CONFLICTO COMPETENCIAL. EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ HUBIESE ACEPTADO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO, NO IMPIDE QUE DERIVADO DE UNA NUEVA REFLEXIÓN O POR NUEVOS ELEMENTOS, DE OFICIO, LA DECLINE, SIEMPRE QUE LO HAGA ANTES DEL DICTADO DEL LAUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONFLICTO COMPETENCIAL 27/2018. SUSCITADO ENTRE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA. 31 DE ENERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Existencia del conflicto competencial y argumentos que sustentan las autoridades contendientes sobre el particular.
En principio, es oportuno establecer si en el caso existe conflicto competencial, para lo cual, debe verificarse si se encuentran colmados los requisitos formales necesarios para que se actualice.
Para ello, es necesario que se configuren los siguientes requisitos:
1) Que dos autoridades manifiesten de forma expresa, en ejercicio de su autonomía, que no aceptan conocer del asunto a ellos sometido; y,
2) La existencia de un asunto del que pudieran conocer dos o más juzgadores, sea que se surta por territorio, por materia, por cuantía o por grado, y su finalidad consiste en establecer la idoneidad del órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto.
Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 46, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.—Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."
Aunado a ello, tratándose de autoridades laborales, es necesario que ese conflicto se integre de la manera prevista en los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que si una autoridad declara que carece de competencia, entregue los autos a la diversa que estime competente, misma que, si al recibirlos también rechaza ser la indicada para conocer del asunto, debe remitirlos a la que corresponda dirimir ese conflicto.
Sirve de apoyo a lo antes destacado, la tesis CXLVII/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 352, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"COMPETENCIA LABORAL. REQUISITOS PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE PLANTEADO UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA.—De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta se declara incompetente tiene la obligación de remitir el expediente a la autoridad que estime competente y si ésta, al recibir los autos, también se declara incompetente, los remitirá a la que deba dirimir el conflicto competencial. Sólo a través de este procedimiento es que un conflicto entre tribunales laborales, o entre éstos y otro órgano jurisdiccional, puede llegar al conocimiento de la autoridad que deba dirimir dicha controversia competencial."
Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que existe conflicto competencial entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado y la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con sede en esta ciudad capital, ya que tales autoridades se declararon legalmente incompetentes para conocer de la demanda laboral promovida por **********, en contra del ********** y/o en forma personal de la C. **********, por sí y como ********** del **********, de quienes reclamó, entre otras prestaciones, la reinstalación en su fuente de trabajo en el puesto que se encontraba desempeñando, por haber sido –a su decir– despedida injustificadamente.
Lo pasado se asegura de esa manera, en razón de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto de que se trata, toda vez que consideró que la parte demandada **********, es un organismo público descentralizado, y el artículo 1o. de la Ley Estatal del Servicio Civil establece la competencia para conocer de este tipo de asuntos en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado; aunado a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]."; por ello, declinó la competencia en favor de ese tribunal y ordenó remitirle los autos. (fojas 22 y 23 del sumario natural)
Por su parte, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, tuvo por recibidos los autos y expuso textualmente que: "...este tribunal es competente para conocer del presente controvertido...", esto es, aceptó la competencia y radicó el expediente bajo el número **********; luego, requirió a la parte actora para que aclarara diversos puntos de la demanda, puesto que la estimó oscura e imprecisa, por lo que le otorgó el término de tres días hábiles para que actuara en consecuencia.
Posteriormente, desahogada la prevención correlativa, el tribunal del conocimiento, mediante auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, determinó –se infiere, en una nueva reflexión sobre la competencia relativa– que si bien es cierto el demandado ********** es un organismo público descentralizado, también lo es que es una institución superior autónoma (sic) por ley, tal como lo dispone el decreto publicado en la Gaceta Oficial número 224 de nueve de noviembre de dos mil cuatro, que en sus artículos 1, 22, 23 y 24, dispone que queda excluida del régimen de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y debe regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, con las modalidades que establezcan respecto de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, en consecuencia, deben dirimirse sus controversias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, así como el artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia; atento a lo anterior, planteó el conflicto competencial de que se trata. (fojas 33 y 35 ibídem)
Sin que se inadvierta, como ya se expuso, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de referencia llevó a cabo la anterior determinación con posterioridad a haber aceptado la competencia, en tanto ello ocurrió antes del dictado del laudo, por lo que se encontraba en posibilidad legal para actuar en consecuencia.
