CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto respecto de la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(2) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
6. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, al emitir sus resoluciones.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito (amparo en revisión ***********).
7. Revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez de garantía dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso, repusiera el procedimiento y conforme a los lineamientos de ese fallo resolviera lo conducente. Las consideraciones fueron las siguientes:
8. No obstante que el control de la detención no fue señalado como acto reclamado por el quejoso en su demanda de amparo, ya que sólo reclamó el auto de vinculación a proceso, el Tribunal Colegiado en el recurso de revisión lo analizó oficiosamente, bajo el argumento de que existía una estrecha relación entre el control de la detención y el auto de vinculación a proceso, en torno a la afectación de la libertad personal.
9. Hizo énfasis en que tal relación obedecía a que los datos de la investigación en que se sustentó la vinculación a proceso (valorados por el Juez), se relacionaban con el hecho de la detención. Razón por la cual, era necesario que se constatara previamente si los datos fueron obtenidos con respeto a los derechos fundamentales del imputado, lo que involucraba la detención, porque de haber acontecido una transgresión, se estaría ante una violación al debido proceso, originado por la obtención de prueba ilícita.
10. El Tribunal Colegiado consideró que el Juez no tomó en consideración la doctrina constitucional desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho a la libertad personal, particularmente, en el caso de la detención en flagrancia, en el sentido de que las autoridades que lleven a cabo una detención tienen la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten.
11. En ese tenor, determinó que el Juez de Garantía debía realizar un análisis detallado para determinar si el hecho de que el quejoso no fuera informado de los motivos de la detención y de sus derechos, incluido el ser asistido por un defensor, tuvo alguna consecuencia procesal y si existió algún evento que vulnerara directamente su derecho de defensa.
II. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (recurso de queja ***********).
12. Declaró fundado el recurso de queja y modificó el auto recurrido para el efecto de que se tuvieran como actos reclamados en el amparo indirecto la competencia del Juez de Control, la calificación de la detención y el plazo para la investigación, bajo las siguientes consideraciones:
13. El Tribunal Colegiado precisó que el quejoso señaló en su demanda de amparo como actos reclamados la competencia del Juez de Control, el control de la detención del quejoso, el auto de vinculación a proceso, la medida cautelar de prisión preventiva, el plazo para la investigación complementaria, entre otras; sin embargo, el Juez de Distrito únicamente tuvo como actos reclamados el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, bajo la consideración toral de que la competencia del Juez de Control, la detención del quejoso y el plazo para la investigación complementaria, eran tópicos que debían ser analizados de manera oficiosa en el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar.
14. Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró que la competencia del Juez de Control, la detención del quejoso, el auto de vinculación a proceso, la medida cautelar de prisión preventiva y el plazo para la investigación complementaria, eran actos independientes que persiguen una finalidad distinta, por lo que debía impugnarse cada uno de ellos.
15. En relación con el control de la detención –parte que interesa– el Tribunal Colegiado consideró que cuando existe una revisión judicial como primer acto en la audiencia inicial, en las etapas subsecuentes del proceso ya no será materia de análisis, pues posteriormente tiene lugar la depuración de los hechos, el ofrecimiento de datos de prueba y la decisión que corresponda, pero no admiten la posibilidad de cuestionar nuevamente los términos en que el imputado fue materialmente asegurado, porque esa situación ya fue materia de examen.
16. Precisó que cuando se estudia el auto de vinculación a proceso únicamente debe analizarse que se haya formulado imputación, la oportunidad del imputado de declarar, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.
17. Refirió que la detención era un tema independiente de análisis, a fin de descartar alguna violación y, en su caso, establecer los efectos que origina la vulneración de derechos humanos, porque de llegarse a demostrar que alguien fue detenido fuera de los casos que establece la Constitución, obligaría a declarar la ilicitud de los datos de prueba, los que pudieran repercutir al resolver la vinculación a proceso.
18. Por ende, la detención constituye un tema independiente de la vinculación a proceso, porque la restricción de la libertad no deriva del auto de vinculación a proceso, porque éste sólo tiene la finalidad de sujetar a una persona a una investigación judicializada, pero formalmente no era el acto que priva de la libertad, sino las providencias determinadas para ello, como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero en ninguno de esos actos se analiza la detención de una persona y, por ende, debe señalarse como acto destacado con independencia de que exista un auto de vinculación, máxime que la parte quejosa lo impugnó.
