CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 321/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE ENERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que el asunto es del orden laboral, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante -Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito-, es uno de los órganos jurisdiccionales cuyos asuntos dieron lugar a los criterios materia de la contradicción, a saber, el juicio de amparo directo ********** del índice de dicho tribunal.
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. El problema jurídico sobre el cual se denunció la contradicción se ciñe a determinar si es procedente el juicio de amparo que se promueva contra un laudo que condenó a diversas prestaciones autónomas, en el caso de que el patrón, ante la autoridad laboral, hubiera cumplido con una de esas prestaciones a las que fue condenado o, en su defecto, si dicho cumplimiento implica el consentimiento tácito del laudo. Al respecto:
I. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, dictó la ejecutoria de veintiséis de junio de dos mil tres que, en lo que interesa, establece:
"CUARTO.-Es innecesario estudiar los anteriores conceptos de violación.
"Las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio, por ser de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley Amparo y acorde con la jurisprudencia 158, consultable en la página 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Parte, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’.
"En la especie, la trabajadora ... reclamó de Telecomunicaciones de México, la reincorporación en el puesto de confianza, categoría Jefe de Oficina Telegráfica ‘B’, adscrita a la oficina de Tepic, Nayarit, ya que sin mediar justificación se le cambió de domicilio y se le designó trabajadora sindicalizada, reduciéndosele el salario; como consecuencia, demandó el pago de diferencias de salarios y el de la cantidad de $********** (**********), por concepto de ‘Responsabilidades’, que indebidamente le retuvo la demandada, así como el entero al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de que su salario seguía siendo el de la plaza de confianza.
"En el laudo reclamado, la Junta fijó la carga de la prueba en la demandada; del materia analizado arribó a la conclusión de que aquélla no acreditó las excepciones y defensas, ya que no demostró el motivo que atribuyó a la actora para cambiarla de puesto y adscripción; en consecuencia, condenó a Telecomunicaciones de México a reincorporar a **********, en el puesto de confianza con la categoría de **********, adscrita a la oficina Centro de Tepic, Nayarit, con el salario que correspondiera a dicha categoría, así como el pago de diferencias; por otro lado, también condenó a cubrir la cantidad de $********** (**********), por concepto ‘Responsabilidades’ y a realizar las cotizaciones al ISSSTE, sobre el puesto mencionado y a favor de la actora por tratarse de una prestación de seguridad social.
"En otro orden de ideas, a fojas doscientos treinta de autos, aparece la diligencia de cuatro de febrero de dos mil tres, en que se hizo constar la presencia de la actora ... y del representante de la demandada ...; asimismo, se asentó que: (se reproduce)
"Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia que el hecho de que la empresa quejosa haya acudido ante la autoridad laboral a dar cumplimiento al laudo reclamado y ofrecer la reinstalación correspondiente, conlleva a establecer, fundadamente que la actitud de la impetrante es una manifestación de voluntad o de disposición de cumplir con el laudo reclamado, es decir, entraña consentimiento del mismo, por cuyo motivo el amparo promovido en contra de ese laudo donde la quejosa resultó condenada, no puede ser materia del juicio de amparo, toda vez que al consentir el laudo a través de la propuesta a la incorporación de la actora en la plaza de confianza que había demandado y a lo que había sido condenado la quejosa Telecomunicaciones de México, ello impide que este órgano de control constitucional examine la cuestión fundamental planteada por la ahora tercero perjudicada, pues en caso contrario, haría nugatorio el principio de seguridad jurídica establecido en ese acuerdo de voluntades donde la impetrante dio cumplimiento al laudo reclamado en cuanto a la reincorporación de la actora.
"Consecuentemente, el juicio de garantías resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo que establece: (se transcribe)
"Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la citada ley.
"Cobran aplicación las tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente establecen: ‘ACTO RECLAMADO, CONFORMIDAD DE LAS PARTES CON EL. AMPARO IMPROCEDENTE.’ (se transcribe)
"Y ‘CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS POR.’ (se transcribe)
"No es óbice para la conclusión alcanzada la circunstancia de que la demandada al comparecer ante la autoridad laboral, haya precisado que daba cumplimiento al laudo en la parte de la reinstalación para ‘garantizar la subsistencia de la trabajadora’, lo que podría interpretarse en el sentido de que daba su consentimiento únicamente en esa parte del laudo relacionada con la prestación principal, no así de los demás aspectos de condena y por tanto, que el juicio de garantías fuera procedente en lo que atañe a esto último ya que ese cumplimiento parcial en manera alguna desvirtúa o hace inexistente aquel consentimiento, toda vez que no debe soslayarse que en términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, el laudo reclamado es un todo y como tal, no puede fraccionarse para su estudio en varios actos a petición de la quejosa, máxime que en la especie la actora reclamó la reincorporación a la plaza de confianza de la que había sido desplazada para ocupar una sindicalizada, es decir, que con el salario que percibía al estarse desempeñando en esta última categoría, estaba garantizada su subsistencia, por lo que no era dable aceptar que el motivo por el que se ofreció esa reinstalación era para ‘garantizar la subsistencia de la trabajadora’; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por ende, se sobresee en el juicio. ...".
