REENVÍO. EL CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO, HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE SENTENCIAS PENALES DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCAN LAS DE PRIMER GRADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de febrero de dos mil uno.
VISTOS, para resolver los autos del expediente citado al rubro, relativo a la denuncia de probable contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, al resolver, por una parte, los juicios de amparo directo números 483/98, 66/99 y 247/98, y por la otra, el juicio de amparo directo 66/99, dando origen este último a las tesis de rubros: "SENTENCIA DEFINITIVA PENAL, REQUISITOS DE LA, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)." y "AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE, CUANDO SE RECLAMA LA SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO, A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL DICTE UN NUEVO FALLO CONDENATORIO Y, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, DETERMINE LA PENALIDAD QUE DEBE IMPONERSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."; contradicción denunciada por los Magistrados integrantes del órgano jurisdiccional citado en primer término; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio número 113-ST, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remitido a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala en fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito denunciaron la probable contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano judicial federal y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, en los términos siguientes:
"Ministro Humberto Román Palacios.-Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-México, D.F.-Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, relacionados con el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos permitimos denunciar ante esa Primera Sala, la posible contradicción de criterios entre este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo números 483/98, 66/99 y 247/98, promovidos por ... respectivamente, en los que se reconoció expresamente que este órgano colegiado era legalmente competente para conocer y resolver dichos asuntos, ya que en los mismos la resolución reclamada la constituye la emitida en el recurso de apelación en materia penal que revoca la sentencia absolutoria de primer grado y tiene por acreditados los elementos del tipo penal y la plena responsabilidad del enjuiciado; y conforme al artículo 194 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco vigente hasta el 30 de abril de 1997, regresa la jurisdicción al Juez inferior, exclusivamente para que determine la pena a imponer; y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado de este mismo circuito, en las tesis números TC101023.9PE1 y TC101024.9PE1, de voces: 'SENTENCIA DEFINITIVA PENAL, REQUISITOS DE LA, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).' y 'AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE, CUANDO SE RECLAMA LA SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO, A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL DICTE UN NUEVO FALLO CONDENATORIO Y, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, DETERMINE LA PENALIDAD QUE DEBE IMPONERSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).', respectivamente, pendientes de ser publicadas, al resolver el amparo directo 66/99, promovido por ... .-En virtud de que este Tribunal Colegiado estima que existe contradicción de criterios, ya que este órgano colegiado al conocer de los asuntos antes citados, estimó tácitamente al admitir la competencia para el conocimiento de los mismos, que se está ante sentencias definitivas emitidas en juicios del orden penal, por lo que este tribunal es competente para conocer en amparo directo de dichas resoluciones; en tanto que el Primer Tribunal de este circuito considera que no se está ante sentencias definitivas y que es improcedente el amparo indirecto (sic), debiendo conocer de dichos asuntos el Juez de Distrito en amparo indirecto, se plantea la referida contradicción.-Adjuntas se envían copias certificadas de las ejecutorias correspondientes, así como el disco que contiene el grabado de éstas.-Sin otro particular, se reiteran las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.-Villahermosa, Tabasco, a dos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.-Magistrado presidente Francisco Paniagua Amézquita.-Magistrado José Luis Sierra López.-Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo." (rúbricas).
SEGUNDO.-El entonces Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ordenó formar y registrar bajo el número 82/99-PS, el expediente relativo y solicitar al presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito que remitiera copia certificada de la resolución pronunciada en el juicio de amparo directo número 66/99, así como de los demás casos en los que hubiese sustentado su criterio; lo que se desahogó a través del oficio número 8544, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Máximo Órgano Colegiado del país el día diez de noviembre del mismo año.