Cobra aplicación a lo anterior, la tesis VII.2o.T.94 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo IV, enero de 2017, página 2478 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas», de título, subtítulo y texto:
"CONFLICTO COMPETENCIAL. EL HECHO DE QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, HUBIESE ACEPTADO LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO, NO IMPIDE QUE DERIVADO DE UNA NUEVA REFLEXIÓN O POR NUEVOS ELEMENTOS, DE OFICIO, LA DECLINE, SIEMPRE QUE LO HAGA ANTES DEL DICTADO DEL LAUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El hecho de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, hubiese aceptado la competencia para conocer de un asunto, no impide que posteriormente, derivado de una nueva reflexión o por nuevos elementos, de oficio, la decline, siempre y cuando ello se haga antes del dictado del laudo, esto es, del acuerdo de cierre de instrucción; lo que se explica ya que si dicho tribunal aceptó conocer de una demanda laboral cuya competencia declinó otro órgano jurisdiccional, puede rechazarla e iniciar un conflicto competencial ante el Poder Judicial de la Federación, oficiosamente ‘en cualquier estado del proceso’ según el artículo 192 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz; sin embargo, este precepto debe entenderse en armonía con los diversos 213 y 219 de esa ley, que definen que el procedimiento jurisdiccional burocrático inicia con la presentación de la demanda y concluye hasta antes del dictado del laudo, esto es, con el acuerdo de cierre de instrucción. De ahí que, aun cuando en el primer acuerdo que dictó, aceptó conocer de la demanda laboral y, posteriormente, esto es, en la audiencia de ley, de oficio, determinó carecer de competencia, tal determinación es legal, porque esa declaratoria la hizo durante el procedimiento, pero antes de dictar el laudo, bajo un argumento o elemento no ponderado; por tanto, debe estimarse legal esa decisión, porque nada le impedía proceder de esta manera, ya que aún no precluía la posibilidad legal de ese órgano jurisdiccional para abordar su estudio."
De lo antes expuesto, se advierte la concurrencia de los presupuestos indispensables para que se configure el conflicto competencial, porque los órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, abstenerse de conocer y resolver la demanda laboral respectiva; es decir, sí existe conflicto competencial, dado que las autoridades contendientes se niegan a conocer del juicio, por las razones que quedaron plasmadas en líneas que anteceden.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 46, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.", ya transcrita en la presente resolución.
CUARTO.—Determinación de la competencia.
Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que corresponde conocer de la demanda laboral de que se trata, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad.
Para sustentar esta determinación, en primer lugar, es pertinente señalar que la parte actora demandó en la vía laboral del ********** y/o en forma personal a la C. **********, por sí y como ********** del **********, entre otras prestaciones, la reinstalación en su fuente de trabajo, en **********, por haber sido –a su decir– despedida injustificadamente.
Ahora bien, la parte demandada es un organismo público descentralizado, como así se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el nueve de noviembre de dos mil cuatro, de la Ley Número 224 que creó dicho organismo, señalando en su artículo 1 que: "Se crea el **********, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios..."
Por su parte, el artículo 1 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz dispone que dicha ley es de observancia obligatoria para, entre otros, los organismos descentralizados del Estado o Municipios.
De manera que, por ser el **********, un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, las relaciones laborales de dicho organismo con sus trabajadores y los conflictos laborales que surjan de esa relación, como en el presente caso acontece, debe conocerlos el citado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y no así, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Ello, aunado a que, como señaló la Junta local, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.), así como todos aquellos criterios en donde se hubiere sostenido una postura similar, al resolver el amparo directo en revisión **********, en sesión de cuatro de mayo de dos mil seis, en el que concluyó que acorde con lo dispuesto por el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial, lo cual dio origen a la tesis aislada con número de identificación 2a. XXXIII/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 1210 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas», esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda laboral (diecisiete de octubre de dos mil diecisiete), que actualmente constituye la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), publicada en la propia Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 1006 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los ‘Estados y sus trabajadores’ se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto ‘Estado’ como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial."
