I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO, POR EL AÑO DE DOS MIL CATORCE Y DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, AL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN A 2016 (FORTAFIN A 2016), AL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 164/2016. MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VERACRUZ. 17 DE OCTUBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE LOS EFECTOS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS EMITIÓ SU VOTO CON SALVEDADES. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al 17 de octubre de 2018, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 164/2016, promovida por el Municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
RESULTANDO:
PRIMERO.—El Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, promovió controversia constitucional el 22 de noviembre de 2016, en contra del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambos de esa entidad federativa, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, por el acto siguiente:
"• La apropiación inválida por parte del Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los recursos federales correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo Federal del Programa de Desarrollo Regional (PRODERE), sin causa justificada, mismos que debieron ser entregados al Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que fueron recibidas dichas participaciones de la Federación, circunstancia que no ocurrió en la especie."
SEGUNDO.—La parte actora no señaló expresamente un capítulo de antecedentes en su escrito de demanda, pero sí hizo valer los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
• Causa agravio al Municipio actor la ilícita apropiación que el Gobierno del Estado de Veracruz hizo y mantiene de los recursos PRODERE, regulados por el artículo 12 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y por los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
• El importe conjunto de los proyectos de desarrollo regional traídos a estudio es igual a $93'011,815.57; este importe fue radicado en la cuenta bancaria que abrió el Gobierno de Veracruz en el ejercicio fiscal de 2015 y está etiquetado para implementar obra dentro del Municipio actor; sin embargo, desde entonces, la autoridad demandada retiene y desvía una suma de $40'000,000.00 que fue asignada al Municipio actor para la construcción de un puente vehicular a 4 carriles tipo libramiento en la calle correos y carretera transístmica del cadenamiento 31+900 al 32+100 que incluye pavimento hidráulico.
• Asimismo, la autoridad se apropió y desvió la suma total de $17'778,192.00 de PRODERE 2014, que fue asignada al Municipio actor para la realización de las siguientes obras: i) construcción de la casa de la cultura segunda etapa en la cabecera municipal ($4'727,601.00), ii) construcción de campo de futbol en la cabecera municipal ($4'000,00.00) y iii) construcción de pavimento asfáltico en el camino a Mapachapa ($9'050,591.00).
• Sea en mérito del principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda pública municipal o del principio de integridad de los recursos municipales, la hacienda municipal tuvo un incremento, por lo que la apropiación del Gobierno de Veracruz de las aportaciones federales trae aparejada una seria afectación, ya que mutila de facto a los proyectos de desarrollo regional, destino de los recursos PRODERE.
• El Gobierno del Estado de Veracruz hizo entrega incompleta del recurso, por lo que incumple sistemáticamente con sus obligaciones que la ley y sus propios actos administrativos le imponen.
• El acto combatido violenta la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna.
• Respecto del FISMDF 2016, el Gobierno del Estado de Veracruz no ha depositado al Municipio actor los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, por la cantidad total de $19'508,496.30; lo que viola lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal.
• El incumplimiento en la entrega oportuna de los recursos federales da lugar al pago de intereses, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal; por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de declarar la invalidez de los actos impugnados, deberá ordenar al demandado el pago de los intereses causados por el incumplimiento hasta la fecha en que sean totalmente liquidados al Municipio actor.
• Causa agravio al Municipio actor la ilícita apropiación que el Gobierno del Estado de Veracruz hizo y mantiene de los recursos del FORTAFIN A 2016, los cuales tienen por objeto la ampliación y pavimentación de la segunda etapa de concreto hidráulico de la carretera federal 180 con una longitud aproximada de 4,200 metros.
• El importe del proyecto referido fue autorizado al Municipio actor por la cantidad de $5'000,000.00; dicho importe fue radicado en la cuenta bancaria que abrió el Gobierno de Veracruz en el ejercicio fiscal de 2016 y desde entonces retiene y desvía tal cantidad para propósitos diversos, es decir, ese recurso debió haberse ministrado a la parte actora dentro de un plazo no mayor a 5 días a partir de que el Gobierno Estatal lo recibiera, lo que no ocurrió en el caso.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitió y continúa sin ministrar los recursos del CAPUFE del año 2014 por la cantidad de $10'209,174.02, la cual ya comprende el pago de réditos por mora, pues la cantidad inicial adeudada era por $9'290,319.00; asimismo, la autoridad demandada omitió y continúa sin ministrar los recursos del CAPUFE del año 2016 por la cantidad de $9'900,252.00. En ese sentido, se le adeuda al Municipio actor la cantidad total de $20'109,426.02
TERCERO.—El Municipio actor señaló que se transgreden en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 27 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicitó la suspensión de los actos impugnados.
CUARTO.—El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 164/2016 y designó como instructor al Ministro Javier Laynez Potisek.
El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; reconoció el carácter de demandados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y al Poder Ejecutivo Federal, pero no a la Secretaría de Finanzas y Planeación Estatal y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tratarse de dependencias subordinadas, respectivamente, a dichos poderes; y ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.
QUINTO.—El consejero jurídico del Ejecutivo Federal y el gobernador del Estado de Veracruz, respectivamente, contestaron la demanda de controversia constitucional, ofrecieron pruebas e hicieron valer causales de improcedencia.
Por su parte, el delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz remitió a esta Corte el oficio mediante el cual el tesorero de la Secretaría de Finanzas informa sobre los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2016 y del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) de 2015 y 2016, correspondientes al Municipio actor.
SEXTO.—El 8 de mayo de 2017 tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este tribunal.
SEGUNDO.—Legitimación activa. Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal faculta a los Municipios de una entidad federativa para promover controversias en las cuales se cuestione la constitucionalidad de sus actos o de sus disposiciones de carácter general.
Asimismo, conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En el caso, del escrito de demanda se advierte que quien promueve la controversia es la síndico del Ayuntamiento de Cosoleacaque, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría que le fue otorgada por el Consejo Municipal de Cosoleacaque el 9 de julio de 2013.
De acuerdo con el artículo 37, fracción I, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, corresponde al síndico la representación jurídica del Municipio; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control.
Asimismo, se reconoce la legitimación del Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.
TERCERO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda:
El Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas a las siguientes:
a) Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
b) Poder Ejecutivo Federal
Al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz se le atribuye la "apropiación inválida" de recursos federales.
Miguel Ángel Yunes Linares dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, personalidad que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría de 12 de junio de 2016, mediante la cual se le declara como gobernador electo, expedida a su favor por los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado.
Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 42, dispone:
"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: gobernador del Estado."
En consecuencia, Miguel Ángel Yunes Linares tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en la presente controversia.
Por lo que respecta al Poder Ejecutivo Federal, esta Sala le reconoce legitimación pasiva en la causa en la presente controversia únicamente respecto del acto consistente en la "apropiación inválida" de los recursos del programa CAPUFE 2014 y 2016, pues de la lectura integral de la demanda se desprende que es a esa autoridad a quien se le atribuye el acto por corresponder, en parte, al ámbito de su competencia; mientras que el resto de los actos impugnados se le atribuyen al Poder Ejecutivo Estatal.
Ahora bien, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, quien signa la contestación de la demanda en representación del Poder Ejecutivo Federal, se ostenta como consejero jurídico del mismo, lo que acredita con copia certificada del nombramiento de 4 de diciembre de 2012.
El tercer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"Artículo 11. ...
"...
"El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."
Por su parte, el Acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2001, señala lo siguiente:
"Único. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.
"La representación citada se otorga con las más amplias facultades, incluyendo la de acreditar delegados que hagan promociones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan incidentes y recursos, así como para que oigan y reciban toda clase de notificaciones, de acuerdo con los artículos 4o., tercer párrafo, y 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
De ahí que el consejero jurídico sí está facultado para representar legalmente al Poder Ejecutivo Federal.
CUARTO.—Precisión de actos. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuáles son los actos concreta y específicamente reclamados por el Municipio actor.
A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
En el apartado denominado como "acto omisivo que se demanda" de su escrito inicial de demanda, el Municipio señaló:
"• La apropiación inválida por parte del Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los recursos federales correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo Federal del Programa de Desarrollo Regional (PRODERE), sin causa justificada, mismos que debieron ser entregados al Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que fueron recibidas dichas participaciones de la Federación, circunstancia que no ocurrió en la especie."
En sus conceptos de invalidez señala que el Gobierno del Estado de Veracruz retiene de los recursos PRODERE para el ejercicio fiscal de 2015 una suma de $40'000,000.00 (de un total de $93'011,815.57) que fue asignada al Municipio actor para la realización de 35 proyectos de desarrollo regional.
También sostiene que se le ha retenido la suma total de $17'778,192.00 del Fondo Metropolitano 2014, que fue asignada al Municipio actor para la realización de las siguientes obras: i) construcción de la casa de la cultura segunda etapa en la cabecera municipal ($4'727,601.00), ii) construcción de campo de futbol en la cabecera municipal ($4'000,000.00) y iii) construcción de pavimento asfáltico en el camino a Mapachapa ($9'050,591.00). Además, se le retuvo la cantidad de $40'000,000.00 del Fondo Metropolitano 2015, que fue asignada al Municipio actor para la construcción de un puente vehicular a 4 carriles tipo libramiento en la calle correos y carretera transístmica del cadenamiento 31+900 al 32+100 que incluye pavimento hidráulico.
Asimismo, respecto del FISMDF 2016, señala que el Gobierno del Estado de Veracruz no le ha depositado los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, por la cantidad total de $19'508,496.30; por lo que el incumplimiento en la entrega oportuna de los recursos federales da lugar al pago de intereses.
También señala que el Gobierno del Estado de Veracruz no le ha entregado el importe autorizado al Municipio actor por la cantidad de $5'000,000.00 del FORTAFIN A 2016, recursos que tienen por objeto la ampliación y pavimentación de la segunda etapa de concreto hidráulico de la carretera federal 180 con una longitud aproximada de 4,200 metros.
Finalmente, aduce que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público omitió y continúa sin ministrar los recursos del CAPUFE del año 2014 por la cantidad de $10'209,174.02, la cual ya comprende el pago de réditos por mora, pues la cantidad inicial adeudada era por $9'290,319.00; así como los recursos del CAPUFE del año 2016, por la cantidad de $9'900,252.00. En ese sentido, se le adeuda al Municipio actor la cantidad total de $20'109,426.02.
De lo anterior se desprende que el Municipio actor controvierte la omisión en la entrega de diversos recursos federales, pues sus manifestaciones ponen en evidencia que afirma no tener conocimiento de que se hubieran hecho, a la fecha de presentación de la demanda, las entregas correspondientes.
Así, es válido concluir que el Municipio actor efectivamente impugna:
• Del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
a) La omisión de entrega de los recursos del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2014, por la cantidad de $17'778,192.00;
b) La omisión de entrega de los recursos del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2015, por la cantidad de $40'000,000.00;
c) La omisión de entrega de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) para el ejercicio fiscal de 2015, por la cantidad de $40'000,000.00;
d) La omisión de entrega de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2016, por la cantidad total de $19'508,496.30;
e) La omisión de entrega de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión A-2016 (FORTAFIN A 2016), por la cantidad de $5'000,000.00; y,
f) El pago de intereses respectivo.
• Del Poder Ejecutivo Federal
a) La omisión de entrega de los recursos del Programa Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 2014, por la cantidad de $9'290,319.00;
b) La omisión de entrega de los recursos del Programa Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 2016, por la cantidad de $9'900,252.00; y,
c) El pago de intereses respectivo.
En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(1) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
QUINTO.—Directrices establecidas por el Pleno cuando se impugnan actos negativos. En virtud del acto controvertido que subsiste, cabe destacar que, respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer–, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio:
a) Posibilidad de impugnar en controversia constitucional actos de naturaleza positiva y negativa
Al resolver la controversia constitucional 3/97,(2) se destacó que, de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que, al referirse dichos numerales, en forma genérica, a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.
Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."(3)
b) Verificación de la existencia de la obligación de hacer
Asimismo, se estableció que en el caso de la impugnación de actos de naturaleza negativa, dado que se combate una omisión total o absoluta en el cumplimiento de un hacer, primero debe verificarse que existe la obligación, por parte de la demandada, de llevar a cabo lo que la actora asevera que no se realizó –verbigracia, la entrega de las participaciones federales que corresponden a un Municipio–.
c) Regla general de plazo para impugnación de actos de naturaleza negativa
En este punto, debe precisarse que en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(4) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.
De lo cual se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento mientras que tal omisión persista.
La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(5)
Cabe destacar que para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia, se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no sólo del incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009, cuyo rubro se transcribe: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."(6)
Otro ejemplo de un caso que no constituye una omisión o acto negativo, sino el mero incumplimiento de una disposición legal relacionado con un acto que tiene el carácter de positivo, lo es la falta de entrega del accesorio correspondiente –intereses– cuando se ministran en forma extemporánea participaciones federales a los Municipios de una entidad federativa.