19. Aclaró que el quejoso no sólo reclamaba la detención, sino también el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar, lo que daba oportunidad para analizar la primera como violación procesal; en caso de que ésta existiera, la detención se declarará ilegal, los datos de prueba obtenidos serán ilícitos y se ordenará su exclusión en los subsecuentes actos procesales.
20. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada I.7o.P.66 P (10a.),(3) de rubro y texto:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados."
21. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(4) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)
22. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características formales o fácticas.
23. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
24. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
25. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
26. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
27. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
Primer requisito: Arbitrio judicial.
28. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito determinó que en el juicio de amparo indirecto era dable analizar de oficio la calificación de la detención del quejoso llevada a cabo por el Juez de Control, no obstante que únicamente haya sido reclamado el auto de vinculación a proceso, ya que existe una estrecha relación entre tales figuras en torno a la afectación de la libertad personal y los datos de prueba, en la medida en que los datos de la investigación en que se sustentó la vinculación a proceso, valorados por el Juez, se relacionaban con el hecho de la detención.
29. Razón por la cual, era necesario que se constatara previamente si los datos de prueba fueron obtenidos con respeto a los derechos fundamentales del imputado, lo que involucraba la detención, porque de haber acontecido una transgresión, se estaría ante una violación al debido proceso, originado por la obtención de prueba ilícita.
30. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que el control de la detención debía señalarse como acto reclamado, no obstante que se haya reclamado la vinculación a proceso, porque se trata de actos independientes con finalidades diferentes, las cuales deben reclamarse de manera destacada.
31. Ello, porque el control de la detención constituye un tema independiente de la vinculación a proceso, porque la restricción de la libertad no deriva del auto de vinculación a proceso, porque éste sólo tiene la finalidad de sujetar a una persona a una investigación, pero formalmente no es el acto que priva de la libertad.
32. Señaló que cuando existe una revisión judicial de la detención, como primer acto en la audiencia inicial, en las etapas subsecuentes del proceso ya no será materia de análisis, pues posteriormente tiene lugar la depuración de los hechos, el ofrecimiento de datos de prueba y la decisión que corresponda, sin que admita la posibilidad de cuestionar nuevamente los términos en que el imputado fue materialmente asegurado, porque esa situación ya fue materia de examen.
33. En ese tenor, cuando se analiza el auto de vinculación a proceso únicamente debe analizarse que se haya formulado imputación, la oportunidad del imputado de declarar, los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito; sin que puedan examinarse los términos en que el imputado fue materialmente asegurado.
Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico.
34. Como puede advertirse, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que determinaron lo conducente respecto al control de la detención y el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal acusatorio, en el sentido de establecer si, al promover demanda de amparo indirecto, era suficiente que el quejoso señalara como acto reclamado el auto de vinculación a proceso para que el juzgador de amparo estuvieran en aptitud de analizar de manera oficiosa el control de la detención, o era necesario el reclamo de ambos actos de forma destacada, a fin de analizar si los datos de prueba considerados al dictar el auto de vinculación a proceso, obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado, porque de llegarse a demostrar que alguien fue detenido fuera de los casos que establece la Constitución, originaría la ilicitud de los datos de prueba, los que pudieran repercutir al resolver la vinculación a proceso.
35. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.
36. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.
Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
37. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.
38. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿Es suficiente que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, para que el Juez de Distrito realice un análisis oficioso de la calificación de la detención efectuada por el Juez de Control, a fin de determinar si los datos de prueba considerados al dictar el auto de vinculación a proceso, obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado?
39. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que, esencialmente, se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.
40. Es importante destacar que, tal como sucede en el presente caso, aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no son constitutivos de jurisprudencia debidamente integrada, ello no representa un obstáculo para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, ni tampoco el artículo 226 de la Ley de Amparo, lo exigen así, al establecer genéricamente que se trate de "tesis contradictorias".
41. Sin que sea óbice para la actualización de la contienda de criterios que los Tribunales Colegiados analizaron el control de la detención y el auto de vinculación conforme a dos legislaciones procesales distintas, a saber, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, esa circunstancia no torna inexistente la contradicción de criterios, porque dichas legislaciones regulan de forma similar tales actos procesales.
42. Ilustra lo relatado la tesis aislada 1a. LXI/2012 (10a.),(6) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS.—Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los Tribunales Colegiados pertenecientes a distintos Circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."
43. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:
44. Por cuestión metodológica, es necesario efectuar algunas precisiones en torno al nuevo proceso penal acusatorio, particularmente al control de la detención, la vinculación a proceso y la impugnación de tales actos a través del juicio de amparo indirecto.
