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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO POR EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO SE RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. · Registro digital (IUS): 29201
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-12-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Pág. 760.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 29 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE CINCO DE VOTOS EN CUANTO AL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS DE LOS MAGISTRADOS ISAÍAS CORONA CORONADO, ADAN GILBERTO VILLARREAL CASTRO, ALEJANDRO GRACIA GÓMEZ, ROSA EUGENIA GÓMEZ TELLO FOSADO Y MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. DISIDENTES: RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN Y GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO. PONENTE: MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de este Décimo Quinto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Juez Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California.

TERCERO.—Criterios contendientes. A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, se precisa que el tema de la contradicción expresado en la denuncia no vincula a este Pleno de Circuito a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, al resolverla se puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de sus integrantes.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. V/2016 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."

Bajo tal marco de referencia, es necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja ********** (fojas 56 a 62), en lo conducente:

• Destacó que se recurrió un auto dictado en un juicio de amparo indirecto, en el cual el Juez de Distrito se reservó pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida por el inconforme.

• Enfatizó que esa actuación no tiene en sí una naturaleza trascendental y grave que no pueda ser reparada en la resolución con la que culmine el juicio de amparo, al no tratarse de una omisión de pronunciamiento, sino que el juzgador se reservó la admisión o desechamiento de la prueba testimonial.

• Citó aplicable la tesis aislada(2) de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtitulo siguientes:

"PRUEBAS EN EL AMPARO, NO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LOS JUECES DE DISTRITO EN ACORDAR LOS ESCRITOS EN QUE SE OFREZCAN AQUÉLLAS."

• Concluyó que debía desecharse por improcedente el recurso de queja.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja ********** (fojas 66 a 74), en lo conducente:

• Consideró que se recurrió un auto dictado en un juicio de amparo indirecto, en el cual el Juez de Distrito se reservó pronunciarse sobre la admisión de la prueba de inspección ofrecida por el inconforme.

• Enfatizó que ese auto no constituye una determinación trascendental o grave que causara una afectación irreparable al inconforme y que no sea reparable en la sentencia definitiva, al tratarse de una medida provisional que deja pendiente de resolver la admisión o desechamiento de la prueba de inspección ofrecida por la recurrente.

• Concluyó que debía desecharse por improcedente el recurso de queja.

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al radicar el recurso de queja ********** (fojas 23 a 25), el Magistrado presidente desechó el medio de impugnación con base en lo siguiente:

• Consideró que se recurrió un auto dictado en un juicio de amparo indirecto, en el cual el Juez de Distrito omitió señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por el inconforme.

• Enfatizó que ese auto no podía considerarse como una resolución que causara perjuicio de manera trascendental o grave a la parte quejosa recurrente, requisito indispensable para la procedencia del recurso de queja, además de que la posible violación podía ser reparada con el dictado de la sentencia, al tratarse de una actuación dirigida al desahogo de la prueba no existía riesgo de exponer a las partes a una situación que pudiera repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave y trascendente.

• Citó como apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) intitulada:

"PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE."

• Concluyó que, conforme lo dispuesto en los artículos 97, fracción II, inciso b), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, debía desecharse por improcedente el recurso de queja.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja ********** (fojas 19 a 24), en lo que interesa:

• Consideró que se recurrió un auto dictado en un juicio de amparo indirecto, en el cual el Juez de Distrito se (sic) reservó pronunciarse sobre la admisión de la prueba de inspección ofrecida por el inconforme.

• Enfatizó que el recurso era procedente porque, además de interponerse en contra de un acuerdo emitido durante el trámite de un juicio de amparo indirecto contra el que no procede el recurso de revisión, constituye una determinación que puede causar al inconforme una afectación trascendental y grave no reparable en la sentencia definitiva, al no pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la prueba de inspección judicial. En caso de que procediera su admisión, no se preparó su desahogo, y si fuera desechada no se dio al oferente certeza jurídica de los motivos (al no calificarse su oportunidad, idoneidad o pertinencia, ni el cumplimento de requisitos formales), lo que implica que no pueda controvertir esa decisión.

• Acotó que ello era así, por tratarse de una prueba que, conforme a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por su naturaleza debía ofrecerse previamente a la audiencia constitucional, porque amerita desahogo posterior y debía prepararse, de manera que se vulneraron dos principios básicos de la prosecución judicial del juicio constitucional: el de la expeditez del procedimiento de amparo, que deriva de su naturaleza sumaria; y el de respeto al derecho de defensa del oferente.

• Agregó que se atentaba contra el derecho público subjetivo de la quejosa (recurrente) a una justicia pronta y completa, ante la eventual prolongación innecesaria del juicio

• Indicó que aun cuando en un auto posterior se calificara dicha prueba desechándola o admitiéndola, supuesto último en el cual se ordenaría su desahogo, el tiempo transcurrido hasta ese momento no sería reparable con el dictado de la sentencia; y en caso de que hasta la audiencia constitucional se emitiera la determinación, sólo podría ser en el sentido de desecharla, atendiendo a la (sic) naturaleza de unidad procesal de ese acto sólo podía suspenderse para tramitar el incidente de objeción de falsedad de documentos y las pruebas vinculadas con éste, lo que concluyó vulneró el derecho de defensa del oferente, al limitarlo al recurso de revisión para controvertir esa determinación como violación procesal junto con la sentencia definitiva.

CUARTO.—Inexistencia de la contradicción. En principio, debe considerarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado qué se requiere para determinar si existe una contradicción de tesis, para lo cual deben advertirse los elementos siguientes:

a) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten, expresa o implícitamente, criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales; y,

b) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

Y la diversa P./J. 93/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(5)

Como se anticipó, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero de este Décimo Quinto Circuito, al resolver los recursos de queja **********, ********** y **********, respectivamente, y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar el recurso de queja **********.

Al respecto, es importante considerar que la resolución dictada en el recurso de queja **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, la constituye el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano el medio de impugnación, fue emitida por el Magistrado presidente del órgano jurisdiccional

Lo anterior evidencia que no existe la contradicción de tesis, porque se denuncia entre lo resuelto por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del mismo Circuito.

Bajo ese contexto, si la divergencia de criterios denunciada se suscita respecto lo expresado en un acuerdo dictado por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito y no por el Pleno del mismo, independientemente de que se haya pronunciado de manera opuesta, puesto que no refleja el criterio del órgano jurisdiccional, y es claro que es inexistente la contradicción denunciada.

Sirve de apoyo, la tesis 2a. CXVIII/2008,(6) de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES PROVIENE DE UN ACUERDO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y NO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLVIENDO EN PLENO.—La contradicción de tesis se integra con criterios jurídicos de carácter general sustentados por los órganos colegiados al examinar un mismo punto controvertido; sin embargo, aun cuando existan casos en los que la divergencia de criterios sea evidente, si uno de los criterios proviene de uno de los integrantes del órgano jurisdiccional resulta inexistente la contradicción, en virtud de que carece de los requisitos de generalidad y abstracción que lo hacen aplicable en otro asunto. En consecuencia, si en la denuncia de contradicción se hace alusión a un acuerdo dictado por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, independientemente de que efectivamente se haya pronunciado contrariamente a otros Tribunales, no refleja el criterio del órgano jurisdiccional y, por ende, debe declararse inexistente la contradicción denunciada."

No es óbice a la anterior conclusión, que el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al remitir el informe relativo a esta contradicción de tesis, haya acompañado testimonio de la resolución dictada en el recurso de reclamación **********, pues tal determinación no forma parte de la denuncia de contradicción de tesis, y ello impide que pueda ser materia de análisis en este fallo.

QUINTO.—Existencia de la contradicción. Por otra parte, se considera que sí se actualiza la divergencia de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Cuarto de este Décimo Quinto Circuito.

Lo anterior, en la medida que en los tres asuntos en los que se dictaron las resoluciones que contienen los criterios denunciados como contradictorios, el Juez de Distrito que tramitaba el juicio de amparo indirecto de origen proveyó sobre el anuncio de pruebas (de inspección judicial en dos casos, y testimonial en el otro) ofrecidas por la parte quejosa, y reservó hacer el pronunciamiento sobre su admisión o desechamiento hasta la celebración de la audiencia constitucional.

En los tres casos el oferente de la prueba interpuso recurso de queja contra esa determinación, y al decidirlos se adoptaron criterios diferentes, puesto que mientras el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, al resolver las quejas ********** y **********, respectivamente, consideraron improcedente el recurso al interponerse en contra de un acuerdo emitido durante el trámite de un juicio de amparo indirecto contra el que no procede el recurso de revisión, no causaba al inconforme una afectación trascendental y grave, irreparable en la sentencia definitiva.

Mientras el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar la queja **********, consideró que el recurso era procedente porque, además de interponerse en contra de un acuerdo emitido durante el trámite de un juicio de amparo indirecto contra el que no procede el recurso de revisión, constituía una determinación que podía causar al inconforme una afectación trascendental y grave no reparable en la sentencia definitiva.

Consecuentemente, estamos ante criterios discrepantes sobre el mismo punto de derecho, que versa sobre si un auto dictado en un juicio de amparo indirecto en el que el Juez de Distrito se reserva emitir pronunciamiento hasta la audiencia constitucional en torno al ofrecimiento de una prueba de inspección judicial o testimonial, causa un daño transcendental y grave no reparable en la sentencia definitiva para efectos de la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.

SEXTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por este Pleno del Decimoquinto Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo dispone que el recurso de queja procede, en amparo indirecto, contra resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.(7)

Así, en tal inciso se prevé como materia del recurso, de manera generalizada, las resoluciones de un Juez de Distrito, con la finalidad de resolver de manera previa a la sentencia de amparo o posterior a ella, incidencias que pudieran afectar de manera irreparable los derechos o prerrogativas procesales de las partes, con miras en todo momento a otorgar certeza y seguridad jurídica en el trámite y/o resolución final del juicio de amparo indirecto.

Dicho lo anterior, para poder abordar la materia de la presente contradicción de tesis, es necesario, en principio, explicar qué es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido cuando alude a conceptos jurídicos indeterminados para efectos de la procedencia del recurso de queja como "naturaleza transcendental y grave" de la resolución del juzgador de amparo, "perjuicio a alguna de las partes", y que el mismo "no sea reparable en la sentencia definitiva".

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que para que un medio de impugnación planteado encuadre en los supuestos de procedencia del inciso e) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, se requiere el acreditamiento de varios requisitos que se pueden clasificar desde el punto de vista estructural de la norma en dos categorías: objetivos y subjetivos.

Los requisitos objetivos radican en: (i) la existencia de una resolución dictada en el trámite de un juicio de amparo principal o en el incidente de suspensión; y, (ii) que dicha resolución no admita expresamente el recurso de revisión. Se les considera objetivos, pues son supuestos en los que no debe haber una valoración de su contenido o efectos, sino simplemente verificar la existencia de dicha resolución reclamada y su falta de reconocimiento normativo para poder ser impugnada a través de otro medio de defensa como lo es el recurso de revisión.

Por su parte, son tres los requisitos subjetivos para que proceda el recurso de queja en contra de este tipo de determinaciones emitidas por un Juez de Distrito: (i) que dicha resolución sea de naturaleza trascendental y grave; (ii) que, consecuentemente, se cause un perjuicio de esa naturaleza a alguna de las partes; y, (iii) que esa afectación no sea reparable en sentencia definitiva. Se les valora como subjetivos, dado que no pueden delimitarse de manera previa y su actualización depende de cada caso concreto.

Es decir, estos requisitos de procedencia del recurso de queja se expresan a partir de conceptos jurídicos indeterminados que, aunque buscan un fin específico, no agotan su contenido en una definición precisa de actos posiblemente reclamados, sino que su aplicabilidad depende de cada caso en concreto y, por ende, del tipo de resolución que se impugna, el perjuicio que pudiera ocasionarse y su relación con la materia propia del juicio de amparo. Además, tales requisitos deberán ser determinados en cada asunto por el Tribunal Colegiado competente.

En esa línea argumentativa, se considera que los primeros dos requisitos subjetivos se encuentran íntimamente interrelacionados. Cuando la Ley de Amparo establece que la resolución del Juez de Distrito impugnable mediante el recurso de queja deberá ser "trascendental y grave", se refiere a que está fuera de lo ordinario; es decir, es trascendental y grave porque el propio contenido de la resolución provoca perjuicios de gran importancia o peso normativo para las partes del juicio de amparo. Así, dicha trascendencia o gravedad, se ve definida por sus probables consecuencias, y la envergadura de tales posibles perjuicios definen a su vez la naturaleza de dicha resolución para efectos de la procedencia del recurso.

Lo anterior se ve corroborado por la forma en que fueron redactados los preceptos de la Ley de Amparo aplicables, en los que se señalan que se podrán controvertir las resoluciones del juicio o del incidente de suspensión que no admitan recurso de revisión "y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes."

Por lo que hace únicamente al segundo requisito subjetivo, debe destacarse que la Ley de Amparo no delimita qué tipo de perjuicios se ven incluidos en su ámbito de aplicación, ni estipula que los mismos deberán haberse dado materialmente previo a la interposición del medio de defensa. Dicho de otra manera, al utilizar la palabra "podrá", se hizo referencia a una probabilidad de afectación y no a la necesaria concurrencia fáctica del perjuicio ocasionado por la emisión de la resolución jurisdiccional. En consecuencia, el abanico de posibles perjuicios que pueden reclamarse en el recurso de queja es mucho más amplio y tiene como único presupuesto necesario que el perjuicio incida trascendentemente y de manera real y objetiva en la esfera jurídica de la parte afectada.

No obstante, aunado a lo anterior, el referido tercer requisito subjetivo, es el que modula a sus dos predecesores, esto es, que únicamente podrán ser controvertidas por este medio de impugnación las resoluciones de un Juez de Distrito que sean trascendentes y graves al causar un perjuicio de esa calidad a alguna de las partes, exclusivamente cuando el mismo no sea reparable en sentencia definitiva.

El criterio de irreparabilidad radica en que el juzgador se encuentre imposibilitado para pronunciarse sobre dicha afectación en la sentencia definitiva del juicio o que, pudiéndose pronunciar al respecto, no sea posible solventar de forma integral los perjuicios que pudieran producir o hayan producido las mencionadas resoluciones a alguna de las partes; es decir, dicha resolución del juzgador es revisable en un recurso de queja, precisamente, porque no forma parte de la materia o litis de la sentencia del juicio de amparo, o porque es un presupuesto inmodificable en el que se podría basar la sentencia al ser parte del trámite del juicio principal o del incidente de suspensión.

Lo anterior, a pesar del supuesto jurídicamente viable de que la afectación producida por la resolución que no fue solventada por el Juez de Distrito en la sentencia definitiva pudiera ser controvertida a través del recurso de revisión (el cual podría concluir en una reposición del procedimiento), pues justamente lo que intenta lograr el recurso de queja es un perfeccionamiento del trámite del juicio de amparo en sus aspectos procesales o extraprocesales, a fin de otorgar celeridad, certeza y seguridad jurídica a las partes.

Las anteriores consideraciones son acordes a las expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2015.(8)

Con base en lo recién explicado, aplicado al caso que nos ocupa, se estima que el auto en que el Juez de Distrito se reserva acordar sobre el ofrecimiento de una prueba testimonial o inspección judicial hasta la audiencia constitucional actualiza los aludidos presupuestos procesales del recurso de queja.

En efecto, por cuanto hace a los requisitos objetivos para la procedencia del recurso de queja, este Pleno de Circuito estima que se cumplen los dos requisitos necesarios: (i) la existencia de una resolución dictada en el trámite de un juicio de amparo principal o en el incidente de suspensión; y, (ii) que dicha resolución no admita expresamente el recurso de revisión.

Lo anterior, pues el auto en que se reserva acordar sobre el ofrecimiento de una prueba testimonial o inspección judicial hasta la audiencia constitucional, necesariamente, se dicta dentro del trámite de un juicio de amparo indirecto, y el mismo no es susceptible de ser combatido mediante el recurso de revisión, ya que dicho supuesto no está comprendido dentro de las hipótesis que limitativamente señala, para el juicio de amparo indirecto, el artículo 81, fracción I, de la Ley de Amparo.(9)

En cuanto a los requisitos de índole subjetiva, se considera que el auto en el que se reserva el dictado del acuerdo correspondiente al ofrecimiento de una prueba testimonial o inspección judicial hasta la audiencia constitucional al ser trascendental, grave y no reparable en la sentencia definitiva; es decir, podría causar un perjuicio de dicha naturaleza a la parte solicitante.

Conforme a lo previsto en el artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional; sin embargo, se prevé como excepción, el que la propia ley disponga otra cosa.(10)

En tal virtud, debe tenerse en cuenta que dicho precepto, en su párrafo tercero, dispone que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; y en su cuarto párrafo prevé que el plazo no podrá ampliarse, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.

Mientras que en su último párrafo establece que el órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.

Al igual que lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, en donde se indica que las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica.(11)

Así como el hecho de que, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, abierta la audiencia constitucional, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; y acto continuo se dictará el fallo que corresponda.(12)

Cabe señalar que de la lectura del capítulo I, "Amparo indirecto", sección segunda, "Substanciación", del título segundo, "De los procedimientos de amparo", de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión de la audiencia constitucional únicamente se prevé para los casos en que al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, en los términos del artículo 122 del mismo ordenamiento.(13)

En este orden de ideas, si bien, por regla general, las pruebas deberán ofrecerse, rendirse y desahogarse en la audiencia constitucional; la propia Ley de Amparo establece que, tratándose de la testimonial y la inspección judicial (o cualquier otra que amerite desahogo posterior), éstas deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración; en cuyo caso se ordenará su preparación para su desahogo, es decir, dichas pruebas deben recibirse con anterioridad a la audiencia constitucional.

En relación con lo anterior, es importante destacar que, al resolver la contradicción de tesis 13/2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, como punto de contradicción a dilucidar: "... resolver si el Juez de Distrito está facultado para desechar esas pruebas en el momento de su ofrecimiento o anunciación, o sea, antes de la audiencia constitucional, cuando considere que no tienen relación con el objeto por demostrar, cuando no son congruentes o no resulten idóneas, o si, por el contrario, tiene la obligación de tenerlas por anunciadas y reservar su admisión o desechamiento hasta la audiencia constitucional."

Contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia P./J. 41/2001, en la que se determinó que desde su anuncio, acorde a lo dispuesto en la Ley de Amparo anterior a la actualmente en vigor, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial, o la inspección ocular, el juzgador de amparo puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Tesis jurisprudencial que es del tenor siguiente:

"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29201-6ee02e0b/recurso-de-queja-procede-contra-el-auto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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