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Modo: Corpus Pro

DETENCIÓN, CONTROL DE SU LEGALIDAD. NO PROCEDE EJERCERLO RESPECTO DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN (ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 444/2019. · Registro digital (IUS): 29503
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Pág. 98.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 444/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, en atención a que el conflicto denunciado, se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales, respecto de un tema penal, especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue planteada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal.

TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:

Ver posturas contendientes 1

Ver posturas contendientes 2

CUARTO.—Requisitos para la existencia de la contradicción. La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia; por tanto, no es preciso que esos criterios constituyan jurisprudencia,(1) pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.

En efecto, el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que la existencia de una contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Suprema Corte o los Tribunales Colegiados en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Adopten criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho, aunque las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(2) y en la tesis aislada P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3)

Así, conforme a los criterios anteriores, la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales respectivos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

Asimismo, la finalidad de la determinación que esta Suprema Corte pronuncie, es que sean definidos los puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues precisamente para ello fue creada desde la Constitución Federal la figura de la contradicción de tesis.

En ese contexto, esta Primera Sala estima que en el caso, se actualizan todos los requisitos de referencia, tal y como enseguida se demostrará.

1. Sostenimiento de tesis contradictorias a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una decisión. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

En efecto, consta en autos que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo que el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el control de la detención respecto de los casos de flagrancia delictiva o caso urgente, sin embargo, tales hipótesis de detención deben tenerse puestas de manera enunciativa y no restrictiva, con base en los principios constitucionales de interpretación conforme y pro persona establecidos en el artículo 1o. constitucional, pues dicho control de la detención involucra la verificación del cumplimiento de obligaciones y deberes constitucionales de protección de los derechos humanos e internacionales de prevención de todo posible contexto de detención arbitraria, tortura o malos tratos hacia el imputado por parte de las autoridades del Estado Mexicano.

Que en ese sentido, se vedó al imputado y a su defensa acusar las condiciones en que fue ejecutada la orden de aprehensión en su contra, pues si bien, la existencia de ese mandato judicial de entrada, bien podría razonablemente presumir la licitud de la detención, no menos cierto lo es que, quien porta y ejecuta dicha orden no puede erigirse con potestad o permisión para actuar al margen del marco constitucional o de manera arbitraria.

Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de rubro siguiente:

"CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN. COMPRENDE LA DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, EN ARAS DE PREVENIR SU REALIZACIÓN ARBITRARIA, CON TORTURA Y/O MALOS TRATOS (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO)."

A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 20/2019, estableció que de la interpretación teleológica, sistemática y conforme del numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe precisarse que el control de la legalidad de la detención, por parte del Juez, como obligación normativa, se actualiza en los casos de flagrancia o caso urgente, sin que comprenda la derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión; y, que lo anterior es así, partiendo de la premisa de que en caso urgente la privación de la libertad es ordenada por el Ministerio Público; mientras que en el caso de la flagrancia puede ser ejecutada por cualquier persona, por lo que a fin de evitar arbitrariedades en su ejecución, es que esas actuaciones deben ser motivo de escrutinio judicial, por el Juez de Control, a fin de verificar su legalidad.

Que una razón más para entender que el numeral 308 de la codificación procesal nacional penal, conmina al Juez de Control a efectuar ese análisis sobre el control de legalidad de detención únicamente en los casos de flagrancia y caso urgente, deriva de que sería contra la lógica que el propio Juez de Control que emite la orden de aprehensión, tenga que justificar ante sí mismo, que cumplió con los requisitos constitucionales y legales para su libramiento, pues no debe pasar inadvertido que de conformidad con el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de Control que hubiere expedido la orden.