I. Control de la detención.
45. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en materia de justicia penal y seguridad pública, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, para ser compatible con el Estado democrático y garantista de nuestro tiempo. De esa manera, el modelo acusatorio se ha incorporado sustancialmente en modificaciones efectuadas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal.
46. La citada reforma constitucional en materia penal, tuvo como uno de sus principales objetivos incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local.(7)
47. La modificación al artículo 20 constitucional concretizó dicha reforma, pues en éste se establecieron las directrices del proceso penal, en el sentido de que es de corte acusatorio, adversarial y oral, como sus principales características; el que debe desarrollarse bajo los siguientes principios: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de cumplir con su objeto, a saber, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
48. Ahora bien, el artículo 16 constitucional prevé taxativamente los supuestos en los que está autorizada la afectación a la libertad personal, en torno a la detención de una persona, los cuales se reducen a la orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente.
49. De esta manera, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión; mientras que las detenciones en los casos de flagrancia y urgencia, son excepcionales.
50. La detención en flagrancia(8) ocurre cuando cualquier persona o autoridad detiene al indiciado en el instante de la comisión del delito o inmediatamente después de haberlo cometido.
51. Por su parte, la detención por caso urgente es una figura excepcional, pero puede decirse que comparte los mismos requisitos que una orden de aprehensión,(9) con la diferencia sustancial de que no es expedida por una autoridad judicial, sino por el Ministerio Público.
52. Es importante hacer mención a dichas figuras excepcionales que afectan la libertad personal, porque el propio artículo 16 constitucional, en su párrafo séptimo,(10) dispone que en los casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
53. En ese orden de ideas, los artículos 168 Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua(11) y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(12) establecen la audiencia de control de la detención, en el sentido de que inmediatamente después de que la persona detenida en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez, se citará a una audiencia en la que se realizará el control de la detención.
54. En dicha audiencia, el Ministerio Público deberá justificar ante el Juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad.
55. En relación con el control de la detención, esta Primera Sala también tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar respecto al cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; los derechos que goza una persona detenida; y, que no haya sido objeto de actos de incomunicación, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
56. Esencialmente, se ha establecido como regla la invalidez de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a los referidos derechos fundamentales –entre otros–.
57. Es decir, la labor del juzgador que controle la detención de un indiciado será verificar que ésta y otros actos íntimamente relacionados, hayan sido realizados conforme a las exigencias constitucionales, pues de lo contrario, dependiendo al grado en que haya acontecido la violación al derecho fundamental, se determinará la exclusión de los elementos probatorios o se calificará de ilegal la detención.
II. Vinculación a proceso.
58. Esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 47/2016,(13) realizó diversas precisiones en torno a la vinculación a proceso, en el sentido de que la aludida reforma constitucional de dos mil dieciocho también impactó al artículo 19,(14) en el sentido de regular, bajo la nueva lógica del proceso penal acusatorio y oral, el denominado auto de vinculación a proceso.
59. Se precisó que el auto de vinculación a proceso consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; en él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y es el momento oportuno para que, en su caso, se solicite la imposición de alguna medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
60. Se indicó que el artículo 19 constitucional prevé que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
61. Por tanto, el auto de vinculación a proceso establece que existen méritos suficientes para iniciar una investigación penal judicializada, contra determinada persona, pues la representación social aportó datos de prueba suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
62. También se precisó que, conforme al referido precepto constitucional, la formulación de la imputación es un acto procesal previo a la solicitud ministerial de vinculación y a la resolución que determina la situación jurídica de imputado.
63. Lo anterior, porque no puede emitirse un auto de vinculación sin que previamente se haya formulado la imputación, la que constituye un derecho fundamental del detenido, en términos del artículo 20, apartado B, fracción III, constitucional, consistente en ser informado de los hechos que se le imputan.
64. Al respecto, la formulación de la imputación consiste en la exposición inicial del ministerio público del hecho que se atribuye al detenido, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, su clasificación jurídica, las circunstancias de comisión, grado de intervención penal que se atribuye y las personas que deponen en su contra.
65. Ello, con la finalidad de comunicar al justiciable el hecho por el que se pretende continuar una investigación en su contra, controlada por el órgano jurisdiccional, brindándole la información necesaria para ejercer plenamente su derecho de defensa.
66. Cabe indicar que, conforme al mandato del artículo 19 constitucional, el Código de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28441-6b575742/control-de-la-detencion-y-auto-de-vinculacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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