I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESACUMULACIÓN CUANDO SE ENCUENTRE SURTIENDO EFECTOS LA RESOLUCIÓN DE UN INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS Y AÚN SEA IMPUGNABLE. II. CANDIDATURAS COMUNES. LOS CONGRESOS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (DECRETO NÚMERO 458 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO). III. CANDIDATURAS COMUNES. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU SOLICITUD DE REGISTRO A MÁS TARDAR TREINTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PERIODO DE PRECAMPAÑAS DE LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 165 BIS, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "A MÁS TARDAR TREINTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PERIODO DE PRECAMPAÑA DE LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE; Y", DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO). IV. CANDIDATURAS COMUNES. LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN UN PORCENTAJE MÁXIMO DE MUNICIPIOS Y DISTRITOS PARA POSTULARLAS, TRATÁNDOSE DE LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS (ARTÍCULO 165 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO). V. CANDIDATURAS COMUNES. EL REQUISITO DE QUE LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA SU POSTULACIÓN SEA FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES Y DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA. VI. CANDIDATURAS COMUNES. ALCANCE DE LA PREVISIÓN LEGAL CONSISTENTE EN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS POSTULEN MANTENDRÁN SU AUTONOMÍA Y SERÁN RESPONSABLES DE SUS ACTOS (ARTÍCULO 165 SEPTIES DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO). VII. CANDIDATURAS COMUNES. CÓMPUTO DE LOS VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA VOTACIÓN TOTAL CORRESPONDIENTE [ARTÍCULO 165 OCTO, INCISO C), DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO]. VIII. CANDIDATURAS COMUNES. PLAZO PARA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL RESUELVA LA SOLICITUD DE REGISTRO Y PUBLIQUE SU ACUERDO (ARTÍCULO 165 QUINQUIES DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO). IX. CANDIDATURAS COMUNES. CERTEZA Y OBJETIVIDAD DE LA REGULACIÓN RESPECTIVA [ARTÍCULOS 165, 165 TER, INCISOS A), B) Y C), 165 QUATER Y 165 SEXIES DE LA LEY 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 49/2017 Y SUS ACUMULADAS 51/2017, 56/2017, 58/2017 Y 64/2017. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO, DIVERSOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO DEL TRABAJO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad, promovidas por los Partidos de la Revolución Democrática (49/2017), Movimiento Ciudadano (51/2017), diversos diputados del Poder Legislativo del Estado de Guerrero (56/2017), Partido Acción Nacional (58/2017) y Partido del Trabajo (64/2017), en contra de diversas normas generales de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
I. Trámite
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver manera en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero.
3. Normas generales cuya invalidez se reclaman. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:
Ver normas generales impugnadas
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron en síntesis, que:
5. I. Partido de la Revolución Democrática (acción 49/2017). Violación a los artículos 1o., 14, 16, 29, 35, 41, 115, 116 y 133 de la Constitución Federal.
6. Primer concepto de invalidez. Regulación de las candidaturas comunes. Los artículos 165, 165 Bis, 165 Ter, 165 Quáter, 165 Quinquies, 165 Sexies, 165 Octo de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero son contrarios al principio de certeza, razonabilidad y proporcionalidad y en contra del derecho de votar y ser votados, ya que antes de la reforma, el artículo 165, regulaba de manera adecuada a las candidaturas comunes en los siguientes aspectos:
7. A) Plazo para registrar una candidatura común. Es incongruente que se exija el registro de las candidaturas comunes a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de las precampañas de la elección de Ayuntamientos o diputados, ya que obliga a que se solicite el registro de candidatura común, cuando ni siquiera se han registrado las plataformas electorales como requisito previo para el registro de candidatos. Ello, ya que de acuerdo a la dinámica del proceso electoral, el registro de candidatos se realiza del tres al dieciocho de abril del año de la elección, como lo establece el artículo 271, fracción I, de la ley.
8. Es desproporcionado que se exijan los citados treinta días previos al inicio de las precampañas para registrar las candidaturas comunes, porque apenas se encuentra en proceso la definición del proceso de selección interna de candidatos, lo que hace inviable la posibilidad para los partidos de definir el registro de candidaturas comunes, cuando se encuentran en proceso la definición de las reglas para la selección de sus candidaturas, como se aprecia de los artículos 120 y 251 de la ley impugnada.
