DERECHOS AGRARIOS. PRIVACION DE LOS, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.
DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS, para resolver el expediente Varios 32/90, formado con motivo de la contradicción de tesis denunciada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, magistrado José Angel Mandujano Gordillo, sustentada entre el ahora Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en su tesis número catorce, con el rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL JUICIO DE AMPARO...", al resolver el amparo en revisión 456/86 promovido por Lázara Ayala Alvarado, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en su tesis número quince, con el rubro "RECURSO DE INCONFORMIDAD AGRARIA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS, TRATANDOSE DE JUICIO PRIVATIVO DE DERECHOS AGRARIOS." Al resolver los amparos en revisión 141/88 promovido por Jesús García Camargo y amparo en revisión 58/89 promovido por Ramón Castro Ruiz.
RESULTANDO:
PRIMERO.- Por oficio de treinta de agosto de mil novecientos noventa, dirigido al Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado José Angel Mandujano Gordillo, presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, expuso lo siguiente: "En mi carácter de presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por este conducto me estoy dirigiendo a usted y en los términos de lo dispuesto por los artículos 107 constitucional, fracción XIII; 197-A de la Ley de Amparo; 25, fracción XI y 29, fracción III, estos dos últimos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de denunciar la posible contradicción de tesis que sobre idéntico tema sustentan por una parte el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en su tesis publicada con el número catorce, página seiscientos catorce, del volumen III de la Tercera Parte del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y siete, que con el rubro: `PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL JUICIO DE AMPARO, EN TRATANDOSE DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISION AGRARIA MIXTA, DICTADAS EN PROCEDIMIENTOS DE PRIVACION DE DERECHOS INDIVIDUALES A UN EJIDATARIO O DE NUEVAS ADJUDICACIONES.- En efecto, el artículo 432 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, señala que las resoluciones de la Comisión Agraria Mixta, son recurribles mediante el recurso de inconformidad, al establecer dicho numeral, que en el caso, con la resolución de la propia Comisión, la parte directamente interesada podrá en un término de treinta días, computados a partir de su publicación, recurrirla por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario, lo que en principio pudiera dar idea de que es potestativo interponer el recurso de inconformidad o el juicio de amparo, sin embargo se estima, de una sana interpretación del artículo en comento, que si bien es cierto en su primer párrafo dice: `Podrá' interponer el recurso de inconformidad en un término de treinta días, también lo es que si no lo hace en dicho término quedará firme la resolución de la Comisión Agraria Mixta, y el hecho de que diga `podrá', ello no establece que cuando exista una inconformidad, la quejosa no está obligada a agotar el recurso, sino por el contrario debe cumplir con el principio de definitividad.', al resolver el amparo en revisión número 456/86, promovido por Lázara Ayala Alvarado. Criterio que es contrario al establecido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en su tesis publicada con el número quince, fojas mil siete y mil ocho, volumen II, Tercera Parte del Informe de Labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo rubro es: `RECURSO DE INCONFORMIDAD AGRARIA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS, TRATANDOSE DE JUICIO PRIVATIVO DE DERECHOS AGRARIOS.- Es cierto que el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria establece que en caso de inconformidad con la resolución de la Comisión Agraria Mixta, la parte directamente interesada podrá, en un término de treinta días, computados a partir de su publicación, recurrirla por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario; pero también lo es que resulta optativo para las partes agotar tal medio de defensa antes de acudir al juicio constitucional, porque tal precepto no contempla la circunstancia de que la interposición del recurso, se suspenda la ejecución de dicha resolución para que pudiera actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo.' al fallar los amparos en revisión 141/88, promovido por Jesús García Camargo y el 58/89, en donde el quejoso fue Ramón Castro Ruiz. Lo que hago de su conocimiento a fin que ese cuerpo colegiado decida cuál de los dos criterios deba prevalecer."
SEGUNDO.- Por acuerdo de veinte de septiembre de mil novecientos noventa, el presidente de esta Segunda Sala solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados del Octavo Circuito y Primero del Décimo Segundo Circuito, remitieran copia certificada de las sentencias dictadas en los amparos en revisión 456/86, 141/88 y 58/89, respectivamente.
Posteriormente, las copias certificadas indicadas fueron remitidas y obran agregadas a los presentes autos.
