Corpus
Modo: Corpus Pro

DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 203/2017. · Registro digital (IUS): 28754
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, Pág. 923.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 203/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 13 DE MARZO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto respecto de la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(2) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

6. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión ********** –derivado del amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl–.

7. Refirió que el Juez de Distrito consideró como actos reclamados la omisión del Ministerio Público de acordar en la carpeta de investigación las peticiones del quejoso, en el sentido de permitirle comparecer a declarar y así estar en aptitud de desahogar su derecho de audiencia; así como la notificación de la citación para que el quejoso compareciera a la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa relacionada con el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

8. Del examen integral del expediente, el Tribunal Colegiado advirtió un acto reclamado distinto a los analizados por el Juez de Distrito, ya que el quejoso también reclamó una eventual orden de aprehensión; sin embargo, respecto de dicho acto se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo.

9. Precisó que el Juez de Distrito en forma legal, estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la omisión del Ministerio Público de acordar en la carpeta de investigación las peticiones del quejoso, en el sentido de permitirle comparecer a declarar, para estar en aptitud de desahogar su derecho de audiencia.

10. Lo anterior, porque operó un cambio en la situación jurídica, ya que la representación social solicitó ante el Juez de Control la audiencia de formulación de imputación, es decir, ya judicializó la investigación; por tanto, debían considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas derivadas de la carpeta de investigación.

11. También estimó correcta la determinación del Juez de Distrito, en el sentido de actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso acto reclamado relativo a la notificación de la citación para que el quejoso compareciera a la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa relacionada con el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones alimentarias, toda vez que ya fue celebrada dicha audiencia en la que se hizo constar la incomparecencia del quejoso a pesar de encontrarse debidamente notificado y el Juez de Control dejó a salvo los derechos de la representación social para que en el momento procesal oportuno planteara una nueva solicitud de formulación de imputación conforme a sus atribuciones, sin que haya pedido una nueva audiencia para tales efectos.

12. Por tanto, desapareció el objeto sobre el cual el evento reclamado pudiera surtir efectos, en razón de que ya no se fijó nueva fecha para la formulación de la imputación, pues sólo se dejaron a salvo los derechos de la fiscalía para ello.

13. Por otra parte, el Tribunal Colegiado, precisó que se actualizaba la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ya que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la eventual orden de aprehensión en contra del quejoso, sin que el recurrente aportara prueba alguna para desvirtuar esa negativa.

14. En ese tenor, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio.

II. Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión ********** –derivado del amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada–.

15. Consideró que de la demanda de amparo se advertía que el quejoso reclamó la determinación adoptada en la audiencia inicial, mediante la cual, se ratificó como legal su detención; sin embargo, de la videograbación de la audiencia inicial se advertía que se dictó auto de vinculación a proceso y posteriormente se celebró la audiencia de discusión de medidas cautelares, en la que se impuso al quejoso la presentación periódica ante la autoridad encargada de la coordinación, evaluación y supervisión de medidas cautelares.

16. Razón por la cual, determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, consistente en la ratificación de la detención del quejoso, al existir un cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de vinculación a proceso y la imposición de una medida cautelar, que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la ratificación de la detención del gobernado.

17. Precisó que tal determinación, no implicaba una prohibición o impedimento para que la autoridad posteriormente determinara si debían excluirse pruebas por derivar de una detención ilegal, ya que la calificación de la detención era un pronunciamiento preliminar dictado en la primera fase de la audiencia inicial con base en datos de prueba, es decir, con la mera enunciación que se realiza de diversos actos de investigación agregados a la carpeta de investigación, en el que aún no existía una investigación pormenorizada para determinar, con base en pruebas, la verdad histórica.

18. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada XV.3o.5 P (10a.),(3) de título, subtítulo y texto:

"RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DECRETADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SI AL TÉRMINO DE DICHA DILIGENCIA SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y SE RESUELVE LA FASE DE DISCUSIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El juicio de amparo indirecto en el que se reclama la legalidad de la ratificación de la detención decretada en la audiencia inicial dentro del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, es improcedente si al término de dicha diligencia, habiéndose llevado a cabo la imputación, se dicta el auto de vinculación a proceso y se resuelve la fase de discusión de medidas cautelares, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad, toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de una medida cautelar, además de que una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso, en razón de que los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos; por consiguiente, en ese supuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un cambio de situación jurídica que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la ratificación de la detención del gobernado. Sin que lo anterior implique una prohibición o impedimento para que la autoridad común, posteriormente, determine que deben excluirse pruebas por derivar de una detención ilegal, pues la calificación de la detención es un pronunciamiento preliminar dictado en la primera fase de la audiencia inicial con base en datos de prueba, es decir, con la mera enunciación realizada de diversos actos de investigación que obran en la carpeta respectiva, procedimiento penal en el que aún no existe una investigación pormenorizada para determinar con base en pruebas la verdad histórica de los hechos; además, en el procedimiento penal acusatorio, el auto de vinculación dictado en esa audiencia tiene por efecto, entre otros, autorizar una investigación judicializada que tiene como fin fundamental el esclarecimiento de los hechos."

III. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión ********** –derivado del amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua–.

19. Analizó de oficio el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito de la legalidad de la calificación de la detención.

20. Determinó que el dictado del auto de vinculación a proceso provoca un cambio en la situación jurídica que guardaba el quejoso al momento en que el Juez de garantía ratificó su detención, ya que la libertad del inculpado ahora se rige por la vinculación a proceso, por lo que sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

21. Precisó que al decretarse el cambio de situación jurídica, el imputado no se encuentra limitado para reclamar en diverso juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, a fin de que el Juez Federal analice si la detención se llevó a cabo bajo los requisitos constitucionales, ya que los datos de investigación que se obtienen con motivo de la detención, deben ser valorados por el Juez de garantía al dictar la vinculación a proceso, razón por la cual se debe constatar que tales datos no fueron obtenidos con violación a los derechos humanos, pues de lo contrario se estaría ante una prueba obtenida de manera ilícita.

22. En ese tenor, estimó que al no haber sido analizada la legalidad de la detención como tema de fondo en el amparo indirecto, el quejoso tenía la oportunidad de plantearla bajo la hipótesis de una violación procesal en el juicio de amparo directo, o bien, al momento de impugnar el auto de vinculación a proceso, dada la licitud que debe caracterizar a los datos que se tomen en consideración para estimar satisfechas las exigencias constitucionales previstas en el artículo 19 constitucional.

23. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada XVII.1o.P.A.29 P (10a.),(4) de título, subtítulo y texto:

"CALIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA DETENCIÓN. SI SE RECLAMÓ EN EL JUICIO DE AMPARO Y SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ELLO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DICHA CIRCUNSTANCIA NO LIMITA AL QUEJOSO PARA RECLAMAR LA ILEGALIDAD DE AQUÉLLA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA EL AUTO, NI AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO PARA VERIFICAR SI LA DETENCIÓN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES. Si en el juicio de amparo se reclama la calificación del control de la detención, con el dictado del auto de vinculación a proceso, se provoca un cambio de situación jurídica; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No obstante, la estandarización en la protección del derecho humano a la libertad personal en el ámbito nacional e internacional, amerita el control de la detención con apego a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de los que México es Parte, traducido en un ejercicio auténtico de los órganos jurisdiccionales, y siendo dicho control el mecanismo establecido para analizar si fue o no trastocado ese derecho del imputado, elevado a la categoría de orden público, propicia su análisis preferente y oficioso al resolverse la situación jurídica, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, la circunstancia de que se actualice la citada causa de improcedencia, no limita al quejoso para reclamar la ilegalidad de la detención en diverso juicio de amparo promovido contra dicho auto de vinculación a proceso, ni al Juez de Distrito del conocimiento para verificar, aun en suplencia de la queja deficiente de la expresión de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la misma ley, si cumplió con los requisitos constitucionales, dada la estrecha relación jurídica existente entre ambas actuaciones procesales en cuanto a la afectación de la libertad personal. Para robustecer la anterior conclusión, basta tener en cuenta que los datos de investigación se relacionan con el hecho de la detención y son sujeto de valoración a cargo del Juez de Garantía al dictar el auto de vinculación a proceso; de ahí la necesidad de constatar previamente si los datos fueron obtenidos en respeto a los derechos fundamentales del imputado, lo cual involucra la detención, pues de haber acontecido una transgresión, se estaría ante una posible violación al debido proceso y obtención de prueba ilícita."

IV. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** –derivado del amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México–.

24. Declaró fundado el agravio del recurrente, a través del cual argumentó que fue indebido que el Juez de Distrito decretara el sobreseimiento por cambio de situación jurídica (artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo), respecto del acto consistente en el control de la detención, con motivo de la emisión del auto de vinculación a proceso, pues el juzgador comparó el auto de vinculación a proceso con un auto de formal prisión, cuando son de naturaleza y efectos distintos, además de contar con reglas procesales incomparables.

25. Estimó que no podía acontecer un cambio de situación jurídica cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación que califica de legal la detención y posteriormente se dicta la vinculación a proceso, ya que son actos independientes.

26. Indicó que aun cuando pudiera establecerse que la restricción de la libertad del imputado inicialmente se justificó mediante el control de la detención y que cuando se dicta la vinculación a proceso la libertad ya no depende de la calificación hecha, sino de las medidas precautorias decretadas, en el sistema penal acusatorio, la restricción de la libertad no deriva del auto de vinculación, ya que sólo tiene la finalidad de sujetar a una persona a una investigación judicializada, pero formalmente no es el acto que la priva de la libertad, sino las providencias determinadas para ello, como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero en ninguno de estos actos se analiza la detención de una persona y, por ende, puede ser materia de estudio en la vía constitucional, con independencia de que ya exista un auto de vinculación.

