EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. NO ES OBLIGACIÓN DEL ACTUARIO NI CONSTITUYE REQUISITO DE VALIDEZ DE LA DILIGENCIA QUE ASIENTE EN LA RAZÓN RESPECTIVA, LA FORMA EN LA QUE SE CERCIORÓ DE QUE LA PERSONA CON QUIEN LA ENTENDIÓ ES MAYOR DE EDAD, NI A RECABAR LAS PRUEBAS O LOS DATOS CON LOS QUE SE CUMPLIÓ ESE REQUISITO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (Aguascalientes, Aguascalientes), que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción de tesis.
TERCERO.—Criterios contendientes. Se estima conveniente transcribir la parte considerativa que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de la contradicción de tesis.
I. El Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, (Aguascalientes, Aguascalientes), al resolver el amparo en revisión **********, promovido por la parte patronal, en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la parte que interesa, consideró:
"VII. Estudio de los conceptos de agravio.
"21. En sus conceptos de agravio, las recurrentes aducen que la sentencia recurrida resulta violatoria de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso, congruencia en la sentencia, fundamentación y motivación, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 74 de la Ley de Amparo vigente; específicamente, al aducir que debió declararse ilegal el emplazamiento practicado a las quejosas por dos razones: i) por no haberse cerciorado el actuario que la persona que atendió era mayor de edad, y ii) por haber utilizado formatos preimpresos.
"Primero, segundo y tercer conceptos de violación (cercioramiento de mayoría de edad).
"...
"26. Argumentos que resultan infundados.
"27. En primer término debe establecerse que tal como lo indicó el Juez de Distrito, los artículos 741, 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo, establecen las formalidades que deben observarse al realizar una diligencia como la que se reclamó en el amparo, específicamente de la manera siguiente:
"‘Artículo 741.’ (se transcribe).
"‘Artículo 742.’ (se transcribe).
"‘Artículo 743.’ (se transcribe).
"28. De los citados preceptos legales, se desprende que la diligencia de emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral debe realizarse observando las formalidades siguientes:
"a) Practicarse, de manera personal, en el domicilio que el actor hubiere señalado para ese efecto.
"b) El actuario tiene la obligación de cerciorarse de que el interesado vive, trabaja o tiene su domicilio en el lugar en el que ha de practicar la diligencia;
"c) Si al momento de presentarse, está presente el interesado o su representante, el actuario realizará la notificación, entregando copia de la misma, si se trata de persona moral, debe asegurarse que la persona con quien entiende sea el representante legal de aquélla.
"d) Si el interesado o su representante no se encuentran en el domicilio, dejará citatorio para que lo espere en hora determinada del día siguiente; y
"e) Si a pesar del citatorio la persona buscada o su representante no espera al funcionario, la notificación se llevará a cabo con la persona que se encuentre en la casa o local y si éste estuviere cerrado, la notificación se hará por instructivo que fijará en la puerta, de todo lo cual asentará razón debiendo señalar los elementos de convicción en que se apoye.
"29. Ahora bien, tal como lo indicó el Juez de Distrito, de la lectura a los citatorios realizados por el actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se obtiene que el fedatario público hizo constar en cada uno que el seis de diciembre de dos mil dieciséis,(1) a las once horas con cincuenta y seis minutos, once horas con cincuenta y siete minutos, y once horas con cincuenta y ocho minutos, se constituyó en el domicilio que la parte actora señaló para realizar el emplazamiento de las demandadas, sito en **********, con el fin de notificar de manera respectiva a las demandadas, **********, ********** y ********** todas de apellidos **********, y al no encontrarlas presentes, dejó citatorios en poder de una persona de nombre **********, quien hizo de su conocimiento que las personas a notificar no se encontraban presentes, para que dichas personas lo esperaran, en ese mismo domicilio, el día siguiente, a las mismas horas señaladas en los citatorios, con el apercibimiento que de no hacerlo así, la notificación sería legal.
"30. El fedatario asentó, que se cercioró que las demandadas tienen su domicilio en el lugar, por el dicho de la persona con la que entendió las diligencias, de nombre **********, quien manifestó ser empleado de ahí y vecino, además asentó la media filiación de la persona con la que se entendió la diligencia, y asentó que se negó a firmar.