En diverso proveído de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, el citado presidente acordó que esta Sala se avocara al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al procurador general de la República.
Por acuerdo de diez de abril de mil novecientos noventa y uno, se turnaron los autos al ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, por tratarse de la contradicción de tesis que en amparos en revisión han sustentado los tribunales colegiados de circuito referidos.
SEGUNDO.- El ahora Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 456/86, interpuesto por la quejosa Lázara Ayala Alvarado, expresó en lo conducente, la siguiente consideración: "TERCERO.- El primer agravio es infundado y los restantes inoperantes, según se pasa a demostrar. En efecto, la quejosa señaló como acto reclamado la resolución de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, dictada por la Comisión Agraria Mixta de Saltillo, Coahuila, relativo al expediente de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de dotación en el ejido del poblado La Luz Municipio de San Pedro, Coahuila, en donde fue propuesta como nueva adjudicataria por la Asamblea General del citado Ejido, para ocupar la parcela de Pascual Ayala Alvarado, habiendo comparecido a la audiencia de pruebas y alegatos a deducir sus derechos. Por su parte el Juez de Distrito consideró que el juicio de garantías era improcedente en lo que respecta a la resolución dictada por la aludida Comisión Agraria Mixta, porque no agotó previamente a la interposición del juicio constitucional, el recurso de inconformidad que establece el artículo 432 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; y en lo relativo a los actos reclamados al Comisariado Ejidal del ejido La Luz Municipio de San Pedro, Coahuila, sobreseyó en el juicio por no ser ciertos los actos reclamados. Ahora bien la recurrente aduce como primer agravio, que con las constancias que corren agregadas a los autos se demostró que sí interpuso en contra de la resolución que constituye el acto reclamado el recurso de inconformidad y que por ello indebidamente el a quo consideró lo contrario; al respecto se estima que tal alegato es infundado, dado que no es cierta tal aseveración, ya que en autos, no obra ninguna constancia que avale a la misma. Por otra parte, el artículo 432 de la referida Ley Federal de la Reforma Agraria, señala que las resoluciones de la Comisión Agraria Mixta, son recurribles mediante el recurso de inconformidad, al establecer dicho numeral, que en caso de inconformidad con la resolución de la Comisión Agraria Mixta, la parte directamente interesada podrá, en un término de treinta días, computados a partir de su publicación, recurrir por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario, lo que en principio pudiera dar idea de que es potestativo interponer el recurso de inconformidad o el juicio de amparo; sin embargo, se estima, de una sana interpretación del artículo en comento, que si bien es cierto en su primer párrafo dice `podrá' interponer el recurso de inconformidad en un término de treinta días, también lo es que si no lo hace en dicho término quedará firme la resolución de la Comisión Agraria Mixta, y el hecho de que diga `podrá', ello no quiere decir que cuando exista una inconformidad, no esté obligado a agotar el recurso, sino por el contrario, lo obliga a cumplir con el principio de definitividad. Por otro lado, los restantes agravios son inoperantes, toda vez que se refiere al fondo del negocio, cuestiones éstas que según se dijo líneas atrás no fueron tomadas en consideración por el referido Juez de Distrito. En mérito de lo anterior, y dado que los agravios no revisten las conculcaciones aducidas lo conducente es confirmar la sentencia que se revisa."