27. Por lo que determinó que cuando se reclaman la ratificación de la detención, la medida cautelar y el auto de vinculación a proceso, debe analizarse primeramente el control de la detención, pues en caso de existir alguna violación, se debe determinar su ilegalidad y las pruebas que se hayan obtenido, para que sean excluidas de los actos subsecuentes (medida cautelar y vinculación a proceso).

28. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada II.1o.44 P (10a.),(5) de título, subtítulo y texto:

"RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA ES PROCEDENTE, SIEMPRE QUE SE RECLAME JUNTO CON EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y POR ENDE, NO SE ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. En la etapa de investigación dentro del sistema procesal acusatorio y oral en el Estado de México, corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendentes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el Juez de control tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado, vinculándolo, en su caso, a proceso, en los términos y condiciones previstos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 293 del Código de Procedimientos Penales para la entidad. Ahora bien, con el dictado del auto de vinculación a proceso no se provoca un cambio de situación jurídica, en correlación con la ratificación de la detención, que actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues la restricción de la libertad no deriva de dicho auto, el cual tiene únicamente la finalidad de sujetar a una persona a una investigación judicializada, pero formalmente no es el acto que la priva de la libertad, sino las providencias determinadas para ello, entre otras, la prisión preventiva oficiosa, pero en ninguno de estos actos (imposición de la medida cautelar o el auto de vinculación a proceso), se analiza la detención de un individuo y, por ende, puede ser materia de estudio en la vía constitucional, con independencia de que ya exista un auto de vinculación a proceso, máxime si el quejoso lo impugna también como acto destacado, porque en caso de existir alguna violación en esa etapa, se estaría en posibilidad de resarcir la afectación, al declarar su ilegalidad y determinar las pruebas que con motivo de ellas son ilícitas, para finalmente ordenar su exclusión en los subsecuentes actos (entre ellos, el auto de vinculación a proceso); de ahí que contra la ratificación de la detención del inculpado en la audiencia de control, proceda el amparo indirecto, siempre que se reclame junto con el auto de vinculación a proceso, al no actualizarse la referida causa de improcedencia."

29. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(6) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.".(7)

30 Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos, es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

31. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.

32. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis, es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

33. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los Tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

34. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

35. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.

Primer requisito: Arbitrio judicial.

36. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, determinaron esencialmente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la ratificación de la detención del quejoso por el Juez de Control, al existir un cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de vinculación a proceso y la imposición de una medida cautelar, que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo del control de la detención.

37. En tanto que, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consideró que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la ratificación de la detención del quejoso por el Juez de Control y posteriormente se dicta el auto de vinculación a proceso, así como la imposición de una medida cautelar, porque se trata de actos independientes, ya que la vinculación a proceso sólo tiene la finalidad de sujetar a una persona a una investigación judicializada, pero formalmente no es el acto que la priva de la libertad, por lo que puede ser materia de estudio en la vía constitucional, con independencia de que ya exista un auto de vinculación.

Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico.

38. Como puede advertirse, los Tribunales Colegiados resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que determinaron lo conducente respecto al control de la detención y el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal acusatorio, en el sentido de establecer si se actualiza un cambio de situación jurídica en el juicio de amparo promovido contra el control de la detención llevado a cabo por el Juez de Control, cuando posteriormente se dicta el auto de vinculación a proceso.

39. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.

40. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.

Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

41. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.

42. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuando se reclama vía juicio de amparo indirecto la calificación de la detención realizada por el Juez de Control en la audiencia inicial, al existir un cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de vinculación a proceso y la imposición de una medida cautelar, que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo del control de la detención?.

43. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los Tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.

44. Es importante destacar que, tal como sucede en el presente caso, aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no son constitutivos de jurisprudencia debidamente integrada, ello no representa un obstáculo para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cual es el criterio que debe prevalecer, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, ni tampoco el artículo 226 de la Ley de Amparo, lo exigen así, al establecer genéricamente que se trate de "tesis contradictorias".

45. Sin que sea óbice para la actualización de la contienda de criterios que los Tribunales Colegiados analizaron el control de la detención y el auto de vinculación conforme a dos legislaciones procesales distintas, a saber, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, esa circunstancia no torna inexistente la contradicción de criterios, porque dichas legislaciones regulan de forma similar tales actos procesales.

46. Además, el control de la detención y la vinculación a proceso, son figuras que están establecidas constitucionalmente en los artículos 16 y 19,(8) que deben regir en el proceso penal acusatorio, con independencia de su regulación en los distintos ordenamientos adjetivos.

47. Ilustra lo relatado la tesis aislada 1a. LXI/2012 (10a.)(9) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los Tribunales Colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."

48. QUINTO.—Inexistencia de la contradicción. No obstante lo anterior, es inexistente la contradicción de tesis respecto del criterio sustentado por el Segu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28754-24b25893/detencion-la-emision-del-auto-de-vinculacion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.