Que aunque en el caso particular el imputado no alegó actos de violencia o tortura en el cumplimiento de la orden de aprehensión, se debía considerar que no es obstáculo para arribar a esta conclusión que llegara a hacerlo, pues la acreditación de actos de tortura, jurídicamente para el cumplimiento de la orden de aprehensión, no tiene trascendencia alguna, por tratarse de un acto realizado con posterioridad a que el imputado es detenido; lo anterior con independencia de la eventual declaración de ilicitud de las pruebas que se puedan llegar a recabar con posterioridad a la detención del imputado derivadas de la tortura, pero no así de la ejecución de la aprehensión.

Consideraciones que se reflejaron en la tesis de rubro: "CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN. SÓLO DEBE EFECTUARSE POR EL JUEZ DE CONTROL EN CASOS DE URGENCIA O FLAGRANCIA SIN QUE COMPRENDA LA DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, AUN EN ARAS DE PREVENIR SU REALIZACIÓN ARBITRARIA CON TORTURA Y/O MALOS TRATOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA, SISTEMÁTICA Y CONFORME DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO, PRIMERA PARTE Y TERCERO DEL ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."

2. Adopción de criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho. Ahora bien, esta Primera Sala considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo problema jurídico; sin que sea óbice a lo anterior que en uno de los casos sometidos al escrutinio de los tribunales contendientes, el imputado no haya alegado actos de violencia o tortura en la ejecución de la orden de aprehensión, porque como se advertirá a continuación, esa razón no obstó para que el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito se pronunciara al respecto, emitiendo un criterio discrepante al emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.

En efecto, mientras a) el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito consideró que las hipótesis contempladas en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el control de legalidad de la detención, debían ser enunciativas y no restrictivas, por lo que no debía limitarse a los casos de flagrancia o caso urgente, pues dicho control de la detención involucra la verificación del cumplimiento de obligaciones y deberes constitucionales de protección de los derechos humanos e internacionales, así como de prevención de todo posible contexto de detención arbitraria, tortura o malos tratos hacia el imputado por las autoridades del Estado, que eventualmente pueden tener efectos procesales y probatorios; de ahí que comprenda además la detención derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión, en aras de impedir que se realice ilegalmente.

Por otra parte b) el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito sostuvo que de la interpretación teleológica y conforme del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluía que el control de la legalidad de la detención sólo debía hacerse en casos de urgencia o flagrancia, sin que comprenda la derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión; y, que no era obstáculo para arribar a esa conclusión que el imputado alegara actos de violencia o tortura, en tratándose del cumplimiento de órdenes de aprehensión, pues el eventual proceder ilegal de la autoridad captora en ese sentido debe considerarse, en todo caso, realizado en forma posterior a la ejecución misma del mandamiento de captura, por lo que ello no formaría parte de la calificación de la legalidad de la detención.

Por tanto, es inconcuso que las consideraciones que tomaron en cuenta los tribunales contendientes para arribar a sus conclusiones son opuestas, ya que mientras uno de los tribunales consideró que las hipótesis de detención contempladas en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo debían considerarse como enunciativas y no restrictivas, de ahí que comprendiera la detención derivada de la ejecución de las órdenes de aprehensión, en aras de prevenir todo posible contexto de detención arbitraria, tortura o malos tratos hacia el imputado por parte de las autoridades del Estado, que eventualmente podrían tener efectos procesales y probatorios; la otra postura contendiente determinó que el control de la legalidad de la detención sólo debía realizarse en casos de urgencia o flagrancia, ya que en los casos de aprehensión, el estudio y la emisión de dicho acto de autoridad, ya fueron realizados previamente por el propio Juez de Control y que el eventual proceder ilegal –ejecución de actos violentos, tortura o malos tratos– por parte de las autoridades encargadas de ejecutar una orden de aprehensión emitida por el propio Juez, debía considerarse, en todo caso, realizado en forma posterior a la ejecución misma del mandamiento de captura, por lo que ello no formaría parte del control de la legalidad de la detención.

Atendiendo a lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo del problema advertido, para establecer cuál es el criterio que debe prevalecer, fijando como punto de contradicción el determinar:

Si ¿el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los casos de flagrancia o caso urgente, se debe realizar en los supuestos de detención derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión?

