I. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO. II. TRATA DE PERSONAS. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS RESPECTO DE ESE DELITO. III. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES RESPECTO DE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS). IV. TRATA DE PERSONAS. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS, RESPECTO AL ALCANCE DEL PÁRRAFO TERCERO DE ESE NUMERAL (ARTÍCULO 2, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS). V. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LAS DEFINICIONES DE LO QUE SE ENTENDERÁ POR VÍCTIMA, TESTIGO, PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y GRUPOS VULNERABLES RELACIONADOS CON AQUEL DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IX; 7; 8; 47 Y 49, PRIMER PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, Y CORRESPONDE A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2, SEGUNDO PÁRRAFO; 3, FRACCIÓN IX; 7; 8; 47 Y 49, PRIMER PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2015 Y SU ACUMULADA 23/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Por escritos recibidos el treinta de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González y Luis Raúl González Pérez, en su carácter de procuradora general de la República y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
2. Autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada:
a) Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
b) Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
3. Norma general impugnada:
4. La Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, expedida mediante el Decreto Número 305, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho de febrero de dos mil quince, en específico, los artículos 2, 3, fracción IX, 7, 8, 47 y 49, primer párrafo.
5. SEGUNDO.—Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:
a) Procuradora general de la República
• Inconstitucionalidad del artículo 2, párrafo segundo, de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
6. El precepto impugnado es violatorio del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, que faculta exclusivamente al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de trata de personas, en la que se establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno; pudiendo prever otro tipo de reglas en la materia.
7. Acorde con dicho mandato constitucional, el Congreso Federal expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que establece los tipos penales y sus sanciones; respecto de la prevención, investigación y persecución del delito, así como la protección y asistencia a las víctimas, prevé diversas competencias atribuibles a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y, en cuanto a la investigación, procedimiento y sanciones, contempla una serie de normas que serán aplicadas de forma supletoria por tales autoridades.
8. Todas estas cuestiones deben ser observadas por las entidades federativas, al emitir las normas locales en materia de trata, pues en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, la ley general es jerárquicamente superior a la ley local; sin que sea necesario que ésta reitere las disposiciones de aquélla, que son de aplicación directa y obligatoria para todas las autoridades en el territorio nacional.
9. En este sentido, no resulta válido que, en el artículo combatido, se prevea la supletoriedad de la ley general respecto de todo aquello que no se establezca en la ley local, pues el ordenamiento que, en principio, deben aplicar de manera directa los operadores jurídicos es la ley general y, sólo respecto de aquellas cuestiones no previstas en ésta o en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional, como la política pública de prevención que deben instrumentar las entidades federativas o los órganos encargados de formular y evaluar propuestas en la materia, los Congresos Locales tienen facultades residuales para legislar en relación con el fenómeno de la trata de personas.
10. En todo caso, las facultades concurrentes que se establecen en la ley general, para que las entidades federativas emitan disposiciones en materia de trata, deben ejercerse con apego a dicha ley marco, sin que puedan contravenirla o, como acontece en la especie, sujetando su aplicación a aquellos aspectos no regulados por la ley local.
• Inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción IX y 8 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
11. Los preceptos impugnados son violatorios del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, que faculta exclusivamente al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de trata de personas, en la que ya se establece una definición de personas en situación de vulnerabilidad y grupos vulnerables (artículo 4, fracción XVII), y se contemplan categorías no previstas en tales preceptos, como la condición de ser una persona mayor de sesenta años o menor de edad.
12. Lo anterior es de especial importancia, pues, conforme a la ley general, el hecho de que una víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad acarrea consecuencias jurídicas específicas, como la establecida en el artículo 8, para que los investigadores, el Ministerio Público y los juzgadores ejerzan sus facultades con perspectiva de derechos humanos; pero, sobre todo, constituye un elemento en varios de los tipos penales, a saber, como agravante de los delitos (artículos 16, párrafo segundo y 42) o como parte de la descripción del delito de trabajo forzado (artículo 22, fracción II).
