REPARACIÓN DEL DAÑO ANTE LA CONCURRENCIA DE CULPAS. CUANDO LA CONDUCTA CULPOSA DE LA VÍCTIMA O DE UN TERCERO HUBIERE CONTRIBUIDO AL DAÑO, AQUÉLLA DEBE FIJARSE AL SENTENCIADO EN FORMA PROPORCIONAL A SU INTERVENCIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE COMPENSACIÓN DE CULPAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JULIO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ (PRESIDENTE) QUIEN EJERCIÓ VOTO DE CALIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO Y ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO. DISIDENTES: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, TAISSIA CRUZ PARCERO, LUIS PÉREZ DE LA FUENTE Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. PONENTE: JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ. SECRETARIA: ROSA AURORA GONZÁLEZ PADILLA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente al día diez de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis 9/2018; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. El siete de marzo de dos mil dieciocho, se recibió el oficio por el que la presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Quinto y el Décimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 282/2015 y 252/2017, respectivamente. Además, informó que el criterio del tribunal oficiante estaba vigente y remitió copia certificada de la resolución.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de la contradicción de tesis. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite el presente asunto, lo registró como contradicción de tesis 9/2018, se solicitó a la presidencia del Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito que informara si el criterio sustentado en el asunto materia de la denuncia de la contradicción se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
El nueve de abril del dos mil dieciocho se agregó el oficio mediante el cual, la Magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que el criterio de dicho órgano estaba vigente y remitió copia certificada de la ejecutoria respectiva.
El once de abril de dos mil dieciocho, se turnó el asunto al Magistrado ponente, a fin de que formulara el proyecto de resolución.
El veintiuno de mayo posterior, se concedió una prórroga de quince días para la formulación del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; décimo primero transitorio, párrafo segundo, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se expidió la Ley de Amparo vigente; y artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, del propio Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, vigente a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis que sustentan Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en relación con asuntos de carácter penal.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, entre ellos, su presidenta, se encuentran facultados para ello.
TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.
• Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 282/2015.
El amparo directo fue promovido por el sentenciado en contra de la resolución de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictada en el toca penal **********, del índice de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que modificó la de primera instancia y lo declaró responsable por la comisión del delito de homicidio culposo.
El hecho que se tuvo probado en la sentencia consiste en que el veintiuno de junio de dos mil trece, aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos, el quejoso conducía un autobús articulado del Sistema de Transporte Público Metrobús, en dirección de sur a norte sobre avenida Insurgentes, momento en que incumplió un deber de cuidado que como conductor de un vehículo de servicio público de transporte de pasajeros debía y podía observar, porque sin suficiente pericia, al no extremar sus precauciones en atención a las condiciones climatológicas, conservó el control direccional del vehículo y continuó la circulación sin disminuir la velocidad, aun cuando el pasivo irrumpió el carril confinado por una zona no destinada para el paso peatonal, el activo estuvo en posibilidad de detener su circulación y, al no hacerlo, lo impactó causándole lesiones que días después le ocasionaron la muerte.
El tema relevante de ese amparo para efectos de la presente contradicción de tesis, es el relativo a la reparación del daño.
En la sentencia reclamada se condenó al sentenciado a pagar como indemnización un monto de cinco mil días de salario mínimo, cuya cuantificación se dejó para ejecución de sentencia; por concepto de gastos funerarios once mil quinientos pesos; y por reparación del daño moral y perjuicios, lo que fuera probado en etapa de ejecución.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que la determinación sobre la reparación del daño era incorrecta, porque el resultado típico se integró con el concurso de culpas del quejoso y del occiso, lo que tenía como consecuencia que el sentenciado no pagara la totalidad de la reparación, sino sólo la parte proporcional correspondiente.