Criterio que dio lugar a la tesis I.13o.T.35 L, de rubro y texto siguientes:
"LAUDO, CONSENTIMIENTO DEL. EL HECHO DE QUE EL PATRÓN HAYA CUMPLIDO ÚNICAMENTE CON LA PRESTACIÓN PRINCIPAL, NO SIGNIFICA QUE SEA PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS RESPECTO DE LOS DEMÁS ASPECTOS DE LA CONDENA.-Si de las constancias del amparo promovido por la patronal quejosa aparece que compareció ante la autoridad responsable a cumplir la prestación principal a la que fue condenada, lo que podría interpretarse en el sentido de que daba su consentimiento únicamente en esa parte del laudo, no así en los demás aspectos de la condena, ello no significa que el juicio de garantías sea procedente por lo que respecta a esto último, en tanto que esa manifestación de manera alguna desvirtúa o hace inexistente el consentimiento del acto total, pues no debe soslayarse que en términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, el laudo reclamado es un todo y como tal no puede fraccionarse para su estudio; por tanto, debe prevalecer la manifestación de voluntad proveniente de la impetrante legalmente producida ante la autoridad del conocimiento y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."(1)
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, dictó fallo de treinta de agosto de dos mil diecisiete que, en lo que interesa, establece:
"... Procedencia del amparo directo. Las causas de improcedencia deben examinarse de oficio, sea que las partes lo aleguen o no, por ser esa cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, en relación con el artículo 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso justiciable, este Tribunal Colegiado no advierte la actualización de alguna de ellas.
"Se considera lo anterior, sin soslayar que, en el caso justiciable consta la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, celebrada ante la Junta responsable, en la cual la demandada, hoy quejosa, cubrió la suma de dinero consistente en $********** (**********), como pago de una parte de la condena establecida en el laudo, pero precisó que ese numerario lo proporcionaba, a fin de cortar la generación del interés mensual del cinco por ciento (5%) referido en la cláusula 23 del Contrato Colectivo de Trabajo, en el caso de una eventual condena; toda vez que dicha parte de la condena fue impugnada en amparo directo al igual que el supuesto pago tardío y otras prestaciones.
"La diligencia a la que se hace referencia es del tenor siguiente: (se transcribe)
"En efecto, respecto del consentimiento, el artículo 1803 del Código Civil Federal, aplicable en toda la República en materia federal, mismo que establece la definición de dicho concepto, refiere que éste será expreso, cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y que el tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.
"Así pues, un acto consentido expresamente es aquel respecto del cual no puede admitirse duda o equivocación sobre si se consintió o no, y tácitamente ante actitudes que lo presuponen.
"Por su parte, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo señala que el amparo es improcedente: (se transcribe)
"De lo antes transcrito se desprende que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento.
"Es por eso que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.
"En efecto, la expresión del consentimiento del acto reclamado por el quejoso a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en tratándose de leyes que la hipótesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Carta Magna.
"El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente.
"Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. del mismo ordenamiento, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular.
"En segundo término, lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también lleva a considerar que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que el gobernado tenga interés jurídico para reclamar su derecho y que éste resulte afectado por la ley o el acto, los cuales deben darse al momento en que la ley entre en vigor o en que se dé el acto concreto de aplicación; por ello, para la procedencia del juicio de garantías se requiere, entre otras cuestiones, la afectación a los intereses jurídicos del quejoso.
"Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento; en tanto que el acto se consiente de manera tácita o implícita, cuando se realizan manifestaciones de voluntad.
"Resulta aplicable al caso la siguiente la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.’ (se transcribe)
"En el caso justiciable, no opera la causal de improcedencia aludida inicialmente, puesto que el hecho de que la parte demandada haya cubierto una suma de dinero decretada como una parte de la condena en su contra en el laudo reclamado, no implica que se someta total y absolutamente al acto reclamado, o, en otras palabras, que clara e indiscutible está de acuerdo con él, sino sólo significa que se conforma con una parte de la condena, que resultó en su contra, pero quedan pendientes, diversas condenas que se encuentran sujetas al resultado del juicio de amparo.