• Inconstitucionalidad de los artículos 7, 47 y 49 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
13. Los preceptos impugnados son violatorios del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, que faculta exclusivamente al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de trata de personas, en la que ya se establece una definición de víctima (artículo 59), ofendido (artículo 60) y testigo (artículo 61), para efectos de prevención, atención, combate, sanción y erradicación del delito.
14. Una de las finalidades de la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de trata de personas, fue homologar los tipos, penas y distribución de competencias para su investigación, persecución y enjuiciamiento; de ahí que los conceptos y definiciones que establece la ley general deban ser comunes a todos los órganos de gobierno; lo cual, además, genera certeza y seguridad jurídica a los destinatarios y operadores de las normas.
15. Estos conceptos son necesarios para la configuración de los tipos penales, la definición de los derechos y obligaciones de las víctimas y los testigos en el proceso, los métodos de investigación y la provisión de una adecuada atención, protección y reparación; por lo que, siendo fundamentales para la comprensión y coherencia de todo el sistema relacionado con el delito de trata de personas, corresponde al Congreso de la Unión determinarlos.
16. Por lo demás, no pasa inadvertido que los artículos 7 y 47 de la ley local, además de definir el concepto de víctima de manera diferente a la ley general, lo hacen de modo distinto entre sí.
• Inconstitucionalidad de todos los artículos citados de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
17. Los preceptos impugnados vulneran los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues generan confusión en los destinatarios y operadores jurídicos sobre qué normas deben aplicarse en un caso concreto, las de la ley local o la ley general.
b) Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
18. El numeral impugnado es violatorio del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, al prever la supletoriedad de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, expedida por el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad reservada expresamente en el citado precepto constitucional para distribuir competencias y establecer formas de coordinación entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal; así como la de normas procesales locales sobre aspectos ya regulados por dicha ley general.
19. En efecto, el artículo 9 de la referida ley general dispone que, en todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esa ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal aplicarán supletoriamente el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
20. Esta disposición, de observancia general y obligatoria, impide al legislador local regular tal aspecto, además de que resulta inválido prever una norma local como de mayor jerarquía a una ley general. Lo anterior revela, por un lado, la falta de competencia del Congreso del Estado para legislar sobre aspectos en materia de trata de personas que ya han sido regulados por el Congreso de la Unión y, por otro, la incertidumbre jurídica que genera la existencia de diversos preceptos.
21. En efecto, en relación con lo primero, aun cuando, conforme al artículo 5 de la ley general, las entidades federativas son competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos previstos en dicha ley, no pueden aplicar normas locales, ya que el citado artículo 9 dispone la aplicación supletoria de ordenamientos federales. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013, determinó que, de acuerdo con el marco jurídico vigente en materia de trata de personas, no se deja margen de regulación de carácter procesal a los Estados y al Distrito Federal.
22. Respecto de lo segundo, se genera inseguridad tanto para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, como para las víctimas de los delitos de trata, pues la autoridad jurisdiccional local instaurará procedimientos penales fuera del ámbito constitucional establecido, fundándose en una norma expedida por autoridad incompetente, lo cual vulnerará la protección especializada de las víctimas de estos delitos.
23. En este orden de ideas, también se transgrede el principio de legalidad, al incumplirse los requisitos de fundamentación y motivación de todo acto legislativo, dado que la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de trata de personas y, conforme al principio de distribución de competencias, previsto en el artículo 124 constitucional, los Congresos Locales no se encuentran facultados para legislar en la materia sobre aquellos aspectos que ya están regulados en la ley general.
24. TERCERO.—Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 1o., 14, 16, 20, apartados A, fracción I y C, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 73, fracción XXI, inciso a) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.2, 7, 9.1.b y 9.5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
25. CUARTO.—Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República, a la que correspondió el número 22/2015 y, por razón de turno, designó al Ministro Eduardo Medina Mora I. para que actuara como instructor en el procedimiento.
