LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA TIENE EL APODERADO DE UNA EMPRESA ASEGURADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL Y ENTREGADA EN ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), PARA PROMOVERLO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA PERSONA MORAL, SALVO QUE EL NUEVO ADMINISTRADOR HAYA REVOCADO SU MANDATO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, RICARDO OLVERA GARCÍA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU Y MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. AUSENTE: HUGO GUZMÁN LÓPEZ. DISIDENTES: ARTURO ITURBE RIVAS, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. PONENTE: JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de treinta de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, ante el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y el Vigésimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, el primero, el juicio de amparo DA. 588/2017 y, el segundo, el diverso DA. 95/2017.
Denuncia basada en el planteamiento que se reproduce a continuación:
"Si el promovente del juicio de nulidad tiene legitimación procesal, una vez que se decretó el aseguramiento en contra de la empresa actora y cuya administración pasó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)."
SEGUNDO.—Radicación. El presidente de este Pleno de Circuito, mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, registró el asunto en el expediente PC01.I.A.11/2018.C y admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes copia certificada de las resoluciones respectivas y que informaran si el criterio contenido en tales fallos se encontraba vigente o, en su defecto, la causa que habían tenido para superarlo o abandonarlo.
TERCERO.—Informes. Mediante oficios **********, de veintiséis de abril de dos mil dieciocho y **********, de veintisiete del mismo mes y año, los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes informaron que los criterios en pugna siguen vigentes.
CUARTO.—Turno. En atención a la recepción de la información de mérito y una vez recibido el informe de la Coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de inexistencia de contradicciones de tesis radicadas en ese Máximo Tribunal del País sobre el tema en estudio, por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, se turnó el asunto al Magistrado Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, integrante del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la emisión del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.—Aplazamiento. El asunto se examinó en sesión de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, pero este Pleno de Circuito determinó aplazarlo.
SEXTO.—Returno. El uno de febrero de dos mil diecinueve, con motivo de la nueva integración de este Pleno de Circuito, el asunto fue returnado al Magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez, integrante del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo a quien posteriormente se otorgó una prórroga de cuatro días; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer del asunto, con apoyo en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 6 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.—Legitimación. El denunciante de la contradicción de tesis tiene legitimación al efecto, conforme al artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se trata del presidente del tribunal administrativo, constituido como una de las partes en los juicios de amparo de origen.
TERCERO.—Temas y criterios contendientes. El problema jurídico, en los términos planteados por el denunciante, consiste en dilucidar si una vez que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República haya decretado el aseguramiento de una empresa y que, por ende, la administración de ésta haya pasado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, los apoderados cuyos poderes no sean revocados conservan sus facultades de representación para actuar a nombre de la persona moral en la promoción de juicios de nulidad o, por el contrario, pierden esas facultades y carecen de legitimación para acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Al respecto, los Tribunales Colegiados contendientes sostienen lo siguiente:
a) El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo DA. 95/2017, en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho:
"... 5. Antecedentes.
"Previo al estudio de los conceptos de violación, se considera necesario llevar a cabo una breve síntesis de los acontecimientos más relevantes en el procedimiento que dio origen a la sentencia reclamada.
"a. El diecinueve de diciembre de dos mil doce, Pemex Exploración y Producción, celebró el contrato de obra pública número **********, con la empresa denominada **********, teniendo por objeto la ‘rehabilitación y mantenimiento a las instalaciones marinas, con apoyo de una embarcación’.
"b. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil catorce, el licenciado **********, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Fiscalización o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría General de la República, comunicó el aseguramiento y puso a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la empresa **********, con todo lo que de hecho y por derecho corresponde.
"c. El **********, la Procuraduría General de la República, mediante el ‘acta administrativa de transferencia de la empresa asegurada’, realizó la entrega-recepción de la empresa **********, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
"d. Mediante sentencia de ocho de julio de dos mil catorce, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del expediente número **********, se declaró en concurso mercantil a la empresa quejosa y se ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que procediera a designar como conciliador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
"e. El ocho de agosto de dos mil catorce, mediante oficio **********, se notificó a la actora en el juicio de origen, el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra pública número **********, celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil doce, por las empresas ********** y Pemex Exploración y Producción.