"31. Posteriormente, el siete de diciembre de dos mil dieciséis,(2) regresó al inmueble en mención, en la hora y fecha señaladas en los citatorios y, dio fe en cada una de las constancias que no encontró presente a las personas buscadas –**********, ********** y **********, todas de apellidos **********–, a pesar de los citatorios que les había dejado, motivo por el que realizó el emplazamiento de las demandadas, aquí recurrentes, por medio de instructivo que dejó en poder de **********, –persona con quien previamente había dejado los citatorios–, ********** quien reiteró ser empleado del lugar, sin identificarse, para lo cual el fedatario público asentó dicha situación, junto con su media filiación, a saber, persona de sexo masculino, tez morena, complexión delgada, uno punto setenta metros de estatura, y treinta y cinco años de edad aproximadamente.
"32. De igual forma, indicó que se cercioró que el sitio en el que se constituyó era el domicilio señalado, en autos, para hacer la notificación por el contenido de la placa municipal y número exterior, además que así se lo manifestó la persona que lo atendió **********, quien le señaló que ese lugar era el domicilio de las interesadas, aquí recurrentes y vecinos del lugar; y con esa información, dejó en poder del mismo **********, los instructivos con la documentación a que se alude en el apartado de "observaciones" (copias cotejadas y autorizadas del escrito inicial de demanda, auto de radicación y del instructivo correspondiente).
"33. Además, tal como lo hizo notar el Juez de Distrito, se advierte que en los citatorios y los instructivos que obran en el sumario, se indicaron el número de expediente, el nombre de las partes, la Junta ante la que se sigue, datos con los que las promoventes estuvieron en posibilidad de acudir en defensa de sus intereses al procedimiento de origen, sin que así lo hicieran.
"34. Motivo por el cual, contrario a lo que manifiesta la parte recurrente, el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sí se cercioró de que el domicilio donde diligenció el emplazamiento, efectivamente correspondía al de las demandadas; asimismo, resulta infundada su manifestación, en el sentido de que debió valorarse la manifestación vertida, por la persona que atendió la diversa diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,(3) donde al requerirle por la presencia de **********, ********** y ********** todas de apellidos **********, y quien fuera responsable de **********, dicha persona, que no se identificó, indicó que no era ahí, sino otra empresa.
"35. Lo anterior, pues dicha diligencia no forma parte de las que sí fueron objeto de estudio en el juicio de amparo, por lo que realizar un análisis de lo ahí señalado, constituiría una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica de las quejosas, debido a que se estarían valorando datos que no fueron plasmados en las constancias que para tal efecto se levantaron al practicar las diligencias de emplazamiento, violentando con ello lo establecido en los artículos 741, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo.
"36. Por otro lado, aunque es cierto que el Juez de Distrito fundó, indebidamente la sentencia recurrida, específicamente en la parte en que la que indicó que para determinar, que no es requisito legal que el actuario se cerciore que quien entiende la diligencia debe ser mayor de edad, hizo referencia al contenido del artículo 743, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo ya derogado.
"37. También lo es, que tal circunstancia es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, pues si bien el artículo 743, fracción IV,(4) de la Ley Federal del Trabajo vigente, establece textualmente que la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio; ello no quiere decir, que el actuario deba cerciorarse de ello forzosamente mediante algún documento, máxime que en el caso que nos ocupa, tanto en los instructivos como en los citatorios,(5) el actuario judicial sí se cercioró que la persona que entendió las diligencias, era mayor de edad, esto pues ante la negativa de identificarse en cada una de las ocasiones, circunstanció que era una persona de sexo masculino, tez morena, complexión delgada, de un metro con setenta centímetros de estatura y treinta y cinco años de edad, aproximadamente.
"38. Lo anterior, pues el actuario goza de fe pública para circunstanciar las diligencias que al efecto se le comisionen, entendiéndose por ella, una facultad conferida al servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo que significa que los hechos de los que da cuenta se consideran verídicos, salvo prueba en contrario. Luego, para que la fe pública del actuario tenga certeza, no requiere de pruebas que la refuercen, sino que quien pretenda desvirtuarla es quien debe ofrecer alguna prueba, siendo el caso que las recurrentes no proporcionaron algún medio del cual se advierta que la persona que entendió las diligencias es menor de edad y, por ende, no podía practicarse por su conducto el emplazamiento reclamado.
"39. Establecido lo anterior, resulta relevante precisar que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis VII.2o.T.142 L (10a.),(6) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, señalada por las recurrentes, de título y subtítulo siguientes: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. CARECE DE VALIDEZ SI EL ACTUARIO NO SE CERCIORÓ DE QUE LA PERSONA CON QUIEN ENTENDIÓ LA DILIGENCIA ES MAYOR DE EDAD «(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2007)»."
"...