26. Por acuerdo de treinta y uno de marzo siguiente, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que correspondió el número 23/2015 y, tomando en consideración que entre ésta y aquélla existe coincidencia en cuanto a la norma impugnada, ordenó hacer la acumulación correspondiente y turnar el expediente al mismo Ministro.
27. En auto de seis de abril de dos mil quince, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes y a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento correspondiente en la acción de inconstitucionalidad 23/2015.
28. QUINTO.—El Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al rendir su informe, manifestó, esencialmente, lo siguiente:
29. Como se desprende de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 119/2008, de la que derivó la tesis P./J. 5/2010, de rubro: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES.", una vez que el Congreso de la Unión, en acatamiento al mandato emitido por el Constituyente Permanente, emite una ley general que distribuye competencias y establece bases mínimas, corresponde a las entidades federativas expedir su normatividad, en la que regulen, conforme a dichas bases, las atribuciones que ejercerán para contribuir al logro de las finalidades que contempla el Poder Reformador de la Constitución, de manera concurrente con la Federación y los Municipios.
30. En este sentido, aun cuando existe un reconocimiento tácito a las facultades que, de manera exclusiva, se reservó la Federación, al emitir la ley general, la normatividad local debe ser precisa respecto de su ámbito de aplicación. El artículo 2 impugnado debe entenderse para el caso de aplicación de la ley local, en su exclusivo ámbito de competencia; de no considerar algún supuesto, sí regulado por la ley general, deberá atenderse a esta última.
31. De lo anterior, se advierte que la ley local no minimiza ni vulnera la jerarquía de la ley general, sino todo lo contrario, pues el Congreso del Estado, respetando las atribuciones conferidas por el Congreso de la Unión en la propia ley general, emitió normatividad de aplicación exclusiva en territorio estatal, reconociendo que pueden presentarse situaciones que, no siendo competencia de la Federación, deban ser atendidas por la autoridad local, pero que, al no encontrarse previstas en la ley de la entidad, deban regirse por la ley general.
32. El artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios. La Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas no regula lo relativo a los delitos y penas y, en todo caso, debe entenderse que las definiciones que prevé no deben aplicarse tratándose de delitos o penas; de lo contrario, se harían nugatorias las atribuciones conferidas de forma residual a las entidades federativas en la ley general relativa.
33. En consecuencia, no se vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, puesto que cada orden normativo debe regular los supuestos en los que ejercerán su ámbito propio de competencia.
34. SEXTO.—El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, al rendir su informe, señaló fundamentalmente lo siguiente:
35. Los preceptos impugnados son acordes con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
36. La promulgación y publicación de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas se llevaron a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado; por lo que tales actos se encuentran debidamente fundados y motivados, de acuerdo con la tesis de rubro: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO."
37. En el artículo 2, párrafo primero, del citado ordenamiento, se establece claramente cómo debe interpretarse, lo que resulta acorde con los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, previstos en el artículo 133 de la Constitución Federal; el párrafo segundo dispone la supletoriedad, pero no con motivo de vacíos u omisiones, sino de disposiciones concurrentes que facultan a las entidades federativas para legislar sobre aspectos que les son propios, respetando la plataforma mínima delimitada por la ley general y, en este sentido, pudiendo aumentar las obligaciones o prohibiciones contenidas en ella, mas no disminuirlas.
38. En efecto, conforme al artículo 6 de la ley general, la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales están obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en la propia ley, con objeto de generar prevención general, especial y social, de acuerdo con los términos y reglas establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y dicho ordenamiento.
39. Luego, la ley local tiene su propio ámbito de regulación y hace mayor énfasis en cuestiones que son preocupantes y tienen especial relevancia en la región, sin que ello implique que contravenga la ley general; de no ser así, las leyes locales en materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a reproducir lo dispuesto por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido.
40. SÉPTIMO.—La procuradora general de la República no formuló pedimento en relación con la acción de inconstitucionalidad 23/2015.
