AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.
AMPARO EN REVISIÓN 231/2017. 14 DE DICIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO NÚÑEZ LOYO. SECRETARIO: MOISÉS ALEJANDRO VÁZQUEZ ESCALERA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Cuestión previa. En principio, debe quedar precisado que por un error mecanográfico se tramitó el presente recurso cambiando el nombre de la quejosa por **********, cuando de las constancias del sumario de origen, se desprende que lo correcto es **********; en consecuencia, y hecha la aclaración respectiva, se tiene a **********, como recurrente en el presente medio de impugnación.
QUINTO.-Declaratoria de firmeza. Deberán quedar firmes los razonamientos expresados en el tercer considerando de la sentencia recurrida, por los que el a quo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretó el sobreseimiento en el juicio por inexistencia del acto, consistente en la aplicación de la ley reclamada, respecto de las autoridades que en ese apartado se precisan; asimismo, idéntica consideración debe hacerse sobre lo ponderado en la primera parte del quinto apartado considerativo de la resolución impugnada, en la que se estimó actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, en relación con los actos atribuidos a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior, por no existir agravios de parte legítima.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia 251, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) del tenor siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO.-Comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del Juez de Distrito firme en la parte en que no fue impugnado."
SEXTO.-Agravio relativo a la incongruencia del fallo recurrido. En una parte de sus agravios, la impetrante manifestó que, si bien el Juez de Distrito estimó procedente sobreseer por cuanto a la ley reclamada, dejó de emitir pronunciamiento en torno a los vicios propios del acto en que se sustentó la aplicación de dicha ley (aspecto de legalidad), lo cual este tribunal considera fundado por las razones que a continuación se explican.
De las constancias del juicio de origen, se advierte que la quejosa, ahora inconforme **********, señaló como actos reclamados en su demanda de amparo indirecto, los siguientes:
a) La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley Número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, particularmente, los artículos 71 y 104, que prevén el derecho por servicio de alumbrado público; y,
b) La ejecución del cobro del derecho por servicio de alumbrado público, según consta en el aviso-recibo relativo al número de servicio **********, correspondiente al periodo de consumo del ocho de noviembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil diecisiete, en donde se le cuantificó por tal derecho, la cantidad de $2,174.30 (dos mil ciento setenta y cuatro pesos 30/100, moneda nacional).
El Juez de Distrito, al precisar los actos reclamados en la sentencia impugnada, si bien tuvo como tales a ambos, lo cierto es que omitió pronunciarse respecto del diverso acto reclamado marcado con el inciso b); de ahí que este órgano colegiado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, reasume jurisdicción para analizarlo, una vez que se revisen los pronunciamientos previos que emitió el a quo en la sentencia sujeta a revisión.
SÉPTIMO.-Estudio de los agravios referidos al sobreseimiento por la ley reclamada. Además del agravio precisado en el considerando anterior, la parte quejosa se inconforma contra la causal de improcedencia que se sustentó respecto de la ley reclamada (artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, falta de interés jurídico por no existir aplicación de la norma).
En efecto, en la segunda parte del quinto considerando de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito tuvo por actualizado el referido motivo de improcedencia, al considerar que la ley reclamada -Ley de Ingresos Número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en sus artículos 71 y 104-, no aparece aplicada en el acto concreto que señaló la impetrante, es decir, en el aviso-recibo relativo a la facturación del consumo de energía eléctrica que expide la Comisión Federal de Electricidad, por el periodo comprendido del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, al nueve de enero de dos mil diecisiete, con número de servicio **********.
Para sustentar su determinación, el a quo tuvo en cuenta el contenido de los preceptos legales reclamados, de los que advirtió que los derechos causados en el presente ejercicio fiscal (dos mil diecisiete) por el servicio de alumbrado público, se aportarán de conformidad con una cuota fija mensual, en la que su monto se obtendrá mediante la aplicación de una puntuación de la unidad de medida y actualización vigente, calculados mensualmente a cada una de las tarifas de los usuarios y atendiendo al metro lineal o fracción de frente de calle, así como su ubicación y, en su caso, de tratarse de negocio, el lugar en que se encuentre.
