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PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTIVAMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2019. · Registro digital (IUS): 29133
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-11-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Pág. 543.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO), PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; EDUARDO MEDINA MORA I. Y JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTARON QUE FORMULARÍAN VOTO CONCURRENTE. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: MÓNICA JAIMES GAONA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito), el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en apoyo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en un tema de materia administrativa de la especialidad de esta Segunda Sala, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, quienes están facultados para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. En el presente considerando se analizarán las consideraciones relevantes de los asuntos que dieron origen a la posible contradicción de criterios.

I. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el expediente auxiliar 207/2019, del amparo en revisión 676/2018, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito.

"Sobre otro tópico, el recurrente indica que el numeral impugnado debe ser analizado en función del desarrollo y desenvolvimiento actual de la sociedad, por lo que no se debe incurrir en situaciones que se tratan de evitar, como es incurrir en casos que implican discriminación y desigualdad evidente.

"Que existen cientos de precedentes, incluidas sentencias de Juzgados de Distrito y Colegiados, que han declarado inconstitucional el artículo impugnado, incluido el propio Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, lo cual, es un hecho notorio; en ese sentido, cita los expedientes 656/2017, 1898/2017 y 442/2018, todos del índice del juzgado de origen.

"Agrega que el cambio de criterio tal vez obedezca a una medida para evitar el conocimiento de los asuntos, ante el enorme número de los mismos, pretendiendo simplificar cargas de trabajo, atendiendo a cuestiones burocráticas y no a los derechos humanos.

"De este modo, que no existe una justificación objetiva y razonable para apartarse del criterio asumido en cuanto al fondo del asunto, citando como fundamento de su agravio la tesis de rubro: ‘PENSIÓN POR JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO 16, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MORELOS, QUE PREVÉ EL ESQUEMA RELATIVO PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTAS, AL DAR UN TRATO DESFAVORABLE A LOS VARONES RESPECTO DE LAS MUJERES, VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.’

"Además, que en su caso, solicita que de ser necesario y procedente, se formule la correspondiente denuncia de contradicción de tesis.

"Por otro lado, que en el caso concreto, de la lectura de la norma combatida o de la exposición de motivos, no se advierte alguna justificación en cuanto a la diferencia de trato entre hombres y mujeres; sin embargo, que para tratar de justificar su decisión, la Juez analizó una norma completamente diferente, como es el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual, a su vez remite al artículo 60 de la derogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado.

"Que en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se advierte que la única justificación para contemplar un trato diferenciado se debió a la naturaleza de las funciones desempeñadas, como son los cuerpos de seguridad pública y el resto de trabajadores.

"Asimismo, que actualmente está derogado el artículo 60 de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado y que la legislación vigente, entre sus periodos de cotización y asignación de porcentajes no establece diferencia alguna en el género del solicitante.

"Indica que la reforma al artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, contiene una diferenciación no objetiva, desigual y discriminatoria pero sólo entre el mismo género de mujeres, al establecer un trato diferente entre trabajadoras que sí son madres y quienes no lo son. Agrega que lo anterior, no guarda relación directa con el tema de fondo del amparo, como es la distinción no objetiva ni razonable entre el varón y la mujer por la simple diferencia de género.

"Continúa exponiendo que en el amparo en revisión 248/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, examinó el artículo 60 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, analizándose un dictamen que data del seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, reconociéndose derechos especiales derivados de una reivindicación histórica y positiva en favor de las mujeres.

"Sin embargo, que –a su decir– ese precedente no puede aplicarse por analogía, porque en el precepto combatido no obra alguna justificación en la exposición de motivos.

"El quejoso manifiesta que tan dañino es la supuesta superioridad del hombre, como aquellos que piensan que a través de medidas compensatorias evidencian la superioridad de la mujer; máxime que existen otras medidas compensatorias basadas en la equidad, la proporcionalidad, las capacidades, posibilidades, identidad, etcétera.

"Por otro lado, que lo mínimo que se debe exigir al juzgador es una ponderación y análisis de las circunstancias actuales históricas, sociales, culturales y legales, que en su conjunto constituyan una justificación para modificar el criterio imperante, por lo que no deben basarse en situaciones dadas en el siglo pasado.