Efectivamente, en la controversia constitucional 20/2005,(7) el Pleno de esta Suprema Corte señaló que entre los actos impugnados se encontraba "la omisión del pago de los intereses que supuestamente se generaron con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales"; sin embargo, se advirtió que, aun cuando el actor señalaba que se trataba de un acto negativo, en realidad, se estaba en presencia de un acto en concreto, consistente en "las entregas retrasadas, por parte de los demandados, de las participaciones federales que le corresponden al Municipio ... esto es, desde el mes de enero del año dos mil hasta la fecha de presentación de la demanda (siete de marzo de dos mil cinco)".
Se arribó a esa conclusión en virtud de que, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de actos concretos –actos de naturaleza positiva, esto es, que implican un hacer– la demanda debe ser presentada dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o actos reclamados o su ejecución.
Mientras que en el escrito de demanda se señalaron las fechas en que se realizaron las ministraciones correspondientes –monto principal– las cuales generaron el derecho al pago de intereses –monto accesorio– con motivo de su entrega extemporánea.
Por tanto, a partir de esa manifestación expresa de conocimiento que realizó el actor, se sobreseyó en relación con la petición de pago de intereses derivado de entregas de participaciones federales que no se impugnaron en el plazo de 30 días siguientes a aquel en que éstas se realizaron.
De lo anterior se advierte que, en caso de que se impugnen actos de naturaleza negativa, para que proceda el sobreseimiento por inexistencia, es necesario que sí se haya cumplido con la obligación respectiva y, además, que se encuentre demostrado en autos que el actor tuvo conocimiento de ello.
En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces, resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.
De lo anterior puede concluirse válidamente que, en caso de que se solicite el pago de intereses con motivo de una entrega atrasada de participaciones federales, el plazo de 30 días para presentar la demanda de controversia constitucional empieza a correr con motivo del conocimiento que tenga el Municipio respectivo de la fecha en que se llevó a cabo dicha entrega.
Por ende, la falta de pago de intereses, en el caso descrito, no puede estimarse como una mera omisión o acto de naturaleza negativa respecto del cual pueda presentarse en cualquier momento la demanda de controversia constitucional, pues no se trata de una abstención absoluta, dado que se encuentra íntimamente relacionado con un acto positivo consistente en la entrega de la participación federal, es decir, se trata de un accesorio vinculado con el pago del principal.
Apoya las consideraciones anteriores –por identidad de razón– la jurisprudencia P./J. 113/2010, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."(8)
d) Carga probatoria respecto de la existencia del acto de naturaleza negativa
Por otra parte, regresando a la ya referida controversia constitucional 3/97, una vez que se verificó la existencia de la obligación de hacer, entonces, corresponderá a la demandada la carga de la prueba de acreditar que no existen esas omisiones, es decir, que sí cumplió con la obligación respectiva.
En caso de que la demandada ofrezca elementos de convicción destinados a demostrar que sí realizó el acto cuya omisión se le imputa, entonces, se revierte la carga probatoria y será la actora quien deberá desvirtuar tales pruebas.
De las consideraciones de mérito surgió la jurisprudencia P./J. 81/99, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA."(9)
e) Posibilidad de ampliar demanda
La carga probatoria de la demandada para acreditar que no existen las omisiones que se le imputan, genera la probabilidad de que, en la contestación, se den a conocer al actor aspectos novedosos, por lo que, a partir de tal conocimiento, podrá ampliar su demanda, en términos de lo previsto por el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de desvirtuar los elementos de convicción exhibidos y/o hacer valer lo que a su interés convenga.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 139/2000, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA."(10)
En este punto, debe destacarse que el aspecto de los hechos nuevos que permite ampliar la demanda al actor lo es el conocimiento que se adquiere de él, mas no la fecha en que nacieron o se generaron.
En efecto, para que el acto que pretende impugnarse pueda considerarse un hecho nuevo, la parte actora tuvo que haber tenido conocimiento de éste al momento de la contestación de la demanda, circunstancia que se colige de lo establecido en el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, en donde se prevé que podrá ampliarse la demanda dentro de los 15 días siguientes a la contestación si en ésta apareciere un hecho nuevo.
En ese orden de ideas, el derecho a ampliar la demanda tiene una especial relevancia tratándose de la impugnación de actos de naturaleza negativa, debido a la distribución de cargas probatorias referida en párrafos precedentes.
Así es, si bien corresponde a la demandada acreditar que no existen las omisiones impugnadas, cuando se ofrecen ele
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28800-c0e4a9c8/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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