TERCERO.-Con motivo de lo anterior y al considerar integrado el expediente, en proveídos de dieciséis de noviembre del año retropróximo y veintiuno de enero de dos mil, respectivamente, la presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó dar la intervención correspondiente al procurador general de la República -quien omitió expresar su parecer- y turnar los autos a la ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de probable contradicción de tesis a que este toca se refiere, toda vez que en ella dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios diferentes respecto de un planteamiento jurídico que por razón de materia es de la competencia exclusiva de la Sala, relativo a determinar si es procedente o no el juicio de amparo directo que se interpone en contra de la sentencia dictada en el recurso de apelación, que revoca la absolutoria de primer grado y tiene por acreditados los elementos del tipo penal y la plena responsabilidad del enjuiciado y, en consecuencia, devuelve los autos al Juez inferior para que determine la pena a imponer.
SEGUNDO.-Previamente al análisis de la cuestión fundamental, resulta pertinente mencionar que la presente denuncia de probable contradicción de criterios fue hecha valer por parte legítima, dado que la formulan los Magistrados integrantes de uno de los órganos jurisdiccionales que conocieron de los asuntos en los cuales las tesis se sustentaron, a saber, la del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, habiéndola realizado en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de este fallo.
Asimismo, cabe señalar que la abstención del procurador general de la República de exponer su parecer en el término legal que le fuera otorgado, no impide la resolución del presente asunto, habida cuenta que debe entenderse que no estimó pertinente su intervención de acuerdo con la potestad establecida en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
Al respecto, es aplicable la tesis aislada sostenida por la anterior integración del Tribunal Pleno de este Máximo Órgano Colegiado del país, que esta Primera Sala hace suya y cuyo tenor literal, reza:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, enero de 1992
"Tesis: P. XXVI/92
"Página: 32
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda.
"Contradicción de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, González Martínez y Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.
"Tesis número XXVI/92 aprobada por el Tribunal en Pleno en sesión privada celebrada el miércoles ocho de enero de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ausente: Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y dos.
"Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 49, enero de 1992, página 90."
TERCERO.-De manera preliminar, también es oportuno determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos de procedencia de una controversia de tal naturaleza para, en su caso, estar en aptitud de establecer qué criterio debe prevalecer con carácter de tesis jurisprudencial.
Para ese efecto, es menester tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos tenores literales expresan:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se logra advertir que para la existencia de un conflicto de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En el caso específico se cumple con los requisitos mencionados, de ahí que deba declararse existente la contradicción de tesis denunciada.
Se llega a la anterior determinación, al destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por dichos órganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que, se estima, se contraponen.
1. En lo referente al criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, se obtiene lo siguiente:
A) En sesión de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, por mayoría de votos resolvió el juicio de amparo directo penal número 483/98, promovido por ... contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, los que hizo consistir en la sentencia definitiva dictada el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en el toca penal 962/98, que revocó la absolutoria del inferior; resolución en la que se sostuvieron las consideraciones que, en lo conducente, expresan:
"CONSIDERANDO: PRIMERO.-Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y fracción X del punto primero del Acuerdo General Número 16/1998, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento que se combate un laudo pronunciado por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que radica dentro de la jurisdicción de este circuito de amparo (sic).-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por el presidente de la Sala Penal responsable, así como con el toca de apelación y los autos del expediente penal que remitió como justificación del aludido informe.-TERCERO.-La sentencia combatida en su parte considerativa dice lo siguiente: 'La Juez instructora absolvió a ... por el delito de robo de vehículo, sustentando su resolución bajo el siguiente razonamiento: «... III.-Ahora bien, de la revisión de las pruebas mencionadas con antelación, se advierte que con los testigos de cargo Pedro Méndez Díaz e Ignacio Gómez Magaña, quienes resultaron ser agentes preventivos de Seguridad Pública del Estado, los cuales llevaron a cabo la detención del acusado, existen diversas contradicciones entre lo declarado ante el agente del Ministerio Público investigador, como en la ampliación de declaración desahogada en este juzgado, ya que en cuestionamientos que hace el defensor particular del encausado, en sus respuestas primeramente dicen que el color del vehículo era cremita, y ante el órgano investigador dijeron que era guinda, pues así se desprende de la boleta de remisión la cual fue firmada por éstos; otra contradicción que hay entre lo declarado inicialmente con lo vertido en este juzgado, es de que sus respuestas dicen que el hoy acusado no les había informado que lo estaban amenazando y que por tal motivo empujó el vehículo, y de la primera declaración se desprende que sí les había dado aviso de que estaba cometiendo el delito porque era amenazado por otros individuos que se encontraban cerca del lugar, tan así es que el dicho de sus declaraciones iniciales que hacen los agentes preventivos, dicen que regresan al lugar que el acusado les había señalado para cambiar las llantas y que lo único que encontraron fue un bote de basura toda regada; por tales consideraciones la suscrita juzgadora les desestima valor probatorio alguno; así también la declaración de Ignacio Gómez Magaña resulta ser disconforme con lo declarado por su compañero, toda vez de que el muchacho que se dio a la fuga ya se encontraba en la camioneta, por lo que fueron detenidos en los precisos momentos en que empujaban el vehículo, pero que al llegar al puente y al sentir la presencia de más elementos saltó de la camioneta dándose a la fuga, al contrario de lo declarado por Pedro Méndez Díaz, quien dijo que al momento que lo quisieron detener al encausado y al que se dio a la fuga salieron corriendo y atrás de él los demás elementos de la Policía Preventiva, logrando únicamente la detención del hoy encausado. Las referidas imputaciones carecen de validez jurídica, si se toma en cuenta que el acusado ... durante todo el proceso negó los hechos que se le imputan, aduciendo que no es cierto que él haya robado el vehículo por su propia voluntad, sino por el contrario fue interceptado él y su acompañante y amenazados con una pistola por otras personas que se encontraban cerca del lugar, como a una distancia de siete a nueve metros, quienes les dijeron que si no empujaban el vehículo los matarían, por lo que en contra de su voluntad el acusado y su compañero empezaron a empujar el vehículo por el temor de que los fueran a matar, pero dichas personas al sentir la presencia de la Policía Preventiva salieron corriendo, quedándose únicamente el que se dio a la fuga y el encausado, y que debido al temor tan grande que sentía el enjuiciado se quedó con los policías preventivos, que después de que los detuvieron y estando en la Dirección de Seguridad Pública del Estado, cuando estaban haciendo los trámites para llevarlo ante la agencia del Ministerio Público investigador que le corresponde, fue que les dijo el motivo por el cual empujaba el vehículo, por lo que de la declaración de los policías preventivos, se advierte que acudieron al lugar donde supuestamente se le cambiarían las llantas al vehículo pero no encontraron nada, sólo el tambo que decía el encausado con basura toda regada, versión que durante la secuela procesal no fue desvirtuada, pues ciertamente, inicialmente hubo en contra del activo las imputaciones que hacen los policías preventivos, pero como ya se dijo antes, son contradictorias entre ambas y que al hacer la ampliación de declaración de los testigos responden al cuestionamiento que les hace el defensor particular del acusado, dicen que al momento de detener al enjuiciado estaba nervioso, como atemorizado, cuestión que debe tomarse en cuenta en virtud de que es claro que el acusado ante el órgano investigador dijo que ciertamente empujaba el vehículo porque lo amenazaban unos muchachos que se encontraban cerca del lugar, quienes al sentir la presencia de la policía se dieron a la fuga, declaración que se robustece con el testimonio de María Cruz Ibarra Morales, del que se desprende que el día veintiséis de octubre, como a la una y media de la madrugada, venía de una fiesta acompañada de su esposo, pero que al dar la vuelta para la