TERCERO.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 141/88, interpuesto por la tercera perjudicada Ninfa García Camargo, en lo concerniente expuso la siguiente consideración: "TERCERO.- Son infundados los agravios que se analizan. Contrariamente a lo que aduce la recurrente, debe decirse que el Juez de Distrito obró correctamente al haber concedido la protección constitucional respecto de los actos atribuidos a la Comisión Agraria Mixta, Comisionado Jesús Andrés Choza Tejeda y Jefe de la Promotoría Agraria, las dos primeras autoridades con residencia en la ciudad de Culiacán y la última en Navolato, Sinaloa, argumentando que se violaron en perjuicio del quejoso las garantías individuales, en razón de que no obra en autos constancia que acredite en forma fehaciente que se haya notificado al quejoso la citación al juicio privativo de derechos agrarios, cancelación de certificado de derechos y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación, relativo al Ejido `El Vergel', Municipio de Navolato, Sinaloa, tal como lo establece el artículo 429 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En efecto, de las constancias que componen el juicio de amparo se advierte que obran copia certificada de una acta de desavecindad levantada en el ejido `El Vergel', Municipio de Navolato, Sinaloa (foja cuatro), así como un aviso de notificación (foja cinco) con el que se pretendió citar al quejoso a la audiencia de pruebas y alegatos, tal como lo prevé el artículo 429 de la Ley Federal de Reforma Agraria, mas sin embargo, como bien lo sostiene el Juez de Distrito, dicha citación no se hizo conforme a tal precepto, en razón de que por un lado en el acta de desavecindad no aparece la fecha en que fue levantada ni aparecen tampoco los nombres de los ejidatarios que supuestamente fungieron como testigos y, por otro, que el aviso de notificación tampoco reúne los requisitos de la ley en comento aun cuando está certificada por la autoridad Municipal al señalar que el referido aviso fue fijado en los lugares más visibles del poblado, dado que no se precisa que se haya hecho en la oficina Municipal del lugar ni contiene el señalamiento o identificación de tales lugares visibles y menos la razón que se tuvo para considerarlos así, de donde se concluye que no puede tenerse por válida la notificación. Luego entonces, la falta de notificación al quejoso significa privarlo de la oportunidad de alegar y aportar las pruebas en la referida audiencia como sucesor y lo deja en estado de indefensión, al no ser oído ni vencido, por tanto, se viola en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Por esta razón las manifestaciones aducidas por la recurrente respecto a que el quejoso no agotó el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y que por lo mismo opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, además de que ella tiene la posesión de la parcela en disputa porque le fue adjudicada por la asamblea general de ejidatarios y que el quejoso no demostró tener dicha posesión resultan inatendibles ya que en el caso concreto la materia de la litis fue precisamente la falta de respeto a la garantía de audiencia en perjuicio del quejoso, y aun cuando uno de los principios fundamentales del juicio constitucional lo es, el de definitividad, en el caso a estudio, el quejoso no tenía obligación de agotar recurso alguno antes de acudir al amparo, dado que reclama violaciones directas a la constitución, como es violación a la garantía de audiencia, pues esencialmente señaló como concepto de violación que la resolución de veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis fue emitida sin ser oído ni vencido en el juicio privativo de derechos agrarios, cancelación de certificado de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación; es por eso que, correctamente el a quo desestimó dicha causal, y consideró fundado el concepto de violación relativo a la garantía de audiencia. Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia número cuatrocientos uno, publicada en la página setecientos, Tercera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y cinco, que dice: `RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.' Asimismo, este tribunal hace suyo el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la tesis número veintiuno, publicada en la página seiscientos ochenta del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de mil novecientos ochenta y siete, correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: `RECURSO DE INCONFORMIDAD EN MATERIA AGRARIA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PARA LA INTERPOSICION DEL JUICIO DE GARANTIAS.- Es cierto que el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria establece que en caso de inconformidad con la resolución de la Comisión Agraria Mixta, la parte directamente interesada podrá, en un término de treinta días, computados a partir de su publicación, recurrir por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario; pero no lo es menos, que resulta optativo para las partes agotar tal medio de defensa antes de acudir al juicio constitucional, porque de dicho precepto se infiere que con la interposición de ese recurso no se suspenden los efectos del acto reclamado, como expresamente lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.'. Consecuentemente, al ser infundados los agravios, lo procedente es confirmar la parte que concedió el amparo solicitado, así como el sobreseimiento decretado respecto del acto reclamado al delegado Agrario en el Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Culiacán, mismo acto que negó al rendir su informe justificado, cuya negativa no quedó desvirtuada."
Dicho criterio fue sustentado de idéntica manera por el mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión número 58/89, interpuesto por el tercero perjudicado Manuel Patricio Quiñones López.