"49. Bajo tal tesitura, este órgano colegiado considera que obligar al actuario a recabar por parte de la persona que lo atiende, una prueba directa que demuestre que es mayor de edad, equivale a imponerle una carga excesiva que no depende directamente de él, ni de sus facultades, sino de la voluntad, con el que entiende la diligencia, quien además no sólo puede negarse a atender al funcionario, sino a identificarse ante éste, en cuyo supuesto el actuario deberá recabar su media filiación y redactar en forma clara y precisa la circunstanciación de la diligencia, para que de esa manera se advierta con certeza cómo sucedieron los hechos.
"50. De ahí, que sea importante concebir la controversia planteada, desde un punto de vista fáctico, es decir, desde el actuar del fedatario público, ello pues no se debe soslayar, que al ser el funcionario encargado de practicar las notificaciones de las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional y diversas actuaciones judiciales, es quien se enfrenta de manera directa con las adversidades de los destinatarios de las diligencias, quienes presentan un rechazo natural en sus prácticas, al sentirse atacados o inseguros con el actuar de la autoridad, de ahí que sea prácticamente imposible que se identifiquen y otorguen datos personales, como lo sería la fecha de nacimiento o su edad, pues normalmente las personas con las que se entienden las diligencias no cooperan con el fedatario público.
"51. Así las cosas, como el actuario, al realizar una diligencia, está, en la mayoría de las ocasiones, imposibilitado de allegarse de las documentales que de manera directa, adviertan que la persona que lo atiende dice ser quien es y sobre todo, que es mayor de edad, es que mediante su fe pública, deben asentar cómo es qué practicó la diligencia, describir a la persona que la entendió e indicar cómo es que se cercioró de estar en el lugar correcto, etcétera.
"52. Bajo tal tesitura, la notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda el principio de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra.
"53. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben identificarse y firmar las personas a las que se les practica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar los motivos por los cuales no sucedió de esa manera, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin, de ahí que no pueda exigirse al actuario que además deba cerciorarse mediante prueba directa que la persona que entendió la diligencia sea mayor de edad.
"54. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere identificarse y, por ende, no haya manera objetiva de cerciorarse de su mayoría de edad y capacidad, más que la máxima experiencia del actuario, es que éste debe asentar en la causa el motivo o razón de tal circunstancia, establecer la media filiación de la persona y sus características físicas, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué la persona, que entendió, sabía de la magnitud e importancia del acto a notificar; pues es claro, que el actuario no entendería la diligencia con una persona imposibilitada para ello, ya sea por su minoría de edad o por una incapacidad que no le permitiera dimensionar los efectos de la diligencia.
"55. Tiene aplicación, incluso por analogía, la jurisprudencia VI.T. J/7,(7) emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que comparte este órgano colegiado, de rubro y texto siguientes:
"‘CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. AUN CUANDO EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS RELATIVAS CIERTAS FORMALIDADES PARA QUE AQUÉLLOS SEAN JURÍDICAMENTE VÁLIDOS.’ (se transcribe).
"56. Asimismo, es importante señalar que ello no quiere decir que si el actuario en ejercicio de su fe pública, señale que la persona que lo atendió negó a identificarse y que, por ende, asienta su media filiación en la que indica aproximadamente la edad de la persona para evidenciar su mayoría de edad, lo asentado no pueda ser desvirtuado por quien impugna la notificación, pues en dicho momento procesal sí se está en posibilidades de presentar como prueba idónea para acreditar la minoría de edad de quien atendió, mediante el acta de nacimiento, por ejemplo.
"57. En el mismo orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 438/2013, en sesión de quince de mayo de dos mil dieciocho, emitió la jurisprudencia P./J. 19/2018 (10a.),(8) de título y subtítulo: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER ACTO. POR REGLA GENERAL, LA ENTENDIDA CON UN MENOR DE EDAD AUN CUANDO SEA EMPLEADO DEL BUSCADO, NO PUEDE SURTIR PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y, POR ENDE, ES ILEGAL."; de la cual, si bien el tema toral es la ilegalidad en la diligencia de notificación practicada con un menor de edad, es importante precisar que de la versión taquigráfica de dicha discusión, no se advierte que nuestro Máximo Tribunal haya determinado como obligación del actuario judicial, ni como requisito de validez de la diligencia, que se deba recabar pruebas de las cuales se desprenda que la persona con la que entendió la diligencia sea mayor de edad, incluida la materia laboral.