"En ese sentido, que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, alude a una diferencia en los años para acceder a una pensión, mientras que en la norma combatida se establecen distintos porcentajes de pensión dependiendo del género del trabajador, por lo que no se trata del mismo tema de discriminación y/o medida compensatoria.

"Añade que la juzgadora incurre en manifestaciones estereotipadas, prejuiciosas y dogmáticas, pues sigue considerando a la mujer como una ama de casa o una madre que debe ser favorecida por la ley; lo cual, afirma que le irroga perjuicio porque se concluye que el quejoso como hombre no contribuyó al bienestar de la familia ni al desarrollo de la sociedad en igualdad de circunstancias.

"Que bajo la perspectiva analizada resulta desafortunado ser varón; asimismo, que la juzgadora confunde la norma combatida, la cual, carece de justificación, con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado; dado que el quejoso no pide una disminución de años para acceder a la pensión, sino que ante haber laborado el mismo número de años que una mujer, el porcentaje de jubilación debe ser igual.

"Sostiene que existan más trabajadores que trabajadoras no es una cuestión imputable al recurrente y no constituye una fuente de afectación al erario o las finanzas, porque los varones y las mujeres cotizan en forma idéntica, tanto en el periodo de tiempo como en el monto, no habiendo excepción alguna o situación favorable en beneficio del varón.

"En cuanto al tema de las finanzas, que afecta más al erario la corrupción que el pago de una pensión justa.

"Que la norma impugnada tiene una real medida discriminatoria y no así una acción afirmativa temporal; en ese sentido, que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece claramente el principio de igualdad entre hombres y mujeres; además, determina que la existencia de las supuestas acciones afirmativas deben ser por periodos de tiempo determinado y plenamente justificadas; máxime que cualquier medida que tenga como fin promover la igualdad entre hombre y mujer debe estar debidamente contemplada dentro de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

"Luego, que el numeral combatido no contiene una temporalidad en la medida contemplada (sic) y, la misma, no está contemplada en la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, lo que implica que es violatorio de los derechos humanos.

"Los argumentos antes sintetizados devienen infundados, los cuales, se estudiarán en conjunto dado su íntima relación entre sí.

"Para poner en contexto los agravios formulados por el recurrente, cabe indicar que el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso f), fracción II, inciso d), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dispone:

"‘Artículo 58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:

"‘I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:

"‘...

"‘f) Con 25 años de servicio 75%; ...

"‘II. Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden:

"‘...

"‘d) Con 25 años de servicio 85%;’

"Como se advierte del arábigo antes inserto, podrán acceder a una pensión por jubilación, las personas que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, cuyo porcentaje de pensión variaría de acuerdo con los años de servicio y del género de la parte trabajadora.

"Así, por veinticinco años de servicio, los hombres acceden a un porcentaje de su pensión del setenta y cinco por ciento; en cambio, las mujeres por los mismos años de servicio, les corresponde un porcentaje del ochenta y cinco por ciento.

"En este tenor, la litis constitucional estriba en determinar si transgrede el principio de igualdad y no discriminación, la diferencia en el porcentaje de las pensiones para hombres y mujeres, contenido en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"Al respecto, este tribunal comparte los argumentos expuestos en la sentencia recurrida y, en específico, que la diferencia en el porcentaje de pensión es una acción afirmativa que tiene como finalidad lograr una igualdad sustancial entre hombres y mujeres, por ende, no existe violación al principio de igualdad y no discriminación.

"Para empezar, es cierto que en la exposición de motivos del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se estableció una justificación del porqué los hombres tienen un porcentaje de pensión menor por los años de servicios prestados en relación con las mujeres.