calle Alfonso Saldívar, vio que a un lado del vehículo de color rojo oscuro, se encontraba parado el encausado y como a un metro y medio otra persona del sexo masculino, pero como a tres o cuatro metros de ellos se encontraban otras personas del sexo masculino, por lo que al percatarse de eso, el esposo de la testigo le dijo que esas personas se veían sospechosas y que al verlos pasar el acusado les quiso hablar, pero lo vieron que estaba muy asustado porque los muchachos que se encontraban a tres o cuatro metros de él traían algo, por esa razón dicha testigo se les quedó viendo, cuestión que concatenada a lo declarado por la ofendida en la diligencia de careos Eulalia Méndez Cruz, dijo que ella no sabe nada del robo y que no quiere nada con el enjuiciado porque no le consta que él haya robado su vehículo y que fue hasta la declaración preparatoria que lo conoció. Con todo lo anterior se desprende que obra en favor del enjuiciado ... una causa excluyente de incriminación penal, tal y como lo contempla el artículo 14, fracción I, del Código Penal en vigor, pues el encausado a toda luz dejó evidenciado que intervino en el delito de robo de vehículo, pero en contra de su voluntad, puesto que si no lo hacía corría el riesgo eminente de que atentaran contra su vida, ya que cerca de él lo amenazaban con pistola en mano otras personas, quienes al sentir la presencia de la policía se dieron a la fuga, por lo que cierto es que sí intervino en la comisión del hecho delictivo, pero más cierto es que fue contra su voluntad. Se concluye que en autos no se acreditaron los elementos del tipo penal del delito de robo de vehículo, ni la responsabilidad penal de ... es evidente que no se logra demostrar los extremos del artículo 137 de la ley procesal penal en vigor ...».-Frente a las consideraciones de la Juez, el agente del Ministerio Público adscrito a esta Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, considera que contrario a lo manifestado por la Juez, en autos se encuentran acreditados los elementos del tipo penal del delito de robo de vehículo, previsto por los artículos 175, fracción III y 179, fracción V, del Código Penal en vigor, reiterando que la conducta desplegada por ... queda justificada con las imputaciones que le hicieron Pedro Méndez Díaz e Ignacio Gómez Magaña, agentes de Seguridad Pública, quienes la madrugada del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, detuvieron al activo sobre la calle Alfonso Saldívar de la colonia Las Gaviotas, centro de esta ciudad, cuando iba empujando un vehículo de motor, del cual el hoy exonerado dijo era propiedad de su tío y que en esos momentos lo empujaba porque no arrancaba, pues dijeron que a esa hora lo llevaban a un taller, sin embargo, los agentes aprehensores dijeron que al revisar la unidad se percataron que ésta no llevaba las llaves pegadas, por lo que procedieron a pedir ayuda a otra patrulla y fue cuando al ir llegando esta última, una de las personas que empujaba el vehículo se dio a la fuga y no obstante que lo siguieron no pudieron darle alcance, sin embargo, a lo anterior la Juez indebidamente desestimó los testimonios de los agentes aprehensores por la simple y sencilla razón de que en las diligencias de sus ampliaciones de declaraciones no fueron coincidentes en referir el color del vehículo, que dijeron que el activo empujaba el día del evento, aduciendo la Juez, además, que conforme a la boleta de remisión que obra a foja siete del principal, se asentaba que el vehículo era de color guinda y no de color cremita como lo manifestaron en la diligencia judicial. Por otra parte, la a quo refirió que ambos agentes dijeron ante el órgano jurisdiccional, que el enjuiciado no les había informado que estaba siendo amenazado y que por ello era que empujaba el vehículo que le fue decomisado el día de su detención, reiterando a la Juez que contrario a ello se advertía de la primera declaración ministerial de los agentes aprehensores que el encausado sí les había dado aviso de que estaba cometiendo un delito porque era amenazado por otros individuos que se encontraban cerca del lugar; apreciación errónea de la Juez, ya que los agentes de Seguridad Pública, al rendir su declaración ministerial señalaron que al interceptar al activo y cuestionarlo sobre la procedencia del vehículo, éste les dijo que era de su tío y que lo llevaba a un taller porque no arrancaba, empero en ningún momento dijeron que les haya manifestado que en ese instante estuviese por persona alguna, tan es así que al momento de llegar otra patrulla su acompañante se dio a la fuga, quedando descartada esta versión dada por el encausado, puesto que fue hasta en los momentos en que se encontraba en los separos de la citada corporación policiaca junto con el vehículo realizando los