9. La solicitud de candidaturas comunes, se notifica a la autoridad electoral setenta y dos horas después de la exigencia de presentar la solicitud de registro de candidaturas comunes, lo cual es jurídicamente imposible, lo que atenta contra el derecho de los ciudadanos a ser votados, ya que en la candidatura común el consentimiento del candidato resulta fundamental, como requisito esencial de validez de la figura de la candidatura común, el consentimiento por escrito del candidato y, como se establece en el artículo 163 Ter, inciso c), de la ley impugnada, tal elemento se configura hasta el plazo de solicitud de registro de candidatos y no antes como se establece en los artículos impugnados.
10. Conforme a la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos los convenios de coalición electoral se presentan hasta el día de inicio de las precampañas electorales, lo que demuestra lo injustificado y desproporcionado de la disposición impugnada que fija la obligación de los partidos políticos de solicitar el registro de candidaturas comunes sin candidaturas, treinta días antes del inicio de las precampañas.
11. B) Señalamiento del tipo de elección en el que se presentará la candidatura común. Los requisitos que se exigen en la solicitud para el registro de la candidatura común como el nombre de los partidos políticos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate, el emblema y la manifestación de proporcionar al Instituto Electoral el consentimiento por escrito del candidato, no guardan conformidad con el principio de certeza, razonabilidad y proporcionalidad, porque la naturaleza de la candidatura común es la postulación de un mismo candidato, fórmula o planilla por dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, por lo que dicha figura, sólo es viable entorno a un mismo candidato, no de unión de dos o más partidos políticos entorno a una elección como lo establecen las normas que se impugnan.
12. C) Exigencia del establecimiento del emblema de los partidos que postulan la candidatura común. Lo mismo ocurre con el emblema, puesto que las mismas normas impugnadas establecen que cada partido político participa con su propio emblema ya registrado ante la autoridad electoral y que, en la boleta electoral aparecerán por separado los emblemas de los partidos que postulan la misma candidatura común y que la suma de los votos que reciba cada partido se sumará a favor de la candidatura común.
13. D) Plazo para que la autoridad administrativa resuelva sobre las solicitudes de candidaturas comunes. Otro exceso en la regulación de las candidaturas comunes es el plazo a la autoridad administrativa electoral para resolver el registro de candidatura común dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud y la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial de la entidad, pues es desproporcionado e injustificado, ya que se encuentra en proceso de conocer para la autoridad administrativa los avisos de los métodos de selección de todos los partidos políticos para su aprobación.
14. Segundo concepto de invalidez. Limitación a las postulaciones mediante candidaturas comunes, transgrede el derecho de votar y ser votado, así como los principios de autonomía municipal y representación proporcional. Se hace valer violación a los artículos 35, fracciones I y II, 40 y 116 de la Constitución Federal. El artículo 165 Bis, fracciones I y II, de la ley impugnada, restringe el derecho de votar y ser votado y los principios de autonomía municipal y representación democrática, porque limita la participación de las candidaturas comunes, en no más del treinta y tres por ciento en las elecciones de Ayuntamientos y diputados.
15. Esa restricción sólo es aplicable para el caso de que medie convenio de coalición, cuando los partidos políticos participan en un proceso electoral en el que no se restringe al número de Municipios o distritos para la elección de diputados, sino que tan sólo se clasifica en razón de la participación de cada partido coaligado en la postulación de candidatos que corresponde a cada uno y aportaciones a las campañas.
16. El establecer dicho límite del treinta y tres por ciento no es conforme a las bases constitucionales y la ley general. El artículo segundo transitorio, fracción I, del decreto de reformas a la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce, y el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos establecen otras formas de participación como es la candidatura común, por lo que no cabe establecer límites absolutos a las formas de participación de los partidos políticos en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular de Ayuntamientos y diputados.
17. Resulta aplicable el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. constitucional, respecto de la autonomía en la elección de órganos de representación popular, como son los Ayuntamientos, porque el sistema de elección de un Ayuntamiento no puede estar sujeto o condicionado a lo que ocurra respecto de la elección de otros Ayuntamientos, como ocurría respecto del derecho a participar en asignación de regidores de representación proporcional.
18. Tercer concepto de invalidez. Limitación a las postulaciones mediante candidaturas comunes, transgrede el principio de no suspensión ni restricción de derechos humanos. Se hace valer violaciones a los artículos 29 de la Constitución Federal, 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 165 Bis, fracción II, de la ley impugnada vulnera dichos artículos porque establece un límite del treinta y tres por ciento para participar en candidaturas comunes para la integración de Ayuntamientos y diputados, ya que se transgrede el principio de no suspensión, ni restricción de derechos humanos, porque lo hizo sin que dicha medida sirviera para hacer frente a la invasión, el peligro grave de la paz y cualquier otra que ponga en grave peligro a la sociedad, ni fue por un periodo breve, ni es una medida que haya estado suficientemente fundada en principios de racionalidad.