Los argumentos sustento de dicha decisión, son los siguientes:
"... SÉPTIMO.—Ahora bien, como ya se dijo en el considerando precedente, al resultar fundados en suplencia de la queja deficiente, los conceptos de violación 7 y 8, deberá concederse para efectos el amparo solicitado, pues la sentencia reclamada es violatoria de derechos fundamentales, por las razones que se expresarán a continuación:
"Ello es así, ya que, a pesar de que en el dictamen en materia de tránsito terrestre, que fue emitido por la perito tercero en discordia **********, se concluyó que: ‘... Primera. El conductor del camión del servicio público de la marca Volvo (Metrobús), sin placas de circulación con número económico **********, sí estuvo en posibilidad de evitar el hecho al contar con tiempo suficiente para detener la marcha de su vehículo.—Segunda. El peatón hoy occiso **********, al realizar el cruzamiento del arroyo, lo hacía fuera de la zona peatonal, por una zona no destinada para tal fin, invadiendo la zona de rodamiento de la vía. ...’, dicha circunstancia no era suficiente para desvirtuar la responsabilidad del quejoso, ya que como se dijo en párrafos precedentes, ésta quedó demostrada plenamente al haberse integrado la prueba indiciaria o circunstancial, a que se refiere el artículo 261 del código procesal de la materia.
"Y si bien no existió una ‘corresponsabilidad’, figura que sólo se actualiza para los delitos dolosos, en el presente caso, sin embargo, sí se actualiza una ‘concurrencia de culpas’, que incide, no en la responsabilidad penal, pero sí en la pena de la reparación del daño.
"En efecto, el quejoso es responsable del delito de homicidio culposo y, por ende, se le debe imponer la pena que corresponda, ello conforme al grado de culpabilidad que se le ha estimado (mínimo), sin que la concurrencia de culpas pueda ser un factor para atenuar la punición ni constituye una excluyente de responsabilidad, aunque puede ser una circunstancia de ejecución del delito ponderable a efecto de calificar el grado de culpa.
"Al efecto, se señala la tesis I.2o.P.11 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Novena Época, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, materia penal, visible a página 791, de contenido y rubro:
"‘RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA Y CONCURRENCIA DE CULPAS. DIFERENCIA.—En delitos culposos, cuando intervienen en su comisión diversas personas, no puede decirse que exista responsabilidad correspectiva, puesto que esta figura sólo es aplicable a los ilícitos dolosos, ya que en los culposos lo que puede existir es concurrencia de culpas, la cual sólo incide en la individualización de la pena al ser valorada como una circunstancia de ejecución del delito, a efecto de calificar el grado de culpa, pero no da lugar a la aplicación de una sanción atenuada ni constituye una excluyente de responsabilidad, toda vez que en materia penal para efecto de fincar la responsabilidad no hay compensación de culpas.’
"De ahí entonces que, si bien resultó correcto que la Sala responsable condenara al accionante del amparo a la reparación del daño, no fue acertado que lo hiciera por el monto total, pues en el presente caso, se itera, existe una ‘concurrencia de culpas’, figura que no exime al quejoso de mérito de su responsabilidad penal, pero sí impacta en el tópico de la reparación del daño.
"En ese orden de ideas, al encontrarnos frente a un delito imprudencial (homicidio culposo), en el que el resultado típico se integró por el concurso de culpas del quejoso y del referido occiso, lo procedente es que, al haber tenido también intervención culposa activa en el evento delictivo el ahora occiso, deba considerarse esa intervención para fijar el monto de la reparación del daño a favor de la parte ofendida, en este caso, la madre del hoy occiso.
"Esto es, que la concurrencia de culpas entre la conducta del activo y la desarrollada por el pasivo, debe ser un factor para fijar el porcentaje de la reparación del daño al que debe ser condenado el responsable del delito, lo cual implica necesariamente que no debe cubrir la totalidad del monto de esa reparación, sino que deberá cubrir la parte proporcional de la misma.
"En consecuencia, es desacertado que el tribunal responsable condenara al quejoso a pagarle a ********** (madre del occiso), la totalidad de la reparación del daño por concepto de indemnización y gastos funerarios, así como por el daño moral y los perjuicios ocasionados, por lo que resulta procedente que aquél solamente sea condenado en la proporción que le corresponde, es decir, en un cincuenta por ciento, en atención tanto a las circunstancias de realización del ilícito en comento como a las peculiares de los sujetos activos protagonistas, entre las que se encuentran su situación económica y la mayor o menor gravedad de sus respectivas culpas.