Es decir, dicho criterio fue de observancia obligatoria para la fecha de presentación de la demanda laboral.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.L. J/4 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Tomo II, octubre de 2018, página 1437 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de octubre de 2018 a las 10:15 horas» registro digital: 2018051, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA LABORAL. AL RESOLVERSE DEBE APLICARSE LA JURISPRUDENCIA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA Y NO LA POSTERIOR QUE LA SUSTITUYE. Si un justiciable ejerce una acción laboral y presenta su demanda laboral ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que ésta sea quien resuelva el asunto, apoyado en el derecho que al respecto tiene, derivado de la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente en la fecha de esa presentación, de aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, y el demandado plantea un incidente de falta de competencia, donde aduce que la autoridad competente para conocer de la demanda es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con lo que aquél no está de acuerdo, y al resolverse el conflicto laboral en cuestión, se estima que es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), que sustituyó la aducida por el accionante, dicha decisión vulnera el último párrafo del numeral citado, toda vez que ese nuevo criterio se aplica retroactivamente en perjuicio del justiciable, además porque se afecta el derecho al debido proceso del trabajador, al someterlo a que su acción se resuelva por un tribunal diverso e, incluso, a que se le aplique la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México y no la Ley Federal del Trabajo, ordenamientos jurídicos que, además de contener un procedimiento y establecer normas sustantivas distintas, tratan ciertos aspectos laborales de manera diferente, lo que pudiera influir al momento en que la autoridad que se determine como competente resuelva el fondo del asunto desfavorablemente a los intereses del justiciable. De ahí que en la resolución de un conflicto competencial en materia laboral debe aplicarse la jurisprudencia vigente al momento en que se presente la demanda relativa y no la posterior que la sustituye, toda vez que el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."
Luego, por lo hasta aquí precisado, se arriba a la convicción de que si, en el caso, la parte promovente del juicio laboral presentó su demanda el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, demandando del ********** y/o en forma personal a la C. **********, por sí y como ********** del **********, entre otras prestaciones, la reinstalación en su fuente de trabajo, esto es, cuando ya se encontraba vigente la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.); y dado que la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz y el artículo 24 de la ley que creó dicho instituto, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 224, el nueve de noviembre de dos mil cuatro, otorgan competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado para conocer de los conflictos laborares que surjan entre éste y sus trabajadores; es claro que a quien debe fincarse la competencia para conocer del asunto es a dicho tribunal, en términos de lo dispuesto en el criterio interpretativo que actualmente está vigente en torno al tema.
No escapa a la atención de este órgano colegiado, la circunstancia de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, citara como apoyo para sustentar su incompetencia legal, el artículo 3o. de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que al efecto dispone:
"Artículo 3o. La relación jurídica de trabajo establecida entre la Universidad Veracruzana y su personal académico y el administrativo, técnico y manual, queda excluida del régimen de esta ley y, en consecuencia se continuarán rigiendo por el apartado ‘A’ del artículo 123 de la Constitución General de la República y su ley reglamentaria, con las modalidades que se establezcan en esos ordenamientos, respecto a las Universidades e Instituciones de Educación Superior autónomas por ley, dirimiéndose sus controversias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
"Las reglas de ingreso, promoción, permanencia y demás aspectos del régimen académico, corresponderá a la universidad establecerlas, no pudiedo (sic) ser objeto de negociación."
Al respecto, debe decirse que la citada disposición legal resulta inaplicable, puesto que en la misma se hace referencia específica a la Universidad Veracruzana y, en el caso, la parte demandada es el **********, que como ya se estableció, es un organismo público descentralizado.
En mérito de lo hasta aquí expuesto, este cuerpo colegiado determina que la competencia para conocer de la demanda laboral promovida por **********, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por lo que deberán remitírsele las constancias relativas para que se avoque a su conocimiento.
Similar criterio considerativo sostuvo este órgano colegiado, al resolver por unanimidad de votos los conflictos competenciales **********, **********, **********, ********** y **********, en sesiones de seis y trece de septiembre, cinco y treinta y uno de octubre y trece de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Existe el conflicto competencial a que este expediente se refiere.
SEGUNDO.—Se declara legalmente competente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda laboral promovida por **********, en contra del ********** y/o en forma personal de la C. **********, por sí y como ********** del **********.
TERCERO.—Remítanse los autos que integran el conflicto competencial al tribunal laboral de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar y envíese testimonio de la presente ejecutoria a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales procedentes.
CUARTO.—En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, el trece de mayo de dos mil trece y de acuerdo con lo informado a través de la circular número 6/2013-P, envíese al portal de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el archivo electrónico del presente asunto.
Notifíquese; por oficio a las autoridades contendientes; por lista al Ministerio Público de la adscripción; con testimonio de la presente resolución; anótese en el libro de gobierno; en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Sebastián Martínez García, Jorge Toss Capistrán y Juan Carlos Moreno Correa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 66, 118, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28595-ed000a53/conflicto-competencial-el-hecho-de-que-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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