19. Cuarto concepto de invalidez. Limitación a las postulaciones mediante candidaturas comunes, transgrede el derecho de votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular y, el derecho de los partidos a solicitar el registro de los candidatos ante la autoridad electoral. Se hace valer violaciones a los artículos 35, párrafo II, de la Constitución Federal, 23, numerales 1, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, párrafo I, incisos b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 165 Bis, fracción II, de la ley impugnada, transgrede el derecho a votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular y el derecho de los partidos políticos de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, ya que existe una antinomia entre el artículo impugnado y el artículo constitucional e instrumentos internacionales referidos que contienen el derecho de votar y ser votado y, el derecho de los partidos de solicitar el registro de los candidatos ante la autoridad electoral.
20. El precepto impugnado provocará un efecto negativo en la competencia y contienda electoral, al restarle competitividad y capacidad de triunfo a los candidatos y partidos a los cuales se les impedirá participar en condiciones de total libertad política para buscar las alianzas y asociación política con fines de participar en condiciones de igualdad y libre competencia, que es distintivo de los Estados democráticos de derecho, ya que en el próximo proceso electoral se restringe que los partidos políticos se unan en torno a un candidato común, en cincuenta y cinco Municipios y en diecinueve distritos de mayoría relativa.
21. Para una verdadera competencia auténtica y democrática se debe respetar la regulación anterior, previo a la reforma y adición al artículo 165 de la Ley Electoral (las candidaturas comunes), donde, si bien, en la jornada electoral no se adviertan diferencias en la boleta, sí tienen sus diferencias marcadas: los plazos para el registro, la importancia de los partidos políticos y las plataformas más que los candidatos al celebrarse la coalición, y que la candidatura común esperaba a que se efectuaran los procesos internos mientras que para las coaliciones, no es necesario esperar a que los partidos cuenten con candidatos seleccionados porque el convenio gira en torno a la unión de los partidos y de la plataforma electoral.
22. Antes de la reforma, el artículo 165 garantizaba derechos sin mayores requisitos y restricciones, mientras que con la nueva norma se ha disminuido la oportunidad de celebrar candidaturas comunes de los partidos con la adición del artículo 165 Bis, fracción II, impugnado, vulnerando los instrumentos internacionales y el derecho a fundar organizaciones y asociaciones interesadas en cuestiones políticas y públicas.
23. Quinto concepto de invalidez. Limitación a las postulaciones mediante candidaturas comunes, transgrede el principio de igualdad y la no discriminación. Se aduce violación a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 3, 5 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Políticos. El artículo 165 Bis, fracción II de la ley impugnada, viola el principio de igualdad y de no discriminación, porque el legislador guerrerense no realizó distinciones razonables y objetivas que permitan establecer que la medida tomada es justificada porque en su contenido no se violentan derechos fundamentales, sino que, se creó una categoría sospechosa que limita derechos. Por el contrario la medida adoptada lejos de remediar males jurídicos, dentro del proceso electoral, provocará discriminación al generar un privilegio únicamente al treinta y tres por ciento de los ciudadanos y candidatos y dar trato diferente al setenta y siete por ciento de los ciudadanos y candidatos que vivan en el resto del Estado donde no se pueda ir en candidatura común, ni en Ayuntamiento o distritos de mayoría relativa, y con ello se afecta el ejercicio del derecho humano de votar de los ciudadanos y de ser votados de los candidatos.
24. En la exposición de motivos y dentro de la narrativa del proceso legislativo, no se fundó ni motivó adecuadamente cuáles son los problemas que enfrentaban las candidaturas, que las hacían inviables así como estaban reguladas y en qué medida esos males se remediarían con la reforma.
25. La normativa federal y local sirve como medida válida para determinar que sí existe discriminación en la prohibición del artículo 165 Bis porque aquellas normas dejan a los partidos en libertad absoluta para decidir en qué medida y en qué cantidad participan asociados con otros partidos, respetando el principio de autodeterminación de los partidos políticos en sus asuntos internos, sin que sea la ley la que previamente decida por los partidos, candidatos y ciudadanos, pues ello corresponde decidirlo a los partidos.
26. Sexto concepto de invalidez. Limitación a las postulaciones mediante candidaturas comunes, transgrede el principio de progresividad. Se aduce violación a los artículos 1o. de la Constitución Federal, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque con el artículo 165 Bis, fracción II, se ha disminuido la oportunidad de celebrar candidaturas comunes por los partidos políticos; es una regresión a un derecho humano, porque disminuye significativamente la participación al limitar únicamente a un treinta y tres por ciento la libre competencia democrática de los partidos políticos, candidatos y ciudadanos, puesto que previo a la reforma se permitía que los partidos pudieran postular candidatos comunes en el cien por ciento de los distritos y Municipios, mientras que ahora con la ley impugnada sólo se permitiría en un treinta y tres por ciento.
27. Séptimo concepto de invalidez. Requisito para suscribir la solicitud para postular candidaturas comunes, transgrede el principio de certeza y objetividad de que deben estar revestidos los procesos electorales. Se aduce violación a los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo I y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, porque antes de la reforma, se exigía un acuerdo estatutario y ahora una simple solicitud.
28. El artículo 165 Bis, fracción I, impugnado, provocó un estado de inseguridad jurídica, falta de certeza y objetividad que afectará el próximo proceso electoral, porque antes de la reforma se definía de manera perfecta y con certeza que la candidatura común era la postulación de un mismo candidato, una misma planilla o fórmula de candidatos, por dos o más partidos políticos, designados previo acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos respectivos, mientras que en el caso, con la reforma impugnada, se habla de una simple solicitud, sin que se exija previo acuerdo estatutario, con lo cual, las actuales disposiciones afectan la certeza, en razón que corresponde a los órganos estatutarios que previamente aprueben las candidaturas dentro de las cuales se encuentran las candidaturas comunes.
29. Octavo concepto de invalidez. Requisito para suscribir la solicitud para postular candidaturas comunes, transgrede los principios de certeza, objetividad y el de autodeterminación de los partidos. Se aduce violación a los artículos 41, Base I y 116, Base IV, inciso f), de la Constitución Federal. El artículo 165 Bis, fracción I, transgrede el principio de autodeterminación de los partidos porque se omitió exigir un acuerdo estatutario entre los partidos políticos que deseen postular a un mismo candidato, cuando los partidos tienen garantizado su derecho a la auto organización y esas reglas deben respetarse, porque aunque son infra legislativas forman parte del conjunto de normas electorales del orden jurídico. Es decir, se transgrede el derecho que tienen los partidos para regir su vida interna.
30. Por su parte, el artículo 85, numerales 5 y 6, de la Ley General de Partidos Políticos, prevé que para la validez del convenio de coalición, se realice en términos de los estatutos y que será facultad de las entidades federativas aprobar otras formas de participación o asociación de partidos, se justifica que el numeral 6 mencione que para que se presuma válido el acto de asociación o participación, se requiere que se realice en los términos de los estatutos de los partidos políticos y aprobado por los órganos competentes, respetando el principio de autodeterminación de los partidos, lo que fue omitido por la norma impugnada, ya que sólo se refiere a una solicitud firmada por los representantes partidistas sin que exija la aprobación en los términos estatutarios a cargo de los órganos competentes.
31. Noveno concepto de invalidez. Requisito para suscribir la solicitud para postular candidaturas comunes, transgrede los principios de certeza, objetividad y jerarquía normativa. Se aduce violación a los artículos 41, Base V, apartado A, párrafo I, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal. El artículo 165 Bis, fracción I, de la ley impugnada transgrede el principio de jerarquía normativa porque existe una antinomia con el artículo 18, párrafo segundo, fracción I, del mismo ordenamiento legal. El artículo impugnado prevé que la solicitud para el registro de las candidaturas comunes deberá presentarse para su registro ante el Instituto Electoral a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate, mientras el segundo artículo permite que en tratándose de la candidatura común del diputado migrante, la solicitud de registro deberá presentarse ante el Consejo General a más tardar tres días antes de la fecha que concluya la presentación de solicitudes de registro de candidatos de representación proporcional.
32. Además existe otra antinomia con el artículo 35, numeral 3, de la Constitución Local, que garantiza a los partidos políticos a participar en los procesos electorales del Estado, y a tener derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas, por si mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos, mientras que el artículo 35, numerales 2 y 3, de la misma Constitución Local, señala que son derechos de los partidos políticos solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular y formar frentes, coaliciones y fusiones. En similares términos apoya lo anterior, lo previsto por el artículo 36, numerales 2 y 3, de la misma Constitución Estatal.