"Empero, como bien lo indicó la juzgadora de amparo, aun cuando se suele acudir a la exposición de motivos para desentrañar el contenido de las normas y, de esta manera, conocer las razones por las que, en su caso, el legislador estableció un trato desigual a supuestos de hecho equivalentes, lo cierto y definitivo es que, no es necesario que las razones para establecer un trato diferenciado se contengan en la exposición de motivos o en el proceso legislativo que le haya dado origen, puesto que la fundamentación y motivación de las normas puede deducirse del propio precepto que establezca el trato diferenciado, acorde con su contexto y la finalidad de la regulación de que trate, dado que lo relevante es la razonabilidad de trato, como criterio básico para la producción normativa.

"Es aplicable la tesis 2a. XXVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA.’ (se transcribe)

"Partiendo de lo anterior, contrario a lo sostenido en los agravios, de la lectura del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación con su exposición de motivos, sí se advierte la finalidad de la disposición en estudio.

"Primero, antes de la reforma aludida, la norma otorgaba igual trato en el porcentaje de la pensión a los hombres y a las mujeres en general, salvo que estas últimas tuvieran hijos, en cuyo caso, las madres tenían un porcentaje de jubilación mayor en relación con los hombres y las mujeres sin hijos.

"La diferencia de trato entre mujeres con hijos y sin hijos, llevó al legislador ordinario a considerar que se encontraban en desventaja las mujeres que no tuvieren hijos, por lo que estimó corregir tal situación al reformar el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial el seis de abril de dos mil cinco, para establecer que las mujeres (con o sin hijos) tuvieran derecho al mismo porcentaje de jubilación por los años de servicio prestados.

"Para ilustrar lo anterior, se transcribe la parte conducente de la exposición de motivos: (se transcribe)

"De la reseña anterior, se puede desprender que la esencia fundamental de la reforma referida fue otorgar un beneficio a la mujer.

"Ahora bien, es verdad que la actual redacción del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no establece una igualdad formal entre hombres y mujeres; sin embargo, tal circunstancia no resulta inconstitucional, pues el legislador ordinario adoptó medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas ‘acciones afirmativas’, para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas, lo cual, no resulta violatorio de los principios de igualdad y no discriminación.

"De esta manera, el artículo 1o. constitucional contiene el derecho a la igualdad de todas las personas y, por tanto, prohíbe la discriminación por los motivos que expresamente enumera, y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas, lo que tiene como finalidad la paridad en el trato a los individuos.

"Esta igualdad formal ante la ley no es absoluta, sino que pueden existir elementos de diferenciación jurídica de trato cuando constituya una acción afirmativa tendente a compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos, como son las mujeres en el ámbito laboral.

"Y, si bien, existen diversas medidas afirmativas que puede implementar el legislador, como bien se sostiene en los agravios, no menos verdadero es que al analizar si una norma respeta la garantía de igualdad, al juzgador constitucional no le compete examinar la oportunidad del criterio adoptado por el legislador, ni su mayor o menor adecuación al fin que la norma persigue, ni decidir si la medida cuestionada es la mejor de las que podían aplicarse, sino únicamente la constitucionalidad de la medida adoptada a través de un análisis más estricto cuando verse sobre categorías sospechosas.

"Es aplicable la tesis 2a. LXXXV/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido:

"‘IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD.’ (se transcribe)

"Por otro lado, no se puede coincidir con el quejoso en cuanto sostiene que esa acción afirmativa trata de demostrar alguna ‘superioridad de la mujer’.

"En cambio, las acciones afirmativas son un ejemplo de tratos diferenciados objetivos y razonables. Estas acciones constituyen medidas temporales cuyo fin es acelerar la participación, en condiciones de igualdad, de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja en el ámbito político, económico, social, cultural y en cualquier otro.

"El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer considera que el fin de estas medidas es la eliminación de ‘las causas y consecuencias de la desigualdad sustantiva o de facto’ y que se lleven a cabo ‘los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como compensarlas’. En consecuencia, considera que la aplicación de estas acciones no constituye una excepción a la regla de no discriminación, sino parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, resultan medidas objetivas y razonables que responden a un esquema de desigualdad estructural.

