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Modo: Corpus Pro

DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 405/2017. · Registro digital (IUS): 29104
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 935.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 405/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

II. Competencia y legitimación

5. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito.

6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, cuyo criterio participa en este asunto. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

III. Existencia de la contradicción

7. En aras de determinar si existe la contradicción de criterios, es necesario en principio determinar cuáles son las exigencias que ha impuesto este Alto Tribunal al respecto, las cuales se refieren a lo siguiente:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. Tales requisitos se encuentran previstos en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(2) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3)

9. A continuación, se exponen las razones por las cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan todos los requisitos enunciados.

10. Posturas contendientes. En primer orden, se sintetizan las consideraciones y argumentaciones en las que los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron sus resoluciones, mismas que servirán para dar respuesta a la interrogante de si existe o no una contradicción de criterios.

11. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 247/2017, analizó un asunto con las siguientes características:

12. El seis de marzo de dos mil diecisiete, **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra de actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas, mismos que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso emitido en su contra el catorce de febrero de dos mil diecisiete, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal **********.

13. De la demanda de amparo correspondió conocer a la Juez Primero de Distrito del Estado de Zacatecas, quien la registró con el expediente **********, quien celebró la audiencia constitucional el dos de mayo de dos mil diecisiete, misma que concluyó el día veintinueve siguiente con el dictado de la sentencia, en la que resolvió conceder el amparo al quejoso.

14. En contra de dicha resolución, la representante de la víctima y la agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, en su carácter de terceros interesados, interpusieron recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por lo que su presidente ordenó su registro como amparo en revisión 247/2017. Seguido el trámite correspondiente, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el órgano jurisdiccional resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y otorgar el amparo al quejoso.

15. Las consideraciones del Tribunal Colegiado esencialmente se hicieron consistir en lo siguiente:

- Declaró infundada la petición del tercero interesado y ofendido en el proceso penal de origen, de que se aplique en su favor la suplencia de la queja, puesto que dicha figura sólo le es aplicable cuando se tiene el carácter de quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.(4)

- Asimismo, declaró infundado el alegato donde los recurrentes afirman que fue incorrecto que el Juez de Distrito sustentara su interpretación del artículo 20, apartado B, fracción VIII, constitucional, relativo al derecho de adecuada defensa en el sistema de justicia oral y acusatorio, en un criterio aislado que no es obligatorio, esto porque las autoridades están en condiciones de hacer una interpretación propia o bien ajustarse a un criterio orientador de un Tribunal Colegiado.

- Por otro lado, declaró infundado el motivo de inconformidad en el que los recurrentes aducen que el Juez de Distrito realizó un procedimiento distinto en el juicio de amparo para cerciorarse de que el defensor en efecto tenía cédula profesional que lo facultara para ejercer como licenciado en derecho, porque los requisitos para designar autorizados en el juicio de amparo, los prevé el numeral 12 de la ley de la materia, y tratándose de proceso penal, la persona autorizada no requiere acreditar estar autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que no resulta contrario a derecho el actuar del Juez de Distrito, puesto que en dichos procedimientos se tratan calidades y representaciones diferentes.

- Además, respecto de los agravios en los que los inconformes afirman que es equivocada la interpretación que hace el Juez respecto de la garantía de defensa adecuada prevista por el arábigo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución, al afirmar que en todos los casos el defensor debe manifestar que cuenta con autorización para actuar con tal carácter y que sus datos se encuentran registrados en la administración del Centro de Justicia, lo que genera la obligación al Juez de Control de cerciorarse de esa circunstancia y que quede videograbado; el órgano colegiado los declaró fundados pero inoperantes, porque interpretar dicho derecho como una obligación del Juez de Control de cerciorarse personalmente de esa cuestión para que quede grabado, resulta un exceso o exigencia innecesaria.

- Así, determinó el colegiado que el personal administrativo del centro de justicia penal es el encargado de vigilar que quien acude a las diligencias a representar al imputado tenga título y cédula profesional de licenciado en derecho, la cual debió exhibir con antelación, y al tratarse de un documento público, con él demuestra iuris tantum que lo ahí consignado es cierto, por lo que calificó la interpretación de mérito como desafortunada.