33. Como puede advertirse el artículo 165 Bis, fracción I, de la norma impugnada limita a treinta y tres por ciento las candidaturas comunes en los distritos y Municipios, mientras que el artículo 35, numeral 3, de la Constitución Local garantiza de manera amplia que tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas, por sí mismo, en coalición o en candidatura común con otros partidos. Es decir, la norma inferior limita, mientras que la Constitución Local que tiene una jerarquía superior permite de manera amplia postular a candidatos por candidatura común sin ninguna restricción. Con ello se vulnera el artículo 133 de la Constitución Federal.
34. Décimo concepto de invalidez. Los partidos políticos que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos. Se aduce violación a los artículos 41, base V, apartado A, párrafo I, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal. El artículo 165 Septies, párrafo primero, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, genera incertidumbre porque los partidos políticos en la entidad no tienen intervención directa en la integración de los órganos electorales, pues de acuerdo con la nueva modalidad esa competencia le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Además, tampoco se aclara en qué contexto mantienen su autonomía e independencia de la integración de los órganos electorales.
35. Conforme con el diseño legal e institucional, los partidos, candidatos, ciudadanos, medios de comunicación, autoridades de cualquier naturaleza y empresas que influyan o realicen actos dentro o fuera del proceso electoral quedan vinculados a los órganos electorales, por tal razón, el Congreso del Estado no puede establecer que en tratándose de las candidaturas comunes en relación con la integración de los órganos electorales los partidos que suscriban una solicitud de candidatura común mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos.
36. Décimo concepto de invalidez. Cómputo por porcentaje de la votación recibida por cada partido político que conforma la candidatura común. Se aduce violación a los artículos 41, base V, apartado A, párrafo I, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal. El artículo 165 Octo, inciso c) de la ley impugnada no es acorde con los principios de certeza y objetividad, porque regula una figura antisistémica en la materia de los cómputos electorales de una elección constitucional, ya que es de explorado derecho y de práctica común en la realidad de la función de los órganos electorales que realizan los cómputos, que esta actividad no se efectúa para obtener porcentajes para determinar al ganador de una elección, sino que contrario a lo regulado por el artículo impugnado, los resultados de una elección se determinan por números enteros brutos y no por porcentajes de la votación.
37. De manera ejemplificativa señala lo que considera correcto: partido A, B y C obtuvieron 500, 400 y 300 votos respectivamente. Mientras que lo incorrecto, es lo regulado en el artículo 165 Octo, inciso c): partido A, B y C obtuvieron 50%, 30% y 20% de votos respectivamente. Por lo que no puede subsistir una regulación que modifique el sistema de cómputo de una elección a nivel federal, en el resto de las entidades federativas y en las propias leyes estatales de Guerrero.
38. Décimo primer concepto de invalidez. Reincorporación del artículo 165 antes de la reforma impugnada. Aduce violación a los artículos 41, base V, apartado A, párrafo I y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal. Los artículos primero y segundo del Decreto Número 458 impugnado, en lo relativo a las candidaturas comunes, transgreden los principios de certeza y objetividad porque con la reforma impugnada, se modificó el artículo 165 de la Ley Número 483, de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, de manera innecesaria con lo que se provocó un estado de inseguridad jurídica que afectará el próximo proceso electoral. La violación a los citados principios se evidencia a partir de los conceptos de invalidez propuestos por cada precepto legal impugnado.
39. Asimismo, se transgrede el principio de objetividad porque los artículos 165, 165 Bis, 165 Ter, 165 Quáter, 165 Quinquies, 165 Sexies, 165 Septies y 165 Octo de la Ley impugnada, crean mecanismos para el proceso electoral que causarán situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral.
40. II. Movimiento Ciudadano (acción 51/2017). Violación a los artículos 1o., 35, fracción I, 41, párrafos primero y segundo, bases I y II, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.
Único concepto de invalidez.