QUINTO.—Determinación del criterio a prevalecer. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, en atención a las razones que a continuación se expresan.

Como se anticipó, el tema de la presente contradicción de criterios consiste en determinar si: ¿el control de legalidad de la detención previsto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los supuestos de flagrancia o caso urgente, se debe realizar en los casos de detención derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión?

La respuesta a esta interrogante es negativa, las razones se explican en el desarrollo de los siguientes puntos: I. La audiencia inicial en el proceso penal acusatorio; II. Naturaleza jurídica de las figuras de flagrancia, caso urgente y orden de aprehensión (causas legales de restricción de la libertad); III. Medidas restrictivas de libertad en el parámetro internacional; IV. Control de legalidad de la detención (artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales); y, V. Impugnación de las violaciones cometidas en el procedimiento penal acusatorio.

I. La audiencia inicial en el proceso penal acusatorio

Para contextualizar la audiencia de control de legalidad de la detención es necesario explicar brevemente cómo se lleva a cabo el desarrollo de la audiencia inicial.

Cuando el imputado se encuentra físicamente ante el Juez de Control, deben seguirse los pasos procesales que conforman la audiencia inicial, los cuales se encuentran previstos en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(4) y consisten en:

1. Informar al imputado de sus derechos constitucionales –en caso de que no se haya hecho–;

2. Realizar el control de la legalidad de la detención –siempre que la detención se haya realizado con motivo de la flagrancia delictiva o caso urgente–;

3. Formular imputación;

4. Dar oportunidad de declarar al imputado;

5. Resolver sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares; y,

6. Definir el plazo para el cierre de investigación.

En los subsecuentes preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se detalla la forma en que habrá de desarrollarse la audiencia inicial:

• En caso de que la puesta a disposición del inculpado ante el Juez de Control se deba a que fue detenido en flagrancia delictiva o caso urgente, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de Control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales.(5)

• Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, podrá ejecutarse en su contra una orden de aprehensión o ratificar de legal la detención,(6) y después de haber verificado el Juez de Control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público, para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.(7)

• Formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el ordenamiento adjetivo nacional.(8)

• Luego de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de Control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al Ministerio Público, el Juez de Control le explicará al imputado los momentos en que puede resolverse sobre tal solicitud.

En el propio acto, se le hará saber al imputado que el pronunciamiento sobre el auto de vinculación a proceso puede realizarse en el mismo momento, dentro del plazo de setenta y dos horas o en la ampliación del mismo, a solicitud del propio imputado.

En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite su duplicidad, el Ministerio Público deberá requerir y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo los datos de prueba sobre un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado.(9)

• El Juez de Control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria.(10)

II. Naturaleza jurídica de las figuras de orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente (causas legales de restricción de la libertad)

Para iniciar el desarrollo del presente apartado, es necesario tomar en cuenta lo que dispone el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece la garantía de los derechos de libertad y seguridad personales:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo."

Dicha prerrogativa, guarda relación con el contenido del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe afectar el derecho a la libertad personal, salvo por las condiciones y causas fijadas de antemano por la Constitución:

"Artículo 7. Derecho a la libertad personal.

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

"2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

"3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. ..."

Así, la libertad personal constituye un derecho humano que no puede ser restringido, salvo en las condiciones que la propia Constitución establece, como acontece con las detenciones en flagrancia o caso urgente, derivadas de elementos que permitan atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales, por lo que se puede entender que la regla general es que toda persona goza de libertad personal y de tránsito, mientras que su restricción o suspensión debe estar delimitada por casos específicos; dentro de los cuales, el mandamiento escrito, firmado por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, constituye la regla general: orden de aprehensión, mientras que los casos de urgencia y flagrancia, representan los casos excepcionales.

Orden de aprehensión

El tercer y cuarto párrafos del artículo 16 constitucional, al respecto señalan lo siguiente:

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior, será sancionada por la ley penal."