"Consecuentemente, contrario a lo sostenido en los agravios, las acciones afirmativas hechas por el legislador para compensar desigualdades estructurales, de ninguna forma trata de demostrar que las mujeres son superiores, sino que, a través de éstas, se pretende lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres por medio de acciones que permitan la igualdad de oportunidades en los sectores productivos.

"En relación con la necesidad de adoptar acciones afirmativas a favor de las mujeres por tratarse de un grupo vulnerable, la juzgadora natural indicó que la necesidad de establecer ese tipo de acciones no han sido superadas en la actualidad.

"Indicó que en términos del informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el porcentaje de pensionados es casi dos veces mayor en los varones que en las mujeres.

"Además, que conforme al libro ‘Mujeres y Hombres en México 2015’, el trabajo doméstico constituye una carga desproporcionada para las mujeres que perpetúa su subordinación y explotación.

"A su vez, que el libro ‘Mujeres y Hombres en México 2017’, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ponía en evidencia las disparidades entre hombres y mujeres, en virtud que, entre otras cuestiones, es mayor el número de hombres económicamente activos; la remuneración de las mujeres es inferior en relación con los hombres; es mayor el número de mujeres económicamente activas que no tienen acceso a un trabajo formal; que un mayor porcentaje de mujeres no tienen acceso a una institución de seguridad social; por cada tres horas que una mujer destina al trabajo doméstico, los hombres dedican una.

"Además, que bastaba observar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para advertir que la incorporación de las mujeres en el mercado laboral está acompañada de un desequilibrado reparto de las tareas reproductivas, de cuidados de la familia y las tareas del hogar.

"En consecuencia, la juzgadora de origen concluyó que no se ha logrado la igualdad buscada entre hombres y mujeres.

"Como se advierte de la reseña antes efectuada, la Juez de origen citó los estudios técnicos que estimó adecuados para determinar que exista una desigualdad entre hombres y mujeres, los cuales, fueron realizados en un periodo que data entre dos mil catorce a dos mil diecisiete, concluyéndose de forma unánime en todos esos estudios que efectivamente existía la desigualdad referida.

"De esta manera, deviene infundado lo alegado en relación a que la juzgadora natural se basó en argumentos del siglo pasado para sostener que todavía existía diferencias estructurales entre hombres y mujeres; en cambio, como se asentó de manera previa, su conclusión se fundamentó en estudios técnicos recientes que permiten advertir la justificación de la medida afirmativa establecida por el legislador en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"Lo antes expuesto, pone en evidencia que la justificación de la medida adoptada por el legislador ordinario en el artículo combatido, de ninguna forma se pretendió probar a través de las mismas razones históricas que dieron lugar a declarar la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, cuyo estudio fue materia de análisis en el amparo directo en revisión 2360/2015 y en el amparo en revisión 248/2012, resueltos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesiones de siete de octubre de dos mil quince y veinticuatro de octubre de dos mil doce, respectivamente.

"En estrecha relación con lo anterior, en la sentencia recurrida tampoco se adujo que eran aplicables por analogía los criterios emitidos por el Máximo Tribunal del País a que se hizo alusión en el párrafo que antecede, por lo que, sobre el particular no existe materia de análisis.

"De modo que, este tribunal comparte la determinación de la juzgadora de amparo en el sentido que el artículo impugnado no contraviene el principio constitucional de igualdad y no discriminación entre el hombre y la mujer, porque para garantizar su igualdad sustantiva o material, el legislador previó un beneficio a favor de las mujeres, por formar parte de un grupo menos favorecido.

"En efecto, si bien se advierte un trato desigual entre hombres y mujeres, pues el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos hace una diferenciación de trato dependiendo entre mujeres y hombres, respecto del porcentaje de pensión derivado de los años de servicios, se considera que existe una razón que lo justifica, esto es, se trata de una acción afirmativa encaminada a proteger a las mujeres para fomentar su inclusión en el mercado laboral.

"Por otro lado, la impartición de justicia con base en una perspectiva de género, en ningún momento pretende perjudicar a los varones, como de manera desacertada se sostiene en los agravios, sino que se trata de un método que debe imperar en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

"Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:

"‘ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.’ (se transcribe)

"Ahora bien, es cierto que no existe una vigencia determinada respecto del trato diferenciado contemplado en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"Empero, la temporalidad de una acción afirmativa no significa que tenga que tener una vigencia establecida de antemano, sino únicamente que su duración está condicionada al fin buscado.