"De ahí que resulte aplicable a favor del quejoso la tesis que mencionó en su demanda de amparo, de rubro y contenido siguientes:(1)
"‘REPARACIÓN DEL DAÑO EN DELITOS IMPRUDENCIALES. PARA FIJAR SU CONDENA DEBE TENERSE EN CUENTA LA CONCURRENCIA DE CULPAS QUE ADVIERTA EL JUZGADOR O ALEGUE EL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS).—El artículo 30 del Código Penal para el Estado de Zacatecas establece que la sanción consistente en la reparación del daño será fijada por el Juez, según el daño que sea preciso reparar y de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso; asimismo, el primer párrafo de dicho numeral prevé que la reparación del daño que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público; por su parte, el artículo 4o. del abrogado Código de Procedimientos Penales de la misma entidad dispone que corresponde exclusivamente a los tribunales imponer las sanciones que procedan con arreglo a la ley, de donde se sigue que, en ningún caso, el Juez puede abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la reparación del daño y cuantificar el monto correspondiente, si emite sentencia condenatoria. Estos aspectos son propios del capítulo de la sentencia relativo a la individualización de las sanciones, en el que de acuerdo con los hechos delictivos y el acervo probatorio que obra en la causa, el Juez necesariamente debe realizar juicios de valoración. Así, para la calificación de la gravedad de la culpa frente a un delito de imprudencia, el juzgador deberá tener en consideración las circunstancias generales y especiales señaladas en los artículos 52 y 62 del mencionado código sustantivo, y justamente si en las circunstancias del evento delictivo concurren culpas. La concurrencia de culpas es, pues, una de las circunstancias que debe tenerse en cuenta para fijar la reparación del daño, lo que explica por qué necesariamente el juzgador debe examinarla y emitir un juicio de valoración cuando la advierta acreditada o la alegue el inculpado, sin que ello implique que juzgue a la víctima del ilícito o a un tercero, respecto de los cuales no se haya ejercido la acción penal o se encuentren sustraídos de la justicia, pues no se les condena a reparación alguna, sino sólo al enjuiciado en la proporción por la que él deba responder.’
"Así como en lo conducente, las tesis aislada con número de registro «digital»: 235308, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 85, Segunda Parte, materia penal, visible a página 49, de rubro y texto:
"‘IMPRUDENCIA, DELITOS POR. CONCURRENCIA DE CULPAS Y REPARACIÓN DEL DAÑO. COLISIÓN DE VEHÍCULOS.—Cuando concurren las culpas en los delitos imprudenciales provocados por colisión de vehículos, y aun cuando en esos casos no hay compensación de aquéllas, no es lógico ni jurídico que sólo uno de los protagonistas de los hechos soporte el daño ocasionado al vehículo propiedad del otro, sino que en éste por su propia conducta imprudente debe también repercutir el daño; esto es, que cada conductor debe responder por la semisuma del total de los daños producidos por su acto imprudencial, independientemente que parte de los referidos daños hayan recaído en bienes de la propiedad de uno de ellos; así, la gravedad del daño de uno, en relación con las sanciones, no es determinante para la imposición de la pena pecuniaria en perjuicio del otro, sino que debe estarse al principio de que a igual culpa igual sanción, aun cuando ésta quede absorbida, sin llegar a hacerse efectiva por el propietario afectado, pues el hecho de ser dueño no puede eximirlo del pago del daño que el mismo propició.’
"Y la diversa tesis aislada I.2o.P.24 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, materia penal, visible a página 781, que a la letra dice:
"‘DAÑO, REPARACIÓN DEL, CUANDO EXISTE CONCURRENCIA DE CULPAS.—Cuando en un delito cometido por imprudencia el resultado típico se integra por el concurso de culpas del quejoso y del ofendido, resulta ilegal que la autoridad responsable condene a aquél a pagarle al sujeto pasivo la totalidad de la suma de dinero en la que los peritos estimaron los daños causados, porque lo justo es que la víctima, al tener también intervención culposa activa en el evento delictivo, soporte parte del daño económico que sufrió. De ahí que el sentenciado deba ser condenado al pago de la reparación del daño en la proporción que le corresponde, en atención tanto a las circunstancias de realización del delito como a las peculiares de los sujetos activos protagonistas, entre las que se encuentran su situación económica y la mayor o menor gravedad de sus respectivas culpas.’
