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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NO RATIFICACIÓN Y/O REELECCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO LOCAL. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EXCLUSIVAMENTE CONTRA LA ETAPA FINAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO LOCAL, AL SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2018. · Registro digital (IUS): 28055
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-09-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 1149.

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NO RATIFICACIÓN Y/O REELECCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO LOCAL.

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EXCLUSIVAMENTE CONTRA LA ETAPA FINAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO LOCAL, AL SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: MICHELLE LOWENBERG LÓPEZ.

III. Competencia y legitimación

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción I, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número5/2013 expedido por el Pleno de este Alto Tribunal el 13 de mayo de 2013, pues versa sobre la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

6. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte quejosa en los recursos de queja 49/2014 y 50/2014, asuntos que motivaron la presente contradicción de tesis.

IV. Existencia de la contradicción

7. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios Plenarios de rubros y textos siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(5)

8. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(6) como el Tribunal Pleno,(7) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

9. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y, (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

10. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(8) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(9) de este mismo Tribunal Pleno.

11. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo

12. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial, al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, los tribunales realizaron ejercicios interpretativos diversos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.

A. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 49/2014 y 50/2014.

13. Dichos asuntos tiene como origen los siguientes antecedentes:

a) El juicio de amparo se promovió contra, entre otros actos, a) el acuerdo que determinó no ratificar a los quejosos como Magistrados del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y b) la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado de dicho tribunal. Se solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de continuar desempeñando la función jurisdiccional en el cargo de Magistrado y para que las autoridades se abstuvieran de llevar a cabo el procedimiento de elección de candidatos a ocupar el cargo de Magistrado y la toma de protesta respectiva.

b) El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables no les impidieran seguir desempeñando la función jurisdiccional en el cargo de Magistrados y para el efecto de que se continuara con el trámite de la convocatoria para la designación de Magistrado del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, pero la autoridad responsable se abstuviera de dictar la resolución final correspondiente.

c) Inconforme con esa decisión, las autoridades responsables interpusieron los recursos de queja materia de esta contradicción.

14. En la parte que interesa, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió lo siguiente:

• Determinó que no es procedente conceder la suspensión provisional para el efecto de permitir que los quejosos sigan desempeñando el cargo de Magistrados, pues ello implicaría otorgarle a la medida cautelar efectos restitutorios propios de las sentencias de amparo.

• Sostuvo que aun cuando quedó firme, por falta de impugnación, la suspensión otorgada respecto del acto reclamado consistente en la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, en sustitución de los quejosos, debía precisarse que dicha suspensión no impedía que la autoridad competente pudiera designar temporal o provisionalmente a un Magistrado que ocupe la plaza respectiva, sólo hasta en tanto se decide sobre la suspensión definitiva o, en su caso, mientras se resuelve el juicio principal, ya que, de lo contrario, se afectaría el interés social, al paralizarse la impartición de justicia en el órgano jurisdiccional respectivo, en contravención del artículo 17 constitucional.

B. Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el incidente en revisión 295/2016.

15. Dicho asunto tiene como origen los siguientes antecedentes:

a) El juicio de amparo se promovió contra, entre otros actos, a) el acuerdo que determinó no reelegir al quejoso como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California y b) la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado de dicho tribunal. Se solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de continuar desempeñando la función jurisdiccional en el cargo de Magistrado y para que las autoridades se abstuvieran de llevar a cabo el procedimiento de elección de candidatos a ocupar el cargo de Magistrado y la toma de protesta respectiva.

b) El Juez de Distrito resolvió negar la suspensión definitiva que contra los efectos y consecuencias del acuerdo que determinó no reelegir al quejoso como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, por considerar que permitir que el demandante siga desempeñando el cargo de Magistrado implicaría otorgarle a la medida cautelar efectos restitutorios propios de las sentencias de amparo. También determinó negar la suspensión definitiva contra la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado de dicho órgano judicial, por estimar que la sociedad está interesada en la designación y nombramiento de juzgadores, así como en la prosecución y conclusión de los procedimientos para su designación y remoción al ser de orden público e interés social y agregó que de concederse la medida cautelar se afectaría en mayor grado a la sociedad, ya que se paralizaría el procedimiento de nombramiento de Magistrado.

c) Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso el recurso de revisión materia de esta contradicción.

16. En la parte que interesa al presente asunto, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resolvió lo siguiente:

• Determinó que sí es procedente conceder la suspensión definitiva para el efecto de permitir que el quejoso siga desempeñando el cargo de Magistrado, toda vez que ha venido desempeñándolo durante seis años en pro de la sociedad, de no concederse la medida suspensional se le ocasionarían perjuicios de difícil reparación y contaba con la apariencia del buen derecho, pues aparentemente el procedimiento de reelección del quejoso en el cargo como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, carece de los requisitos de fundamentación y motivación.

• Por lo que hace al procedimiento de elección de nuevo Magistrado, decidió conceder la suspensión definitiva para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento en cita, se continúe con el mismo, debiendo suspender en su caso la posesión y entrega del cargo al que resultare vencedor y designado en el procedimiento de elección, por considerar que si bien un procedimiento público no es susceptible de suspenderse, empero, cuando se trata de un mecanismo para designar a un funcionario público, es posible paralizar la etapa conclusiva, siempre que no se interrumpa la prestación del servicio.

C. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 347/2016 y 356/2017.

17. La queja 347/2016 tiene como origen los siguientes antecedentes:

a) El juicio de amparo se promovió contra, entre otros actos, a) el acuerdo que determinó no ratificar al quejoso como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y b) la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado de dicho tribunal. Se solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de continuar desempeñando la función jurisdiccional en el cargo de Magistrado y para que las autoridades se abstuvieran de llevar a cabo el procedimiento de elección de candidatos a ocupar el cargo de Magistrado y la toma de protesta respectiva.

b) El Juez de Distrito resolvió negar la suspensión provisional contra los efectos y consecuencias del acuerdo que determinó no ratificar al quejoso como Magistrado del citado tribunal, por considerar que permitir que el demandante siga desempeñando el cargo de Magistrado implicaría otorgarle a la medida cautelar efectos restitutorios propios de las sentencias de amparo. También determinó negar la suspensión definitiva contra la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado de dicho órgano judicial, por estimar que se atentaría contra el orden público y el interés social, ya que, por una parte, se impediría la selección de la persona capaz para desempeñar el cargo y, en segundo lugar, se permitiría que ese tribunal continuara en funciones sin la debida integración.

c) Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja materia de esta contradicción.

18. En la parte que interesa al presente asunto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió en la referida queja lo siguiente:

• Determinó que sí es procedente conceder la suspensión provisional para el efecto de permitir que el quejoso siga desempeñando el cargo de Magistrado, toda vez que ésta no tendría efectos constitutivos de derechos ya que el demandante actualmente se encuentra desempeñando las funciones inherentes a su cargo, de modo que la medida cautelar tiene la finalidad de preservar un derecho que el quejoso ya tenía desde antes de la presentación de la demanda y su ampliación. Agregó que no se contraviene el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no existe evidencia alguna de que con el otorgamiento de la suspensión provisional se produzca un daño o perjuicio a la sociedad en general, por lo que la función jurisdiccional del Estado seguirá llevándose a cabo sin deficiencias ni retrasos, en virtud de que la medida cautelar garantiza la impartición de justicia a nivel local.

• Por lo que hace al procedimiento de elección de nuevo Magistrado, decidió conceder la suspensión provisional para el efecto de que, sin paralizarse el trámite de la convocatoria para la designación de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la autoridad responsable se abstenga de designar Magistrado y tomar la protesta correspondiente.

19. La queja 356/2017 tiene como origen los siguientes antecedentes:

a) El juicio de amparo se promovió contra el acuerdo en que se aprobó la vacancia del cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco que desempeña el quejoso. Se solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de que sin paralizarse el trámite de la convocatoria para la designación de Magistrado, la autoridad responsable se abstuviera de nombrar, elegir y/o designar Magistrado y tomar la protesta correspondiente, así como para que en el caso de que el demandante fuera removido de su cargo, se le restituyera en el mismo.

b) El Juez de Distrito resolvió conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables, se abstuvieran de separar al quejoso de su cargo, hasta en tanto se resolvía sobre la suspensión definitiva o, en su defecto, hasta que concluyera el procedimiento de elección de nuevo Magistrado tendente a sustituirlo, lo que sucediera primero.

c) Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja materia de esta contradicción.

20. En la parte que interesa al presente asunto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió en la referida queja lo siguiente:

• Determinó conceder la suspensión provisional al quejoso para el efecto de que se siga el procedimiento de la convocatoria para la designación de Magistrado, pero hasta antes de la elección de quien pudiera resultar Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en sustitución del promovente, y en caso de que llegara a ser removido de dicho cargo se le restituya en el mismo.

IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos

21. Pues bien, por razón de método en la exposición se considera necesario excluir de la presente contradicción de tesis, desde este momento, el criterio adoptado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al examinar el recurso de queja 356/2017.

22. Lo anterior, toda vez que en dicho asunto, a diferencia de los demás, el acto reclamado respecto del cual se solicitó la suspensión de sus efectos y consecuencias fue el acuerdo en que se aprobó la vacancia del cargo de Magistrado que desempeña el quejoso, mientras que en los otros juicios de garantías los actos reclamados respecto de los cuales se solicitó la medida cautelar fueron a) el acuerdo que determinó no ratificar a los quejosos como Magistrados y b) la convocatoria con la cual se inicia el procedimiento para la designación de una diversa persona como Magistrado del órgano jurisdiccional respectivo.

23. Esa circunstancia evidencia la diferencia en el tratamiento jurídico que cada Tribunal Colegiado dio para la solución de la controversia planteada, pues no es lo mismo analizar la procedencia de la suspensión a la luz de la vacancia de un cargo jurisdiccional, que a la luz de un acuerdo que decide no ratificar al miembro de un órgano colegiado.

24. Y es que no debe pasar inadvertido que lo relevante para la configuración de una postura jurídica es que esté contenida en una ejecutoria emitida por un órgano judicial al examinar un punto concreto de derecho, por lo que a efecto de determinar la existencia de la contradicción debe atenderse no sólo a sus consideraciones, sino también a los antecedentes y características propias del asunto, precisamente, para determinar si se resolvió el mismo punto de derecho que amerite y permita una unificación de regla de solución, es decir, un solo criterio que rija en todos los casos.

25. Ahora bien, por lo que hace al resto de los criterios en contradicción, esta Segunda Sala considera que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada únicamente entre los criterios asumidos por el por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el incidente en revisión 295/2016, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 49/2014 y 50/2014, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito solamente, al resolver el recurso de queja 347/2016, pues los Tribunales Colegiados contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre los mismos problemas jurídicos. Así, los Tribunales Colegiados contendientes analizaron a) si procede conceder la suspensión contra el acto reclamado consistente en la no ratificación y/o reelección del cargo de Magistrado local y b) si procede conceder la suspensión provisional contra la etapa culminatoria del procedimiento para la designación de un Magistrado local.

26. Bajo tal entendimiento, es claro que los Tribunales Colegiados contendientes no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos sino que sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis y, por ende, se hace necesario que esta Segunda Sala determine, en definitiva, la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.

27. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizara la procedencia de la suspensión definitiva, mientras que los demás Tribunales Colegiados contendientes analizaran la procedencia de la suspensión provisional, pues si bien es cierto, que existen diferencias entre ambas medidas cautelaras, a saber, que la celeridad con la cual tiene que resolverse la procedencia o improcedencia de la medida suspensional en su etapa provisional, impide al juzgador contar con todos los elementos de prueba indispensables para precisar, con pleno conocimiento de causa, algunos requisitos de procedibilidad como son: la existencia de los actos reclamados, el derecho o legitimación en la causa del quejoso para que se conceda o se niegue tal medida, así como la dimensión o gravedad de los daños y perjuicios que pudiera resentir el quejoso con la ejecución de los actos reclamados, lo objetivamente cierto es que, por lo que hace al punto de toque entre los tribunales contendientes, tales elementos no fueron tomados en cuenta para resolver sobre la procedencia de la medida cautelar, sino sólo si la suspensión tendría efectos restitutorios y si se contravienen disposiciones de orden público y se causa perjuicio al interés social; análisis que es el mismo en ambas medidas cautelares, ya sea provisional o definitiva.

IV.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción

28. De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes reflejan una discrepancia relacionada con la procedencia de la suspensión contra los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la no ratificación y/o reelección del cargo de Magistrado local y contra el procedimiento para la designación de un Magistrado local.

29. En virtud de lo anterior, los cuestionamientos a resolver para solucionar la presente contradicción son: a) ¿Procede conceder la suspensión contra los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la no ratificación y/o reelección del cargo de Magistrado local? y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28055-6dd0c019/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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