Asimismo, que ese puntaje o índice de salarios mínimos varía de acuerdo con el prototipo de casa habitación, la zona en que se encuentre, si se trata de predio o de tratarse de establecimiento comercial, de prestación de servicios o industrial y al tipo de negocio.
Sin embargo -dijo el Juez de Distrito-, dichos dispositivos legales en momento alguno se aplicaron a la impetrante de amparo, dado que del aviso-recibo de energía eléctrica con número de servicio **********, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, exhibido por el promovente, se advierte que para calcular el derecho por el servicio de alumbrado público, éste se realizó con base en la tarifa 02, la cual se encuentra contemplada en la Ley de Ingresos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta del año anterior; es decir, la de dos mil dieciséis, pero no en la de esta anualidad.
En esa medida fue que el juzgador concluyó que la promovente de la acción constitucional, no acreditó la aplicación en su perjuicio de los preceptos legales que reclama a partir de la constancia que exhibió como primer acto de aplicación (aviso-recibo), por lo que estimó que no se probó la afectación a su interés jurídico, resultando improcedente el juicio de amparo; como apoyo a su determinación, citó diversos criterios del Poder Judicial de la Federación, de los que destaca la jurisprudencia 1a./J. 4/99, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO."
Ahora bien, en contra de la reseñada determinación, la recurrente alega, en lo medular, que fue incorrecta la actualización de dicha causal de improcedencia, porque no es su responsabilidad que en el acto de aplicación no se haya calculado de forma correcta el derecho controvertido y que se haya aplicado en razón del 15%, por lo que, contrario a lo que resolvió el Juez, el aviso-recibo que adjuntó a su demanda constituye el primer acto de aplicación de la Ley Número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en virtud de que precisamente fue impreso en ese año.
Es infundado el citado agravio.
Se concluye de ese modo, en virtud de que la recurrente basa su premisa únicamente en la fecha en que fue expedido el aviso-recibo que exhibió para acreditar que el primer acto de aplicación de la ley que reclama; empero, pasa por alto que, como acertadamente lo determinó el resolutor primario, del contenido que se advierte de ese documento, particularmente de la cantidad cobrada por concepto de derecho de alumbrado público, no se desprende que éste se haya fundado en la mecánica de cuantificación prevista por la norma impugnada.
Efectivamente, del citado aviso-recibo se observa el cobro de la cantidad de $2,174.30 (dos mil ciento setenta y cuatro pesos 30/100 moneda nacional), por concepto de derecho de alumbrado público (DAP), que como lo determinó el a quo, corresponde al quince por ciento de la cantidad cobrada por concepto de energía eléctrica [$18,989.62 (dieciocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional)], pues ello es comprobable con la siguiente operación aritmética:
18,989.00 multiplicado por .15 resulta 2,174.30 (cantidad que se cobró por concepto de DAP)
Lo anterior, inclusive fue destacado por el impetrante en su demanda de amparo, en la literalidad siguiente:
En consecuencia, de los actos reclamados de las autoridades descritas:
El cobro inconstitucional por el cual se me cobra el derecho de alumbrado público, a razón de un 15% de la cantidad que fue cobrada bajo el concepto de energía eléctrica me ha sido cargada en el aviso-recibo y comprobante de pago que se anexan al presente, respecto al servicio antes descrito.
La devolución del pago de lo indebido, a razón de 15% de las cantidades que fueron cobradas bajo el concepto de energía eléctrica que me ha sido cargada y cobrada, misma que describo por las cantidades de:
La cantidad de $2,174.30, que se encuentran en el aviso-recibo, con periodo de facturación del 8 de noviembre de 2016 al 9 de enero de 2017, y número de servicio ********** (se anexa aviso-recibo).