CUARTO.- El agente del Ministerio Público Federal, designado por el Procurador General de la República para intervenir en el presente asunto, opinó lo siguiente: "En opinión del suscrito Agente del Ministerio Público Federal, debe de prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por las siguientes consideraciones: a).- El artículo 46 de la Ley de Amparo, textualmente dice: `Artículo 46.- Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se consideran como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas'. El artículo 158 del ordenamiento legal citado en la parte conducente, textualmente dice: `Artículo 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados'. b).- Los artículos transcritos en una forma clara y precisa establecen que el juicio de amparo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Este principio de definitividad tiene un caso de excepción establecido en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo cuando se trata de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revocados de oficio, conforme a las leyes que lo rijan o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, PERO PARA QUE SE ESTE EN LA OBLIGACION DE HACER VALER DICHOS RECURSOS ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE AL INTERPONERSE SUSPENDAN LOS EFECTOS DE DICHOS ACTOS RECLAMADOS, SIN QUE SE EXIJA MAYORES REQUISITOS QUE LOS QUE LA PRESENTE LEY CONSIGNA PARA CONCEDER LA SUSPENSION DEFINITIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL ACTO EN SI MISMO CONSIDERADO SEA O NO SUSCEPTIBLE DE SER SUSPENDIDO DE ACUERDO CON ESTA LEY. c).- En el caso a estudio en que el acto reclamado lo fue la resolución de la Comisión Mixta Agraria y de acuerdo con el artículo 432 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, dicha resolución puede ser atacada mediante recurso de inconformidad el cual podrá hacerse valer en un término de treinta días, computados a partir de su publicación. Pero este recurso resulta en este caso potestativo para el quejoso, toda vez que al interponerse no concede la suspensión del acto reclamado en los términos a que se ha hecho referencia, pues si concediera la suspensión de dicho acto sí se estaría en la obligación de agotar el mencionado recurso, situación ésta que no concede el artículo 432 de la Ley Federal de la Reforma Agraria."
QUINTO.- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por las razones siguientes: El artículo 107 de la Constitución Federal expresa: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determina la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además contra resoluciones que causen agravio no reparable, mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión."
En concordancia con dicho precepto constitucional, el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 73, el juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente Ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley."
Por su parte, el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que establece un recurso de inconformidad en contra de las resoluciones que las Comisiones Agrarias Mixtas dicten en el caso del procedimiento de privaciones y nuevas adjudicaciones de derechos agrarios, dice: "Artículo 432. En caso de inconformidad con la resolución de la Comisión Agraria Mixta, la parte directamente interesada podrá, en un término de treinta días, computados a partir de su publicación, recurrir por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario, el que deberá dictar la resolución correspondiente en un término de treinta días a partir de la fecha en que se reciba la inconformidad. El expediente de inconformidad se integrará con el o los casos de los campesinos interesados para los efectos del párrafo anterior y quedará firme la resolución de la Comisión Agraria Mixta, respecto a los que no se inconformen.".
Ahora bien, de la lectura integral del artículo 432 transcrito, es evidente que en el mismo no se establece que al interponerse el recurso de inconformidad de que se trata, se puedan suspender los efectos del acto que se impugna.
En estas condiciones, de acuerdo este precepto legal con la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo también antes transcrito, es de concluirse que en caso de inconformidad con la resolución que la Comisión Agraria Mixta dicte respecto a la privación y nuevas adjudicaciones de derechos agrarios, será optativo para el interesado recurrirla por escrito ante el Cuerpo Consultivo Agrario en un término de treinta días computados a partir de su publicación, o bien, acudir directamente a la interposición del juicio de amparo.
Esto es, sería obligatorio para el interesado, antes de acudir al juicio de amparo, agotar previamente el mencionado recurso de inconformidad ante el Cuerpo Consultivo Agrario, solamente en el caso de que en el citado artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria estuviera prevista la existencia de la suspensión de los actos impugnados en dicho recurso; de otra manera, al no estar prevista la suspensión de los actos referidos, no existe la obligación de agotar ese recurso ordinario, y se puede acudir directamente a la interposición del juicio de garantías.
No es aplicable el anterior criterio al caso en que quien ocurra a promover el juicio de garantías sea un tercero extraño al procedimiento.
Atento lo hasta aquí considerado, debe prevalecer el criterio contenido en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO.- Debe prevalecer la tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los expedientes en que ocurrió la contradicción.
Notifíquese; publíquese y remítase testimonio de esta resolución al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a todos los Tribunales Colegiados de Circuito; en su oportunidad, archívese el expediente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/286-3bf1420b/derechos-agrarios-privacion-de-los-no-es-necesario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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