41. El artículo 165 Bis, fracciones I y II, de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, es contrario al artículo 116, fracciones IV, inciso b), en relación con el artículo 1o., segundo y tercer párrafos, de la Constitución Federal, al vulnerar los principios de certeza y legalidad por lo siguiente:
42. A) Plazo para registrar una candidatura común. No obstante la figura de la candidatura común gira alrededor del candidato, se viola el principio de certeza, pues fija plazos irracionales para aplicarlos en este tipo de figura, por establecer tiempos de presentación de solicitud, en los que ni siquiera inician los procesos internos de los partidos y no se tiene candidato cierto. De conformidad con la Ley Electoral local, los procesos internos pueden iniciar la primera semana de enero y no podrán durar más de dos terceras partes de la duración de las campañas correspondientes a cada elección, en consecuencia, como no hay término expreso para finalizar los procesos internos, los mismos pueden prorrogarse por los partidos políticos hasta poco antes del inicio del registro de candidatos (primero de marzo, gobernador y tres de abril diputados de mayoría y ayuntamientos).
43. No existe certeza del candidato sobre el cual gira la figura de la candidatura común, por lo que no es razonable anticipar tanto los plazos, por lo que al no haber certeza no hay materia para la candidatura común y el plazo anticipado a los procesos internos de selección de candidatos de los partidos es irracional.
44. B) Limitación a las postulaciones mediante candidatura común en más del treinta y tres por ciento de los Municipios o distritos, en Ayuntamientos y diputados. Limita las candidaturas comunes en el caso de diputados y Ayuntamientos a sólo un treinta y tres por ciento de los distritos o Municipios, no obstante que existe una ley superior a la ley impugnada que no limita en modo alguno la figura de la candidatura común, como lo es la Constitución Local, que en su artículo 35, numeral 3, permite la participación de los partidos políticos en candidatura común, sin limitación alguna.
45. Por lo anterior, la norma impugnada lejos de generar certeza en el orden normativo electoral local, genera incertidumbre, al provocar una antinomia legal. Máxime que las normas electorales deben interpretarse bajo el criterio, no sólo gramatical, sino sistemático y funcional. Además de que la Constitución Local en su artículo 42 establece que "... corresponderá a la Ley Electoral establecer ..." y no se desprende nada relacionado con la autorización para establecer "criterios para limitar las candidaturas comunes", como indebidamente lo pretende hacer la ley impugnada.
46. No obstante que en su primer párrafo, permite la candidatura común de gobernador, que implica que la misma tenga efecto en los veintiocho distritos electorales locales, irrazonablemente, en su fracción II, limita a sólo un treinta y tres por ciento en el caso de la elección de diputados y ayuntamientos. Se genera confusión el hecho de que ciertos partidos vayan en candidatura común en ciertas elecciones y, en otras no, en una misma jornada electoral, lo que origina que se vote pensando que la candidatura común es generalizada y se crucen emblemas que no van en candidatura común, pensando en que, si lo que conllevaría al error generado desde una disposición legal. Ello, además, atenta con la libertad del sufragio al imponer obstáculos legales al ciudadano para emitir un voto libre de todo obstáculo material y formal para la manifestación de voluntad hacia una opción política, lo que vulnera los artículos 35, fracción I y 41, base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal.
47. III. Diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado (acción 56/2017). Violación a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal. Se precisa que no se sintetizan los conceptos de esta acción de inconstitucionalidad dado el sentido de la presente resolución.
48. IV. Partido Acción Nacional (acción 58/2017). Violación a los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero, 2o., 9o., párrafos primero, 14, párrafo segundo, 35, fracciones I, II, III y VI, 39, 41, base I, 116, fracción IV, inciso a), b), e), f), párrafo primero y 133 de la Constitución Federal, así como el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a ésta de diez de febrero de dos mil catorce, en materia político electoral.
Primer concepto de invalidez.
49. A) Plazo para registrar una candidatura común. El artículo 165 Bis, fracción I, transgrede los derechos de asociación y el acceso al cargo público, porque las elecciones ordinarias locales en Guerrero, se llevarán a cabo el tres de julio de dos mil dieciocho (artículo sexto transitorio de la ley impugnada); el plazo para el registro de las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos es del tres al dieciocho de abril del año de la elección (artículo 271, fracción I, de la ley); l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27631-c14144c2/i-accion-de-inconstitucionalidad-su-desacumulacion-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO CONTRA NORMAS QUE FACULTEN A UN CONGRESO LOCAL A DESIGNAR CONCEJOS MUNICIPALES ENTRE PERIODOS REG (P./J. 54/2010 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA NORMA QUE DETERMINA QUE UN CONCEJO MUNICIPAL EJERZA EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO (P./J. 68/2005 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA NORMA QUE DETERMINA QUE UN CONCEJO MUNICIPAL EJERZA EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO (4 (H))
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