Conforme a lo señalado por esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1090/2017,(11) la orden de aprehensión es conocida como una de las formas de conducción del imputado al proceso penal, cuando el Ministerio Público advierta necesidad de cautela; en el caso de que la persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad; y, cuando se incumpla con una medida cautelar.

En ese tenor, se consideró que la orden de aprehensión deriva de una investigación previa por parte del Ministerio Público y para que pueda librarse debe cumplirse con los siguientes requisitos:

• Debe existir denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito;

• Sancionado con pena privativa de libertad;

• Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y

• Sea emitida por la autoridad judicial.

También se explicó que conforme al sistema de justicia penal acusatorio, para el dictado de una orden de aprehensión, al igual que el auto de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el indiciado (imputado), lo haya cometido o haya participado en su comisión y que lo anterior es, porque el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión, es poner al detenido a disposición del Juez de Control, para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación.

Que en ese tenor, el Ministerio Público al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión, expondrá ante la autoridad judicial las razones que justifiquen su pretensión, en tanto que el Juez deberá resolver en audiencia lo conducente, debiendo pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud; y, que al ser un acto de autoridad que restringe la libertad personal, es un acto de molestia, por lo que debe estar fundado y motivado; sin que sea necesario que la resolución que al respecto se emita, deba constar por escrito, ya que será precisamente en la audiencia, en la que el Juez de manera oral pronuncie la decisión de aprehender a una persona, para que sea llevada ante él.

Que por lo anterior, no es necesario que se pronuncie una diversa resolución por escrito, porque la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado es la videograbación en la que consta de manera fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó la orden; sobre todo atendiendo a la reforma al primer párrafo del artículo 16 constitucional, transcrito con anterioridad en donde se estableció dicha circunstancia, para los juicios en que prevalezca la oralidad.

Finalmente se añadió que para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el Juez de Control proporcione a los elementos aprehensores, una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permitan identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal.

Se explicó que los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia, son: el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener, la que deberá ser plenamente identificada por los aprehensores; que exista una causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; así como el Juez de Control que pronunció la orden y la fecha en la que la expidió; y, que con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular y se asegurará la prerrogativa de defensa en contra una detención que no cumpla con los requisitos constitucionales necesarios.

Hasta aquí con la referencia al amparo en revisión 1090/2017.

Como se advierte de lo señalado en los párrafos anteriores, las órdenes de aprehensión tienen las siguientes características:

1. Son emitidas por el Juez de Control a solicitud del Ministerio Público en una audiencia específica.

2. Deben preceder de una denuncia o querella de un hecho que la ley sancione como delito, y con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese delito y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

3. No es necesario que se pronuncie una diversa resolución por escrito, porque la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado es la videograbación en la que consta de manera fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó la orden.

4. No obstante lo señalado en el punto anterior, para efectos de la ejecución de dicha orden, es necesario que el Juez de Control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa.

5. Los requisitos mínimos de legalidad que deben contener las órdenes de aprehensión son: el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener, la que deberá ser plenamente identificada por los aprehensores; que existe una causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; así como el Juez de Control que pronunció la orden y la fecha en la que la expidió.

Flagrancia

Dicho supuesto excepcional a la orden de aprehensión, se especifica en el párrafo quinto del mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto señala:

"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención."

Esta Primera Sala se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el alcance del derecho a la libertad personal, así como sobre diversos aspectos de la detención en flagrancia, señalando que puede actualizarse en cualquiera de los siguientes escenarios:(12) (1) cuando el probable responsable es sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente por la persona que percibió directamente el hecho y (ii) cuando la detención es realizada por una persona que –aunque no presenció directamente el hecho– tiene conocimiento del delito inmediatamente después de su comisión y cuenta además con datos objetivos que le permiten identificar y detener al probable responsable en ese momento. (inmediatez)

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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29503-2c785f38/detencion-control-de-su-legalidad-no-procede-ejercerlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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