trámites para ponerlo a disposición del fiscal, que dicha persona les dijo que había sido amenazado y que le iban a pagar la cantidad de cinco mil pesos por llevar el vehículo hasta una cerrada en la que le iban a quitar las llantas para meterle mariguana, circunstancia que de haber sido cierta lo hubiera manifestado desde su detención, y su compañero no tenía por qué darse a la fuga, además de que el activo mintió, pues dijo que el vehículo que empujaban era propiedad de su tío, situación que nunca demostró en autos, ya que quien acreditó la propiedad del vehículo fue Eulalia Méndez Cruz, persona desconocida para él, por lo que son incorrectas las razones por las que la Juez pretende desestimar los testimonios de los agentes de Seguridad Pública; además de que indebidamente le concede valor preponderante a la negativa que de los hechos hace el sentenciado, quien dijo haber sido interceptado y amenazado junto con su acompañante por otras personas, para que empujaran el vehículo propiedad de la pasivo y que por ello efectuaba el traslado de la unidad contra su voluntad, y que esas personas al percatarse de la policía se dieron a la fuga, negativa que es insuficiente para restarle participación al activo en los hechos, ya que los agentes aprehensores en ningún momento refirieron que al interceptar al enjuiciado hayan habido otras personas cerca del lugar o bien que se hayan dado a la fuga, sino únicamente el que acompañaba al infractor a empujar la unidad móvil, por lo que la versión del activo se encuentra apoyada, ya que el testimonio de María Cruz Ibarra se contradice con su deposición, ya que ésta dijo que el día del evento se lo encontró como a la una y media de la mañana y los hechos sucedieron entre las diez y nueve de la noche, además de que el encausado nunca refirió que al estar empujando el vehículo se haya encontrado con la testigo de referencia a la hora que ella indica.-Ahora bien, los integrantes de este cuerpo colegiado consideran que para estar en condiciones de efectuar un correcto análisis de los agravios del fiscal, se deben de reseñar las pruebas que sirvieron de base a la Juez para emitir el fallo apelado y que son: a) Declaración de la ofendida Eulalia Méndez Cruz (foja treinta y siete), quien el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante el órgano investigador manifestó: «... Que el motivo de su presencia ante esta autoridad es para acreditar la propiedad del vehículo marca Dodge, tipo Dart K, modelo 1982, color guinda, motor hecho en México, serie número T2-40901, que esto lo hace exhibiendo el original de la factura número 30473, expedida el día 19 de noviembre de 1982, a nombre del C. Jorge Cañas, y en la cual aparecen todos los derechos a su favor, que anexa copia fotostática de la factura, asimismo manifiesta que solicita la devolución del vehículo antes descrito una vez que acreditó la propiedad, ya que éste es su único medio de transporte, de igual forma manifiesta que solicita a esta representación social, determine la presente indagatoria conforme a derecho ...».-b) Declaración del agente de Seguridad Pública Pedro Méndez Díaz (fojas once y doce), quien el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante el agente del Ministerio Público investigador, manifestó: «... Que el día de hoy siendo aproximadamente como a eso de la una hora con treinta minutos, que circulaba a bordo de la móvil Ford roja de Seguridad Pública y en la calle Alfonso Saldívar de Las Gaviotas, centro, tránsito del Estado, en compañía del agente Ignacio Gómez Magaña, cuando en esos momentos logramos ver que dos personas iban empujando un vehículo, por lo que procedimos a marcarles el alto para realizar las investigaciones, y que a uno de ellos le preguntamos que qué pasaba con el vehículo, contestando uno de ellos que el vehículo era de su tío y que no arrancaba, que lo llevaban a un taller, por lo que procedí a revisar el vehículo y el mismo no llevaba las llaves pegadas, por lo que procedí a pedir ayuda a otra patrulla, y que la misma al poco rato llegó pero sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, y que al llegar, una de las personas que iban empujando el vehículo se dio a la fuga, procediendo a seguirlo pero que no le pudimos dar alcance ya que se metió a un domicilio particular, y que fue como se nos escapó, deteniendo únicamente a una persona quien dijo llamarse ... por lo que procedimos a trasladarlo a la Dirección de Seguridad Pública junto con el vehículo y que estando en la misma y haciendo las investigaciones esta persona nos dijo que a él lo h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7589-a64f9aee/reenvio-el-contemplado-en-el-articulo-194-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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