"Y es que en el caso concreto importa la manifestación del demandado al señalar: ‘...Con este pago a partir de la fecha se corta la generación del interés mensual del 5% a que se refiere la cláusula 23 del Contrato Colectivo de Trabajo, en el caso de una eventual condena; toda vez que dicha parte de la condena (interés mensual del 5%) está siendo impugnada por mis representados en amparo directo al igual que el supuesto tardío y otras prestaciones. Dándose vista con esta actuación al Tribunal Colegiado que en su oportunidad se encuentra conociendo del amparo’; luego, al anteponer la frase concerniente a que diversas condenas las impugnó a través del juicio de amparo directo, es incuestionable que no puede estimarse que el quejoso se sometió al acto reclamado o que estaba de acuerdo con él en su totalidad, puesto que esa última expresión entraña que no lo consintió.
"Caso contrario sería que el demandado hubiera entregado el dinero sin formular manifestación alguna, pues tácitamente se conformaría con la totalidad del acto reclamado, al no exponer alguna consideración tendiente a hacer notar su inconformidad.
"Lo anterior implica que el laudo sí puede fraccionarse para su estudio, respecto de temas sobre los cuales están pendientes de solventarse, de conformidad con lo expresado por el demandado al momento de cubrir una parte de las condenas, señalando además que se inconforma respecto a las demás.
"Pues si bien es cierto que el laudo es un todo, no se puede restringir a las partes para que manifiesten sobre qué puntos están de acuerdo, y sobre cuáles no lo están, para que de esa manera puedan cumplir los primeros, e impugnar los segundos.
"Pues sería un contrasentido que si el demandado está conforme con alguna de las condenas, pero en desacuerdo con diversas, tenga que esperar a que se tramite, en este caso, el juicio de amparo directo, a fin de cumplir con la condena que está conforme; ello es así, porque aquél tiene el derecho en comulgar con alguna parte del acto reclamado, y pugnar por la o las otras que considera violan sus derechos humanos.
"Por las razones antes señaladas es que no se comparte la tesis I.13o.T.35 L, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son: ‘LAUDO, CONSENTIMIENTO DEL. EL HECHO DE QUE EL PATRÓN HAYA CUMPLIDO ÚNICAMENTE CON LA PRESTACIÓN PRINCIPAL, NO SIGNIFICA QUE SEA PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS RESPECTO DE LOS DEMÁS ASPECTOS DE LA CONDENA.’
"Análisis de los conceptos de violación.
"En el caso, resulta inoperante la primera parte de los conceptos de violación en donde esgrimen las impetrantes que se transgrede lo establecido en los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y con ello el principio de congruencia, pues indebidamente condenó al pago de la cantidad de $********** (**********), pero la responsable pasó por alto que dicho monto fue puesto a disposición de la actora, misma que nunca comprobó gasto alguno, y que en la sentencia penal ofrecida como prueba, se determinó que el depósito de la mencionada cantidad sí se efectuó a la accionante, lo que se corroboró con las copias de las transferencias bancarias, con números de operaciones **********, ********** y **********, demostrándose que el numerario citado fue transferido a la cuenta bancaria de la actora y ésta no demostró el uso que se le dio, sin que haya operado la prescripción, pues se realizó la investigación en tiempo y forma, lográndose la rescisión de la relación laboral.
"Lo anterior, porque consta que las demandadas, hoy quejosas, cubrieron a la actora el monto de $********** (**********), materia de condena en el laudo reclamado, a través del cheque identificado con el número **********, del Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero; por su parte, la quejosa, recibió de entera conformidad, ese documento mercantil en comparecencia, ante la responsable el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, diligencia que quedó transcrita en el considerando quinto de esta ejecutoria, que en obvio de repeticiones innecesarias se tiene aquí por reproducida.
"Dado lo anterior, es que obtiene que las demandadas, hoy quejosas, otorgaron a su entera conformidad el instrumento mercantil de referencia, correspondiente al monto de la condena decretada en el resolutivo segundo del laudo, manifestando su conformidad con la misma.
"Entonces, este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para analizar lo expuesto en sus motivos de disenso, pues sería un contrasentido resolver si fueron correctas o no las consideraciones sustentadas por la Junta responsable para establecer esa condena, soslayando que las impetrantes manifestaron su conformidad al acudir ante el tribunal laboral a otorgar la cantidad de $********** (**********), correspondiente al pago reclamado por la actora, con independencia de que hayan mencionado que no estaban de acuerdo con dicho aspecto, pues lo cubrieron. De ahí, la inoperancia apuntada. ...".
CUARTO.-Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También debe observarse la tesis XLVII/2009 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y siete, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Conforme a los criterios aquí reproducidos, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica -el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general-, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Así, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razon
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27612-d5db68f0/consentimiento-expreso-o-por-manifestaciones-de-voluntad-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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