"f. Inconforme con esa determinación **********, por conducto de **********, apoderado legal de la citada moral, interpuso juicio contencioso administrativo ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el **********.
"g. Mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil catorce, la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió la demanda y en esa misma fecha propuso facultad de atracción a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"h. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil quince, el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ejerció la facultad de atracción y el quince de marzo, el Pleno de la Sala Superior resolvió de la manera siguiente:
"‘I. Resultó fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la autoridad demandada, por tanto;
"‘II. Se sobresee el juicio interpuesto en contra de la resolución que ha quedado descrita en el resultando primero de este fallo.
"‘III. Notifíquese.’
"Dicha resolución es la que constituye el acto reclamado ...
"Al respecto, la Sala determinó –en esencia– que:
"‘En ese sentido, no obstante **********, pretenda comparecer en defensa de los intereses de **********, al amparo del instrumento notarial que exhibe, debido a la condición de aseguramiento que prevalece sobre dicha empresa, debe señalarse que desde el 2 de marzo de 2014, quedó limitada su administración y manejo, así como la facultad para otorgar poderes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y, con ello, la posibilidad de comparecer ante todo tipo de autoridades.
"‘Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.P.A.9.P, emitida por el Poder Judicial de la Federación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, del mes de febrero de 1996, visible en la página 389, cuyo rubro y contenido a la letra dice: «ASEGURAMIENTO DEL BIEN RELACIONADO CON EL DELITO. AFECTACIÓN PROVISIONAL.» (se transcribe)
"‘De ahí que si en el presente caso, la promoción del juicio (10 de noviembre de 2014) aconteció en fecha posterior al citado aseguramiento (2 de marzo de 2014), debe determinarse que el promovente del juicio pretende su acontecimiento al amparo de un poder que no fue emitido por la o las personas facultadas que al momento de presentar la demanda, tenían a su cargo la administración de la empresa en cuestión, por lo que no puede considerarse que el promovente, en forma alguna se encuentre legitimado para promover el presente juicio a nombre de la empresa **********.
"‘Sin que sea óbice a lo anterior, que el promovente pudiera argumentar en su favor el desconocimiento de dicho aseguramiento por parte de la representación social, pues cabe señalar que de la misma resolución impugnada, como quedó precisado en párrafos que anteceden, se advierte claramente que la emisora de la resolución impugnada notificó a la promovente a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su calidad de administrador la rescisión del contrato de mérito, de ahí que es dable concluir que el promovente sí tenía conocimiento de dicha circunstancia.
"‘Asimismo, tampoco es óbice a lo anterior, el hecho de que el poder en cuestión, fue otorgado con anterioridad a la fecha del aseguramiento de la empresa, y que no haya sido revocado (como lo alega el Servicio de Administración y Enajenación de bienes), pues lo cierto es que la medida de aseguramiento, si bien no tiene por efecto revocar los poderes otorgados con anterioridad, lo cierto es que así limita los derechos de libre administración de los propietarios o depositarios de los bienes asegurados (en el caso concreto de la empresa asegurada) de ahí que puede entenderse que las facultades para representar a la empresa, sí estaban limitadas con el motivo del aseguramiento, por lo que no podían ejercerse al momento de la presentación de la demanda, pues como ya se precisó, dicha administración correspondía exclusivamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
"‘Conforme a lo anterior, debe considerarse que **********, no cuenta con legitimación ad procesum para accionar el presente juicio al no haber acreditado ante este órgano jurisdiccional, haber recibido poder bastante por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ente encargado de la administración de la empresa **********.
"‘En virtud de lo anterior, resulta fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada toda vez que la actora no acredita estar legitimada para intentar el juicio de nulidad.
"‘Con base en lo expuesto durante el presente fallo, válidamente se arriba a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción I, ya que el juicio ante este tribunal es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del demandante; actualizándose con ello, el diverso artículo 9o., fracciones II y V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, razón por la cual se decreta el sobreseimiento del juicio promovido por la hoy actora.’
"Estudio.