41. OCTAVO.—Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
42. PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c)(1) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
43. SEGUNDO.—De la lectura integral de los escritos, por los que se promovieron las acciones de inconstitucionalidad, se advierte que la procuradora general de la República impugna los artículos 2, párrafo segundo, 3, fracción IX, 7, 8, 47 y 49, párrafo primero, de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas; en tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aun cuando se refiere, de modo general, al citado artículo 2, combate efectivamente sólo los párrafos segundo y tercero de dicho precepto. De este modo, en el presente asunto se tendrán como impugnados los artículos 2, párrafo segundo y tercero, 3, fracción IX, 7, 8, 47 y 49, párrafo primero, de la referida ley.
44. TERCERO.—Por cuestión de orden, se debe primero analizar si las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas de manera oportuna.
45. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
46. Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales, y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiese publicado la norma impugnada.
47. En el caso, el Decreto Número 305, por el que se expidió la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, se publicó en el Suplemento al Número 17 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al sábado veintiocho de febrero de dos mil quince; por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el domingo uno y venció el lunes treinta de marzo de dos mil quince.
48. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron el lunes treinta de marzo de dos mil quince (según consta al reverso de las fojas veinte y ochenta y seis del expediente), esto es, se recibieron el último día del plazo, por lo que fueron promovidas oportunamente.
49. CUARTO.—Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de los promoventes.
a) Respecto de la acción de inconstitucionalidad 22/2015:
50. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."
51. De acuerdo con el citado precepto, el procurador general de la República podrá promover acción de inconstitucionalidad, entre otros, en contra de leyes estatales.
52. En el caso, suscribe el escrito Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el presidente de la República el tres de marzo de dos mil quince (foja veintiuno del expediente).
53. Dicha funcionaria promueve la acción en contra del Decreto Número 305, por el que se expidió la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas, ordenamiento de carácter estatal, por lo que cuenta con legitimación para hacerlo.
54. Apoya la anterior conclusión, la tesis P./J. 98/2001, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
b) Respecto de la acción de inconstitucionalidad 23/2015:
55. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."
56. Por su parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
57. En el caso, suscribe el escrito Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada del oficio número DGPL-1P3A.-4858, de trece de noviembre de dos mil catorce, en el que el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión le informa que, en sesión celebrada ese día, fue electo para ocupar tal cargo por el período dos mil catorce-dos mil diecinueve (foja ochenta y siete del expediente).
58. Conforme a los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno, corresponde al presidente de la referida comisión su representación legal:
"Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional."
"Artículo 18. La presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal."
59. En consecuencia, debe considerarse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad y que quien suscribe el escrito relativo es en quien recae la representación legal de dicho organismo.
60. Finalmente, debe señalarse que, en términos del referido artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, como la que se impugna, por estimar que viola derechos fundamentales, como plantea el accionante en su escrito.
61. QUINTO.—Al no haberse hecho valer por las partes alguna causa de improcedencia, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados por los promoventes, quienes son coincidentes en señalar que el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas es violatorio de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, al contemplar la aplicación supletoria de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en lo no previsto por aquélla. Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce que el párrafo tercero de dicho artículo es también violatorio del citado precepto constitucional, al prever la aplicación supletoria de diversos ordenamientos locales.
62. Por otro lado, la procuradora general de la República argumenta que los artículos 3, fracción IX, 7, 8, 47 y 49, párrafo primero, de la ley local referida violan lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, al haberse emitido por autoridad incompetente y servir de fundamento a investigaciones y procedimientos que r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28092-68424317/i-trata-de-personas-las-legislaturas-locales-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DICTÁMENES EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS. SI EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA PRONUNCIADA POR EL JUEZ DEL FUERO COMÚN Y SE ADVIERTE QUE LOS EMI (I.9o.P.225 P (10a.))
- REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO. A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, 20, APARTADOS A, FRACCIÓN I, Y C, FRACCIONES IV Y VII, DE (XXII.P.A.46 P (10a.))
- RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. TRATANDOSE DE JUICIOS CONCLUIDOS, NO CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE AMPARO ORDENAR LA APLICACION DEL ARTICULO 56 DEL CODIGO PENAL FEDERAL. (XIV. 28 P)
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