"58. Luego, al no existir disposición jurídica alguna que exija que el notificador se conduzca en los términos pretendidos por la impetrante y, al sí advertirse en el acta de emplazamiento referencias concretas y objetivas asentadas por el notificador que indican que se constituyó en el domicilio precisado en autos como el de las aquí recurrentes, que se cercioró tanto de estar actuando en el sitio correcto como de que ahí tiene su domicilio, las personas buscadas, es inconcuso que el llamamiento a juicio impugnado es válido al haberse efectuado cumpliendo, concretamente, con el requisito indicado en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; por lo que tal como lo indicó el Juez de Distrito, tampoco era necesario que el personal adscrito a la Junta Local señalara el nombre y domicilio de los vecinos que proporcionaron la información.
"59. De esta manera, como este órgano jurisdiccional considera que no es necesario que a efecto de que el actuario se cerciore que la persona que entendió la diligencia sea mayor de edad –cuando el directo interesado no atendió el citatorio–, ésta deba ser mediante una prueba directa como lo es el acta de nacimiento, la credencial de elector, la Clave Única de Registro de Población, o cualquier otra documental que revelara de forma fehaciente que la persona con quien se entiende la diligencia fuera mayor de edad, lo que se opone al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la tesis VII.2o.T.142 L (10a.),(9) de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. CARECE DE VALIDEZ SI EL ACTUARIO NO SE CERCIORÓ DE QUE LA PERSONA CON QUIEN ENTENDIÓ LA DILIGENCIA ES MAYOR DE EDAD «(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2007)»."; por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 226, fracción II y 227, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de tesis de que se trata ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ..."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito (Xalapa, Veracruz), al fallar el amparo en revisión **********, promovido por la parte patronal, en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete, en la parte que interesa, sostuvo:
"SEXTO.—
"...
"A manera de preámbulo, cabe destacar que, dada la manera en la que la Jueza Federal resolvió el asunto sometido a su jurisdicción, este órgano revisor procederá a examinar, en principio, el primer agravio formulado por los aquí inconformes, que tiene relación directa con el acto reclamado analizado en el considerando séptimo de la sentencia recurrida (donde negó el amparo), consistente en:
"a) El ilegal emplazamiento ordenado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Poza Rica, Veracruz, llevado a cabo por la actuaria de su adscripción dentro del juicio laboral **********, de su índice cronológico.
"...
"En ese orden de ideas, se tiene que la parte quejosa-recurrente sostiene en el primer motivo de disenso, en lo medular, lo siguiente:
"...
"Los motivos de disenso reseñados con antelación, son sustancialmente fundados.
"Lo anterior, se determina de esa manera pues, tal como lo señala la parte quejosa-recurrente, de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto se desprende que, el veintisiete de febrero de dos mil quince, las actoras ********** y ********** promovieron juicio laboral en su contra, donde reclamaron, entre otras prestaciones, el pago de indemnización constitucional por despido injustificado (fojas 75 a 80 del expediente que se revisa).
"Esto es, dada la fecha en que se promovió el juicio laboral, es inconcuso que resultan aplicables las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, en vigor a partir del día siguiente de la referida publicación en términos de su artículo primero transitorio.
"Lo anterior cobra especial relevancia al caso en estudio, dado que, tal como lo plantea la parte inconforme, la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo fue reformada, tal como se puede advertir del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
En ese tenor, basta dar lectura a la sentencia sujeta a revisión, para advertir que la transcripción que se hace del numeral de referencia, corresponde a la Ley Federal del Trabajo anterior a las reformas de treinta de noviembre de dos mil doce.
"Lo que se corrobora, en tanto de las consideraciones ahí plasmadas se observa que no existe pronunciamiento en cuanto a lo manifestado por la parte quejosa en el primer concepto de violación formulado en el escrito inicial de demanda de amparo, en el sentido de que la actuaria adscrita a la Junta responsable infringió lo dispuesto por el artículo 743, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se cercioró ni asentó razón que la persona con quien entendió tanto los citatorios, como las diligencias de notificación fuera mayor de edad.
"...
"La parte quejosa alega en el primer concepto de violación, en lo que aquí es de interés, que la actuaria adscrita a la Junta responsable infringió lo dispuesto por el artículo 743, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se cercioró ni asentó razón de que la persona con quien entendió tanto los citatorios, como las diligencias de notificación fuera mayor de edad (foja 10 del juicio de amparo indirecto).
"Es fundado el precitado argumento de discrepancia, para lo cual, resulta oportuno traer a la vista los citatorios y diligencias de notificación correlativas:
"(Se suprime imagen)
"Como se ve de las anteriores imágenes, resulta indudable que la actuaria adscrita a la Junta laboral responsable, nada dijo sobre si la persona con quien entendió tanto los citatorios como las diligencias de notificación, era mayor de edad.