"De la síntesis de los conceptos de violación, así como de lo expuesto por la Sala, se desprende que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el poder que otorgó el consejo de administración de la empresa quejosa a **********, se restringió, a tal grado de impedirle promover juicio de nulidad en su representación, como consecuencia del aseguramiento de sus bienes ordenado por la Procuraduría General de la República a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
"Establecido lo anterior, este tribunal estima pertinente partir de lo expuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como lo establecido en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que norman la figura del aseguramiento de bienes, para poder establecer las razones y consecuencias del aseguramiento de bienes en los procesos penales federales.
"‘Artículo 182.’ (se transcribe)
"‘Artículo 182-C.’ (se transcribe)
"‘Artículo 182-D.’ (se transcribe)
"Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
"‘Artículo 1.’ (se transcribe)
"‘Artículo 3.’ (se transcribe)
"‘Artículo 13.’ (se transcribe)
"‘Artículo 78.’ (se transcribe)
"De los artículos citados, que son –algunos de– los que regulan el procedimiento de aseguramiento de bienes relacionados con procesos penales federales, se desprende que:
"• Al realizar el aseguramiento las autoridades designadas deberán, entre otras cosas, ponerlos bienes a disposición de la autoridad competente para su administración;
"• Los bienes asegurados durante la averiguación previa o el proceso penal, que puedan ser objeto de prueba, serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con la legislación aplicable y de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 123 Bis a 123 Quintus del Código Federal de Procedimientos Penales, que establecen las reglas para la preservación de los indicios;
"• Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables;
"• Se hará constar en los registros públicos el aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, así como el respectivo nombramiento del depositario, interventor o administrador;
"• La finalidad de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público es la de regular la administración y destino, por parte del SAE, de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, entre otros;
"• El SAE podrá administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.
"• Para la debida conservación y en su caso buen funcionamiento de los bienes, incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, empresas, negociaciones y establecimientos, el SAE tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, para otorgar y suscribir títulos de crédito y, en los casos previstos en esta ley, actos de dominio, y que
"• Para el cumplimiento de su objeto, el SAE contará con las atribuciones de: recibir, administrar, enajenar y destruir los bienes de las entidades transferentes, conforme a lo previsto en la presente ley. Así como, realizar todos los actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio respecto de los bienes, aun y cuando se trate de entidades paraestatales en proceso de desincorporación, en aquellos casos en que así lo determine la secretaría.
"De lo anterior, claramente se puede advertir que la finalidad del sistema de aseguramiento de bienes objeto o producto de ilícitos competencia de las autoridades en materia penal federal, es la de regular la administración y destino de esos objetos, siempre que sean susceptibles de registro o constancia.
"Es decir, el aseguramiento de los bienes, como consecuencia de un procedimiento penal, tiene como finalidad, entre otras, la de preservar los objetos que puedan constituir una prueba o asegurar aquellos que sean producto u objeto de delito, para impedir su desaparición o evitar que aquellos quienes tienen derechos subjetivos sobre éstos, puedan ejercerlos, debido a que se encuentran relacionados con investigaciones de naturaleza criminal.
"Aunado a lo anterior, de los numerales citados se advierte que el legislador dotó de facultades al SAE, a través de sus depositarios, liquidadores, interventores o administradores, para que ejercieran todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración, entre otros, siempre con la consigna de garantizar la conservación y, en su caso, buen funcionamiento de la empresa o negocio asegurado.
"Dicho lo anterior, es relevante señalar que el veintiocho de febrero de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, comunicó, al SAE, el aseguramiento de la empresa quejosa, con todo lo que de hecho y por derecho corresponde.
"Esa determinación se formalizó a través del acta administrativa de transferencia de la empresa asegurada **********, número **********, en la que se detallaron los bienes sujetos a aseguramiento, entre ellos:
"(se insertan imágenes)
"De los antecedentes descritos, se observa que, fueron los bienes materiales (muebles e inmuebles), así como la contabilidad, el almacén, las cuentas por cobrar y los recursos humanos, los objetos de aseguramiento a cargo del SAE, sin que se advierta –como lo aduce la parte quejosa– que los poderes otorgados a **********, hayan sido revocados, como consecuencia de dicho aseguramiento. "Lo que se corrobora con lo manifestado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por **********, administrador de la empresa quejosa, designado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes mediante nombramiento ********** de catorce de marzo de dos mil catorce, en el escrito que exhibió ante la Sala de conocimiento, en atención al requerimiento que ésta le formuló, en el que expresa:
"‘Que el poder otorgado por la empresa **********, a favor del promovente en el juicio que nos ocupa, ingeniero **********, contenido en el testimonio de la escritura pública número 49, de fecha 20 de enero de 2014 del protocolo a cargo del notario público número 13 con ejercicio y residencia en esta Ciudad del Carmen, Campeche, **********, fue conferido con anterioridad a la fecha de transferencia realizada por la Procuraduría General de la República al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), 2 de marzo de 2014.