- Sin embargo, –precisó el órgano colegiado– constituye una excepción, el caso en que quien se ostentó como licenciado en derecho ante una autoridad judicial, no tenga en realidad dicha profesión y carezca de la especialidad para ser considerado defensor con conocimientos técnicos en términos de lo que disponen los artículos 17, 113, fracción XI, 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- Consideró que es un hecho notorio para las autoridades federales, que a determinada persona se le sigue un proceso penal por una conducta delictiva y conocer el estado procesal del mismo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de manera que en el caso concreto, advirtió que a Carlos Daniel Espinoza Bueno, se le instruyó causa penal por el delito de usurpación de profesiones, por lo que se le impuso una pena de un año siete meses y quince días de prisión, por ostentarse como licenciado en derecho.

- Asimismo, al constatar la cédula profesional exhibida en el Registro Nacional de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, obtuvo el dato de que pertenece a diversa persona con licenciatura de médico cirujano y partero, expedida en mil novecientos noventa y seis por la Universidad Autónoma de Nuevo León; en ese sentido, –precisó el colegiado– el juzgador de amparo tiene la facultad de cerciorarse sobre el cumplimiento del derecho de defensa adecuada del quejoso y protegerlo cuando quedó evidenciado que el defensor no es licenciado en derecho.

- En ese sentido, consideró el colegiado, no sólo se corrobora la necesidad de reponer el procedimiento a favor del quejoso, sino que al advertir una nueva conducta ilícita del sujeto, debía darse vista al Ministerio Público adscrito.

- Con base en lo antes expuesto, confirmó la sentencia recurrida.

16. De lo anterior, se advierte que el Tribunal Colegiado consideró un requisito excesivo e innecesario, el que ante la manifestación del defensor de que cuenta con autorización para fungir con tal carácter y que sus datos se encuentran registrados en la administración del centro de justicia, el Juez de Control deba asentar que se cerciora personalmente de tal circunstancia, para que tal actuar quede videograbado, esto porque el Centro de Justicia Penal con su personal administrativo es el facultado para vigilar que los defensores que se apersonen en las diligencias, con antelación exhiban título y cédula profesional de licenciado en derecho.

17. Asimismo, precisó que es facultad del Juez de amparo, cerciorarse sobre el cumplimiento del derecho de defensa adecuada y para ello utilizar como hecho notorio los datos que arroje el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

18. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, analizó un asunto con las siguientes particularidades:

19. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, **********, promovió demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez de Control de la Sala Uno del Sistema de Justicia Acusatorio del Partido Judicial de Baja California, con sede en Ensenada, mismos que hizo consistir en lo siguiente:

a) La resolución que calificó de legal la detención del quejoso;

b) El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el ocho de mayo de dos mil dieciséis, en la causa penal ********** por su probable intervención en el delito de robo a casa habitación.

c) Las medidas cautelares dictadas como consecuencia de la vinculación a proceso.

20. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien lo registró bajo el expediente **********; enseguida, el ocho de julio de dos mil dieciséis celebró la audiencia constitucional, misma que culminó con el dictado de la sentencia respectiva el día quince del mes y año antes citados, en la que resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso.

21. Contra la sentencia emitida en el amparo indirecto, la parte ofendida en el juicio natural y el agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, en su calidad de terceros interesados, interpusieron recurso de revisión del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyo presidente ordenó su registro como amparo penal en revisión 305/2016 y seguido el trámite correspondiente, el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el órgano colegiado dictó resolución donde determinó modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio respecto de la calificación de la detención y otorgó el amparo al quejoso, por lo que hace al dictado del auto de vinculación a proceso.(5)

22. El Tribunal Colegiado sustentó su determinación en las siguientes consideraciones:

- La sentencia recurrida constituye un acto inválido e incongruente, porque para su dictado el juzgador se apoyó únicamente en la versión escrita del acto emitido oralmente en la audiencia de procedimiento penal acusatorio, cuando tiene la obligación de analizar el formato digital en que se contenga la grabación del acto procesal que constituye el acto reclamado, por lo que no ponderó ni analizó el acto reclamado, lo que es contrario a los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo y conlleva que el órgano colegiado reasuma jurisdicción.