"En esa tesitura, tal como lo precisó la Sala responsable, la cuantificación de la reparación del daño por cuanto hace a la indemnización, así como por el daño moral y perjuicios ocasionados, deberá hacerse en ejecución de sentencia, durante la sustanciación del incidente respectivo, en los términos señalados por la ad quem, con la salvedad de que en ningún caso, el estipendio que se tome como base para la cuantificación de los cinco mil días de salario por concepto de indemnización, será superior al doble del salario mínimo vigente al momento de los hechos (veintiuno de junio de dos mil trece), y que del monto que resulte para la reparación del daño, solamente le será exigible al quejoso, la parte proporcional, esto es, el cincuenta por ciento de la misma.
"En consecuencia, al agraviarse la esfera jurídica del quejoso, conforme a lo razonado en el presente considerando, es procedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que la Sala responsable:
"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.
"2. Dicte otra en la que reitere los aspectos que en el presente fallo no se estimaron inconstitucionales.
"3. Señale conforme a los lineamientos de esta ejecutoria que existe concurrencia de culpas y, por lo tanto, establezca que respecto a los gastos funerarios que fueron erogados, el quejoso solamente habrá de cubrir la cantidad de cinco mil setecientos cincuenta pesos, que corresponde al cincuenta por ciento del total del monto establecido en esta ejecutoria; y, por cuanto hace a la indemnización, así como por el daño moral y perjuicios ocasionados, será en un cincuenta por ciento del total del monto que se determine en el respectivo incidente de ejecución a celebrarse por el a quo, tomando en cuenta que en ningún caso, el estipendio que se tome como base para la cuantificación de los cinco mil días de salario por concepto de indemnización, será superior al doble del salario mínimo vigente al momento de los hechos (veintiuno de junio de dos mil trece).
"4. En virtud de lo anterior, deberá instruir al Juez de la causa, para que aperture el incidente de ejecución, a fin de que resuelva lo que conforme a derecho proceda, en relación a los montos de la reparación del daño por los conceptos ya referidos (indemnización, daño moral y perjuicios ocasionados); y,
"5. Finalmente, determine que el goce de los sustitutivos penales y beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que le fueron otorgados al quejoso, quedará sujeto al previo pago de la reparación del daño. ..."
• Criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 252/2017.
Por lo que hace a este asunto, el amparo fue promovido por el sentenciado en contra de la resolución de uno de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal **********, del índice de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que modificó la de primera instancia y lo declaró responsable en la comisión del delito de homicidio culposo.
El hecho que se tuvo probado en la causa penal fue que el diecisiete de marzo de dos mil catorce, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, el quejoso conducía un vehículo como taxi, sobre el Eje 3 Oriente en la Delegación Iztapalapa, cuando se percató que dos peatones cruzaban el eje, y aunque se encontraba a una distancia adecuada para detener el automóvil en que viajaba y evitar el atropellamiento, no lo hizo, por lo que impactó al pasivo con el automóvil y le ocasionó lesiones que le causaron la muerte. Con las pruebas también se tuvo probado que la víctima cruzó el Eje 3 Oriente en estado de ebriedad y por un lugar no destinado para el paso peatonal.
Referente a la reparación del daño, se condenó al sentenciado a pagar como indemnización cinco mil días de salario mínimo, consistentes en la cantidad de trescientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos, y por concepto de gastos funerarios once mil pesos.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundados los conceptos de violación del quejoso en los que argumentó que no debía condenársele a pagar un daño que estaba fuera de su control, pues estableció que la figura de concurrencia de culpas, únicamente se actualiza cuando se declara la responsabilidad de los participantes en el hecho culposo, quienes deben pagar la reparación del daño en la parte proporcional. De forma que si, en el caso, la víctima (occiso) no fue enjuiciada, el sentenciado debía pagar la totalidad de la reparación del daño.
Las consideraciones que este tribunal emitió son las siguientes:
"... Asimismo, es ajustado a derecho la condena a la reparación del daño derivada del delito de homicidio culposo, a favor de quien legalmente acredite ser dependiente económico, heredero o derechohabiente del ahora occiso, consistente en el pago de la cantidad de trescientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos, equivalentes a cinco mil días de salario mínimo, que en la época en que acontecieron los hechos (marzo de dos mil catorce), lo era a razón de sesenta y siete pesos con veintinueve centavos, por encontrarse acorde a lo dispuesto por los artículos 44, 45, fracción II, 47 y 49 del Código Penal para la Ciudad de México, vigente en la época de los hechos, en relación con los numerales 500, fracción II y 502 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria y 4 de la Ley General de Víctimas.
"Cantidad que a renuncia expresa de quien tenga derecho a ella o no sea reclamada, se aplicará a favor de los Fondos de Apoyo a la Administración y Procuración de Justicia, respectivamente, en términos de lo dispuesto en el ordinal 5, fracción I, inciso g), de la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de esta ciudad.
"Igualmente, es correcta la condena al pago de la reparación del daño a favor de quien legalmente acredite ser dependiente económico, heredero o derechohabiente del ahora occiso, por concepto de los gastos funerarios con motivo del deceso de **********, consistente en la suma de once mil pesos, toda vez que obra en autos copia del recibo expedido por **********, a nombre de **********, el diecisiete de marzo de dos mil catorce, que cubrió el gasto erogado por el citado concepto en el panteón **********; documento que fue ratificado ante la autoridad de primera instancia por la propietaria de la negociación ********** (fojas 19 y 32 a 34, tomo II).
"Por tanto, el concepto de violación que esgrime el quejoso, identificado como 3, en torno a que se le obligó a reparar un daño que fue causado por algo que estaba fuera de su control, como es la conducta del occiso; es infundado.
"En el derecho penal mexicano, en tratándose de delitos culposos ocurridos con motivo del tránsito de vehículos, se actualiza la concurrencia de culpas cuando existe responsabilidad recíproca de los conductores participantes o protagonistas en el hecho culposo.
"Por lo que, a fin de tener por acreditada la existencia de dicha figura jurídica, necesariamente se debe juzgar sobre la conducta delictuosa imprudencial en que hayan incurrido los participantes en la colisión, por lo que tiene que realizarse una apreciación respecto de su responsabilidad, porque a cada uno de ellos se les atribuye la comisión de determinados hechos que, en concurso, dieron origen al suceso delictuoso.
"Y así, de materializarse la citada figura jurídica, el juzgador, al pronunciarse respecto de la condena de la reparación del daño, debe imponer la carga de tal reparación en la proporción que resulte adecuada, teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad de sus respectivas culpas.
"De ahí que, si uno de los conductores o, como acontece en el caso a estudio, la víctima (peatón) no se encuentra encausada, no se puede afirmar legalmente que se actualiza la concurrencia de culpas, porque se haría una apreciación respecto de la responsabilidad en que pudo haber incurrido quien no es parte acusada en el proceso, prejuzgándose así sobre la conducta delictuosa imprudencial en torno de quien no se haya hecho declaratoria de ilícito culposo en su contra y que, por tanto, no ha sido oído ni procesado a efecto de establecer en su perjuicio consecuencias jurídicas en el fallo condenatorio.
"De ahí que no pueda sostenerse que, toda vez que el occiso también tuvo intervención culposa activa en el evento delictivo, ello deba considerarse para fijar el monto de la reparación del daño a favor de la parte ofendida y, por ende, no deba cubrir la totalidad del monto de esa reparación; porque en aquellos casos en que sólo se ejerza acción penal en contra de un activo (conductor), y se compruebe plenamente su responsabilidad por la conducta imprudente que desplegó (culpa); de justificarse, a su favor, que en la comisión del delito culposo intervino otra persona en su ejecución (peatón u otro conductor), dicha circunstancia únicamente puede considerarse al calificar la gravedad de la culpa en que haya incurrido el acusado (grado de culpabilidad), lo que debe valorarse como una circunstancia de ejecución del delito; sin que el órgano jurisdiccional pueda hacer ninguna apreciación respecto a la responsabilidad en que pudo haber incurrido el otro conductor con el que se haya verificado el choque del automotor que tripulaba el acusado, o el peatón que cruzó una avenida o calle en un lugar no destinado para tal efecto e, incluso, bajo el influjo de bebidas alcohólicas, como aconteció en este asunto (no encausado); puesto que, como ya se dijo, argumentar sobre la culpabilidad de éstos equivaldría prejuzgar acerca de su situación jurídica, que no fue materia de comprobación en la causa penal instruida únicamente en contra del hoy quejoso.
"Por tanto, se insiste, dicha valoración sólo puede incidir directamente al fijar la pena, ya que ésta debe adecuarse al grado de imprudencia en que el enjuiciado haya incurrido y, en proporción a ese grado, se debe establecer la condena respectiva.
"La anterior circunstancia no puede repercutir en el pronunciamiento que haga el juzgador respecto de la reparación del daño, porque esta figura jurídica no comparte las notas características de las penas en general, puesto que en todo proceso penal dicha institución se distingue con claridad de la pena en sí misma que se impone como consecuencia de la comisión de un ilícito, pues la base de la pena se encuentra en la culpabilidad del sujeto activo del delito; en tanto el fundamento de la reparación del daño lo constituye el detrimento causado o los perjuicios que sea preciso reparar, ya que la condena a la reparación del daño obedece única y exclusivamente a la emisión de una sentencia condenatoria de la que nazca la obligación de reparar ese daño como consecuencia directa y necesaria del hecho ilícito, y su fijación depende de las pruebas correspondientes para que el órgano jurisdiccional pueda cuantificar su monto. Por lo que tal sanción (pago de la reparación del daño) no debe decretarse conforme al índice de culpabilidad del sentenciado.
"Además, nuestro Máximo Tribunal Constitucional del País, a través de la Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 88/2008, ha sostenido el criterio de que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela tanto el espíritu reivindicatorio de la institución jurídica de la reparación del daño, como la ausencia de excepción a la regla general relativa a la reparación total a favor de la víctima y que, por tanto, tratándose de la institución jurídica de la reparación del daño en delitos culposos o imprudenciales, no procede la aplicación de beneficios de reducción de dicha sanción, porque de hacerse así se trastocaría la finalidad de dicha figura y se alteraría su naturaleza jurídica.
"Así lo estableció en la jurisprudencia antes citada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, materia penal, Novena Época, página ciento sesenta y siete, de rubro y contenido:
"‘REPARACIÓN DEL DAÑO. NO ES APLICABLE LA REDUCCIÓN DE LA PENA A QUE SE REFIERE LA LEGISLACIÓN PENAL EN DELITOS CULPOSOS O IMPRUDENCIALES.—Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo proceso del orden penal la víctima u ofendido tienen derecho a que se les repare el daño ocasionado por la comisión de un delito. Así, si se toma en cuenta que la regulación constitucional en esta materia revela tanto el espíritu reivindicatorio de la institución jurídica de la reparación del daño como la ausencia de excepción a la regla general relativa a la reparación total a favor de la víctima, resulta evidente que tratándose de la reparación del daño en delitos culposos o imprudenciales no procede la aplicación de beneficios de reducción de la pena, pues de lo contrario se trastocaría la finalidad de dicha figura y se alteraría su naturaleza jurídica, al no restituirse en su totalidad el daño ocasionado al sujeto pasivo y, por ende, no se coadyuvaría al restablecimiento del orden jurídico alterado por la comisión del ilícito. Lo anterior es así, porque la circunstancia de que el legislador haya otorgado el carácter de sanción pública a la aludida figura obedece a que en los delitos culposos o imprudenciales, al igual que en los dolosos, generalmente se produce un daño, incluso cuando no se haya deseado el resultado.’
"En ese sentido, y con base en los argumentos antes expues
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28172-59712f1d/reparacion-del-dano-ante-la-concurrencia-de-culpas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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