"‘No obstante lo anterior, es de señalarse que el o los poderes conferidos en el instrumento público señalado en el párrafo precedente, no se encuentran entre aquellos que la empresa **********, bajo la administración a mi cargo, haya limitado y/o revocado en forma alguna a la fecha de la presente, así como, no cuento con conocimiento de que éstos hubieren sido limitados y/o revocados por mandato judicial o por cualquier otro medio; lo que se hace de su atento conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.’
"Así, de lo expuesto por el –entonces– administrador de la empresa quejosa, se desprende que los poderes que habían sido otorgados con anterioridad a que fuera intervenida la empresa, seguían teniendo plena vigencia, pues no tenía información en cuanto a que hubieran sido revocados o limitados.
"Establecido lo anterior, este tribunal advierte que, como lo sostiene la quejosa, no existen constancias en autos de las que se desprenda que las facultades otorgadas a **********, a través de un instrumento notarial para representar a la empresa quejosa en defensa de sus derechos, hayan sido limitados o revocados, como erróneamente lo dice la Sala; por el contrario, de las constancias descritas en líneas anteriores, se puede ver que las propias autoridades reconocieron que el representante legal de la quejosa, tenía plenas facultades para actuar en su nombre en las instancias legales correspondientes.
"Para corroborar lo anterior, es necesario aclarar el error en que incurre la Sala al momento de interpretar el derecho.
"De forma equivocada, la Sala concluye que la intervención que sufrió la empresa quejosa como consecuencia de la investigación criminal en que fue vinculada, a cargo del SAE, constituye una limitación en su capacidad de ejercicio, que le impide hacer valer sus derechos a través de los representantes legales que –previamente– designó. Dicha conclusión, la hace depender del hecho que la quejosa fue intervenida administrativamente.
"No obstante, el aseguramiento de que fue objeto la empresa quejosa, lo que en realidad implica es –como se dijo en líneas anteriores–, que fue privada de la gestión de los activos fijos del negocio, esto es, del manejo de los bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y de cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
"Es decir, se le privó de realizar cualquier gestión con los bienes (susceptibles de registro o constancia) propiedad de la empresa, ante el riesgo de haber sido producto u objeto de un ilícito.
"Pero el hecho que se haya decretado un aseguramiento –provisional– de la empresa con todo lo que en derecho le corresponde, como documentos, contabilidad, activos, recursos, bienes muebles e inmueble de su propiedad, sólo significa que fue privada de su administración, pero no así de su capacidad de ejercicio.
"Dicha restricción impide a la quejosa administrar sus bienes o derechos, así como disponer de ellos, lo que no se puede interpretar en el sentido de hacer extensiva esa restricción a otros actos ajenos o diversos a la administración de sus activos.
"Así, la legitimación para actuar en el procedimiento o legitimación ad procesum que hace valer el promovente **********, no fue limitada o restringida con la intervención administrativa que sufrió la empresa quejosa, en primer lugar, porque ese aseguramiento sólo tiene como finalidad preservar los activos fijos de la empresa –previamente descritos–, lo que se traduce en la defensa de los bienes y derechos que forman parte de su patrimonio; en segundo lugar porque no existe constancia que demuestre que fueron revocados los poderes otorgados por la empresa quejosa a su representante legal (**********), que fue quien suscribió la demanda de nulidad que nos ocupa; finalmente, debido a que ni el aseguramiento de bienes ni el concurso mercantil, tiene como finalidad restringir la facultad de ejercicio de los sujetos, simplemente garantizar el éxito en la investigación criminal o el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
"Entonces, fue ilegal la determinación de la Sala al considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción I, en relación con el diverso 9, fracciones II y V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen que es improcedente el juicio en contra de actos que no afecten el interés jurídico del demandante y, por tanto, su consecuente sobreseimiento.