- En relación con el acto reclamado que se hizo consistir en la ratificación de la detención del quejoso, consideró que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque existe un cambio de situación jurídica que impide decidir respecto de la violación reclamada sin impactar en la nueva situación jurídica, debido a la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de una medida cautelar y una declaratoria de ilegal detención impactaría en el auto de vinculación a proceso, porque los datos obtenidos de manera directa e inmediata con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos, sin que ello implique prohibición para que la autoridad común posteriormente pueda pronunciarse sobre la exclusión de pruebas obtenidas por una detención ilegal.

- Adicionalmente, afirmó que ello no impide que en amparo directo vuelva a analizarse el fondo de la detención del sentenciado, dado que un sobreseimiento deja intocado el acto reclamado.

- En relación con el auto de vinculación a proceso, consideró infundado que la autoridad responsable tuviera la obligación de analizar la totalidad de los elementos del delito y que correspondía a la defensa acreditar alguna excluyente de responsabilidad.

- Asimismo, declaró fundado el argumento relativo a que la resolución es incongruente, porque no se realizó el análisis relativo a la existencia de la demora en la puesta a disposición, estudio que debe realizarse debido a que no invalida la detención, sino que sólo anula datos de prueba. En ese sentido, concluyó que la responsable resolvió de manera ilegal, pues previamente debió instar a las partes para debatir sobre si existió demora en la puesta a disposición y si con motivo de esa violación se obtuvieron pruebas que debieran ser excluidas.

- Adicionalmente, advirtió una diversa violación a derechos fundamentales, porque de la videograbación del comienzo de la audiencia inicial, al individualizar a las partes, las personas que asistieron al indiciado, se ostentaron como defensores de oficio, indicando que sus datos se encontraban previamente registrados en la administración del centro de justicia. Sin embargo, no se demostró plenamente que contaran con cédula que los autorice para ejercer la profesión de derecho.

- Por lo anterior, precisó que es necesario establecer que el proceso penal acusatorio y oral, se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, siendo precisamente la oralidad la principal herramienta para materializar esos principios dentro de audiencias públicas, dejándose de lado el sistema anterior en el que se formaba un expediente físico, ya que el procedimiento actual es distinto, en la medida en que aplica una metodología de audiencias en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controversias entre las partes.

- De tal manera que, en los procedimientos penales tramitados con base en esa metodología de audiencias orales, el acto que se emita lo constituye precisamente la resolución oral formulada por propia voz del Juez respectivo.

- Lo anterior, justifica el hecho de que, para el procedimiento penal de corte acusatorio y oral, todo aquello que no conste en la audiencia no existe.

- Luego, de la videograbación de la audiencia inicial se advierte que el Juzgador omitió cerciorarse si las personas que fueron señaladas como abogados del gobernado, contaban con la autorización necesaria para fungir como defensores, para asegurar una defensa técnica adecuada, ya que en ese acto no se aprecia que hubieran mostrado su cédula que los acredite como licenciados en derecho o que se hubiera ordenado verificar esa afirmación, por lo que, al margen de que existan o no esos documentos registrados en la administración del centro de justicia, para los efectos del proceso no se demuestra por no constar en la audiencia oral.

- Por ende, no se cumplen los aspectos necesarios para garantizar el derecho fundamental al debido proceso cuando de la videograbación del proceso penal acusatorio y oral, no se desprende que las personas que fueron nombradas para que representaran al indiciado estuvieran licenciadas en derecho, porque la mera manifestación de que contaban con una autorización registrada en la administración del centro no brinda certeza o evidencia de que contaban con la capacidad técnica para ejercerla adecuadamente, puesto que ese dato no demuestra que contara con la licenciatura en derecho o autorización para ejercer esa profesión, ya que el procedimiento de esa índole se rige por una metodología de audiencias, de tal manera, que en los procedimientos penales tramitados con base en esa metodología de audiencias orales, el acto que se emita en éste lo constituye precisamente lo que se plasma en audiencia, por lo que todo aquello que no conste en la audiencia, no existe.