"Requisito formal que el legislador introdujo a las reformas a la Ley Federal del Trabajo de treinta de noviembre de dos mil doce y, en específico, a la fracción IV del artículo 743 de dicho ordenamiento legal, se entiende, porque un acto jurídico procesal de la importancia y trascendencia del emplazamiento, que constituye una actuación judicial y que por su finalidad es un acto solemne, esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia de la demandada, sólo puede llevarse a cabo con persona que tenga capacidad de ejercicio, es decir, quien tiene aptitud reconocida por el derecho para realizar en general actos jurídicos y sus implicaciones, como son informar al fedatario público las circunstancias peculiares que lo vinculan con el demandado, recibir la cédula y los documentos que se acompañan, pues sólo así tendrá validez ese acto y certeza de que con quien se atendió la diligencia tiene plena capacidad de ejercicio y discernimiento para comprender por sí mismo la realización del acto, y las implicaciones jurídicas que éste conlleva.
"En esa tesitura, se arriba a la conclusión de que, tal como lo plantea la parte quejosa en el concepto de violación en estudio, tanto los citatorios como las diligencias de notificación llevadas a cabo por la actuaria adscrita a la Junta responsable, carecen de validez, en tanto no se tiene la certeza de que la persona con quien entendió las diligencias (**********) fuese mayor de edad y, por ende, que cuente con plena capacidad jurídica de ejercicio y discernimiento para comprender por sí misma la realización del acto y las implicaciones jurídicas que éste conlleva, tales como informar al fedatario público las circunstancias peculiares que lo vinculan con la parte demandada, recibir las cédulas y los documentos que se acompañaron al efecto pues, se itera, nada se dijo en dichas actuaciones sobre el particular, con lo cual se trastocó la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo reformada.
"Sirve de apoyo a lo anterior, únicamente por lo ilustrativo de su contenido (en cuanto al requisito de la mayoría de edad), la tesis (IV Región)2o.11 L (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, enero de dos mil dieciséis, página tres mil trescientos sesenta y cinco, de título, subtítulo y texto siguientes:
"‘NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE INICIO DEL JUICIO LABORAL. FORMA EN LA QUE DEBE REALIZARSE CUANDO NO SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO LA PERSONA BUSCADA.’ (se transcribe).
"También se invoca, sólo por las consideraciones que de ella emergen, la jurisprudencia 1a./J. 105/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de dos mil trece, página trescientos cincuenta y dos, del tenor literal siguiente:
"‘EMPLAZAMIENTO. EL REALIZADO POR CONDUCTO DE UNA PERSONA MENOR DE 18 PERO MAYOR DE 16 AÑOS, CONSTITUYE UNA DILIGENCIA ILEGAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE COLIMA Y DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe).
"Conforme a lo hasta aquí expuesto, debe decirse que no constituye obstáculo a lo aquí determinado, la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 162/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, página sesenta y ocho, de rubro y texto siguientes:
"‘EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR.’ (se transcribe).
"Del criterio de jurisprudencia de previa cita, se desprende, en lo que aquí es de interés, que la referida Sala del Máximo Tribunal del País estableció que el hecho de que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, en tanto la legislación obrera sólo obliga al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, sin llegar al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que bastaba su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia; esto es, proscribió que el actuario tuviese que cerciorarse, entre otros datos, de la edad de la persona con quien entendiese la diligencia.
"Sin embargo, cabe señalar que dicho criterio fue aprobado el diez de septiembre de dos mil cuatro, esto es, cuando no había sido reformada la Ley Federal del Trabajo (noviembre de dos mil doce), por lo que no resulta aplicable al caso, en la medida que la actual redacción de la fracción IV del artículo 743 del referido ordenamiento legal, sí contiene como requisito de validez para realizar los emplazamientos en materia laboral, que si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. Mayoría de edad en comentario que, en términos de lo dispuesto por el artículo 646 del Código Civil Federal, comienza a los dieciocho años cumplidos, tal como se constata a continuación:
"‘Artículo 646. La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos.’
"Y si bien es verdad que el referido precepto de la legislación laboral de la materia no dispone la manera en que el actuario debe cerciorarse que la persona con quien entiende la diligencia de emplazamiento sea mayor de edad, también lo es que ello debe hacerse con prueba fehaciente de la documentación que demuestre tal extremo.
"Esto es, no basta que el fedatario asiente que entendió la diligencia con una persona mayor de edad, sino que es necesario que ello se encuentre demostrado con pruebas directas, como pueden ser, en orden a idoneidad: acta de nacimiento, credencial de elector, la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP (instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de México,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28312-4175397c/emplazamiento-a-juicio-en-materia-laboral-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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