De ahí que este Tribunal Colegiado está en aptitud de constatar que, como acertadamente lo apreció el Juez de Distrito, no se acreditó la aplicación de la norma reclamada, en tanto que ésta establece el cobro del derecho de alumbrado público en una cantidad fija, mas no en relación con un porcentaje de la cantidad que se pague por concepto de energía eléctrica, lo cual, como también lo señaló el Juez recurrido, está previsto por una normatividad de ingresos de ese Municipio, pero del año dos mil dieciséis, al prever:
Ley Número 133 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
"Artículo 34. El Ayuntamiento percibirá ingresos mensualmente por el servicio de alumbrado público, que presta en avenidas, calles, parques, jardines y semáforos, por medio del suministrador del fluido eléctrico, quien fungirá como retenedor fiscal previo convenio con el órgano de gobierno municipal, aplicando un porcentaje sobre el consumo que tenga, de acuerdo al tipo de tarifa que tiene asignado el usuario, de la forma siguiente:
Ver porcentaje de aplicación
En ese contexto, resulta inconcuso que no asiste razón al planteamiento del recurrente, en virtud de que, con independencia del año en que haya sido expedido el aviso-recibo que exhibió para acreditar la aplicación de la ley reclamada, del contenido del mismo no se advierte que se haya fundado el cobro del derecho de alumbrado público con base en esa normatividad, cuestión que incluso así se llega a referir por la propia quejosa, en los agravios que formuló en el presente recurso, precisamente en la parte en que señala:
"Luego, el importe cobrado por concepto de ‘derecho de alumbrado público’, corresponde a un porcentaje del importe cobrado por consumo de energía eléctrica, pero no se aplicaron las tarifas previstas (sic) La Ley Número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017, específicamente los artículos 71 y 104 respectivamente, pues basta la simple lectura comparativa entre el cobro realizado y los diversos rubros contenidos en la ley, para advertir que no se ubica en ninguno de ellos, ni en el recibo se precisa la hipótesis normativa específica con base en la cual se cobró el derecho, esto es, en cuál de las categorías de contribuyentes a que se refiere el precepto en cita, se ubicó la parte quejosa."
De lo insertado, es evidente que hasta la misma recurrente es consciente de que la norma que reclamó no aparece aplicada en aviso-recibo que anexó a su demanda, por lo que adverso a lo alegado y por haberse verificado por este tribunal, se estima correcto el pronunciamiento del Juez de Distrito en relación con la improcedencia de la norma reclamada.
Sin embargo, al margen de que se haya determinado sobreseer respecto de la norma reclamada (Ley de Ingresos Número 406 para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en sus artículos 71 y 104), como ya se adelantó, con base en los numerales 74 y 76 de la Ley de Amparo, que contienen el principio de exhaustividad de las sentencias dictadas en el juicio constitucional, ello en modo alguno impide que se emita pronunciamiento sobre los vicios propios del acto concreto de aplicación, que en la especie lo constituye: el aviso-recibo de energía eléctrica con número de servicio **********, expedido por la Comisión Federal de Electricidad en el que consta la determinación del derecho de alumbrado público, en tanto que esos vicios son ajenos a la temática de inconstitucionalidad planteada en el juicio.
Sustenta la consideración anterior, la tesis aislada XXI.1o.P.A.48 K, emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito(11) y reiterada en cuatro ocasiones, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO RELATIVO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO, NO IMPIDE QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SE ANALICE CUANDO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.-La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de dicho acto se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en una demanda de amparo un ordenamiento de observancia general se tilda de inconstitucional, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá la obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento combatido, dicha determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo."
OCTAVO.-Examen del aviso-recibo (vicios propios). Como con acierto lo destaca la recurrente en sus agravios, en una parte de su demanda de amparo hizo valer el siguiente concepto de violación.
"Conceptos de violación:
"Primero. Falta de motivación y fundamentación, para efectuar la determinación, respecto de la aplicación y cuantificación del derecho de alumbrado público, a razón del 15% respecto del importe que por consumo de energía consumido (sic) y que es cargado de manera ilegal y en contra de mi voluntad, al aviso-recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad, y cobrado de acuerdo a mi comprobante de pago descrito con anterioridad, de manera categórica los documentos fehacientes, con los cuales acredito mi interés legal motivo del presente amparo y que es identificado respecto de los servicios, cantidades descritas de la forma siguiente:
"La cantidad de $2,174.30 que se encuentra en el aviso-recibo, con periodo de facturación 08 de noviembre de 2016 al 09 de enero de 2017, y número de servicio **********. (se anexa aviso-recibo).
"Ya que al no expresar precepto legal que soporte dicha aplicación es contradictorio a las mismas leyes y sobre todo a la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, de aplicación exacta de la ley y sobre todo de la legalidad tributaria prevista por los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, en razón de que establece el importe en un porcentaje a razón de un 15%, en lugar de ser una tarifa, motivo principal por el que debe concederse el amparo."
Es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada en el referido concepto de violación, por las razones que a continuación se explican.
La parte quejosa alega, en síntesis, que el acto reclamado consistente en la determinación del quince por ciento por derecho de alumbrado público, contenido en el aviso-recibo relativo al número de servicio **********, correspondiente al periodo de consumo del ocho de noviembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil diecisiete, en donde se le cuantificó por tal derecho, la cantidad de $2,164.30 (dos mil ciento setenta y cuatro pesos 30/100 moneda nacional), viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se encuentra sustentado en un cuerpo normativo que formal y materialmente mencione los motivos y fundamentos por los cuales debe pagarse el porcentaje utilizado para cuantificar dicha contribución.
En efecto, el artículo 16 constitucional dispone:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."
El precepto transcrito contiene la garantía de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado.
La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.
Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.
Resulta aplicable la jurisprudencia número doscientos sesenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) de rubro y texto siguientes:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En el caso concreto, el aviso-recibo en el que aparece la liquidación por concepto de derecho de alumbrado público, fue expedido el doce de enero de dos mil diecisiete, en la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, tal como se desprende de su contenido verificable a foja 16 del juicio natural; por tanto, la ley aplicable para sustentar la recaudación del referido derecho es la Ley Número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.
Lo anterior así se sostiene, en observancia de la jurisprudencia PC.XXI. J/4 A (10a.), del índice del Pleno del Vigésimo Primer Circuito,(13) vinculante para este Tribunal Colegiado en términos del segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que precisamente se determinó que tratándose del derecho de alumbrado público, debe analizarse el documento que contenga el cobro o pago que incluya ese derecho, aunque sea por algún periodo menor a un mes, como sucede cuando se incluyen sólo unos días del mes de enero de un año determinado y no el mes completo, supuesto en el que se consideró que debe estimarse aplicada la ley vigente en el momento en que nace la obligación tributaria, que es precisamente cuando se realiza el pago de esa obligación, pues primero surgen los actos de causación del derecho y después se paga.
El referido criterio jurisprudencial, es de título, subtítulo y texto siguientes:
"DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. DEFINICIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚMERO 132 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2013. Para determinar cuál es el primer acto de aplicación de la ley indicada, tratándose del derecho de alumbrado público, debe analizarse el documento que contenga el cobro o pago que incluya ese derecho, aunque sea por algún periodo menor a un mes, como sucede cuando se incluyen sólo unos días de enero de 2013 y no el mes completo, supuesto en el que es evidente que el primer acto de aplicación de la referida ley lo constituye el momento en que nace la obligación tributaria, que es precisamente cuando se realiza el pago de esa obligación, pues primero surgen los actos de causación del derecho y después se paga. Además, al margen de la actualización de ese supuesto, deberá precisarse que éste se surte cuando se citen expresamente los artículos 86 y relativos relacionados con dicho cobro de la ley referida. Ello, porque es de singular importancia para el interés de los quejosos, la fijación correcta del momento procesal en que pueden impugnar la ley que estiman es inconstitucional; momento que debe coincidir con su conocimiento pleno o cabal, que debe estar plasmado expresamente en el acto autoritario de molestia, sobre qué artículos de la propia ley se les aplican."
Por tanto, atendiendo al aludido criterio jurisprudencial y al aviso-recibo en el que consta el acto reclamado, que como ya se dijo, fue expedido en el mes de enero de dos mil diecisiete, resulta inconcuso que su pago aconteció o acontecerá en fecha posterior, es decir, en el año dos mil diecisiete, por lo que se insiste, la ley aplicable para fundar la recaudación del mencionado derecho, es la Ley de Ingresos de esa anualidad.
En ese sentido, como precisó el Juez a quo en la sentencia recurrida, los artículos 71 y 104 de la Ley Número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, prevén que los derechos causados en el presente ejercicio fiscal (dos mil diecisiete) por el servicio de alumbrado público se aportarán de conformidad con una cuota fija mensual, en la que su monto se obtendrá mediante la aplicación de una puntuación de la unidad de medida y actualización vigente, calculados mensualmente a cada una de las tarifas de los usuarios y atendiendo al metro lineal o fracción de frente de calle, así como su ubicación y en caso de tratarse de negocio, el lugar en que se encuentre.
Los citados preceptos establecen como mecanismo para obtener los factores de cuantificación, lo siguiente:
"Artículo 71. El Ayuntamiento percibirá ingresos mensualmente por el servicio de alumbrado público, que presta en avenidas, calles, parques, jardines y semáforos, por medio del suministrador del fluido eléctrico, quien fungirá como retenedor fiscal previo convenio con el órgano de gobierno municipal.
"En el supuesto de que el suministrador de energía eléctrica dé de baja del padrón de contribuyentes a algún usuario del Servicio de Alumbrado Público, el Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal o del área administrativa que designe, procederá a efectuar el cobro, de acuerdo a lo establecido en Ley de Hacienda Municipal Número 677, conforme a las Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes y la clasificación siguiente:
"I. CASAS HABITACIÓN.
"A. Precaria 0.5
"B. Económica 0.7
"C. Media 0.9
"D. Residencial 3
"E. Residencial en zona preferencial 5
"Para efectos de este artículo, se considerarán zonas preferenciales las siguientes:
"1. Zonas comerciales,
"2. Zonas residenciales;
"3. Zonas turísticas y
"4. Condominios 4
"II. PREDIOS
"A. Predios 0.5
"B. En zonas preferenciales 2
"III. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
"A. Distribuidoras o comercios al mayoreo
"1. Refrescos y aguas purificadas 80
"2. Cervezas, vinos y licores 150
"3. Cigarros y puros 100
"4. Materiales metálicos y no metálicos para la construcción y la industria 75
"5. Atención a clientes y ventas de computadoras, telefonía y accesorios 50
"B. Comercios al menudeo
"1. Vinaterías y Cervecerías 5
"2. Aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar 20
"3. Grasas y aceites lubricantes, aditivos y similares 2.5
"4. Artículos de platería y joyería 5
"5. Automóviles nuevos 150
"6. Automóviles usados 50
"7. Refacciones, partes y accesorios nuevos para automóviles 3.5
"8. Tiendas de abarrotes y misceláneas 1.5
"9. Venta de computadoras, telefonía y accesorios 25
"C. Tiendas departamentales de autoservicio, almacenes y supermercados 500
"D. Bodegas con actividad comercial y minisúper 25
"E. Estaciones de gasolinas 50
"F. Condominios 400
"IV. ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS
"A. Prestadores del servicio de hospedaje temporal
"1. Categoría especial 600
"2. Gran turismo 500
"3. 5 Estrellas 400
"4. 4 Estrellas 300
"5. 3 Estrellas 150
"6. 2 Estrellas 75
"7. 1 Estrella 50
"8. Clase económica 20
"B. Terminales nacionales e internacionales de transporte de personas y/o productos
"1. Terrestre 300
"2. Marítimo 400
"3. Aéreo 500
"C. Colegios, universidades e instituciones educativas y de investigación del sector privado 15
"D. Hospitales privados 75
"E. Consultorios, clínicas. Veterinarias y laboratorios de análisis clínicos 2
"F. Restaurantes
"1. En zona preferencial 50
"2. En el primer cuadro de la cabecera municipal 10
"G. Cantinas, bares, restaurant-bar, salones de baile y renta para fiestas
"1. En zona preferencial 75
"2. En el primer cuadro 25
"H. Discotecas y centros nocturnos
"1. En zona preferencial 125
"2. En el primer cuadro 65
"I. Unidades de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 15
"J. Agencia de viajes y renta de autos 15
"V. INDUSTRIA
"A. Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabacos 500
"(No incluye panaderías, molinos de nixtamal, fabricación de tortillas y pequeños cafetaleros).