- Lo cual consideró relevante, porque en términos de lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia «1a./J. 26/2015 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo 1, mayo de 2015, página 240» de título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO." y en la tesis aislada de título y subtítulo: "DEFENSA TÉCNICA. NO DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE QUE SE ASIENTE EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN INCULPADO QUE QUIEN LO ASISTE ES DEFENSOR DE OFICIO, SI NO EXISTE SUSTENTO ALGUNO DE ESA CALIDAD.", se estableció la necesidad de que en autos se encuentre plenamente demostrada que la persona sobre quien recae la defensa es un profesional del derecho, incluso cuando se sostenga que forman parte de la defensoría pública.

- De tal manera que, al no existir evidencia dentro de la audiencia de que efectivamente las personas que asistieron al quejoso mostraran al juzgador su cédula o autorización para ejercer la profesión del derecho, llegó a la conclusión de que no se respetó el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, porque comparecieron diversas personas en representación de sus intereses, pero no se tiene certeza que estuvieran en condiciones de ejercer una defensa técnica, con lo que no se garantizó el debido proceso, dado que la simple afirmación de que contaban con su cédula registrada en el centro no brinda esa certeza.

23. De lo anterior, se advierte que el Tribunal Colegiado consideró, entre otras cosas, que el Juez de Control debe cerciorarse al momento de individualizarse los comparecientes, si las personas que fueron señaladas como abogados del gobernado, contaban con la autorización necesaria para fungir como defensores, esto para asegurar una defensa técnica adecuada, porque es un requisito indispensable durante la audiencia inicial; aunado a que, de esa verificación debe quedar constancia en la videograbación de la audiencia, porque en los procedimientos penales tramitados con base en una metodología de audiencias orales, el acto que se emita en éstos lo constituye, precisamente, lo que se plasma en la audiencia, es decir, lo emitido por propia voz del Juez correspondiente, por lo que todo aquello que no conste en esa diligencia es inexistente; lo anterior, en observancia del artículo 20 constitucional que establece el derecho a una defensa técnica adecuada al imputado.

24. Asimismo, manifestó que no basta que el defensor manifieste oralmente que está registrado en el Centro de Justicia, sino que esa calidad se debe acreditar con documento idóneo como lo es la cédula profesional o el título, lo que deberá constatar el Juez.

25. De las consideraciones transcritas derivó el criterio aislado cuyo rubro y texto establecen:

"DEFENSA TÉCNICA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL, NO BASTA QUE EN LA AUDIENCIA INICIAL, AL INDIVIDUALIZAR A LAS PARTES, QUIEN REPRESENTA AL IMPUTADO MANIFIESTE AL JUEZ DE CONTROL QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA FUNGIR COMO DEFENSOR Y QUE SUS DATOS SE ENCUENTRAN PREVIAMENTE REGISTRADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA, SINO QUE ES NECESARIO QUE AQUÉL VERIFIQUE DICHA CIRCUNSTANCIA (SEA LICENCIADO EN DERECHO CON CÉDULA PROFESIONAL) Y QUE DE ELLO QUEDE CONSTANCIA EN LA VIDEOGRABACIÓN CORRESPONDIENTE. Para garantizar el derecho fundamental de defensa técnica adecuada en los procedimientos penales de corte acusatorio y oral, no basta que en la audiencia inicial, al individualizar a las partes, la persona que representa al imputado manifieste al Juez de control que cuenta con la autorización para fungir como defensor y que sus datos se encuentran previamente registrados en la administración del centro de justicia, sino que es necesario que aquél verifique dicha circunstancia y que de ello quede constancia en la videograbación correspondiente. En efecto, no se cumplen los aspectos necesarios para garantizar el derecho fundamental al debido proceso cuando de la videograbación del proceso penal acusatorio y oral, no se advierte que la persona que fue nombrada para que representara al inculpado fuera licenciada en derecho, porque la mera manifestación de que contaba con una autorización registrada en la administración del centro, no brinda certeza o evidencia de que tenía la capacidad técnica para ejercerla adecuadamente, puesto que ese dato no prueba que contara con la cédula que lo acreditara como licenciado en derecho o autorización para ejercer esa profesión; además, en los procedimientos penales tramitados con base en una metodología de audiencias orales, el acto que se emita en éstos lo constituye, precisamente, lo que se plasma en la audiencia, es decir, lo emitido por propia voz del Juez correspondiente, por lo que todo aquello que no conste en esa diligencia es inexistente. Lo cual resulta relevante, porque en términos de lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.) y en la tesis aislada 1a. CCCXXVIII/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: ‘DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.’ y ‘DEFENSA TÉCNICA. NO DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE QUE SE ASIENTE EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN INCULPADO QUE QUIEN LO ASISTE ES DEFENSOR DE OFICIO, SI NO EXISTE SUSTENTO ALGUNO DE ESA CALIDAD.’, respectivamente, se estableció la necesidad de que en autos se encuentre plenamente demostrado que la persona sobre quien recae la defensa es un profesional del derecho, incluso, cuando se sostenga que forma parte de la defensoría pública."(6)

26. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

27. En efecto, se arriba a esa conclusión porque de las resoluciones emitidas por dichos Tribunales Colegiados, se advierte que por una parte el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito determinó que no era necesario que el representante del imputado mostrara su título o cédula profesional en la audiencia, ya que corresponde al personal administrativo del Centro de Justicia Penal, cerciorarse de que los defensores cuenten con el documento idóneo para acreditar su condición de licenciados en derecho; y por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que era un requisito indispensable que el Juez de Control se cerciorara de que el representante del imputado contara con título o cédula profesional, y que de dicha circunstancia debería quedar constancia en la videograbación de la audiencia, porque todo aquello que no conste en esa diligencia es inexistente.

28. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver por las razones que a continuación se exponen:

29. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito determinó que es una obligación excesiva que el Juez de Control se cerciore durante el desarrollo de la audiencia, que el defensor del imputado es licenciado en derecho, con la exhibición del título o cédula profesional correspondiente; en ese sentido, consideró que esa facultad le corresponde al Centro de Justicia Penal, quien vigila que los defensores cuenten con esa calidad.

30. Por otro lado, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que es un requisito indispensable que el Juez de Control en la audiencia inicial se cerciore de que el defensor del imputado cuenta con la calidad de licenciado en derecho, ello con la exhibición del documento idóneo como lo es el título o la cédula profesional, es por ello que no basta que durante la audiencia el defensor manifieste estar registrado ante la administración del Centro de Justicia Penal.

31. De la misma forma, estableció que esa certificación debe constar de forma oral en la videograbación de la audiencia, porque la oralidad es la principal herramienta para materializar los demás principios que rigen al sistema oral y adversarial; en ese sentido, dijo que, lo que no conste en la audiencia, no existe.

32. De lo anterior, se sigue la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados, en tanto que el primero de los tribunales consideró que basta que el defensor del imputado manifieste durante la audiencia que está registrado en la administración del Centro de Justicia Penal; y por otra parte, el diverso tribunal contendiente determinó lo contrario, ya que, en su criterio no basta con la manifestación de estar registrado, sino que el Juez de Control tenía que cerciorarse de que el defensor cuenta con título o cédula profesional de licenciado en derecho.

33. En ese orden de ideas, resulta claro que, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a una conclusión diferente.

34. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Con base en lo que hasta ahora se ha expuesto, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, dan lugar a la formulación de la pregunta siguiente:

35. ¿A partir de la interpretación del derecho del imputado a que se le proporcione una defensa adecuada, es necesario que en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio y oral, el defensor acredite tener la calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de título o cédula profesional, y que de ello quedé constancia en el registro de videograbación respectiva?

IV. Consideraciones y fundamentos

36. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria y que se sustenta en las siguientes consideraciones:

37. Por su trascendencia en el sentido de esta ejecutoria, es necesario traer a colación el contenido del artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución, que establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

"...

"B. De los derechos de toda persona imputada:

"...

"VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. ..."

38. De la disposición constitucional transcrita, se advierte que toda persona imputada tiene derecho a que se le garantice una defensa adecuada y técnica durante la tramitación de todas las etapas que comprende el procedimiento penal, respecto a ese derecho fundamental, la Suprema Corte ha establecido diversos preceden

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29104-9b5277bd/defensa-adecuada-en-la-audiencia-inicial-del-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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