiste, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.
Lo anterior tiene sustento en los siguientes criterios jurisprudenciales, cuyos datos de localización, rubro y texto son:
Novena Época. Registro digital: 186605. Instancia: Segunda Sala. Tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002. Materia: común. Tesis: 2a. LXXI/2002. Página: 448.
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."
Octava Época. Registro digital: 210751. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994. Materia: común. Tesis: VI.2o. J/290. Página: 64.
"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’.-El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo."
Décima Época. Registro digital: 2007064. Instancia: Primera Sala. Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014. Materia: constitucional. Tesis: 1a. CCXCI/2014 (10a.). Página: 536 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».
"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados."
En las relatadas condiciones, al resultar esencialmente fundados y suficientes los agravios planteados, lo que procede es revocar el auto recurrido y admitir la demanda de amparo.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100, y 102 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el auto recurrido.
SEGUNDO.-Se ordena al Juez Octavo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, admita a trámite la demanda de amparo a que este toca se refiere.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno; remítase testimonio de esta resolución al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Raymundo Cornejo Olvera, José Martín Hernández Simental y Marta Olivia Tello Acuña, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes, en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) y III.3o.T. J/1 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086 y 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3373, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27606-dee05228/derecho-de-peticion-el-reclamo-de-su-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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