DERECHO DEL INCULPADO A NO DECLARAR EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. EL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE FORMULARLE PREGUNTAS SOBRE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, SI EJERCIÓ ESE DERECHO (ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 391/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO DE MINORÍA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
III. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013; en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.(6)
IV. LEGITIMACIÓN
10. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue denunciada por **********, en su carácter de quejoso y recurrente en el amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (órgano contendiente). Por lo tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
11. La primera pregunta que debe responderse en el presente asunto, es la siguiente:
¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?
12. La respuesta a dicha interrogante debe ser en sentido positivo. Para ello, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(7)
13. La existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales, que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
14. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, por ello, si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
15 Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, tal y como enseguida se demostrará:
17. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como a continuación se expone:
• Amparo en revisión **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
18. Antecedentes. El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, en la causa penal **********, dictó auto de formal prisión a **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: 1) delincuencia organizada; 2) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; 3) posesión de granada de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y 4) contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de cocaína en su forma de clorhidrato con fines de comercio, en la hipótesis de venta.(8)
19. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, quien modificó el auto apelado, únicamente para que el Juez de la causa realizara la identificación administrativa y recabara los informes anteriores a prisión. Inconforme, promovió juicio de amparo indirecto, a quien por razón de turno tocó conocer al Tercer Tribunal Unitario de ese mismo circuito, registrándolo bajo el número ********** y por sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho negó el amparo y protección al quejoso, por lo que interpuso recurso de revisión.
20. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, mediante resolución emitida en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve en el amparo en revisión **********, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección al quejoso, en la que, a lo que al caso interesa, realizó las siguientes consideraciones:
a) Calificó los agravios del quejoso por una parte fundados pero inoperantes, y por otra, infundados, sin que hubiera deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
b) Reseñó que entre los medios probatorios para tener por acreditado los elementos del delito de delincuencia organizada por el que le fue dictada su formal prisión, se encontraba la declaración ministerial del quejoso de fecha uno de agosto de dos mil diez.
c) Estimó que, si bien sus manifestaciones no constituían propiamente una confesión porque no aceptó de forma lisa y llana las imputaciones que obran en su contra, el Tribunal Unitario correctamente advirtió que sí reconoció hechos propios que le perjudican y que lo vinculan con la organización criminal **********, porque de ellas se advertía que conocía la forma en que se organizaba dicha asociación y quiénes eran sus integrantes, incluso admitió haber participado como "portavoz".
d) En ese sentido, consideró que su dicho merecía valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o. y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 285 y 287, del Código Federal de Procedimientos Penales, porque su declaración fue hecha ante autoridad competente (Ministerio Público), por persona mayor de edad, sobre hechos propios, sin que se hubiese acreditado que haya sufrido coacción o violencia, pues la diligencia fue en presencia de su defensor, quien se cercioró que el quejoso hubiera comprendido bien sus derechos, entre ellos a no declarar, también lo cuestionó en torno a que si las preguntas que contestó al representante social lo hizo voluntariamente, a lo que asentó que sí.
e) Así, estableció que no se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso como lo hizo valer en su demanda de amparo, ya que si bien, como se dijo, el Ministerio Público le formuló preguntas, no obstante que se reservó su derecho a declarar, como lo refirió la autoridad responsable, estuvo asistido en todo momento de su defensor, sin que existiera coacción, o alguien le hubiera dicho con antelación qué era lo que tenía que contestar, pues lo realizó de forma libre y voluntaria, respondiendo sólo algunas de las interrogantes, reservándose su derecho a contestar en otras, lo que puso de manifiesto que no fue obligado a declarar en determinado sentido.
21. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********, sostuvo las siguientes consideraciones:
A. Amparo directo **********.
22. Antecedentes. Los quejosos fueron sentenciados por el delito de robo calificado. Contra dicha determinación interpusieron recurso de apelación, en el que la Sala responsable modificó la sentencia únicamente respecto a aspectos de compurgación de la pena y los absolvió del pago de la reparación del daño. Inconformes, promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, quien en resolución de sesión de veintiocho de octubre de dos mil diez, les negó el amparo y protección; por lo que hace al tema que nos ocupa, realizó las siguientes consideraciones:
a) De autos se advierte que los quejosos ante el Ministerio Público se reservaron su derecho a declarar sobre las imputaciones que obran en su contra, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal y no obstante ello, la representación social les formuló "preguntas especiales"; lo que dio como resultado que la autoridad responsable llegara a la conclusión de que aceptaron los hechos que se les imputaron.
b) Determinó que el actuar de la responsable fue incorrecto, porque contraviene lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), en el que se establece que el inculpado no podrá ser obligado a declarar, y la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o el Juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio, pues el argumento de "preguntas especiales", no se prevé en ningún ordenamiento.
c) Estableció que si bien el agente del Ministerio Público bajo su investidura de investigador y persecutor de los delitos, puede interrogar a los involucrados, ello no puede, bajo ninguna circunstancia, predominar sobre el derecho fundamental del inculpado a no ser obligado a declarar; pues en su defecto, debió la representación social circunscribirse a formular preguntas sobre sus generales, pero no respecto de los acontecimientos en los que estaban involucrados. Máxime que dichas preguntas fueron insidiosas, subjetivas y tendentes a que reconocieran su participación en los hechos.
d) De igual forma, consideró incorrecto que la responsable estableciera que, en posteriores declaraciones, los quejosos adoptaron posturas defensivas, pues ello no era suficiente para desvirtuar la imputación que obra en su contra, ya que se debía estar al principio de inmediatez porque sus declaraciones ante el Ministerio Público fueron cercanas a los hechos.
e) Con independencia de lo anterior, determinó que a nada conllevaría conceder el amparo, en virtud de que existían otros medios probatorios para acreditar su responsabilidad.
B. Amparo directo **********.
23. Antecedentes. El quejoso fue sentenciado por el delito de robo calificado. Contra dicha determinación interpuso recurso de apelación, en el que la Sala responsable modificó la sentencia y únicamente disminuyó el grado de culpabilidad. Inconforme, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, que en resolución de sesión de nueve de junio de dos mil once, le negó el amparo y protección y por lo que hace al tema que nos ocupa realizó las siguientes consideraciones:
a) Advirtió que de autos se apreciaba que el quejoso ante el Ministerio Público, se reservó su derecho a declarar, no obstante, la representación social le formuló "preguntas especiales" en donde negó su participación en los hechos, sin embargo, la autoridad responsable argumentó que su negativa es contraria a las constancias analizadas, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), que señala que todo inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra.
b) Determinó que el Ministerio Público ilegalmente interrogó al quejoso bajo el argumento de "preguntas especiales", porque ello no se prevé como tal en ningún ordenamiento, menos aún para justificar el cuestionamiento respecto de los hechos.
c) Estableció que si bien el agente del Ministerio Público bajo su investidura de investigador y persecutor de los delitos, puede interrogar a los involucrados, ello no puede, bajo ninguna circunstancia, predominar sobre el derecho fundamental del inculpado a no ser obligado a declarar; pues en su defecto, debió la representación social circunscribirse a formular preguntas sobre sus generales, pero no respecto de los acontecimientos en los que estaban involucrados. Máxime que dichas preguntas fueron insidiosas, subjetivas y tendentes a que reconocieran su participación en los hechos.
d) Sin que pasara inadvertido que la Sala incorrectamente determinara que el quejoso negó los hechos como medio defensivo, cuando en realidad el impetrante se mantuvo en silencio sobre los acontecimientos en los que se le involucró, por lo que no se puede valorar su silencio como acto negativo.
e) Con independencia de lo anterior, determinó que a nada conllevaría conceder el amparo, en virtud de que existían otros medios probatorios para acreditar su responsabilidad.
C. Amparo directo **********.
24. Antecedentes. El quejoso fue sentenciado por el delito de robo agravado. Contra dicha determinación interpuso recurso de apelación, en el que la Sala responsable confirmó la sentencia impugnada. Inconforme, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, el cual en resolución de sesión de veintitrés de junio de dos mil once le concedió el amparo y protección y por lo que hace al tema que nos ocupa, realizó las siguientes consideraciones:
a) Uno de sus conceptos de violación resultó fundado y suficiente para concederle el amparo y protección, aunque para ello, consideró suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo (abrogada), en virtud de que no se encontró demostrada su plena responsabilidad en el delito que se le imputó.
b) Acotó, que no pasaba inadvertido que el quejoso ante el Ministerio Público se reservó su derecho a declarar y no obstante, la representación social le formuló "preguntas especiales" donde únicamente se limitó a narrar cuestiones relativas a sus funciones como guardia de seguridad en la empresa que fue robada y que no recordaba cómo se ocasionó las lesiones que presentaba; sin embargo, la autoridad responsable argumentó que sus manifestaciones se encontraban carentes de sustento y por tanto, su postura defensiva no demeritaba su incriminación en el delito, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), que señala que todo inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra.
c) Determinó que el Ministerio Público ilegalmente interrogó al quejoso bajo el argumento de "preguntas especiales", porque ello no se prevé como tal en ningún ordenamiento, menos aún para justificar el cuestionamiento respecto de los hechos.
d) Estableció que si bien el agente del Ministerio Público bajo su investidura de investigador y persecutor de los delitos, puede interrogar a los involucrados, ello no puede, bajo ninguna circunstancia, predominar sobre el derecho fundamental del inculpado a no ser obligado a declarar; pues en su defecto, debió la representación social circunscribirse a formular preguntas sobre sus generales, pero no respecto de los acontecimientos en los que estaban involucrados. Máxime que dichas preguntas fueron insidiosas, subjetivas y tendentes a que reconocieran su participación en los hechos.
e) Concluyó que, ante la postura de silencio adoptada por el quejoso, fue incorrecto que la Sala responsable la invocara y valorara como negativa, además de reconocer como válidas sus respuestas ante el Ministerio Público; no obstante, dado el sentido de la ejecutoria, consideró innecesario hacer mayor pronunciamiento.
D. Amparo directo **********.
25. Antecedentes. El quejoso y sus coinculpados fueron sentenciados por el delito de robo agravado. Contra dicha determinación el Ministerio Público, la ofendida y los defensores, interpusieron recurso de apelación, en el que la Sala responsable modificó la sentencia y fijó un índice de culpabilidad mayor. Inconforme, el quejoso promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, quien en resolución de sesión de treinta de agosto de dos mil doce, le negó el amparo y protección, y por lo que hace al tema que nos ocupa, realizó las siguientes consideraciones:
a) No se vulneró el artículo 20 constitucional, en virtud de que, al rendir su declaración preparatoria, lo hizo asistido de su defensor, previo conocimiento de la acusación; se le recibieron las pruebas que ofreció; fue juzgado en audiencia pública por Juez competente; fue informado de los derechos que establece a su favor la Constitución y a una defensa adecuada; asimismo, no se desprende que hubiese sido obligado a declarar o hubiese sido víctima de incomunicación, intimidación o tortura.
b) De igual forma, no se quebrantó lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, porque el agente del Ministerio Público dentro de su esfera competencial integró la averiguación previa en su contra.
c) Los medios de convicción que obran en autos son aptos y suficientes para acreditar el delito que se les imputa y su probable responsabilidad, pues la declaración defensiva del quejoso no es suficiente para desvirtuar su plena responsabilidad.
d) Aclaró que no debía considerarse para desvirtuar la postura defensiva del quejoso la declaración ministerial de su cosentenciado, en la que se reservó su derecho a declarar sobre la imputación que obra en su contra, y no obstante ello, la representación social le formuló "preguntas específicas", en las que aceptó su participación en los hechos; la cual, incorrectamente la autoridad responsable le otorgó valor probatorio, no obstante que se retractó de ella en su declaración preparatoria y su ampliación, argumentando que no obraba prueba alguna que corroborara su retractación.
e) Estimó que tal postura contraviene lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), en el que se establece que todo inculpado no podrá ser obligado a declarar, y la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o el Juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio, pues el argumento de "preguntas específicas", no se prevé en ningún ordenamiento.
f) Estableció que si bien el agente del Ministerio Público bajo su investidura de investigador y persecutor de los delitos, puede interrogar a los involucrados, ello no puede, bajo ninguna circunstancia, predominar sobre el derecho fundamental del inculpado a no ser obligado a declarar; pues en su defecto, debió la representación social circunscribirse a formular preguntas sobre sus generales, pero no respecto de los acontecimientos en los que estaban involucrados. Máxime que dichas preguntas fueron insidiosas, subjetivas y tendentes a que reconocieran su participación en los hechos.
g) De igual forma, consideró incorrecto que la responsable estableciera que, si bien el quejoso adoptó una postura defensiva durante la instrucción, pues se debía estar al principio de inmediatez procesal porque su declaración ante el Ministerio Público fue cercana a los hechos.
h) Con independencia de lo anterior, determinó que a nada conllevaría conceder el amparo, en virtud de que existían otros medios probatorios para acreditar su responsabilidad.
E. Amparo directo **********.
26. Antecedentes. El quejoso fue sentenciado por el delito de uso indebido de documento. Contra dicha determinación interpuso recurso de apelación, en el que la Sala responsable modificó la sentencia únicamente para que, al no tener certeza de los ingresos del sentenciado, debía ser el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la época de los hechos, el que debía aplicarse a la pena. Inconforme, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número **********, quien en resolución de sesión de veinticuatro de enero de dos mil trece, le negó el amparo y protección, y por lo que hace al tema que nos ocupa, realizó las siguientes consideraciones:
a) Advirtió que de autos se apreciaba que el quejoso ante el Ministerio Público, se reservó su derecho a declarar, no obstante, la representación social le formuló "preguntas especiales" en donde negó su participación en los hechos, sin embargo, la autoridad responsable argumentó que su negativa es contraria a las constancias analizadas, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), que señala que todo inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra.
b) Determinó que el Ministerio Público ilegalmente interrogó al quejoso bajo el argumento de "preguntas especiales", porque ello no se prevé como tal en ningún ordenamiento, menos aún para justificar el cuestionamiento respecto de los hechos.
c) Estableció que si bien el agente del Ministerio Público bajo su investidura de investigador y persecutor de los delitos, puede interrogar a los involucrados, ello no puede, bajo ninguna circunstancia, predominar sobre el derecho fundamental del inculpado a no ser obligado a declarar; pues en su defecto, debió la representación social circunscribirse a formular preguntas sobre sus generales, pero no respecto de los acontecimientos en los que estaban involucrados. Máxime que dichas preguntas fueron insidiosas, subjetivas y tendentes a que reconocieran su participación en los hechos.
d) Sin que pasara inadvertido que la Sala incorrectamente determinara que el quejoso negó los hechos como medio defensivo, cuando en realidad el impetrante se mantuvo en silencio sobre los acontecimientos en los que se le involucró, por lo que no se puede valorar su silencio como acto negativo.
e) Con independencia de lo anterior, determinó que a nada conllevaría conceder el amparo, en virtud de que existían otros medios probatorios para acreditar su responsabilidad.
27. De los anteriores criterios, emanó la jurisprudencia I.9o.P. J/5 (10a.),(9) de título, subtítulo y texto:
"DECLARACIÓN DEL INCULPADO. SI SE RESERVA ESTE DERECHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE CUESTIONARLO BAJO EL ARGUMENTO DE PREGUNTAS ESPECIALES O ESPECÍFICAS. Si el inculpado manifiesta que se reserva su derecho a declarar sobre las imputaciones en su contra, en términos del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el Ministerio Público no puede cuestionarlo bajo el argumento de ‘preguntas especiales o específicas’. Lo anterior es así, porque aun cuando dicha representación social tiene bajo su investidura de investigador y persecutor de los delitos, la atribución de indagar mediante interrogantes a los involucrados en los hechos que inquiere, ello no puede predominar, bajo ninguna circunstancia, sobre el derecho fundamental del imputado a no ser obligado a declarar. De ahí que si el quejoso decide no hacerlo, el Ministerio Público debe limitarse a preguntar, en su caso, respecto de sus particularidades personales (generales), pero no sobre los acontecimientos en los que se encuentra involucrado y que le son imputados, precisamente por la protección del citado artículo 20 constitucional; máxime si dichos cuestionamientos resultan insidiosos, subjetivos y tendentes a que el acusado reconozca su participación en los hechos investigados, al estructurar preguntas de tal forma que implícitamente generen la respuesta."
28. De lo hasta aquí expuesto, se advierte con claridad que los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada; esto es, si el Ministerio Público en una averiguación previa, puede formular al inculpado preguntas relacionadas con los hechos que obran en su contra, no obstante que se reservó su derecho a declarar en términos del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho).
29. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes, sí existió propiamente un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.
30. Se afirma lo anterior, en virtud de que sus pronunciamientos derivaron del análisis de un mismo tema, esto es, si el Ministerio Público en la averiguación previa puede cuestionar al inculpado respecto de los hechos que se le atribuyen, no obstante que éste se reservó su derecho a declarar, tema respecto al cual concluyen en forma distinta.
31. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que si bien el Ministerio Público formuló al quejoso (aquí denunciante) preguntas relacionadas con los hechos que se le investigaban, aun y cuando éste se reservó su derecho a declarar, no se vulneraron sus derechos fundamentales, en virtud de que durante la diligencia estuvo asistido de su defensor, por lo que no se advertía que hubiese sido obligado a responder los cuestionamientos, pues incluso manifestó que no era su deseo contestar algunas de las preguntas.
32. En tanto que, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que cuando el inculpado se reserve su derecho a declarar en términos de lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho),(10) el Ministerio Público no puede cuestionarlo respecto a las imputaciones que obran en su contra bajo el argumento de "preguntas especiales o específicas", porque aun y cuando tiene la facultad de interrogar a los involucrados para esclarecer los hechos que se investigan, bajo ninguna circunstancia, dicha atribución puede predominar sobre el derecho a no ser obligado a declarar.
33. Consideró, además, que en caso de que el inculpado no quiera declarar, el Ministerio Público debe limitarse a preguntarle sobre sus datos generales, pero no sobre los acontecimientos en los que se encuentra involucrado, máxime si tales cuestionamientos son insidiosos, subjetivos y tendentes a que reconozca su participación en los hechos.
34. Como puede observarse, los órganos colegiados contendientes llegaron a diferentes conclusiones respecto de un mismo tema, pues, por una parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que, si bien es cierto el quejoso se reservó su derecho a declarar y, no obstante, el Ministerio Público le formuló preguntas relacionadas con los hechos, ello no era violatorio de sus derechos fundamentales, porque se encontraba asistido de un defensor.
35. Sin embargo, el Noven
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29436-7b1b62b1/derecho-del-inculpado-a-no-declarar-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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