"Como se explicó, las acciones afirmativas constituyen medidas temporales para compensar a grupos que se encuentran en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y, con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial.

"De modo que, dada la propia naturaleza de las acciones afirmativas, su duración depende de la eliminación o aminoración de la situación de desventaja de los grupos que se pretenden proteger, por ende, la temporalidad en su duración no se refiere a la obligatoriedad de señalar un tiempo predeterminado de duración, sino al cumplimiento de la finalidad respectiva.

"Por otra parte, cabe indicar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no establece que todas las acciones afirmativas deben estar contempladas en la política nacional de igualdad, ni tampoco exige que dichas acciones tengan que tener un tiempo de duración fijo determinado de antemano, por lo que lo alegado al respecto carece de materia de análisis.

"Ahora bien, no pasa desapercibido que la Juez de origen consideró que es inconveniente disminuir los años de servicios para jubilarse en favor de los hombres, dada la posibilidad de generarse un problema de finanzas públicas.

"Sin embargo, al margen de la juridicidad de la consideración referida, de cualquier forma, debe imperar la determinación sustancial relativa a que la diferencia en el porcentaje de la pensión contemplada en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se trata de una acción afirmativa en beneficio de las mujeres, por formar parte de un grupo menos favorecido.

"En consecuencia, sí existe una justificación objetiva y razonable para la diferencia de trato contemplado en tal precepto legal, por lo que éste no contraviene el principio constitucional de igualdad y no discriminación entre el hombre y la mujer.

"Por ende, dado que el recurrente no expone algún otro argumento tendente a demostrar la ilegalidad de la determinación asumida en la recurrida, ni este tribunal advierte de oficio alguna violación que reparar en su favor, debe concluirse que, si bien existe un trato desigual entre hombres y mujeres, pues se hace una diferenciación de trato entre mujeres y hombres, respecto del porcentaje de pensión derivado de los años de servicios, se considera que existe una razón que lo justifica, esto es, se trata de una acción afirmativa encaminada a proteger a las mujeres para fomentar su inclusión en el mercado laboral.

"Por las razones antes expuestas y en una nueva reflexión del tema, a pesar de que se analizan artículos análogos al estudiado en esta ejecutoria, es que no se comparte la jurisprudencia IV.2o.A. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: ‘PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTELEÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS HOMBRES, AUNQUE TENGAN LOS MISMOS AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’; ni la tesis XVIII.1o.2 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de epígrafe: ‘PENSIÓN POR JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO 16, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MORELOS, QUE PREVÉ EL ESQUEMA RELATIVO PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTAS, AL DAR UN TRATO DESFAVORABLE A LOS VARONES RESPECTO DE LAS MUJERES, VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.’

"Por lo demás, cabe indicar que la circunstancia que existan diversas resoluciones y criterios jurisdiccionales que concluyan en sentido opuesto a lo afirmado en esta ejecutoria (como es la ejecutoria dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente auxiliar 876/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región o la diversa ejecutoria de veintidós de enero de dos mil quince, dictada en el expediente 277/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito), de ninguna forma obliga a este órgano jurisdiccional por no tratarse de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Plenos del mismo Circuito del que está auxiliando este tribunal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

"Por último, al sustentarse un criterio contradictorio a lo expresado en la jurisprudencia y tesis aislada antes citadas, procédase a realizar la respectiva denuncia de contradicción de tesis.

"Corolario de lo antes expuesto, al resultar los agravios inatendibles por un lado e infundados por otro, procede confirmar la sentencia recurrida. ..."

II. Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 559/2005, mismo que es similar al sustentado en los amparos en revisión, 57/2003, 157/2003, 158/2003 y 159/2003.

"En esa tesitura, el primero de los agravio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29133-cfcdf9e5/pension-por-jubilacion-las-leyes-burocraticas-que-benefician · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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