"B. Textil 100
"C. Química 150
"D. Manufacturera 50
"E. Extractora (s) y/o de transformación 500"
"Artículo 104. El Ayuntamiento percibirá ingresos por concepto de la instalación, mantenimiento y conservación del alumbrado público, de acuerdo a la siguiente clasificación y tarifa por metro lineal o fracción de frente de calle.
"I. Tratándose de predios destinados a casa habitación o baldíos
"1. Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $11.00
"2. En zonas residenciales o turísticas $21.00
"3. En colonias o barrios populares $5.00
"II. Tratándose de locales comerciales o de prestación de servicios, en general
"1. Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $16.00
"2. En zonas residenciales o turísticas $32.00
"3. En colonias o barrios populares $11.00
"III. Tratándose de locales comerciales o de prestación de servicios, relacionados con el turismo
"1. Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $16.00
"2. En zonas residenciales o turísticas $32.00
"3. En colonias o barrios populares $11.00
"IV. Tratándose de locales industriales
"1. Dentro del primer cuadro de la cabecera municipal $48.00
"2. En las demás comunidades $22.00
"El pago cubre la anualidad del servicio."
Como se observa, para instrumentar el cobro de la contribución, la ley establece un catálogo con distintas categorías de contribuyentes con cuotas específicas para cada uno de ellos.
De esa suerte, la cantidad que se fije por concepto de derecho de alumbrado público, según la interpretación literal de los preceptos mencionados, debe consistir en la cantidad fija que se estableció para cada una de las categorías de contribuyentes contenidas en el catálogo ahí descrito.
Desde esa perspectiva, puede estimarse que, en el caso, el acto reclamado consistente en la determinación y recaudación del derecho de alumbrado público, en relación con el periodo de pago comprendido en el año de dos mil diecisiete, viola el derecho fundamental de legalidad.
Es así, pues la solicitante del amparo allegó al juicio constitucional el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, que corresponde al número de servicio **********, correspondiente al periodo de consumo del ocho de noviembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil diecisiete, del que se observa la leyenda: "derecho de alumbrado público 2,174.30".
Y, basta imponerse de esa documental, para advertir que el concepto denominado "derecho de alumbrado público", se cuantificó con base en un porcentaje (15%), sobre el diverso concepto "energía" según se comprueba de la simple operación aritmética que realiza este tribunal, consistente en aplicar el porcentaje referido a la cantidad que se cobra por consumo de energía eléctrica.
Luego, el importe determinado por concepto de "derecho de alumbrado público", corresponde a un porcentaje del importe enterado por consumo de energía eléctrica, lo que deja en evidencia que no se aplicaron las tarifas previstas en los artículos 71 y 104 de Ley Número 406 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, pues basta la simple lectura comparativa entre la determinación realizada y los div
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27615-7b8be001/amparo-contra-leyes-o-reglamentos-el-sobreseimiento-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SÓLO CUANDO SE ADUZCAN CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, (IV.2o.A.80 K (10a.))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL Y DEL AUTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A LA MISMA, QUE SÓLO DECLARÓ LA ILEGALID (III.1o.A.109 A)
- AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORI (XXI.1o.P.A.12 K (10a.))
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