"No pasa inadvertido que la Sala sostiene que el aseguramiento de la empresa sí implica una limitación de los derechos de libre administración de los propietarios o depositarios de los bienes asegurados, por lo que las facultades para representar a la empresa estaban limitadas, pues al momento de presentar la demanda la administración correspondía al SAE.
"Sin embargo, como se dijo, incurre en un error la Sala, pues mezcla el aseguramiento de los bienes de la empresa, derivado de una investigación penal, con la revocación y restricción de la facultad de ejercicio, materializada a través del otorgamiento de facultades de representación en favor de terceros, que no tiene relación alguna con garantizar la satisfacción de la investigación penal o el cumplimiento de las obligaciones mercantiles...
"Efectos:
"Resuelto lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, para el efecto que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (1) deje insubsistente la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecisiete y, en su lugar, (2) emita otra, en la que considere que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reconociendo la legitimación que tiene ********** para promover el juicio de nulidad en representación de la empresa quejosa, derivado del instrumento notarial número cuarenta y nueve, otorgado ante el notario público número **********, de Ciudad del Carmen, Campeche, el veinte de enero de dos mil catorce; (3) hecho lo anterior y de no advertir otra causa de improcedencia, resuelva conforme a derecho proceda."
b) Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria dictada también el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo DA. 588/2017, determinó lo siguiente:
"QUINTO.—A continuación procede el estudio de los conceptos de violación propuestos por la quejosa.
"Por cuestión de técnica jurídica, se analizarán en primer orden, el segundo y tercer conceptos de violación formulados en la demanda de amparo en estudio.
"Al respecto, argumenta la quejosa, que no obstante que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, fue designado el dos de marzo de dos mil catorce, como administrador de los bienes de la actora hoy quejosa, tal y como se desprende de las constancias que obran en autos del juicio origen, con número de expediente **********, esa situación en nada afectó o limitó los alcances y efectos del poder notarial otorgado por **********, a favor de **********, por lo que, añade, esta persona al tener facultades sustentadas en dicho acto para pleitos y cobranzas, promovió el juicio contencioso administrativo aludido, en representación legítima de su poderdante, para con ello salvaguardar los intereses jurídico y patrimoniales de dicha empresa hoy quejosa...
"Los anteriores argumentos a consideración de este Tribunal Colegiado resultan infundados.
"Esto, pues contrariamente a lo aseverado por la quejosa, y como correctamente lo determinó la Sala Superior, el promovente del juicio de nulidad, no acreditó contar con la legitimación en el proceso para representar a **********, a la fecha de la interposición, toda vez que dicha representación únicamente la tiene el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
"Lo anterior se afirma, en virtud de que, como bien se indicó en la sentencia que se revisa y como lo reconoce la parte promovente del amparo, la empresa **********, se encuentra asegurada por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, derivado del aseguramiento que en su momento decretó el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, desde el dos de marzo de dos mil catorce, fecha a partir de la cual la administración de la citada empresa, se encuentra a cargo del citado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
"Ello, en términos de los artículos 1o., 5o. y 76 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que estatuyen:
"(se transcribe)
"Numerales de los cuales se observa, que le corresponde al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la administración de los bienes de una empresa asegurada, como es el caso de **********.
"Por lo que, al tomar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la administración de la empresa **********, como consecuencia del aseguramiento de los bienes, por tanto, los órganos de repre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28881-f245af60/legitimacion-procesal-en-el-juicio-de-nulidad-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, GENERADA POR RECLAMAR ACTOS QUE HAYAN (VI.1o.A.276 A )
- NULIDAD DE ACTUACIONES. EL INCIDENTE PROMOVIDO POR UN TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA E INTERPUESTO EL RECUR (I.9o.C.110 C )
- EJECUTIVO MERCANTIL, DESECHAMIENTO DE UN RECURSO AL DEMANDADO EN JUICIO, ANTES DE LA PRACTICA DEL EMPLAZAMIENTO. NO CONSTITUYE UNA VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS, PARA DETERMINAR SI EXISTE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD POR O (VIII.2o.80 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis