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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA IMPUTADA EN LOS HECHOS ILÍCITOS NO ES REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA, NI LA OMISIÓN DE REALIZAR ESA DECLARACIÓN CONSTITUYE UN ARGUMENTO DE OPOSICIÓN SUFICIENTE DE LA VÍCTIMA PARA SU NEGATIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 142/2024. · Registro digital (IUS): 32949
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-01-24
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.55.

AMPARO EN REVISIÓN 142/2024. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de violencia familiar y retención o sustracción de niñas, niños, adolescentes o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. El imputado solicitó al Juez de Control del conocimiento la suspensión condicional del proceso, con fundamento en los artículos 191 a 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El órgano judicial le negó la solicitud respectiva. Inconforme, el imputado interpuso recurso de apelación. El Tribunal de Alzada confirmó la resolución impugnada. Inconforme, el imputado promovió juicio de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió negarle el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso el recurso de revisión en que se actúa, atraído por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que reúne las notas características de importancia y trascendencia sobre un tema jurídico por el que deberá pronunciarse.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 142/2024, interpuesto por ********** (recurrente), en contra de la resolución dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, en el juicio de amparo indirecto **********.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si ¿la ‘declaración explícita o expresa de responsabilidad por la comisión o participación en los hechos ilícitos por los que se vinculó a proceso a una persona’ es un requisito de procedencia de la suspensión condicional del proceso penal, en términos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales?

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Causa penal. La causa penal ********** del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal Especializado para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango se sigue en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de violencia familiar cometido en agravio de **********; y retención o sustracción de niñas, niños, adolescentes o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en perjuicio de los menores ********** y **********.

2. En audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la defensa del imputado solicitó la suspensión condicional del proceso. Luego de conceder el uso de la voz a las partes, el Juez de Control señaló fecha para la audiencia respectiva

3. Esta última se llevó a cabo el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. El órgano judicial en comento determinó negar la solicitud de suspensión condicional del proceso por existir oposición fundada de la parte ofendida.

4. Recurso de apelación. Inconforme con la determinación anterior, el imputado –por conducto de su defensor particular– interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado en la Tercera Sala Penal Unitaria "B" del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, en el toca penal **********.

5. Por sentencia dictada el dos de junio de dos mil veintidós, la Magistrada Titular de la referida Sala Penal, resolvió y determinó confirmar el auto recurrido, en el que se negó la suspensión condicional del proceso.

6. Juicio de amparo indirecto. Inconforme con esa determinación, por escrito depositado el veinte de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, ********** promovió juicio de amparo indirecto.

7. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango quien, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, la radicó bajo el número de expediente ********** y la admitió a trámite por el citado acto.

8. Seguida la secuela procesal correspondiente, el veintidós de agosto de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional, y se dictó sentencia el quince de noviembre de esa misma anualidad, en la que se negó al quejoso el amparo solicitado.

9. Recurso de revisión. En contra de esa sentencia, el día treinta de noviembre de dos mil veintidós el quejoso interpuso recurso de revisión ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango.

10. En proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, el recurso de revisión fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, bajo el número de expediente **********, y admitido a trámite mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

11. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Por resolución aprobada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, y engrosada el tres de abril de esa anualidad, el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que el asunto reunía los requisitos de interés y trascendencia necesarios para solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción, a fin de conocer del amparo en revisión anterior, para lo que sustentó las razones esenciales siguientes:

a) El caso podría revestir el carácter de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional porque el recurrente aduce una afectación sobre el derecho de acceso a la justicia, puesto que se le priva de acceder a una salida alterna para la solución del proceso penal si no se autoincrimina (reconocimiento y aceptación de los hechos para salvaguardar el derecho a conocer la verdad y la restitución de la dignidad humana de las víctimas), como parte de la reparación del daño. Lo anterior, amén de que la autoincriminación está proscrita por el artículo 20, inciso B), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 8.2 y 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b) Asimismo, el Tribunal subrayó que el recurrente solicitó un ejercicio de control difuso de constitucionalidad y/o convencionalidad sobre el artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

c) En ese mismo tenor, el Tribunal refirió que esta Suprema Corte no se ha manifestado sobre si el reconocimiento y la aceptación de los hechos delictivos es parte del plan de reparación del daño que se debe proponer para solicitar la suspensión condicional del proceso, y si esto implica una autoincriminación.

d) Finalmente, el órgano colegiado sustentó que el tópico anterior se relaciona con la oposición fundada de la víctima y, para verificar si implica o no una autoincriminación, por considerarse un requisito de procedencia para la suspensión condicional del proceso, es necesario interpretar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

12. En proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por recibidas las actuaciones relativas a la solicitud en cuestión; la registró bajo el número de expediente **********, la admitió a trámite y, entre otras cuestiones, la turnó al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, integrante de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elaboración del proyecto de resolución.

13. Sin embargo, por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el returno del asunto a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

14. En sesión de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la Primera Sala de esta Suprema Corte, por unanimidad de cinco votos,(1) resolvió la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción ********** en el sentido de sí ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en atención a las notas de interés siguientes:

a) Interpretar los alcances del artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en general, de la institución de la suspensión condicional del proceso, de forma sistemática con otras disposiciones del referido Código, conforme al derecho a una tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b) Al tenor de aquel ejercicio interpretativo, determinar si, acorde con la reparación del daño integral, existe la necesidad de incluir una aceptación del imputado de los hechos delictivos, como parte del derecho a la verdad y reparación del daño causado a la dignidad de las víctimas, en contraste con el derecho a la no autoincriminación.

c) Asimismo, dilucidar si es jurídicamente válido o no considerar que una persona imputada que no estableció en el plan de reparación del daño el reconocimiento y la aceptación de los hechos delictivos que se le imputaron, como un motivo suficiente para determinar la oposición fundada de la víctima y, en consecuencia, incumplir con los requisitos necesarios para acceder a la suspensión condicional del proceso.

d) En el mismo orden de ideas, esta Primera Sala determinó que el asunto atraído tiene un carácter excepcional o novedoso, ya que no existe un precedente vinculante en esa materia, y esto tendrá impacto sustancial para casos futuros.

e) Además, el criterio que se sustente puede impactar en cuestiones como la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del proceso en casos análogos en los que se solicite la suspensión condicional del proceso como medio de solución alterna del procedimiento penal.

15. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó registrar el asunto como amparo en revisión 142/2024; asumir la competencia originaria para conocer del recurso; turnar el asunto para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y su radicación en esta Primera Sala. Posteriormente, el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Primera Sala dictó el auto de avocamiento correspondiente.

I. COMPETENCIA

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal; y, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023 vigente, en virtud de tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en un amparo indirecto que, a juicio de esta Primera Sala, requiere la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Además, por las particularidades del asunto, no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

17. Para esta Primera Sala es innecesario ocuparse de la oportunidad del recurso de revisión y de la legitimación del quejoso para interponerlo, ya que sobre tales aspectos se pronunció el Tribunal Colegiado que previno en su conocimiento.

III. PROCEDENCIA

18. El recurso de revisión es procedente porque se interpuso en contra de una sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, en el amparo indirecto ********** de su índice.

19. Además, el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del recurso, solicitó a esta Primera Sala el ejercicio de su facultad de atracción para conocer de aquél, para lo cual sostuvo una serie de notas de interés.(2)

20. Y, adicionalmente, con motivo de la resolución emitida por esta Primera Sala en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción **********, se sostuvo que, para la solución del medio de impugnación, se requería la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.(3)

21. En consecuencia, se surten los extremos de los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. Del análisis de las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto, se observa que la autoridad señalada como responsable no propuso la actualización de causa de improcedencia alguna, ni esta Primera Sala advierte oficiosamente su actualización. Por lo tanto, lo consiguiente es abordar el estudio de fondo del medio de impugnación que se actúa.

V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

23. A fin de que esta Primera Sala emprenda su obligación de estudiar el fondo de la causa, es oportuno y conveniente presentar una exposición sucinta de la litis. Es decir, de los conceptos de violación, la sentencia recurrida y los agravios propuestos en el medio de impugnación.

24. Demanda de amparo indirecto. En su demanda de amparo el quejoso sustentó –fundamentalmente– los argumentos siguientes:

a) La autoridad señalada como responsable resolvió negar la suspensión condicional del proceso porque consideró que, dentro del plan de reparación del daño que se propuso, no incluyó el reconocimiento y aceptación de los hechos, a fin de salvaguardar el derecho de la víctima a conocer la verdad y que se le restituya su dignidad humana.

b) A su juicio, la consideración previa carece de una debida fundamentación y motivación, particularmente en relación con la oposición fundada de la víctima para negar la suspensión solicitada.

c) A continuación, el quejoso expuso en qué consiste el estándar de protección del debido proceso y de las formalidades esenciales del procedimiento; así como las reglas aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales a la suspensión condicional del proceso.

d) Posteriormente, el quejoso sustentó que la suspensión condicional del proceso es una salida alterna al juicio que surge de la solicitud formulada por el imputado o por el Ministerio Público, con acuerdo de aquél, la cual requiere un plan sobre la reparación del daño para poder garantizar la tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido. Y que, en caso de cumplirse con la condición impuesta, da lugar a la extinción de la acción penal.

e) En ese contexto, el quejoso aseguró que el Juez de Control, al momento de negarle la suspensión condicional del proceso, consideró que dentro el plan de reparación del daño no se incluía el reconocimiento y aceptación de los hechos del imputado. En tanto, el Juez estimó que existía oposición fundada de la víctima para negar su tramitación.

f) Sin embargo, a juicio del quejoso, esa conclusión es atentatoria en su perjuicio del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, que consagra el derecho humano a la no autoincriminación.

g) En ese orden de ideas, el quejoso citó el criterio de esta Primera Sala de rubro: "DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

h) Asimismo, citó el criterio de rubro: "DERECHO DEL INCULPADO A NO DECLARAR EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. EL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE FORMULARLE PREGUNTAS SOBRE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, SI EJERCIÓ ESE DERECHO (ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)."

i) Por los motivos precisados, el quejoso estimó que las consideraciones del Juez de Control y la autoridad señalada como responsable no se ajustaron a Derecho, porque su determinación vulnera el debido proceso, y la obligación de fundar y motivar la determinación; además, niega la posibilidad de acceder a un mecanismo alternativo para la solución de la causa, y se le está condicionando a autoincriminarse para su tramitación.

25. Sentencia recurrida. Por su parte, el Juzgado de Distrito del conocimiento sostuvo, primordialmente, las consideraciones siguientes:

a) El Juzgado destacó que el artículo 17, párrafo cuarto, constitucional establece que las leyes deben proveer mecanismos alternativos de solución de controversias, y que en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

b) Por otra parte, dijo que en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la suspensión condicional del proceso como una forma alterna de solución de la controversia penal. Y, adicionalmente, destacó el contenido de los artículos 191 a 200 de esa misma normativa.

c) El Juzgado sustentó que, para que proceda la suspensión condicional del proceso, se deben cumplir los requisitos siguientes:

1) Que la medida aritmética de la pena de prisión relativa al delito por el cual se hubiera dictado el auto de vinculación a proceso no exceda de cinco años.

2) Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido.

3) Y que, en caso de existir una suspensión anterior, que hubieran transcurrido dos años desde su cumplimiento o cinco desde su incumplimiento, precisándose que de haber sido absuelto el imputado, este requisito no es procedente.

d) Después de referirse a la lista enunciativa de las condiciones que pueden imponerse con motivo de la suspensión, el Juzgado sostuvo que, si es el imputado quien solicita la suspensión condicional del proceso, en la audiencia respectiva se debe plantear: 1) el plan de reparación del daño causado por el delito; y, 2) los plazos para su cumplimiento.

e) Posteriormente, el Juzgado de Distrito resolvió que hacía suyas las consideraciones, razones y fundamentos de la sentencia reclamada a fin de dar respuesta a los conceptos de violación, los cuales resumió en los términos siguientes:

e.1) Ante el ofrecimiento de la reparación integral del daño por parte del procesado, el Ministerio Público expuso que ésta no estaba cubierta.

e.2) El asesor jurídico de la víctima manifestó su oposición a la solicitud de la defensa porque la suma que ofreció únicamente cubría lo relativo al delito de violencia familiar, pero que también se solicitó al juzgador la imposición de la cuantía por indemnización de daño moral y que la reparación del daño debe ser integral.(4)

Ver inciso e.2) con énfasis

e.3) Además dijo que, por tratarse de menores de edad, debe incluir como mínimo los costos del tratamiento médico, la terapia de rehabilitación física y ocupacional, los costos de servicios jurídicos, transporte, incluido el retorno a su lugar de origen, alimentación y vivienda, los ingresos perdidos por el pago de personas encargadas de su cuidado, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, la indemnización por daño moral por cualquier otra pérdida sufrida por la víctima, generada por la comisión del delito y los gastos permanentes a consecuencia del delito. e.4) Añadió que el asesor de la víctima sustentó que el plan de reparación del daño propuesto no incluyó el reconocimiento y la aceptación de los hechos delictivos, con el fin de salvaguardar el derecho de conocer la verdad y la restitución de la dignidad humana de las víctimas menores de edad, por lo que, al existir oposición fundada de la víctima, no procedía la suspensión condicional del proceso, en términos del artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

e.5) En réplica, el defensor expuso que lo inherente a la reparación del daño está previsto en el artículo 41 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, y que cualquier forma de reparación debió complementarse en el escrito de acusación; que las tesis citadas eran aisladas y que, en cuanto al conocimiento de la verdad, se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de varios hechos que la ley señala como delito, por lo que ese motivo no debe ser obstáculo para una solución alterna; y que, por su parte, el imputado se sometía a la resolución del Juez de Control y que estaba dispuesto a pagar el doble de la suma que ofreció para la reparación del daño.

e.6) Reitero que el juez de la causa resolvió improcedente la solicitud de la suspensión condicional del proceso por existir oposición fundada de la víctima, asentó los mismos motivos y fundamentos de la primera instancia, e invocó la tesis de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. ES FUNDADA LA OPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA A SU PROCEDENCIA, SI EL PLAN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO Y SU DEFENSA, NO INCLUYE EL RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU DERECHO A CONOCER LA VERDAD Y QUE SE LE RESTITUYA SU DIGNIDAD HUMANA."(5)

Ver inciso e.6) con énfasis

e.7) Así, la autoridad señalada como responsable destacó que en el plan de reparación del daño debe incluirse el reconocimiento y la aceptación de los hechos señalados como delitos investigados, por parte del imputado, porque en dicha reparación se incluye un aspecto material y moral dentro del cual está el derecho de la víctima a conocer la verdad y a que se le restituya la dignidad humana; que a su vez está inmerso en el ámbito del debido proceso y garantías judiciales que se vinculan al acceso de la justicia y a la obligación del Estado de investigar; y de no incluirlo en el plan respectivo, no se repararían de manera integral los daños causados, lo que tornó fundada la oposición de la víctima; aunado a que el monto que se ofreció era insuficiente para considerar que se trataba de una indemnización justa.(6)

26. Recurso de revisión. En desacuerdo con las consideraciones previas, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el que sustentó fundamentalmente lo siguiente:

a) En primer lugar, el recurrente destacó que el Juzgado no había aplicado en su beneficio la suplencia de la queja deficiente.

b) Añadió que la consideración acerca de que existió oposición fundada de la víctima, porque dentro del plan de reparación del daño no se incluyó el reconocimiento y aceptación de los hechos, es violatoria en su perjuicio de una debida fundamentación y motivación, en relación con el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia.

c) Asimismo, argumentó que esa consideración es violatoria en su perjuicio del artículo 20, apartado A, fracción II, constitucional, que consagra el derecho a la no autoincriminación. En ese tenor, cita el criterio de esta Primera Sala de rubro: "DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

d) El artículo 192, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé que deba existir reconocimiento y aceptación de los hechos por parte del imputado para acceder a la suspensión condicional del proceso.

e) Además, añade, la víctima del delito nunca complementó la acusación del Ministerio Público para que se incluyera dentro del apartado de reparación del daño el reconocimiento y la aceptación de los hechos por parte del imputado.

f) Indica que en ninguna circunstancia se pueden formular preguntas al imputado en relación con los hechos que se le atribuyen cuando ejerce su derecho a no declarar, porque esto es una forma de coaccionar para lograr la autoincriminación, lo que está prohibido por la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

g) Bajo esa tesitura, el recurrente cita el criterio de rubro: "DERECHO DEL INCULPADO A NO DECLARAR EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. EL MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE FORMULARLE PREGUNTAS SOBRE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, SI EJERCIÓ ESE DERECHO (ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008)."

h) Lo anterior, sin que sea óbice que se haya resuelto que no se cubrió la reparación del daño moral, porque eso se debió a la inexistencia de material probatorio para acreditarla, aunado a que la víctima o su asesor jurídico no complementó la acusación del Ministerio Público al momento en que se les corrió traslado de aquélla, en términos del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

i) De una interpretación sistemática del artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución, en correlación con el Libro Segundo, Título I, Capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determina que al analizar la oposición de la víctima u ofendido a la suspensión condicional del proceso y resolver si se satisface o no el requisito del artículo 192, fracción II, del Código Nacional, el Juez de Control sólo debe tomar en consideración la argumentación que guarde relación con los aspectos sustanciales de esta forma de solución alterna del procedimiento, sus requisitos y presupuestos normativos.

j) El recurrente se pregunta: ¿qué tipo de argumento de oposición podrá formular la víctima u ofendido en relación con la procedencia de la suspensión condicional del proceso?

k) A su juicio, la respuesta se encuentra en el Capítulo III del Código Nacional de Procedimientos Penales que rige esa figura, en cuanto a que las oposiciones deberán recaer en aspectos sustanciales de esa solución alterna, es decir, sobre: el plan detallado sobre el pago de la reparación del daño; el sometimiento del imputado a una o varias condiciones; que no se cubran los requisitos del artículo 192, fracciones I y III; que se solicite respecto de las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III, del párrafo séptimo, del artículo 167 del Código Nacional multirreferido (sic); y que la solicitud no sea oportuna de conformidad con el artículo 193.

l) El recurrente insiste que fue errónea la consideración del Juzgado de condicionar el derecho de acceder a la justicia y a una salida alterna, a una confesión de los hechos acusados o imputados, lo que conlleva autoincriminarse.

m) Agregó que la sentencia es violatoria de su esfera jurídica porque "hacer suyas" las consideraciones de otra autoridad judicial para negar la suspensión condicional del proceso es una violación al principio de exhaustividad de las sentencias, consagrado en el artículo 17 constitucional, en relación con su diverso 1º.

VI. ESTUDIO DE FONDO

27. A fin de ofrecer claridad metodológica, esta Primera Sala se permitirá abordar el estudio de fondo del presente medio de impugnación respondiendo a la interrogante siguiente:

¿La ‘declaración explícita o expresa de responsabilidad por la comisión o participación en los hechos ilícitos por los que se vinculó a proceso a una persona’ es un requisito de procedencia de la suspensión condicional del proceso penal, en términos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales?

28. Esa pregunta debe responderse en sentido negativo.

29. Para arribar a esta conclusión, esta Primera Sala se permitirá el uso del orden metodológico siguiente: 1) principios subyacentes a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal (artículo 17, párrafo quinto, constitucional); 2) naturaleza jurídica de la suspensión condicional del proceso; y, 3) aceptación implícita de los hechos ilícitos sin declaración explícita de responsabilidad penal.

1) Principios subyacentes a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal (artículo 17, párrafo quinto, constitucional)

30. El actual artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 17. (...). Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. (...)."(7)

Ver artículo 17 con énfasis

31. Tal como sustentó esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 220/2016,(8) esa disposición constitucional prevé la coexistencia de la justicia restaurativa y retributiva con el sistema del proceso penal acusatorio y oral.

32. La justicia retributiva(9) significa infligirle a la persona imputada un daño –a través de una pena, en especial la privación de su libertad– como retribución del daño que generó con la comisión de un delito; con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todas las personas gobernadas: así reacciona el Estado contra las personas gobernadas que cometan delitos.

33. En ese sentido, el legislador es quien determina –a través de las normas sustantivas penales– el castigo que la persona inculpada debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la sociedad.

34. La justicia restaurativa,(10) por su parte, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo; buscar que la persona inculpada repare el daño que ha causado, sin declararse culpable, ni imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar.

35. Ambos tipos de justicia parten de la base de que ocurrió un hech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32949-82ab0034/suspension-condicional-del-proceso-la-declaracion-expresa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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